nombre reservado con SCOTIABANK CHILE S

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 17 y 18: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Simón Pedro Bloomfield Polloni, abogado, por sí, y deduce recurso de protección en contra de Scotiabank Chile S.A., por el cierre unilateral de su cuenta corriente N°[cuenta reservada] y el bloqueo de los productos asociados.

Expone que es cliente de la institución bancaria desde hace más de trece años, sin registrar mora ni incumplimientos contractuales, y que el 27 de mayo de 2026 la recurrida cerró su cuenta corriente sin conocimiento previo.

Señala que, al concurrir a una sucursal el 28 de mayo siguiente, se le exhibió una carta fechada el 14 de mayo de 2026, mediante la cual se anunciaba el cierre dentro de diez días, consignándose como única razón “ORDEN BANCO”.

Afirma que dicha comunicación fue enviada a un domicilio en el que no reside desde hace más de cinco años, pese a que el banco contaba con su correo electrónico y teléfono celular actualizados; medios que utilizaba para enviarle comunicaciones comerciales.

Indica que tomó conocimiento efectivo del cierre el 27 de mayo, a las 19:00 horas, al intentar operar sus cuentas. Agrega que el 29 de mayo de 2026, alrededor de las 14:00 horas, la recurrida bloqueó y cerró su Cuenta Renta Diaria, en la que mantenía $1.700.000, suma que solo pudo retirar el 1 de junio mediante un vale a la vista.

Sostiene que, junto con el bloqueo de los fondos, el banco eliminó el historial de movimientos, cartolas y registros digitales de sus productos bancarios, impidiéndole acceder a sus operaciones de los últimos trece años.

Señala que el origen de sus fondos era lícito y documentado, proveniente de su cuota en la venta de un inmueble perteneciente a la herencia de su abuela, operación que, según afirma, había sido procesada, aceptada y validada por la propia institución mediante formularios de origen de fondos, sin que se formularan reparos. Añade que la cuenta corriente constituía su única cuenta operacional como abogado independiente, destinada a recibir honorarios y pagar servicios básicos, arriendo y seguros, por lo que el cierre afectaba el funcionamiento de su actividad profesional.

Alega que el actuar de la recurrida infringe los artículos 16, letra a), y 17 B, letra b), de la Ley N°19.496, el artículo 12 de la Ley N°19.628 y el artículo 1546 del Código Civil, además de vulnerar las garantías previstas en el artículo 19 N°2, N°16, N°21 y N°24 de la Constitución Política de la República. Afirma que la expresión “ORDEN BANCO” carece de contenido justificativo y que la notificación dirigida a un domicilio desactualizado le impidió reaccionar oportunamente.

Invoca, entre otros precedentes, lo resuelto por esta Corte en causa Rol N°17.532-2024 y por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°43.342-2025.

Pide que se declare ilegal y arbitrario el cierre de su cuenta corriente, el bloqueo de la Cuenta Renta Diaria y la eliminación de su historial bancario, ordenándose restablecer la cuenta, los productos asociados, el Depósito a Plazo, la Cuenta Renta Diaria y el acceso a sus movimientos y cartolas, además de comunicarle las razones específicas, objetivas y verificables del cierre y abstenerse de disponer nuevas restricciones sin fundamento suficiente, todo, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, comparece Roberto Zamora Vergara, abogado, en representación de Scotiabank Chile S.A. y evacuó el informe solicitado, pidiendo el rechazo del recurso deducido, con costas.

Reconoce que la institución decidió cerrar la cuenta corriente del recurrente, pero sostiene que ello no constituye un acto ilegal ni arbitrario, pues los bancos se encuentran sujetos a obligaciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a la Ley N°19.913 y a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Expone que, en el marco de sus procesos de conocimiento del cliente, detectó que durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025 la cuenta registró movimientos que no se condicen con el perfil económico del recurrente. Señala que se habrían efectuado 30 abonos por un total de $320.167.000 y egresos por $319.750.000, sin que el recurrente haya aportado antecedentes suficientes para justificar el origen y destino de tales operaciones.

Añade que el recurrente figura como querellado en la causa RIT N°11.493-2025, RUC N°2510055225-9, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de defraudación por simulación de contrato, circunstancia que, a juicio del banco, impedía descartar que los fondos estuvieran vinculados con los hechos materia de dicha investigación.

Sostiene que el numeral 10 del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero faculta a los bancos para cerrar unilateralmente las cuentas corrientes. Añade que el Contrato Único de Productos Persona Natural suscrito por el recurrente también contempla dicha posibilidad. Afirma que la cuenta corriente es un contrato intuito personae, basado en la confianza, la que habría desaparecido como consecuencia de los antecedentes expuestos.

