Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago.

Santiago, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, actuando en beneficio de don nombre reservado y de doña nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, representada legalmente por don nombre reservado, por haber incurrido en la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio de los recurrentes y la omisión del envío de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que no se les ha otorgado la visación de residente temporario ni se ha dado respuesta satisfactoria a sus solicitudes, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley, garantía fundamental que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en su artículo 19 N° 2, por lo que solicita se ordene la continuación del procedimiento y la concesión de la respectiva visa temporaria.

En cuanto a los antecedentes de hecho, se expone que los recurrentes ingresaron a Chile por paso inhabilitado tras verse forzados a abandonar Venezuela debido a la violencia generalizada, la violación masiva de derechos humanos y una precaria situación económica que ponía en riesgo el sustento de sus dos hijos menores de edad. Una vez en territorio nacional, con fecha 7 de abril de 2025, recibieron oficios ordinarios de la recurrida que daban inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. No obstante, desde dicha fecha no han vuelto a ser contactados por la autoridad migratoria ni han recibido la visación de residente temporario que por ley les corresponde durante la tramitación.

Respecto de los fundamentos de derecho, la parte recurrente sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la propia Constitución Política en su artículo 5º, que obliga al Estado a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. Asimismo, invoca la Ley N° 20.430, la cual establece en su artículo 4º el principio de No Devolución, y en su artículo 32 el derecho a obtener una visación de residente temporario mientras se resuelve la solicitud de refugio. Cita además la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, enfatizando la prohibición de expulsión y devolución de personas cuya vida o libertad peligre. Finalmente, argumenta que la calificación de la condición de refugiado es competencia exclusiva de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y no de los funcionarios regionales.

Sobre la afectación de las garantías constitucionales, el recurso sostiene que la omisión de la recurrida constituye una acción ilegal y arbitraria que vulnera la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución. Se argumenta que este proceder importa una discriminación injustificada en relación con el trato dispensado a otros extranjeros en situaciones similares, produciendo una perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de sus derechos, toda vez que se les mantiene en una situación de irregularidad administrativa que contraviene el ordenamiento jurídico vigente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad ha actuado de manera arbitraria e ilegal, ordenando que se concluya el procedimiento solicitado, dándole curso progresivo, y se disponga la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32 inciso 1º de la Ley N° 20.430, mientras se evalúa de forma definitiva su condición.

SEGUNDO: Que, informa la recurrida, Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por intermedio de sus representantes don nombre reservado y doña nombre reservado, solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección intentada en su contra. Funda su defensa, en primer término, sobre la base de antecedentes de hecho referidos a la situación migratoria de los recurrentes, sosteniendo que tanto don nombre reservado como doña nombre reservado no registran fecha de ingreso al territorio nacional, de lo cual se desprende un ingreso clandestino mediante la evasión de los controles fronterizos.

En relación con el procedimiento de refugio, la autoridad reconoce que ambos recurrentes manifestaron su intención de acceder a dicho reconocimiento con fecha 7 de abril de 2025 vía plataforma web. No obstante, precisa que respecto del señor nombre reservado, se dictó la Resolución Exenta NUM000 el 19 de julio de 2025, teniendo por desistida su solicitud ante la falta de antecedentes para subsanar requisitos formales, acto que fue notificado al correo electrónico del interesado el 25 de junio de 2025.

Por su parte, respecto de la señora nombre reservado, informa la dictación de la Resolución Exenta NUM001 el 17 de julio de 2025, en igual sentido de desistimiento por presentar documentación insuficiente para subsanar los defectos formales, habiendo sido notificada el 17 de junio de 2025.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida sostiene que la acción constitucional ha perdido oportunidad y eficacia, toda vez que este Servicio ya se ha pronunciado formalmente sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de los actores. Argumenta que, al haberse evacuado los actos administrativos pertinentes, no existe actualmente una acción u omisión que pueda calificarse de ilegal o arbitraria que atente contra las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cesando así el objeto de la protección solicitada.

Finalmente, la autoridad administrativa solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe y, en mérito de lo expuesto, rechazar la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas para los recurrentes, solicitando además el rechazo de la condena en costas que fuera pretendida en contra del Servicio.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, se debe precisar que el acto recurrido es la falta de pronunciamiento del Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los acores.

Sin embargo, consta del informe evacuado por dicho órgano que el procedimiento se encuentra concluido, puesto que la autoridad dictó una resolución que puso término al mismo, al tenerlos por desistidos por no presentar antecedentes para subsanar el/los requisitos formales faltantes, respecto del señor nombre reservado y la señora nombre reservado, según consta en las Resoluciones Exentas NUM000, de 19 de julio y NUM001 de 17 de julio de 2025, acompañada a estos autos.

SEXTO: Que, en consecuencia, atendida la naturaleza cautelar, el arbitrio en estudio no puede prosperar, toda vez que no existe actualmente ninguna medida que pueda adoptarse por esta Corte, motivo por el cual la acción ha perdido oportunidad.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado y de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14.872-2025 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y la ministra (s) señora Pamela Quiroga Lorca. No firma la ministra señora Araya, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.