nombre reservado con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE

Foja: 45 Cuarenta y Cinco Santiago, siete de abril de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 13 doña nombre reservado, en representación de Dercomaq S.A. recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte- Chacabuco, representada por el Inspector Comunal Subrogante, por el acto que estima ilegal o arbitrario, consistente en haberse negado a tramitar un recurso de reconsideración de multas interpuesta por su parte.

Funda su recurso en el hecho que con fecha 16 de octubre 2015 la recurrida emitió Resolución de Multa N°1728/2015/26 notificada personalmente a su representada el 21 del mismo mes y año, por la que se impuso 60 UTM por no pagar a los trabajadores nombre reservado y nombre reservado semana corrida durante los meses de enero a septiembre de 2015.

Señala que su parte solicitó reconsideración administrativa de la referida multa dentro de los 30 días hábiles desde su notificación, es decir, dentro de plazo legal previsto, sin embargo, la Inspección Comunal del Trabajo Norte- Chacabuco, a través de Ordinario 78 de 22 de enero de 2016, no dio curso a la solicitud por no haberse presentado dentro del plazo de 30 días corridos contados de su notificación. Indica que dicha resolución fue notificada el mismo 22 de enero de 2016 y a partir de esa fecha tuvo conocimiento de la vulneración de sus derechos fundamentales.

Expone que la recurrida ha asumido ilegal y arbitrariamente que los plazos que regulan los artículos 511 y 512 del Código Trabajo, es de días corridos, siendo que se trata de días hábiles, no comprendiendo sábados, domingo ni festivos, ya que se trata de recurso presentado en etapa y sede administrativa, por lo que debe aplicarse el artículo 25 de la ley 19.880 Alega como garantía vulnerada la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al negarle la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración de multa dentro de plazo.

Solicita que acoja en todas sus partes y disponer que se deje sin efecto la Resolución Ordinario 78 de 22 de enero de 2016 emanada por la recurrida y se ordene a ésta adoptar todas las medidas que se juzguen necesarias para restablecer la situación jurídica infringida y condenar en costas a la recurrida.

A fojas 30, la recurrida, alega en primer lugar, la improcedencia de la acción intentada atendida la naturaleza del acto que se ataca, toda vez que el recurso de protección es acción cautelar o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, lo que no significa que pueda utilizarse como un sustituto procesal.

Explica que resulta improcedente, por cuanto se ha interpuesto respecto de resolución administrativa, respecto de la cual la ley ha establecido procedimientos de impugnación, como lo es el artículo 53 de ley 19.880.

En segundo lugar, arguye la improcedencia del recurso de protección en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, esto es: a) la ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) que dicha acción sea ilegal o arbitraria; c) que se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo derecho protegido constitucionalmente y d) que tribunal esté en condiciones de brindar la protección recurrida. Afirma que el acto reclamado se encuentra exento de toda ilegalidad y arbitrariedad.

En tercer lugar, invoca la ineficacia de la acción intentada, pérdida de objeto y de la causa de pedir, puesto que existe un procedimiento judicial específico, citando en apoyo de su tesis jurisprudencia judicial Dictamen de la Contraloría General de la República N° 64.985, de 20 de noviembre de 2009.

Agrega que la recurrente no esboza cuáles serían las perturbaciones fundamento del recurso, sino que contenido de protección orientado a interpretación que le han dado los tribunales de justicia a los plazos contemplados en el art 512 del Código del Trabajo, siendo que la norma aplicable en la especie es el art 506 ter del mismo código. A este respecto señala que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente, siendo que como precepto legal materia de este recurso no hace esta mención expresa el plazo que contempla es de días corridos.

Aduce que no existe un acto ilegal o arbitrario, pues el Ordinario 78 carece de ilegalidad, pues tiene fundamento razonable y no parece ser fruto del mero capricho.

Por último alega que no se ha vulnerado garantía alguna porque recurrida ha actuado dentro de sus facultades legales.

A fojas 42 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que las partes se encuentran contestes y así por lo demás surge de la documentación acompañada que mediante ordinario Nº 78, de 22 de enero del año en curso, el Inspector Comunal del Trabajo informó a la recurrente que su reconsideración no cumplía los requisitos que le permitían conocerla, al no haberse presentado dentro de plazo legal de 30 días corridos desde su notificación, por lo que no resultaba posible admitirla a tramitación.

Tercero: Que, tal como se ha dicho en anteriores fallos por este Tribunal , la reconsideración presentada, lo ha sido- tal como manda la ley- ante un ente administrativo, de modo que no existiendo definición en el texto que la consagra, en relación a la naturaleza del plazo allí consagrado, ha de acudirse en forma supletoria a lo dispuesto por la Ley 19.880, específicamente a su artículo 25, en cuanto dispone que los plazos en los procedimientos administrativos, salvo norma expresa en contrario, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Cuarto: Que a lo dicho cabe añadir que la negativa a tramitar la presentación del recurrente, conforme al criterio interpretativo de la autoridad de control, no resulta vinculante para el análisis que ha de realizarse en esta sede, no siendo ello un obstáculo para concluir la ilegalidad del acto y brindar el amparo que se pretende, si como se advierte de autos, se ha desconocido a la empresa recurrente un derecho que le asiste y que ejerció oportunamente conforme a la ley, vulnerándose de ese modo la garantía que reconoce la carta fundamental en el numeral segundo del artículo 19.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 13 si costas, en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 78, de 22 de enero del año en curso, y se dispone que la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, dará tramitación a la solicitud de reconsideración presentada por Dercomaq S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Ravanales.

Rol Protección N° 14.813-2016.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada por los Ministros señora Adelita Ravanales Arriagada y señor Juan Antonio Poblete Mendez.

Autoriza el (la) ministro se fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones.

En Santiago, a siete de abril de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.