nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACION DE CHILE REGION POLICIAL TARAPACA

C.A. de Santiago Santiago, once de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta Nº 423-2021/181-2022, de 21 de octubre de 2022, notificada el día 25 del mismo mes y año, que puso término al sumario administrativo Nº 423-2021, rechazando el recurso de apelación deducido y que aplicó la sanción disciplinaria de tres días de permanencia en el cuartel, estimando como vulneradas las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2º y 3º inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide ordenar a la recurrida dejar sin efecto el acto recurrido, con costas.

Para fundar el recurso expone que es Profesional Perito Planimétrica del Laboratorio de Criminalística de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Señala que, en el mes de febrero del año 2021, tras haber detectado errores en la confección de dos de sus Informes Periciales Planimétricos Nºs. 97/020 del 05 de junio de 2020 y Nº 135/020, de igual fecha, el entonces jefe del Laboratorio de Criminalística de Aysén, la sancionó con una medida disciplinaria de Propia Iniciativa, con “DOS DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, dictando la Resolución PRI Nº 178-2020, de 19 de noviembre de 2020. Respecto de la cual dedujo reclamación, la que no se elevó al superior jerárquico, siendo el mismo jefe sancionador el que resolvió corregir el procedimiento en función de los vicios alegados, dictando una nueva resolución, la PRI Nº 180-2020, de 24 de noviembre de 2020, por medio de la cual dejó sin efecto la anterior medida disciplinaria, argumentando que no se consignó en aquélla los últimos tres períodos calificatorios, pese a ello, mantuvo la medida sancionadora, cuestión que constituye el primer vicio manifiesto en el procedimiento.

Detalla, que volvió a presentar una reclamación, elevándose en esta oportunidad al superior jerárquico, quien dictó la Resolución Exenta Nº 378, del 04 de diciembre de 2020, ordenando dejar sin efecto la Resolución PRI Nº 180-2020, y que en su lugar se dictara una nueva, para que se consignaran ciertos antecedentes no advertidos. Señala que este sería un segundo vicio, pues no hubo pronunciamiento sobre sus alegaciones vertidas.

Indica, que el 28 de enero de 2021, el mismo jefe Lacrim Coyhaique, cumpliendo lo ordenado por el jefe Regional, dictó la Resolución PRI Nº 09-2021, manteniendo la medida disciplinaria, respecto de la cual volvió a presentar recurso de reclamación. Como consecuencia de ello, el jefe Regional dictó la Resolución Exenta Nº 91, de 05 de febrero de 2021, rechazando el recurso, confirmando la medida disciplinaria. Ante lo cual dedujo el último recurso para ser conocido por el Director General de la Institución.

Sin embargo, refiere que conoció el recurso el Subdirector de Investigación Criminal y Criminalística y no el Director General, y dictó la Resolución Nº 6, del 06 de agosto de 2021, por el que acogió el recurso, en el solo sentido de “…instruir un nuevo acto administrativo de acuerdo a lo señalado en el Considerando Nº 4…”. El considerando 4º, decía: “4.- Que, analizada la invalidación y recurso de reclamación deducido por la profesional perito (…) el suscrito advierte que el procedimiento administrativo adolece de vicios, destacándose entre ellos, haberse dejado sin efecto la Resolución PRI Nº 178-020 del Jefe del Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique por él, encontrándose pendiente el plazo que tenía la funcionaria para recurrir al Superior, lo que constituye una vulneración al debido proceso pues lo que debió ocurrir en la especie era que el Jefe Regional conociera y resolviera de toda alegación que dedujera la profesional perita. En consecuencia en mérito de lo expuesto se procede a acoger el recurso en el solo sentido de instruir un nuevo acto administrativo.”

