nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 13: a todo, téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero mediante un acto de fecha dieciocho de junio de dos mil veinticinco, actuación que considera ilegal y arbitraria.

La recurrida fundamentó su rechazo en que “No se acompañó documentación que acredite que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. Se requiere acreditar que la cobertura de dicho sistema de seguridad social cubre ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias.”, y que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 06 de junio de 2025, este no indica que, en caso de enfermedad, usted cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias.”, y finalmente, que “Se ruega acompañar la mencionada Constancia Electrónica de Cotizaciones... debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.”

Argumenta el recurrente que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador y agregando requisitos no estipulados en la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Señala que la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, establece que los trabajadores técnicos extranjeros estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas siempre que se encuentren afiliados a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación, permitiendo la devolución de fondos previsionales si cumplen con estos requisitos.

Sostiene que cumple con los requisitos señalados en la Ley N°18.156, acreditando su afiliación mediante la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, la cual es verificable en línea en el portal oficial de dicho instituto. Además, destaca que exigir legalización o apostilla resulta imposible de cumplir dada la actual situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un hecho de público conocimiento y contraviene lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor, citando jurisprudencia en ese sentido. Asimismo, hace presente que la propia Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. ha aprobado solicitudes de retiro de fondos a otros extranjeros en condiciones idénticas, lo que demuestra un trato desigual y arbitrario.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y se efectúe la devolución de los fondos previsionales.

SEGUNDO: Que, comparece don José Felipe Aguilera Navarro, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien evacua informe y solicita el rechazo en todas sus partes de la presente acción de protección, con expresa condenación en costas. Fundamenta su petición en primer lugar en que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, argumentando que no se está en presencia de un derecho indubitado, sino controvertido, por lo que el recurso de protección excede su finalidad.

En segundo lugar, argumenta la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por su parte. Reconoce que su representada rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N°18.156, norma de carácter excepcionalísimo. PROVIDA rechazó la solicitud del recurrente por dos motivos principales: i) que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no especifica que la cobertura de enfermedad incluya prestaciones médicas y pecuniarias, requisito exigido por la Superintendencia de Pensiones en diversos oficios (N°23.241, N°9.663, N°12.194); y ii) que dicha constancia no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual es un requisito esencial de validez en Chile según instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (Oficios Reservado N°25.057, Ordinario N°32.365, N°24.089). Sostiene que la imposibilidad de apostillar o legalizar no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio excepcional. En síntesis, afirma que su actuar se ajusta estrictamente a la ley y a la normativa impartida por la Superintendencia de Pensiones, negando toda ilegalidad o arbitrariedad y citando jurisprudencia favorable que ha rechazado recursos de protección por incumplimiento de requisitos.

TERCERO: Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente corresponde a la negativa de la AFP CUPRUM S.A., por medio de la cual negó lugar a la solicitud del recurrente de efectuarle la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156.

CUARTO: Que, como primera alegación, AFP CUPRUM S.A. postula la improcedencia de la acción constitucional ejercida, bajo el argumento que no se estaría en presencia de un derecho indubitado y que se requeriría de un procedimiento declarativo para elucidar la situación planteada. A ese respecto baste señalar que no está en discusión la propiedad de los fondos, que indudablemente pertenecen al recurrente. En efecto, al margen de los fines de afectación que puedan predicarse respecto de los dineros que constituyen el fondo previsional lo cierto es que al estar depositados en una cuenta individual y a nombre del afiliado respectivo, no hay espacios para poner en entredicho su dominio. Ese no es el punto. El asunto estriba en determinar la posibilidad de devolverlos a quien debe servirse de ellos para incrementar los fondos destinados a financiar su vida futura, aspecto en el que debe prevalecer la urgencia en la definición que está siendo requerida por quien los reclama, siendo el recurso de protección la vía idónea para tutelar las garantías constitucionales invocadas.

QUINTO: Que, la negativa de la entidad recurrida se basa en sostener que el peticionario no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, que regulan el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe a dos hechos: i) que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias; y ii) que dicha constancia no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada.

