nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN

C.A. de Santiago Santiago, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, por haber dictado la Resolución Exenta N°134 de fecha 27 de mayo de 2025, notificada verbalmente el día 30 de mayo de 2025, mediante la cual se declaró vacante su cargo por salud incompatible, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que no se cumplieron los requisitos legales establecidos en el artículo 148 de la Ley N°18.883, particularmente considerando que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró expresamente la recuperabilidad de su salud mediante Resolución Exenta N°146040 de fecha 21 de marzo de 2025, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 2, 9, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, que la Carta Fundamental garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto la mencionada resolución, se le restituya en su cargo en idénticas condiciones, se ordene el pago de las remuneraciones y asignaciones no percibidas durante el período de separación del cargo y se condene en costas a la parte recurrida.

Expone que prestó servicios para la Corporación Municipal de San Joaquín desde agosto de 1996 hasta el 1 de junio de 2025, desempeñándose inicialmente como auxiliar paramédico desde 1993 en el Consultorio San Joaquín, actual CESFAM, y posteriormente en el área de esterilización del mismo recinto. Durante los 32 años de servicios, la funcionaria desarrolló labores esenciales consistentes en el lavado, secado y envolvimiento de material médico, equipos de curación, instrumental quirúrgico y dental, así como el control cuantitativo de herramientas enviadas a esterilización. Durante este extenso período laboral, la recurrente mantuvo un desempeño satisfactorio reflejado en sus calificaciones y una adecuada relación con sus compañeros de trabajo.

Asimismo, la recurrente indica que ha padecido problemas de salud relacionados con fibromialgia, hipotiroidismo y esofagitis por reflujo, condiciones que le han requerido licencias médicas discontinuas durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. De manera sorpresiva, el día 29 de mayo de 2025, mientras se encontraba trabajando normalmente, recibió un mensaje a través de la aplicación “WhatsApp” por parte de la subdirectora administrativa citándola a una reunión en la Corporación para el día siguiente, sin especificar los motivos más allá de tratarse de un "asunto personal y reservado". En dicha reunión del 30 de mayo de 2025, se le informó su despido y se le entregó la Resolución Exenta N°134 que declaraba la vacancia de su cargo por salud incompatible, fundamentándose principalmente en haber acumulado 191 días de licencia médica durante los últimos dos años.

Destaca especialmente como antecedente relevante que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la SEREMI Región Metropolitana, subcomisión Sur, mediante Resolución Exenta N°146040 de fecha 21 de marzo de 2025, había declarado expresamente la recuperabilidad de la salud de la funcionaria, circunstancia que no fue considerada adecuadamente en la resolución impugnada, la cual paradójicamente indica que la salud de la recurrente es irrecuperable.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la recurrente argumenta que la resolución atacada constituye un acto administrativo ilegal y arbitrario que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley N°18.883. Sostiene que si bien la autoridad tiene facultades discrecionales para declarar la vacancia por salud incompatible una vez verificados los factores objetivos como haber tenido más de 180 días de licencia médica y solicitar el pronunciamiento sobre recuperabilidad, ello no la exime de la obligación de fundamentar y motivar adecuadamente el acto administrativo, lo que no ocurrió en la especie. Adicionalmente, argumenta que la Ley N° 21.050 incorporó la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN respecto la irrecuperabilidad de la salud como requisito para ejercer esta facultad, pronunciamiento que resulta vinculante para la administración según la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. En consecuencia, al haberse declarado la recuperabilidad de su salud por el organismo técnico competente, no era procedente aplicar la causal de vacancia por salud incompatible, configurándose un acto dictado en exceso de las facultades legales.

Respecto a las garantías constitucionales vulneradas, la recurrente alega que se ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2, al habérsele dado un trato discriminatorio respecto de otros funcionarios en situación similar que no han visto terminada su relación laboral, y al no cumplirse con los requisitos de fundamentación establecidos para los actos administrativos. En segundo lugar, sostiene que se ha vulnerado el derecho a la protección de la salud del artículo 19 N°9, toda vez que al quedar cesante no tendrá acceso continuo y permanente a las acciones destinadas a la recuperación de su salud. Finalmente, argumenta la transgresión del derecho a la libertad de trabajo y su protección establecido en el artículo 19 N°16, considerando que se le ha privado de su fuente laboral por motivos ilegales y arbitrarios, coartando la posibilidad de continuar ejerciendo un cargo desempeñado por más de 32 años, afectando su estabilidad en el empleo y su sustento familiar.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene en definitiva que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°134 de fecha 27 de mayo de 2025, se adopten las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales, se le restituya en el cargo en idénticas condiciones, se ordene el pago de las remuneraciones y asignaciones no percibidas durante el período de separación del cargo, y se condene en costas a la parte recurrida.