Por lo anterior, se ordena la Investigación Sumaria Nº 423-2021, a fin de cumplir la orden de instruir un nuevo acto administrativo, por lo cual se produce el tercer vicio, ya que en esta nueva Investigación Sumaria se agregaron todas las actuaciones previas, y respecto de las cuales el Subdirector de Investigación Criminal y Criminalística había ordenado dejar invalidar. Y como resultado se le aplicó la sanción de “AMONESTACIÓN SEVERA”, de menor intensidad, por los mismos hechos, concluyendo que se tuvo por acreditado un error en la confección de dos informes periciales, hecho que, en todo momento fue reconocido por la profesional perito considerando que la situación es culposa y no dolosa ni negligente, mediante la Resolución Exenta Nº 423-2021/435-2021, del Jefe de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez. Ante lo cual volvió a interponer recurso de apelación.

Menciona, que elevados los antecedentes al Subdirector de Investigación Policial y Criminalística, mediante Resolución Nº 1, de 16 de febrero de 2022, acogió parcialmente el recurso de apelación estimando que los hechos no estaban suficientemente acreditados, ordenando elevar el procedimiento a Sumario Administrativo. Esta determinación es el vicio sustantivo que reclama, por improcedente y sin presupuesto normativo, ya que el Subdirector de Investigación Policial y Criminalística, al ejercer un rol de superioridad institucional para conocer de un recurso de apelación, debe actuar dentro del ámbito de sus atribuciones, y este solamente puede disponer la reapertura del proceso, modificar la sanción, sobreseer o absolver, y no ordenar modificar el proceso, según lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto Nº 1 de 1982, Defensa, Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile. Refuerza lo señalado, la reglamentación interna de la PDI, contenida en la Orden General Nº 1206, de 04 de enero de 1994, Inspectoría General, que aprueba la Cartilla para la instrucción de Sumarios Administrativos de la Institución, que en el apartado TRAMITACIÓN PARA INVESTIGACIONES SUMARIAS, Nº 52, párrafo: FORMA DE RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN refiere que el recurso de apelación se resolverá mediante la dictación de la resolución que se pronuncia acerca de él, modificando o confirmando la resolución del jefe que dictó la resolución impugnada o de primera instancia, y en el apartado COMPETENCIA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO, indica que el superior jerárquico se pronunciará conforme al mérito del proceso, y tomará en consideración y resolverá las cuestiones de hecho y de derecho que sean pertinentes y se hallen comprendidas en la investigación, aunque no haya recaído discusión sobre ellas ni las comprenda la resolución del jefe que dispuso la investigación.

Esgrime que como resultado del Sumario Administrativo, y por Dictamen Nº 423- 2021/1-2022, pronunciado por el Jefe Regional de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, se le sancionó con la medida de “TRES DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, lo que resulta ser grave y una segura causal de destitución a futuro. Cuestión que también apeló y por Resolución Exenta Nº 423-2021/181-2022, del 21 de octubre 2022 se desestimaron sus argumentaciones por el jefe de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística.

Arguye, además, que el error que le acusa el sancionador no ha incidido, alterado ni perturbado la labor del Ministerio Público, de la Defensoría, o de algún otro en el ejercicio del su derecho.

Por otra parte, manifiesta que la existencia de un error en el Informe Pericial, no puede por sí solo significar atribuirle responsabilidad administrativa, ya que no ha dejado de cumplir sus deberes, no le ha faltado el respeto a ninguna autoridad o particular, ni ha afectado la marcha del servicio o afectado derechos de terceros.

Finaliza, reclamando que el ejercicio que adoptó la autoridad constituye una desviación de poder, que no puede estar amparada en el simple ejercicio de la potestad disciplinaria, tornando la decisión final en un acto ilegítimo, carente de elementos de razonabilidad y racionalidad.

Informando, nombre reservado, en representación del señor nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones, solicita el rechazo de la acción cautelar.

Alega, que la controversia planteada por la recurrente no es materia que corresponda ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de urgencia en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, por cuanto lo que se persigue por la recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto la resolución que da término a un proceso disciplinario, procedimiento administrativo que fue legalmente tramitado por la Policía de Investigaciones de Chile.