SEXTO: Que, existen básicamente dos disposiciones legales que tienen especial atingencia para decidir acerca de la legalidad del proceder de AFP CUPRUM S.A. A saber:

1.- El artículo 7º de dicha ley que dispone:“Art. 7°. En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta ley.”;

2.- El artículo 1º de la misma Ley N° 18.156, que prescribe:

“Art. 1°. Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”;

SÉPTIMO: Que, en lo que importa para estos fines, la exigencia legal que interesa primeramente es la relativa al imperativo de que el afiliado lo esté en el extranjero a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones “a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”. A ese respecto el recurrente adjuntó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 06 de junio de 2025. Se ha comprobado que el régimen de seguridad social de Venezuela, conforme a la ley de Seguro Social de su país de origen, rige situaciones y relaciones jurídicas en contingencias maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. Por tanto, con el mérito de dicho instrumento, es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional de que se trata.

La exigencia de que la constancia especifique expresamente que la cobertura de enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias constituye una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la Ley N°18.156, que el legislador no estableció de forma explícita. El espíritu de la ley busca evitar la doble cotización a aquellos técnicos extranjeros que ya cuentan con un sistema de seguridad social en su país de origen que cubra las contingencias básicas. Requerir una especificación tan detallada en un certificado extranjero, cuando la propia ley se limita a enumerar las contingencias generales, desatiende la finalidad del legislador y crea un obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho del recurrente, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Excelentísima Corte en casos análogos, incluyendo el Rol N° 28881 - 2022 y las sentencias de Cortes de Apelaciones citadas por el recurrente.

En cuanto a la objeción sobre la falta de legalización o apostilla, este Tribunal ha constatado que la Constancia Electrónica de Cotizaciones es verificable en línea a través de la plataforma oficial del IVSS (http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/). En el contexto de la notoria ausencia de relaciones diplomáticas plenas entre Chile y Venezuela, lo que imposibilita de facto la obtención de documentos apostillados o legalizados por la vía tradicional, exigir tal requisito se torna en una barrera insalvable y una denegación injustificada del derecho del recurrente, contraviniendo el principio general "a lo imposible nadie está obligado" (Artículo 45 del Código Civil), y la propia jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema en materia migratoria (Rol 7254 - 2025) que ha flexibilizado estas exigencias ante la imposibilidad material de cumplimiento.

OCTAVO: Que, al no acceder a la devolución de los fondos previsionales del recurrente, AFP CUPRUM S.A. incurre en ilegalidad y arbitrariedad, vulnerando de esa forma el derecho a la igualdad ante la ley que garantiza el numeral 2 y el derecho de propiedad que garantiza el numeral 24, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre esta materia, se ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A. y se ordena a la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A. que proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos previsionales planteada por el recurrente conforme a derecho, reconociendo como válida la documentación acompañada, y que dentro de un plazo razonable efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Se fija un plazo de 30 días para el cumplimiento de lo ordenado, contados desde que esta sentencia quede firme.

Cada parte pagará sus costas.

Acordada con el voto en contra del Ministro (s) señor Carrasco, quien estuvo por rechazar el presente recurso en base a los siguientes argumentos:

1) Que, de los antecedentes acompañados y de lo expuesto en el arbitrio, se advierte que la recurrente, con el objeto de acreditar su afiliación a un régimen previsional extranjero, acompañó un certificado en el que, si bien consta la referida afiliación, no se desprende de él que dicho sistema otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, con inclusión de prestaciones médicas y pecuniarias. De lo anterior se sigue que tal documento no resulta suficiente para justificar la existencia de una cobertura de salud integral, en los términos exigidos por la Superintendencia de Pensiones para la debida acreditación del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

2) Que, en consecuencia, las exigencias que fundamentan la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM se encuentran amparadas en lo dispuesto por la ley y en los criterios interpretativos fijados por la Superintendencia de Pensiones, organismo ante el cual se encuentra sujeta a fiscalización la recurrida. En tal contexto, no es posible concluir que la actuación de la AFP se haya apartado de la legalidad vigente ni que configure una discriminación arbitraria en los términos invocados por la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-14855-2025.