nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios 15 y 16: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Alfredo Francisco Trentini Jaimes, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos de sus remuneraciones sin aviso previo y habiendo ejercido una acción judicial tendiente al cobro de la deuda, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el 21 de junio de 2024 el recurrente firma un pagaré de crédito por la suma de $4.475.786, cayendo en mora a partir del 31 de diciembre de 2024 tras encontrarse sin empleo. Expone que la recurrida interpone una demanda ejecutiva el 11 de junio de 2025 ante el 6° Juzgado Civil de Santiago. Precisa que, unilateralmente, la recurrida practica descuentos ilegales en el mes de mayo de 2026 por un total de $274.492 a través de su empleador, argumentando que resulta improcedente accionar el cobro en ambas sedes.

Previas citas legales, pide en definitiva, el reintegro y devolución de todas las sumas descontadas con intereses y reajustes, y que la recurrida se abstenga de realizar descuentos futuros de sus remuneraciones, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, en la oportunidad procesal correspondiente, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que existe una relación crediticia basada en dos operaciones de crédito social en mora, argumentando que el actor omite la existencia del segundo mutuo. Precisa que en ambas contrataciones el afiliado concedió un mandato especial irrevocable para requerir de sus empleadores la deducción y retención de las sumas adeudadas desde sus remuneraciones.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que los descuentos no constituyen vías de hecho ni negligencia institucional, sino la ejecución reglada y lícita del mandato conferido. Señala que la demanda judicial incoada no obedece a un capricho, sino al cumplimiento imperativo de las normativas de la Superintendencia de Seguridad Social que exigen iniciar la cobranza judicial.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el descuento encuentra asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo. Menciona que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social autoriza expresamente continuar el cobro mediante descuentos por planilla aun existiendo acciones judiciales en curso, recayendo únicamente la obligación de informar lo retenido en la sede civil, sin vulnerar las garantías constitucionales invocadas.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición contempla, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, en la especie, la recurrente reprocha a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes haber reanudado los descuentos efectuados sobre sus remuneraciones para el pago de obligaciones derivadas de créditos sociales, pese a haber iniciado previamente la cobranza judicial de una de ellas, sosteniendo que la elección de esta última vía impediría a la recurrida continuar utilizando el mecanismo de descuento por planilla y que la actuación cuestionada importaría, en consecuencia, un doble cobro de una misma obligación.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados al proceso aparece que las obligaciones que motivan los descuentos cuestionados se encuentran vigentes y presentan cuotas insolutas, circunstancia que no ha sido desvirtuada por la recurrente.

A su turno, el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación deberá ser deducido de la remuneración del trabajador por la entidad empleadora, retenido y remesado a la respectiva Caja acreedora, de manera que el descuento por planilla cuestionado corresponde a un mecanismo de recaudación expresamente contemplado por el ordenamiento jurídico para el pago de esta clase de obligaciones.

SEXTO: Que, en cuanto a la circunstancia de haberse iniciado una acción ejecutiva para obtener el cobro de una de las obligaciones, ella no permite concluir, por sí sola, que la recurrida se encuentre impedida de percibir posteriormente cuotas mediante descuento por planilla.

En efecto, la normativa impartida por la Superintendencia de Seguridad Social contempla expresamente la hipótesis en que, durante la tramitación de un juicio ejecutivo o de cobranza ordinaria, se reinicien los descuentos por planilla o pensión, disponiendo que las sumas así percibidas sean consideradas en la liquidación de la deuda objeto de cobro judicial. De este modo, el inicio de la cobranza ejecutiva no importa, por sí mismo, una renuncia al mecanismo de recaudación previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, ni la sola coexistencia de ambas vías permite establecer la existencia de un doble cobro, desde que las cantidades percibidas deben ser imputadas a la obligación respectiva.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, encontrándose vigentes las obligaciones cuyo pago se persigue, estando legalmente contemplado el descuento por planilla como mecanismo de recaudación de los créditos sociales y no resultando incompatible su utilización con el previo ejercicio de una acción judicial de cobro, no se advierte en la conducta de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente, razón por la cual la presente acción cautelar deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14820-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por el Ministro señor Pablo Andres Toledo Gonzalez, el Ministro (S) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dos de octubre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.