Reclama, que la acción constitucional de protección no es una nueva instancia administrativa, teniendo presente que un proceso disciplinario reglado se constituye en un procedimiento administrativo de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, señala que por medio de la Resolución Exenta Nº 423-2021/181-2022, del 21 de octubre de 2022, dictada por el Subdirector de Investigación Policial y Criminalística, de la Policía de Investigaciones de Chile, se procedió a aprobar la tramitación del Sumario Administrativo Nº 423-2021; se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la recurrente; y se confirmó la medida disciplinaria de "TRES DÍAS DE PERMANENCIA EN El CUARTEL", detallando pormenorizadamente los hechos:

“A) Que, en el marco de una investigación criminal, dispuesta por la Fiscalía Local de Puerto Aysén, Oficina Cisnes, causa RUC 2000564556-6, del 05.JUN.020, la Profesional Perito nombre reservado, evacuó el Informe Pericial Planimétrico Nº 97/020, del Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique, correspondiente al trabajo de fijación del Sitio del Suceso, por el delito de Parricidio, efectuado el 04.JUN.020, entre las 02:20 a 12:15 horas, en la intersección de las Avenidas Costanera y Los Guaitecas, sin número, localidad de Puerto nombre reservado Balmaceda, comuna de Puerto Cisnes, el cual, presentaba diferencias con la realidad, lo cual finalmente se establece a través del Informe Pericial Planimétrico Nº 54/022, del 26.MAY.022, del mencionado Laboratorio, el que compara las pericias planimétricas y fotográficas efectuadas en ambas concurrencias, concluyendo que este efectivamente no coincide en seis (6), de un total de ocho (8) puntos de comparación, con gran interés criminalístico para la investigación. Por lo anterior, se establece la siguiente falta administrativa contemplada en el Decreto Nº 40, de 15.JUN.981, que aprueba el Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones de Chile, Titulo II "De las Faltas", artículo 6°, Numeral 2 “Contra el Sistema Jerárquico y el Compañerismo”, letra b) "La negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores;” y Numeral 3 "Contra el Buen Servicio", letra a) “No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios”. Contraviniendo de esa forma, la Orden General Nº 951, del 21.NOV.989, que aprueba el Reglamento Interno del Laboratorio de Criminalística, Titulo III “De las Secciones", Capitulo 1 “De los Peritos", Artículo 16º, donde señala, entre otras, que debe cumplir la siguiente función contenida en la Letra c): "Redactar, mecanografiar o digitar los informes de pericias para conocimiento y aprobación del Jefe de Sección, procurando que tenga una redacción clara, precisa, sin errores u omisiones que alteren su forma y fondo.

B) Al haberse acreditado que, el 16.NOV.020 y, luego que a la Profesional Perito nombre reservado, le fuera solicitada una cuenta escrita, respecto de las falencias detectadas en su Informe Pericial Planimétrico Nº 97/020, del fecha 05.JUN.020, por parte del Jefe del Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique de aquel entonces, Subprefecto (R) nombre reservado, éste le ordenó verbalmente que no tomara contacto con el Fiscal Adjunto a cargo de la causa, respecto de la irregularidad pericial observada, ya que él, en su calidad de Jefe, debla hacerse cargo de esa situación, no obstante, en su cuenta escrita entregada el 18.NOV.020, ésta señala haberse comunicado vía telefónica con el Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Puerto Aysén a quien le admite el error y busca solucionar la situación, incumpliendo la orden verbal. Por lo anterior, se establece la siguiente falta administrativa contemplada en el Decreto Nº 40, del 15.JUN.981, que aprueba el Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones de Chile, Título II "De las Faltas”, artículo 6º, Numeral 2 “Contra el Sistema Jerárquico y el Compañerismo”, letra b) "La negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores", Numeral 3 “Contra el Buen Servicio", letra a) “No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios"; Contraviniendo de esta forma, el Decreto Nº 40, del 15.JUN.981, que aprueba el Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones de Chile, Título I "Del Régimen Disciplinario y de la Obligación de Obediencia", artículo 4º, que señala: "El funcionario que reciba una orden competente tiene el deber de cumplirla, pero si la estimare ilegal o antirreglamentaria deberá representarla por escrito, en forma respetuosa, si el Superior insiste, también por escrito, el funcionario procederá a ejecutarla, quedando exento de responsabilidad, la que recaerá íntegramente en quien la impartió.