Finalmente, alega que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver una controversia de naturaleza contractual, por tratarse de una materia propia de un procedimiento de lato conocimiento. Niega que se hayan vulnerado los derechos de propiedad, igualdad, libertad de trabajo o libertad económica del recurrente, señalando que este pudo retirar los fondos existentes en la cuenta.

En la conclusión, pide el rechazo íntegro de la acción deducida en su contra, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto, el acto impugnado consiste en la decisión unilateral de Scotiabank Chile de cerrar la cuenta corriente N°[cuenta reservada] de titularidad de Simón Pedro Bloomfield Polloni, junto con el bloqueo de productos asociados, de la Cuenta Renta Diaria y del Depósito a Plazo, además de la supuesta eliminación del historial de movimientos bancarios, decisión comunicada mediante carta de 14 de mayo de 2026.

La parte recurrente estima vulneradas las garantías previstas en los numerales 2, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, además de los artículos 16, letra a), y 17 B letra b) de la Ley N°19.496, artículo 12 de la Ley N°19.628 y artículo 1546 del Código Civil. La recurrida, por su parte, no niega el hecho del cierre. Lo justifica en la normativa sectorial y en el contrato, expresa las razones que lo motivan y agrega que los fondos ya fueron puestos a disposición del recurrente.

QUINTO: Que, en cuanto a la legalidad del acto, cabe tener presente que el numeral 10 del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero dispone que la cuenta corriente puede ser cerrada unilateralmente por el banco. Se trata de una prerrogativa expresamente reconocida por el regulador sectorial, cuyas instrucciones son obligatorias para las entidades fiscalizadas. Dicha facultad se encuentra, además, incorporada al vínculo contractual. En este sentido, la recurrida ha señalado que el Contrato Único de Productos Persona Natural suscrito con el recurrente contempla la posibilidad de poner término a los productos contratados. Por consiguiente, el cierre no infringe la ley del contrato, sino que constituye ejercicio de una estipulación que la propia recurrente aceptó.

SEXTO: Que tampoco se configura la arbitrariedad denunciada. En efecto, la recurrida expone en su informe antecedentes objetivos que, desde su perspectiva, determinaron la pérdida de confianza en el recurrente: la detección, durante noviembre de 2025, de un número significativo de abonos y egresos por montos relevantes, calificados como inusuales y no suficientemente justificados, por no guardar relación con el perfil económico del cliente; y la circunstancia de figurar este como querellado en la causa RIT N°11.493-2025 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, seguida por el delito de defraudación por simulación de contrato, ostentando, por consiguiente, la calidad de imputado.

Estas circunstancias se enmarcan en los deberes de debida diligencia y conocimiento del cliente que pesan sobre las instituciones bancarias en virtud de la Ley N°19.913 y el Capítulo 1-14 de la citada Recopilación, normativa especial conforme a la cual, existiendo dudas sobre los antecedentes del cliente, el banco debe evaluar el término de la relación comercial. La decisión aparece, así, como una medida preventiva adoptada en cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias, y no como producto del mero capricho.

A mayor abundamiento, cabe recordar que el contrato de cuenta corriente es intuito personae, de modo que la confianza resulta esencial para su subsistencia. En consecuencia, la pérdida de confianza fundada en antecedentes concretos relativos a la actividad bancaria del cliente y a la existencia de una causa penal en tramitación permite comprender razonablemente la decisión adoptada por la entidad, con independencia del resultado final del proceso penal, sin que ello importe pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad que en él pueda determinarse.

SÉPTIMO: Que los antecedentes expuestos permiten distinguir la presente situación de los precedentes invocados por el recurrente, desde que, en el caso de autos, la recurrida explicitó en su informe los antecedentes que, a su juicio, justificaron el cierre, vinculándolos con operaciones bancarias que estimó inusuales, con la falta de antecedentes suficientes para explicar su origen y destino y con la existencia de una causa penal en que figura el recurrente como querellado.

De este modo, no se advierte que la decisión haya establecido una diferencia de trato fundada en una categoría sospechosa, ni que obedezca al mero capricho o voluntad arbitraria de la institución bancaria, sino a antecedentes objetivos relacionados con la evaluación del riesgo y con los deberes legales y regulatorios que pesan sobre ella, por lo que, en definitiva, no se configura la discriminación arbitraria ni la afectación del derecho de propiedad alegadas.

Por lo demás, el criterio sustentado en este fallo se corresponde con aquel sustentado por esta Corte en el ingreso de Protección Rol N°9725-2026.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Simón Pedro Bloomfield Polloni, en contra de Scotiabank Chile S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-14828-2026.