Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, quince de diciembre de dos mil veinticinco Al folio 35: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por haber decretado la cancelación de la matrícula del estudiante en fecha 23 de junio de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, en cuanto dicha decisión carece de fundamentos objetivos, desatiende su diagnóstico médico y los informes profesionales que acreditan su condición particular, configurando un acto que vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, específicamente, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el derecho de igualdad ante la ley. Por ello, solicita se deje sin efecto la cancelación de matrícula, se disponga su inmediata reincorporación al colegio y se adopten las medidas de resguardo necesarias para restablecer el pleno ejercicio de los derechos afectados.

Expone que en abril de 2024, su hijo fue víctima de acoso escolar y violencia física y verbal reiterada por parte de compañeros de curso, lo que le generó un cuadro de descompensación emocional grave que incluso culminó en un intento de suicidio, debidamente constatado en informes médicos de urgencia. Posteriormente, en los meses posteriores del año 2024 y en el año 2025, se repitieron situaciones de hostigamiento, maltrato y discriminación, sin que el establecimiento educacional activara protocolos eficaces para prevenir o mitigar tales hechos.

Que, adicionalmente, sostiene que el niño padece de trastorno por déficit atencional tipo inatento, con apoyo psiquiátrico y tratamiento farmacológico, lo que ha sido comunicado oportunamente al colegio, acompañando certificados médicos y evaluaciones psicológicas y terapéuticas que recomiendan adecuaciones curriculares y medidas de contención emocional. Sin embargo, pese a la existencia de tales antecedentes, la institución educacional habría optado por atribuirle responsabilidad exclusiva en los conflictos escolares, aplicando sanciones desproporcionadas como suspensiones reiteradas y finalmente la cancelación de su matrícula.

Arguye que la decisión del colegio es arbitraria porque no se ajusta a los procedimientos legales ni reglamentarios que rigen la convivencia escolar, desconociendo la normativa de la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar y los estándares internacionales de protección de los derechos del niño. Asimismo, sería ilegal por privar al menor de su derecho a la educación, sin considerar los principios de inclusión y no discriminación, transformando al alumno en víctima de un trato desigual frente a sus pares en circunstancias semejantes.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la cancelación de matrícula decretada por el Colegio nombre reservado, ordenando la reincorporación inmediata del niño nombre reservado al año escolar en curso, y se adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto y protección de sus derechos fundamentales.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe el Colegio nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, fundado en primer término, en la inexistencia de acto u omisión ilegal o arbitraria imputable al establecimiento, puesto que la cancelación inmediata de matrícula del alumno nombre reservado fue adoptada en estricta conformidad con el reglamento interno de convivencia escolar y con la normativa educacional vigente, en especial el protocolo aula segura; y, en segundo lugar, la ausencia de vulneración, privación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por cuanto la decisión del colegio se adoptó respetando el debido proceso y con resguardo del deber de cuidado respecto del resto de la comunidad educativa.

Expone que la activación del protocolo aula segura obedeció a denuncias graves y reiteradas de hostigamiento, agresiones verbales racistas y conductas xenófobas ejercidas por el estudiante recurrente en contra de un compañero, lo cual generó un menoscabo psíquico relevante en la víctima, afectó el normal desenvolvimiento del curso y perturbó la convivencia escolar.

Tales hechos fueron investigados mediante entrevistas a alumnos, apoderados y profesores, corroborándose que la conducta constituía una falta extremadamente grave, conforme a la definición del Reglamento Interno. De este modo, el establecimiento, siguiendo los pasos reglamentarios y legales, notificó oportunamente a los apoderados, les otorgó instancia para descargos, aplicó medidas cautelares de suspensión, dictó resolución fundada de término y resolvió el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, manteniendo la sanción aplicada. En consecuencia, la decisión de cancelar la matrícula no puede ser calificada de ilegal ni arbitraria, sino como la legítima aplicación de las facultades que la ley confiere a la institución.

Asimismo, argumenta que ninguna de las garantías constitucionales invocadas en el recurso fue vulnerada. En lo que atañe al artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, sostiene que el colegio no ejecutó acto alguno que atentara contra la integridad física o psíquica del estudiante, sino que, por el contrario, adoptó medidas ajustadas a derecho para cautelar la integridad de toda la comunidad educativa. En relación al derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2, indica que la medida disciplinaria habría procedido de igual modo frente a cualquier alumno en circunstancias semejantes, descartándose toda discriminación arbitraria. Finalmente, respecto de la libertad de enseñanza contemplada en el artículo 19 N°11, aduce que la recurrente no fundamentó de qué manera aquella garantía se vería afectada, siendo improcedente sostener su vulneración en este caso.

