nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Santiago Santiago, tres de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 27 de junio de 2025, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto arbitrario e ilegal consistentes en el rechazo injustificado de las licencias médicas N°s 107332968-6 y 108427431-K, actuación que considera ilegal por carecer de fundamentación suficiente y desconocer los antecedentes médicos debidamente acreditados, y arbitraria por derivar de un uso desproporcionado del poder administrativo sin aplicación de criterios técnicos objetivos, lo cual vulnera sus garantías constitucionales de integridad psíquica del artículo 19 N° 1, igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2, ambas de la Constitución Política de La República, por lo que solicita que se ordene dejar sin efecto las resoluciones emitidas por la recurrida y se disponga la aprobación de las licencias indicadas, en su defecto, se dicte un nuevo pronunciamiento fundado considerando los antecedentes clínicos; y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, con expresa condena en costas.

Expone que en el año 2023 experimentó un deterioro emocional significativo asociado a depresión y trastorno adaptativo, producto de la muerte repentina de un familiar, consultando inicialmente en el CESFAM Santa Amalia, donde fue atendida por la Dra. nombre reservado, quien prescribió tratamiento y reposo médico entre el 05 y el 19 de julio de 2023. Posteriormente, tras reintegrarse a sus funciones en el SENAME, labor de alta demanda emocional, su estado psíquico se agravó nuevamente, debiendo acudir a prestadores privados debido a la imposibilidad de acceder oportunamente al sistema público.

Señala que con fecha 17 de septiembre de 2024, se le extendió la licencia médica N° 107332968, con vigencia hasta el 7 de octubre de 2024, y posteriormente, como extensión del tratamiento, se emitió la licencia N° 108427431, desde el 08 al 28 de octubre de 2024, ambas firmadas por la doctora nombre reservado, especialista en salud mental, quien fundó clínicamente la necesidad del tratamiento y reposo. Sin embargo, ambas licencias fueron rechazadas por la COMPIN y apeladas debidamente ante la SUSESO, la que con fecha 9 de abril de 2025 resolvió mantener el rechazo, sin considerar la evidencia clínica.

Luego, interpuso un recurso de reconsideración, el cual fue rechazado el 30 de mayo de 2025 sin nuevos fundamentos, argumentando la extemporaneidad de su presentación.

Señala que en las resoluciones impugnadas (sin especificar) se omitió considerar que las licencias fueron emitidas por una especialista en salud mental, conforme al DS N°3 de 1984 del Ministerio de Salud; que se acompañaron certificados médicos y antecedentes clínicos que no fueron evaluados; la respuesta de la SUCESO careció de motivación suficiente, vulnerando el artículo 11 de la Ley N° 19.880; sin valorar la preeminencia del derecho a la salud. Y que se basó en una supuesta extemporaneidad, sin entrar al fondo del asunto.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y de Apelaciones de Santiago en casos similares, donde se ha señalado que el rechazo de licencias con fórmulas genéricas vulnera el deber de motivación del acto administrativo y que privar del correspondiente subsidio por incapacidad laboral, especialmente en casos de salud mental, agrava el cuadro del paciente.

SEGUNDO: Que, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, representada por la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción constitucional, exponiendo que ésta fue interpuesta con fecha 27 de junio de 2025, en circunstancias que la recurrente concurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social en dos oportunidades: primero, el 2 de abril de 2025, reclamando en contra de la decisión de la COMPIN Región Metropolitana que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 107332968-6 y 108427431-K, extendidas por un total de 42 días a contar del 17 de septiembre de 2024, por reposo no justificado, reclamo que fue resuelto mediante Resolución Exenta N° R-01-S-47073-2025, de fecha 9 de abril de 2025, que concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado; y posteriormente, con fecha 28 de abril de 2025, solicitando reconsideración del dictamen anterior, petición que fue rechazada mediante Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-74494-2025, de fecha 30 de mayo de 2025, por haberse presentado fuera del plazo legal.