B) Al haberse acreditado que, el 18.NOV.020., luego que la Profesional Perito nombre reservado, entregara su cuenta escrita dando a conocer los motivos de las falencias detectadas en su Informe Pericial Planimétrico Nº 97/020, del 05.JUN.020., y a raíz que en dicho documento señalaba que había tomado contacto con el Fiscal de la causa relacionada con el mencionado peritaje, el Jefe del Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique de aquel entonces, Subprefecto (R) nombre reservado, le ordenó de manera verbal y a través de una constancia en su Hoja de Vida Anual, informar específicamente las razones por las cuáles se contactó con el Fiscal, en circunstancias que se le instruyó que no era su facultad resolver un asunto que es responsabilidad del Jefe de dicho Laboratorio, ésta, se limitó a contestarle a través de un correo electrónico, donde argumentó que el único propósito era buscar una solución al problema, correspondiendo esta conducta a un derecho constitucional y agregado que respecto de saber el detalle de lo conversado, excedía sus competencias conforme lo señala la misma carta fundamental, donde, si bien es cierto, la Profesional Perito da respuesta a la orden, la conducta reprochable es NO haberlo efectuado a través de un medio normado para tal efecto, es decir, con una cuenta escrita. Por lo anterior, se establece la siguiente falta administrativa contemplada en el Decreto Nº 40, del 15.JUN.981, que aprueba el Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones de Chile, Título II "De las Faltas", artículo 6°, Numeral 2 "Contra el Sistema Jerárquico y el Compañerismo”, letra b) "La negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores", Numeral 3 “Contra el Buen Servicio", letra a) "No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios"; Contraviniendo de esta forma, la Orden General Nº 1506, del 14.MAY.997, que aprueba el Reglamento de Documentación y Archivo, Título II "De la Documentación", Capítulo II "De la Naturaleza, Contenido y Efectos de los Documentos”, Artículo 36º, Letra c) que señala: “cuenta Escrita: Es el medio por el cual un subalterno, en cumplimiento de una disposición reglamentaria, en virtud de una orden verbal o escrita, o de propia iniciativa, informe o pone en conocimiento de un superior un hecho o circunstancia específica".

En cuanto a las alegaciones de la recurrente, sostiene que el sumario y su decisión final fueron adoptadas por las autoridades que la ley faculta, se comprobaron los cargos como su gravedad y afectación a la labor del Ministerio Público.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como actuación de la recurrida, la dictación de la Resolución Exenta Nº 423-2021/181-2022, de 21 de octubre de 2022, notificada el día 25 del mismo mes y año, que puso término al sumario administrativo Nº 423-2021, rechazando el recurso de apelación deducido y que le aplicó la sanción disciplinaria de tres días de permanencia en el cuartel, estimando como vulneradas las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2º y 3º inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide ordenar a la recurrida dejar sin efecto el acto recurrido.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada únicamente por la recurrente, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia se cuestiona aquí una suerte de apelación de la decisión de su superior jerárquico en el ejercicio de sus funciones, facultad que no es posible de reclamar por la presente acción cautelar.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de otro orden.

Sexto: Que, por otro lado, en la especie la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente no ha sido demostrada fehacientemente, por lo que una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe señalar que en la situación planteada se trató de un sumario administrativo, determinación que se encuentra conforme con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley N° 18.834, que establece el Estatuto Administrativo, en donde se señala que: “Si en el transcurso de la investigación se constata que los hechos revisten una mayor gravedad se pondrá término a este procedimiento y se dispondrá, por la autoridad competente, que la investigación prosiga mediante un sumario administrativo”; en el artículo 1, letra a), del Decreto N° 1, de 06 de enero de 1982, que aprueba el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile: “Procederá la instrucción de Sumario Administrativo, en los siguientes casos: a) Para establecer la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Institución, por hechos que puedan ser constitutivos de faltas graves que no estén fehacientemente comprobadas”; y en el numeral 9 de la Orden General N° 1206, de 04 de enero de 1994, que aprueba la nueva cartilla para la instrucción de Sumarios Administrativos de la Institución: “Si de los hechos investigados en la respectiva Investigación Sumaria, en el evento de haberse practicado, surgieran antecedentes que ameriten que el accidente acaeció en actos del servicio, y/o que afecta responsabilidad administrativa a funcionarios de la Institución, y 8 siempre que estos hechos puedan ser constitutivos de faltas graves que no estén fehacientemente comprobadas, la Investigación Sumaria se elevará a Sumario Administrativo por la autoridad competente, mediante una orden, remitiendo las copias a las instancias correspondientes”.