Segundo: Que la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, representada por el abogado Oscar Cristóbal Orozco Munizaga, evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

La recurrida expone antecedentes relativos a su naturaleza jurídica, señalando que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro creada al amparo del DFL N°1-3.063 de 1980, que ejerce el rol de entidad administradora de los establecimientos de atención primaria de salud municipal de la comuna de San Joaquín. Reconoce la existencia del vínculo laboral con la recurrente desde diciembre de 1996 hasta el 31 de mayo de 2025, relación regida por la Ley N°19.378 de Atención Primaria de Salud y supletoriamente por la Ley N°18.883.

En cuanto a los fundamentos para la dictación de la Resolución Exenta N°134 de fecha 27 de mayo de 2025, la recurrida indica que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez emitió la Resolución Exenta N°146.038 de fecha 21 de marzo de 2025, considerando que el estado de salud de la funcionaria es recuperable. Asimismo, señala que al 27 de mayo de 2025, la referida funcionaria acumulaba 191 días de licencia médica por enfermedad o accidente común en los últimos dos años. Sobre la base de esos antecedentes, la Corporación declaró la salud incompatible con el cargo y su vacancia a partir del 1 de junio de 2025.

Respecto a la legalidad del acto administrativo impugnado, la recurrida sostiene que la declaración de vacancia se encuentra plenamente amparada por la legislación vigente, específicamente por la letra g) del artículo 48 de la Ley N°19.378 y el artículo 148 de la Ley N°18.883. Argumenta que es necesario distinguir entre los procedimientos de salud incompatible (artículo 148) y de salud irrecuperable (artículo 151), los cuales tienen distintos presupuestos fácticos y requisitos de procedencia. Sostiene que en el caso de salud incompatible, procede previo informe de la COMPIN que realice la evaluación respecto a la condición de irrecuperabilidad, debiendo señalar que la salud es recuperable, circunstancia que se cumplió en la especie.

La recurrida enfatiza que no existe un informe de la COMPIN que declare la salud incompatible de un funcionario, sino que si la COMPIN declara la salud como recuperable, procede la declaración de salud incompatible, mientras que si la declara irrecuperable, procede la declaración de salud irrecuperable conforme a las formalidades legales. Agrega que la resolución impugnada contiene la debida motivación del acto, considerando que las necesidades públicas deben ser atendidas en forma continua y permanente bajo los principios de eficiencia y eficacia, resultando incompatible con estos principios la mantención de funcionarios con licencias médicas por extensos períodos.

Para sustentar su posición, la recurrida cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 33.377-2024, la cual establece que la declaración de vacancia por salud incompatible se sustenta en un hecho objetivo consistente en la mantención de licencia médica común por más de 180 días en un lapso de dos años, y que la exigencia del informe previo de la COMPIN tiene como fundamento distinguir entre las hipótesis de salud incompatible o irrecuperable. Asimismo, invoca el Dictamen N°E188441 de Contraloría General de la República de 24 de abril de 2022, que ratifica que las modificaciones introducidas por la Ley N°21.050 no derogaron la causal de vacancia por salud incompatible.

En relación con las garantías constitucionales invocadas, la recurrida contesta que respecto al artículo 19 N°2 sobre igualdad ante la ley, la recurrente incurre en error al confundir los procedimientos de salud incompatible y salud irrecuperable, concluyendo erróneamente que el acto es arbitrario y discriminatorio. Sostiene que la Corporación aplica criterios uniformes cuando se reúnen los requisitos para salud incompatible, y que en período próximo al acto impugnado ha declarado la vacancia por salud incompatible de otros funcionarios que cumplían los requisitos legales. Argumenta que la resolución de la COMPIN constituye una autorización objetiva al empleador para declarar la vacancia según corresponda conforme a la ley.

Respecto al artículo 19 N°9 sobre derecho a la salud, la recurrida sostiene que este derecho no guarda relación con lo debatido en autos, ya que su contenido esencial se refiere a la obligación del Estado de resguardar el libre e igualitario acceso a las acciones de salud y el derecho a elegir el sistema de salud. Argumenta que la recurrida no limita el derecho de la funcionaria a elegir el sistema de salud que prefiera, y que no existe obligación del empleador de solventar el costo del sistema de salud sin contraprestación de servicios una vez terminada la relación laboral.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que de los antecedentes incorporados por los intervinientes se desprenden los siguientes antecedentes:

1) Que el vínculo laboral entre la recurrente y la recurrida se inició el año 1996, desempeñándose la actora como auxiliar paramédico del CESFAM San Joaquín.

2) Que entre los años 2021 y 2025, la recurrente reconoce que hizo uso de una serie de licencias médicas y no controvirtió que al 27 de mayo de 2025 registraba 191 días de licencia médica por enfermedad o accidente común durante los dos últimos dos años, según se consignó en la resolución impugnada.

3) Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a requerimiento de la autoridad administrativa, ante el reposo prolongado de la funcionaria, determinó que la recurrente presenta actualmente un estado de salud recuperable.

