nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 26 de junio de 2025, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo notificado el 28 de mayo de 2025 a su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente solicitó ante la AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la Ley N°18.156. Expone que fue notificado del rechazo de su solicitud mediante correo electrónico con fecha 28 de mayo de 2025, fundado en que la constancia de afiliación presentada se encontraba vencida al momento de la solicitud.

Señala que, pese al rechazo, se evidencia el cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 y que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma. Argumenta que la constancia electrónica de cotizaciones puede ser verificada en la web oficial del IVSS mediante un código alfanumérico (3e9c44848-2025509) o ingresando su cédula de identidad venezolana (RUT reservado), acompañando, además, un certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile antes del rompimiento de relaciones diplomáticas.

Sostiene que la exigencia de un documento vigente, legalizado o apostillado, es un requisito no contemplado en la ley y de cumplimiento imposible debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye caso fortuito o fuerza mayor.

Previas citas legales, pide, en definitiva, que se tenga por interpuesto el recurso de protección, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Segundo: Que, con fecha 19 de agosto de 2025, comparece el abogado don Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

Expone como antecedentes que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, ya que no existe un derecho indubitado sino uno controvertido, lo que excede el objeto de la acción cautelar, que es prestar amparo inmediato ante situaciones urgentes.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que ha dado estricto cumplimiento a la Ley N°18.156 y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que el rechazo a la solicitud del recurrente se fundó en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Señala que las certificaciones electrónicas de cotizaciones del IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, ya que deben cumplir con los requisitos legales formales vigentes, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones de la Superintendencia. Además, cita el Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que ratifica que las certificaciones electrónicas no legalizadas o apostilladas no son medios probatorios idóneos.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el DL N°3.500 establece que el objeto exclusivo de las AFP es administrar fondos de pensiones y otorgar prestaciones y beneficios establecidos por ley.

Solicita, en definitiva, el rechazo total del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Provida de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional vigente, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y… b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, este no satisface ni dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Séptimo: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Provida S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por la recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el presente recurso de protección a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-14837-2025.

En Santiago, catorce de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.