Octavo: Que, las facultades del Subdirector de Investigación Policial y Criminalística, se encuentra conforme a la normativa vigente contenida en el artículo 67 del citado Decreto N° 1, en el que se dispone que: “Contra la resolución que se dicte en la Investigación Sumaria, procederá el recurso de apelación, el que deberá ser fundado e interponerse dentro de los dos días siguientes a la respectiva notificación, ante el Jefe que la dictó. Quien de inmediato deberá remitirlo con sus antecedentes a su superior directo, el que lo resolverá dentro del término de dos días”, luego, el Subdirector de Investigación Policial y Criminalística era el superior jerárquico a quien le compete resolver de conformidad a la normativa vigente; por lo que la Resolución Exenta N° 18, del 23 de enero de 2019, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, resolución que delegó, entre otros, en el Subdirector de Investigación Policial y Criminalística, dentro de su respectiva área jurisdiccional, el ejercicio de las atribuciones disciplinarias que confiere al Director General la reglamentación vigente, se encuentra apegada a derecho.

Noveno: Que, la incidencia de los errores de la funcionaria recurrente, dicha alegación no puede prosperar, pues es un hecho cierto, que, a partir del delito cometido y peritaje confeccionado se realizó una reconstitución de escena que arrojó inconsistencias en el peritaje, por lo que se desprende, que éste sí tuvo consecuencias jurídicas, las que habrían sido mayores si el Ministerio Público hubiese continuado con el ejercicio de la acción penal, pues así lo reseñó el Fiscal Emilio Poblete Viejo, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Puerto Aysén, a fojas 147 y siguientes del Sumario Administrativo.

Luego, a la luz de los antecedentes, es incuestionable que se cometió un error en la confección del Informe Pericial Planimétrico N' 97/020, fallas que habrían provocado un daño a la investigación penal, y en la cual consta que su realización no cumplió con los estándares, toda vez que, de un total de ocho puntos de comparación, los yerros ocurrieron en seis de ellos, lo que reflejó su falta de esmero, profesionalismo y dedicación, pues no advirtió esta equivocación sino hasta que la misma le fue informada por sus superiores, y que dado los antecedentes que obran en el proceso, no es posible atribuir a una sobrecarga laboral, al haber sido descartada en la investigación.

Décimo: Que, como se advierte de la revisión formal del acto, dada la evidente gravedad de los hechos sancionados y, siendo facultad de la autoridad reclamada determinar la sanción aplicable, la existencia de la debida fundamentación de la resolución respecto de esa gravedad, se cumple con el criterio de racionalidad exigido.

Undécimo: Que, ante esta realidad constatada, cabe insistir en señalar que la acción constitucional no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación de un acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad disciplinaria, de manera tal que, pretender por la vía de un recurso de protección, impugnar el mérito de esas decisiones, pues ello supone instrumentalizar esta acción cautelar para convertirlo en una instancia de apelación de una resolución administrativa.

Duodécimo: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

Décimo tercero: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad Décimo cuarto: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre las actoras de protección y estas entidades recurridas, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas al contenido y destino de investigaciones sumarias administrativas llevadas a cabo dentro de la normativa legal vigente, y entrar examinar el fondo de lo decidido; la situación de la especie se refiere a una materia propia de juicios de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de escueta información rendida por la recurrente.

Décimo quinto: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile PDI.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M. Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

No firma el Ministro señor Rivera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por hacer uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Ingreso Corte Protección Nº 148.440-2022.