4) Que con fecha 27 de mayo de 2025, el Alcalde de San Joaquín y presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna, dictó la Resolución Exenta N° 134, mediante la cual declaró vacante el cargo de la recurrente, por salud incompatible con el desempeño de su cargo, a contar del 1 de junio de 2025.

Para adoptar dicha determinación, tuvo en consideración –en síntesis-, lo dispuesto en el artículo 48, letra g), de la Ley N° 19.378, que establece que los funcionarios de una dotación municipal de salud dejan de pertenecer a ella por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.883, que en su artículo 148 dispone que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; y que, en este caso, dicho organismo, consultado por el alcalde, determinó que la recurrente presentaba un estado de salud recuperable; sumando hasta entonces un total de 191 días de licencia médica por enfermedad o accidente común durante los últimos dos años.

Quinto: Que la Ley N° 19.378, que contiene el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone en su artículo 1° que normará, en las materias que en ella se regulan, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, y también que regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud.

La misma normativa, en su artículo 48, dispone que los funcionarios de una dotación municipal de salud –calidad que tenía la actora de autos-, dejarán de pertenecer a ella solamente -entre las otras causales-, por: letra g) “Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883”.

Sexto: Que la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, estatuye en su artículo 148, incisos 1º a 3º, que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Tal exigencia fue incorporado en virtud de la modificación introducida por la Ley N° 21.050.

Por su parte, el artículo 149 del mismo cuerpo legal regula la situación en que se hubiese declarado irrecuperable la salud del funcionario, disponiendo: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la municipalidad”.

Séptimo: Que sin perjuicio de las facultades que la ley contempla a efectos de declarar la salud incompatible de un funcionario municipal, cabe precisar que lo que la recurrente denuncia como ilegal y arbitrario es la falta de fundamentos y motivación de la Resolución Exenta N° 134, mediante la cual se declaró vacante su cargo por estimar su salud incompatible.

Octavo: Que el fundamento de la resolución objetada sólo atiende a que presenta 191 días de licencia médica, por enfermedad o accidente común, durante los últimos dos años, sin considerar otros antecedentes, en lo que debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional ha precisado que: “la mera circunstancia se haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, no habilita por sí solo al jefe del servicio a declarar la incompatibilidad, facultad que sólo procede cuando las licencias son indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo” (STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012).

Noveno: Que la modificación introducida por la Ley N° 21.050 a la Ley N° 18.883, reservó a un organismo técnico el determinar si la salud del funcionario es o no recuperable, sustrayendo dicha decisión de la autoridad administrativa no especializada, quien no puede estimar lo contrario, tal como se ha resuelto por la Corte Suprema en autos Rol N° 167.324-2023, al sostener que “fluye de la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público”, de lo que se concluye que, en el caso de declararse que la salud del funcionario es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 147 letra a) y 148 de la Ley N° 18.883.

Décimo: Que, por lo demás, el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, razón por la que es exigible que tal decisión esté exenta de arbitrariedad, por lo que el jefe del servicio debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, lo que no por ello se encuentra exenta del control jurisdiccional de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

Undécimo: Que en el caso de autos, la COMPIN, cumpliendo con el mandato del inciso tercero del artículo 148 de la Ley N° 18:883, mediante Resolución Exenta 146040 de fecha 21 de marzo de 2025, emitió el informe requerido por el Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa, para evaluar la recuperabilidad del estado de salud de la recurrente, debido a su reposo prolongado y conforme con sus antecedentes médicos y administrativos, determinó que nombre reservado presenta un estado de salud recuperable.

Duodécimo: Que entonces, analizados los antecedentes aportados, conforme las reglas de la sana critica, fluye que el acto que motiva el recurso, esto es la Resolución Exenta N° 134 de fecha 27 de mayo de 2025, que declara vacante el cargo de la recurrente nombre reservado, por presentar salud incompatible con su desempeño, resulta arbitrario, puesto que desatiende la opinión fundada de la institución que tiene las capacidades técnicas para determinar si una persona esta apta para el servicio y, además no considera que el ausentismo laboral debido a reposo médico no es una conducta que haya presentado reiteradamente a lo largo de la prolongada relación laboral existente entre las partes, la que sólo se registra en los últimos años, debido a sus problemas puntuales de salud y tampoco considera que la funcionaria siempre obtuvo buenas calificaciones por su desempeño.

Décimo tercero: Que lo señalado precedentemente se traduce en una vulneración del derecho fundamental de la recurrente del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desde que importa una infracción de la garantía de la igualdad ante la ley respecto de la calificación de su salud e idoneidad para el ejercicio de su cargo.

Con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, por haber dictado la Resolución Exenta N°134 de fecha 27 de mayo de 2025, que declaró vacante su cargo por salud incompatible y se dispone la reincorporación a sus funciones, debiendo procederse al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Paula Rodríguez Fondón.

Rol Protección N° 14.832-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra señor Paula Rodríguez Fondón y la abogada integrante señora Soledad Krause Muñoz. No firma la ministra señora Rodríguez, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.