nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, actuando en favor de nombre reservado, deduciendo acción de protección constitucional en contra de Caja De Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos de su remuneración a raíz de un crédito social, cuyo cobro ya se encuentra judicializado afectando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Explica que, durante el año 2012, su representado contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, el cual fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Agrega que, con posterioridad, y por causas ajenas a su voluntad, su representado fue desvinculado de su trabajo perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo por tanto en mora por el mutuo referido a partir de la cuota N° 33.

Refiere que en diversas ocasiones su representado se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, sólo le ofrecieron repactar la deuda, cuestión que no aceptó ya que lo dejaría en una situación financiera todavía más desmejorada.

Indica que luego la recurrida hizo exigible la totalidad de la deuda, haciendo uso de una cláusula de aceleración, interponiendo con fecha 24 de agosto de 2015 una acción judicial ejecutiva, tramitada bajo la causa Rol C-19993-2015, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, en la cual se dedujo excepción de prescripción, encontrándose actualmente en tramitación.

Refiere que, sin perjuicio de lo anterior, su representado con fecha 7 de mayo pasado, recibió por parte de la recurrida un correo electrónico en donde se le informaba que le descontarían el monto de $102.515 producto de la cuota número 34 del crédito social ya individualizado, esto directamente de su pensión de RENTA NACIONAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A., aun cuando insiste que existe actualmente un juicio pendiente en sede civil, y en donde la recurrida decidió requerir el total de la deuda.

En ese orden de ideas, asevera que el actuar de la recurrida es completamente arbitrario e ilegal, agregando que su representado concurrió personalmente a una sucursal de la recurrida, en donde explicó la situación, sin embargo, no pudieron explicarle el porqué del descuento a pesar de existir un juicio pendiente, ni tampoco el cálculo que se hizo para determinar la suma retenida.

Sostiene por lo anterior que el acto es sumamente arbitrario, antojadizo y caprichoso, ya que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener, ya que dicho descuento sería una expresión de autotutela, haciendo uso de un mecanismo legal establecido para estas entidades, sin justificación, y cobrando una suma antojadiza de la remuneración de su representado, y esto en paralelo a la existencia de un cobro judicial.

Refiere que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente el derecho de propiedad de su representado, en lo relativo a su remuneración, atentando con ello contra el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho.

Explica, en cuanto la normativa vigente, que la norma en que se estaría supuestamente asilando la recurrida sería el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, sin embargo, hay que tener presente que dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de las derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Hace presente que este actuar de las Cajas de Compensación se ha venido realizando de manera sistemática en el último tiempo, y que ya los tribunales superiores de justicia de nuestro país han venido ya de forma reiterada acogiendo acciones de protección con idénticos fundamentos, citando en el caso en concreto los fallos de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones Roles N° 70.389-2018 y N° 63.774-2018.

Por todo lo anterior, solicita sea acogida la presente acción de protección, y se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuento de sus remuneraciones, y que los montos indebidamente descontados le sean reembolsados, todo con expresa condenación en costas.

Segundo: Que evacuó informe Sergio Abarca Vargas, abogado en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, solicitando el rechazo de la presente acción de protección en todas sus partes.

Explica que efectivamente el día 23 de febrero de 2012, el recurrente y su representada celebraron un contrato de mutuo de crédito social, por un capital de $4.617.002, con una tasa de interés de 1,6%, pagadero en 84 meses, con cuotas mensuales de $102.515, cuyo primer vencimiento fue el día 30 de abril de 2012, y que el recurrente pagó hasta la cuota número 33, encontrándose en mora desde la número 34 hasta la número 84, esto de enero de 2015 y hasta marzo de 2019.

En relación con el supuesto descuento para el pago de cuotas de crédito social, sostiene que el descuento para el período del mes de mayo de 2021 aun no ha sido remesado.

Hace presente de todas formas que, en el caso en concreto no existiría ninguna actuación ilegal o arbitraria de parte de su representada, ya que los descuentos para el pago de cuotas de un crédito social otorgados a pensionados son informados a la entidad pagadora de pensiones de acuerdo con lo establecido en el inciso 3° del artículo 16 de la Ley N° 19.539, norma que señala, en relación a los descuentos de créditos sociales, que regirán las mismas normas contempladas en la Ley N° 17.322.

Explica que en el caso en concreto, su representada está cobrando una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, la que debe ser necesariamente declarada por la vía judicial, según establecen los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, sin que la misma opere de pleno derecho, por lo que, además, a su juicio necesariamente la discusión de autos excede el ámbito de este tipo de acción cautelar, ya que no nos encontraríamos frente a la existencia de un derecho indubitado en favor del recurrente.

Finalmente, indica que, sin reconocer la extinción de la deuda, ni los hechos ni fundamentos que esgrime el recurrente en su acción, su representada ha dispuesto la exclusión de dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a la entidad pagadora de pensiones, evitando así realizar los descuentos, y disponiéndose la restitución de toda suma que haya sido descontada de la pensión del recurrente y cuya remesa sea recibida por su representada.

Por lo anterior, indica que de todas formas esta acción de protección debe ser rechazada, ya que la misma habría perdido oportunidad, por cuanto su presentada habría accedido voluntariamente a lo solicitado por el recurrente.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el hecho de haber efectuado la recurrida descuentos en la remuneración del demandado fundados en la existencia de un crédito social anterior, y, posteriormente, si aquella omisión constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados a la causa, en especial, lo informado por la recurrida en orden a que actualmente se ha dispuesto el cese de los descuentos y que incluso se dispuso que en caso de haber sido efectuados ya descuentos, que los mismos sean restituidos al recurrente, por lo que considerando la competencia de esta Corte, en cuanto a las medidas cautelares urgentes y concretas que se pretenden en la acción intentada, plasmadas en su parte petitoria, en particular, que se ordene el cese y restitución de aquellos descuentos, se concluye que el presente recurso ha perdido su objeto, todo lo cual obliga a desestimarlo, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

Sexto: Que, en consecuencia, la acción cautelar intentada ha perdido oportunidad, por lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección en favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°14.852-2021 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, conformada por el Ministro suplente señor Rodrigo Carvajal Schnettler y el Abogado Integrante señor Rodrigo Montt Swett.