Aduce que existe certeza de que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo impugnado con fecha 9 de abril de 2025, por cuanto en esa misma fecha fue notificada electrónicamente de la Resolución Exenta N° R-01-S-47073-2025, por lo que el plazo fatal de 30 días corridos para interponer la presente acción constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el N° 1 del Auto Acordado que regula su tramitación, venció el 9 de mayo de 2025.

Indica que según consta del expediente administrativo, al realizar su presentación ante la Superintendencia, la recurrente aceptó recibir notificación vía correo electrónico, señalando para esos efectos la casilla correo reservado, en la cual, fue notificada de la resolución señalada el día 9 de abril de 2025 a las 18:46:30 horas.

Sostiene, además, que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda, pues si bien puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales contra actos administrativos al amparo del artículo 54 de la Ley N° 19.880, esta disposición, por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección.

Agrega que, conforme lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente emplear la acción de protección como una última instancia de reclamo o apelación cuando las otras vías no le han dado los resultados esperados, pues ésta no es una vía de impugnación subsidiaria de otras contempladas en el ordenamiento jurídico. Para reforzar su argumento, cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que confirma la sentencia de la Iltma. Corte de Santiago, de fecha 21 de agosto de 2024, en causa rol 10069-2024, que rechazó un recurso de protección por considerarlo extemporáneo.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social. Afirma que la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar de protección. Explica que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica, las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, y el pago del subsidio por incapacidad laboral, son materias que pertenecen al campo de la seguridad social y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección, conforme a la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al fondo del asunto, explica el marco jurídico-normativo que regula la materia, señalando que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. Refiere que lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, según lo dispuesto en el artículo 1° del D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud.

En cuanto a las licencias médicas de la recurrente, indica que mediante Resolución Exenta N° R-01-S-47073-2025 de fecha 9 de abril de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, fundamentando su decisión en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista no permitían establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Precisa que el informe médico aportado por la recurrente resultaba insuficiente por cuanto no describía el tratamiento prescrito, la evolución clínica, la limitación funcional con resultado de evaluación GAF, el plan farmacológico o la necesidad de cambio o ajuste de terapia que justificaran la prórroga del reposo. Asimismo, no acreditaba derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud para manejo por equipo multidisciplinario, ni atención por psiquiatra inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, ni acompañaba informe de psicólogo que acreditara intervención psicoterapéutica.

Señala que la recurrente solicitó reconsideración del dictamen, petición que fue rechazada mediante Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-74494-2025 de fecha 30 de mayo de 2025, por haberse presentado fuera del plazo legal de cinco días hábiles establecido en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880, en relación con el artículo 8° del Código Civil.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, explica que corresponde a dicha entidad cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al inciso 4 del N° 18 del artículo 19 de la Constitución. Expone que el artículo 3° de la Ley N° 16.395 establece que la Superintendencia será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia, y que su supervigilancia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como la calidad y oportunidad de las prestaciones.

Argumenta que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la Superintendencia, pues se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de sus competencias.

TERCERO: Que, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse respecto de la excepción de extemporaneidad deducida por la recurrida.

Del análisis de los hechos del proceso, es posible acreditar que la acción fue interpuesta el 27 de junio de 2025, esto es, más allá de los 30 días corridos desde que la recurrente tomó conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas, lo que ocurrió, a saber, el 9 de abril de 2024, por lo que no cabe sino concluir que la presente acción constitucional ha sido deducida en forma extemporánea.

QUINTO: Que, en efecto, el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección señala expresamente que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

SEXTO: Que, así, dadas las fechas establecidas en el motivo cuarto, y a la luz de la norma expresa recién señalada, la acción fue entablada fuera del plazo señalado para ello, por lo que resulta inoficioso emitir algún otro pronunciamiento respecto de las alegaciones de las partes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14874-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora María Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo.

En Santiago, tres de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.