En virtud de lo expuesto, solicita que la acción cautelar sea desestimada en todas sus partes, declarándose que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario alguno, ni privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas; que la medida de cancelación de matrícula fue adoptada en cumplimiento de la normativa interna y legal aplicable; y que, en consecuencia, debe rechazarse el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, de lo informado por la Superintendencia de Educación, consta que en relación con los hechos denunciados como constitutivos de maltrato hacia un estudiante en el establecimiento educacional Colegio nombre reservado, dicho órgano precisó, en primer término, que conforme a la Ley N° 20.529, corresponde a dicha institución fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, atender denuncias y reclamos de las comunidades educativas y, en su caso, iniciar procedimientos sancionatorios cuando se verifiquen infracciones. En este contexto, se señaló que el ordenamiento jurídico vigente -particularmente la Ley General de Educación y el Decreto N° 315 de 2011 del Ministerio de Educación, así como la Circular Exenta N° 482 de 2018- impone a los establecimientos educacionales la obligación de contar con reglamentos internos que regulen la convivencia escolar, establezcan protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso o violencia, y garanticen medidas de resguardo pedagógicas y psicosociales en favor de los estudiantes afectados, resguardando en todo momento el interés superior del niño.

Que, además, conforme a los antecedentes contenidos en el oficio ORD. 13DR N° 3654 y en las actas de fiscalización de la Superintendencia de Educación, indica que se interpusieron denuncias (CAS-109660 y CAS-110975) por maltrato y acoso escolar reiterado en contra de un estudiante del Colegio nombre reservado, con diagnóstico de TDAH, así como por la aplicación de medidas disciplinarias culminadas en la cancelación inmediata de su matrícula.

Los antecedentes dan cuenta de situaciones de violencia verbal y física desde 2024, que habrían generado graves afectaciones a la salud emocional del estudiante.

Manifiesta que efectuó fiscalización en septiembre y octubre de 2025, constatando incumplimientos a la normativa educacional, especialmente en la correcta y completa aplicación del Reglamento Interno, del Protocolo de maltrato y del procedimiento previsto en la Ley N° 21.128 (Aula Segura). En particular, se verificó la aplicación indebida de medidas cautelares y sancionatorias, sin resguardo suficiente del debido proceso ni de los derechos del estudiante, e indica que aunque el establecimiento subsanó ciertas observaciones formales del Reglamento Interno, persistieron infracciones no subsanables relativas a la aplicación de los protocolos, razón por la cual se ordenó instruir un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, según se desprende del libelo del recurso, la actora ha solicitado, concretamente, dejar sin efecto la cancelación de matrícula del protegido, rechazar la acusación de xenofobia, asegurar el año escolar del menor, asegurar su bienestar físico y psicológico durante el presente año 2025 y la intervención del colegio recurrido por parte de las autoridades.

Sin embargo, en su presentación de 28 de noviembre de 2025, la recurrente, acompañando documentos que darían cuenta de los diagnósticos del menor, modificó su petición al solicitar, ahora únicamente, que se ordene al Colegio otorgar una disculpa formal, como medida reparatoria mínima e indispensable.

En tales condiciones y apreciando conforme a las reglas de la sana crítica dicho cambio de petitorio, en relación con la alegación que adujo el abogado de la recurrida en estos estrados en el sentido de que el menor se encuentra actualmente matriculado para el año 2026 en un establecimiento educacional diverso, se tendrá por establecido este hecho para los efectos de la presente acción cautelar, circunstancias en las cuales y habida cuenta de que, actualmente, nos encontramos iniciando la segunda quincena del mes de diciembre de 2025, se impone concluir que las peticiones de dejar sin efecto la cancelación de matrícula, de asegurar el presente año escolar y la asegurar el bienestar físico y psicológico durante el mismo, además de haber sido abandonadas por la recurrente atendido el cambio de petitorio, han perdido oportunidad, al no advertirse medida alguna que esta Corte pueda adoptar para que ellas puedan materializarse en la práctica.

Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, atendido lo informado por la Superintendencia de Educación en el sentido de que, con motivo de las fiscalizaciones de fechas 30 de septiembre y 20 de octubre de 2025, se determinaron incumplimientos normativos por parte del establecimiento educacional, debido a que no fue factible verificar la correcta y completa aplicación del procedimiento previsto en la Ley nro. 21.128, denominada de Aula Segura y Protocolo de maltrato, acoso escolar o violencia entre estudiantes de la comunidad educativa; en razón de lo cual con fecha 21 de octubre de 2025 se instruyó un proceso administrativo sancionatorio al establecimiento, designándose al respectivo fiscal, la petición de intervención del colegio por parte de las autoridades se encuentra satisfecha y, por ende, ha perdido también oportunidad.

Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de rechazar la acusación de xenofobia, será desestimada en tanto actualmente los fundamentos de hecho de la misma están siendo objeto del procedimiento administrativo llevado adelante por la Superintendencia de Educación y lo cierto es que, en la presente instancia cautelar, los antecedentes aportados por la recurrente aparecen insuficientes para establecer o descartar los hechos constitutivos de aquella pretendida sindicación; misma situación que tiene lugar respecto de la tardía solicitud de disculpas públicas.

SEXTO: Que, atendido lo expuesto, al no poder establecerse que concurren la totalidad de los supuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar no se encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas razones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto en favor del adolescente nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14878-2025.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros (S) señor Matias Felipe De La Noi Merino, señor nombre reservado

nombre reservado y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, quince de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.