nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

PRIMERO: Que, el ocho de abril de dos mil veintidós, comparece Miguel Brunaud Ramos, abogado, en representación de nombre reservado, trabajadora, con domicilio en domicilio reservado; interpone acción de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores CORESAM, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en la decisión de no renovación del contrato de la recurrente y del que de forma verbal fue avisada por el director del CESFAM donde realizaba sus funciones, don nombre reservado.

Expone que la actora, el 22 de agosto de 2019, comenzó a desempeñarse como Terapeuta Ocupacional a contrata para la corporación, cumpliendo sus funciones en el establecimiento 210 de Rehabilitación Integral. Agrega que su contratación se materializó mediante una serie de contratos a plazo fijo con el carácter de “contrata”, regido por la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, con una jornada de trabajo de 44 horas semanales, según el artículo 15 de la norma citada, siendo el último el de 10 de febrero de 2022 con una duración desde el 1 de febrero hasta el 13 de marzo, ambos del presente año.

Indica que, el 11 de marzo de 2022 el director del CESFAM le avisa, de forma verbal, que no se renovaría su contrato, por lo que quedó desvinculada de la Corporación, posteriormente, el 18 de marzo de 2022, se le entrega su finiquito donde se invoca como causal “vencimiento del plazo del contrato”. Agrega que a lo largo de su contratación siempre mantuvo una intachable conducta y un excelente desempeño en sus labores, prueba de ello son las constantes y sucesivas renovaciones en su relación laboral, las que datan desde el año 2019 y, además, no mantiene anotaciones de demérito.

En cuanto a la confianza legítima, indica que la actora es funcionaria de la Corporación recurrida como parte de la dotación del personal de atención de salud primaria por más de 2 años, por lo que se había generado la confianza legítima que su contratación sería renovada por todo el año 2022, como lo había sido hasta la fecha.

Señala que mediante el dictamen N° 53.844, de 2016 de la Contraloría General de La República, se resuelve que es procedente aplicar a las contrataciones a plazo fijo regidas por la Ley Nº 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud), el criterio contenido dictamen N° 22.766, de 2016 que resolvió que “la recontratación reiterada de los empleados afectados tornó en permanente y constante la mantención del vínculo de los mismos, lo que determinó, en definitiva, que las entidades involucradas incurrieran en una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación”. Concluye que para la aplicación del criterio de la Confianza Legítima es necesario que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos (1) Que hayan existido reiteradas renovaciones de las contrataciones, desde la segunda renovación al menos; (2) Que no exista un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contratación. En relación a ello indica que en el presente caso se da cumplimiento a cabalidad de dichas exigencias, pues ella ha sido contratada sucesivamente por la Corporación en los marcos de la Ley Nº 19.378, para incorporarse a la dotación de salud del municipio, en condiciones de trabajo similares, habiendo sido todas las contrataciones renovadas, desde la segunda renovación al menos. Asimismo, de la mera lectura del proyecto de finiquito de fecha 18 de marzo de 2022 que le fue enviado, sin la debida comunicación del motivo por el cual no se le iba a volver a renovar y consecuencialmente sin explicar ningún motivo que lo justifique, es evidente que no se trata un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contratación, es decir, que justifiquen razonablemente el cambio de conducta sorpresivo del servicio público respecto de las contrataciones de mi representada, tal como se explicará a continuación.

Alega la falta de fundamento de la Resolución que dispuso la no renovación de la contratación de la actora. Señala que conforme a la jurisprudencia administrativa, son dos los mecanismos legales que sirven a la administración para evaluar el desempeño de un funcionario o funcionaria: El primero, la calificación regular y periódica y el segundo, otra evaluación particular, siempre que esta última abarque hechos o periodos no comprendidos en la calificación; y es en ese contexto que la actora fue avisada verbalmente de la no renovación de su contrato, no existiendo ningún fundamento determinante para adoptar la decisión para el año 2022. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Denuncia como acto arbitrario e ilegal que aun cuando la actora se desempeñaba de forma ininterrumpida, y bajo la modalidad de contratos a plazo fijo, desde agosto de 2019, se le avisó verbalmente que la relación laboral y contractual no sería renovada, sin fundamento alguno; además ha prestado servicios personales con buenas calificaciones y se he desempeñado fiel y eficazmente en la administración pública. Agrega que no se expresaron las razones fácticas que conduzcan a prescindir de sus servicios, lo que conduce a concluir que en la especie no se cumple con la motivación que exige la ley, puesto que no se dota de contenido real al motivo en que pretende amparar su decisión, tornándose ilegal, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes.

Alega como garantía constitucional conculcada la consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se otorga un trato diferente a la recurrente en relación con otros empleados a contrato a plazo fijo a los que se les renovó su contratación, encontrándose en idéntica posición fáctica.

Solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto la decisión de no renovar la contratación de la recurrente, ordenando su reincorporación y renovación por todo el año 2022 a la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, CORESAM y el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo, hasta su reincorporación.

SEGUNDO: Evacúa informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que la infracción que se reclama a su respecto, específicamente, al principio de confianza legítima, es propio del derecho administrativo en materia de contrataciones de la Administración del Estado, sin embargo dicho principio no es aplicable a la relación que ligaba a las partes de autos y, por lo tanto, el recurso que enteramente sobre su aplicación se construye, no puede prosperar, debiendo el recurso ser rechazado por no ser ésta la vía idónea para reclamar los derechos que intenta, ya que se trata sin duda de una contienda eminentemente laboral que en nada se diferencia de una típica demanda por término indebido o improcedente de la relación laboral, materia sobre la cual los Juzgados del Trabajo tienen plena competencia y especialidad, recayendo sobre ellos, y no esta Corte, el conocimiento de autos.

Expone que la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor. Atendido lo anterior, y conforme a los dictámenes N° 69.200, de 2010 y 25.303 de 2011 de la Contraloría General de la República, esta corporación no es un órgano integrante de la administración del estado, pese a que realiza funciones propias de una municipalidad, tales como la prestación de los servicios educacionales, de salud y de atención al menor a la comunidad.

Agrega que dicha entidad no forma parte, por ser incompatible con ello, de los órganos de la Administración del Estado y, consecuentemente, ninguno de sus dependientes tiene la calidad de funcionario público, tanto respecto de aquellos que trabajan en la Corporación como en los servicios que ella administra. En sus relaciones internas y externas la Corporación se rige por las normas del derecho privado, aplicando éstas además de manera supletoria en todo lo que no cuente con una regulación especial.

En el caso del área de salud, los establecimientos que administra la Corporación y el personal que trabaja en ellos se regulan por la ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Dicho estatuto aplica supletoriamente las normas de la ley Nº 18.883, la que a su vez hace aplicables las normas del Código del Trabajo para el caso del personal de los servicios de salud encargados a las corporaciones municipales.

En cuanto a la relación laboral entre las partes, señala que la recurrente ingresó a prestar servicios a la Corporación el 22 de agosto de 2019, relación regulada de conformidad a la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, pero no bajo un contrato de plazo fijo, o a contrata, sino que como reemplazo por la licencia médica de doña nombre reservado; en este sentido precisa que la ley 19.378 regula la contratación de los funcionarios, la cual puede ser a plazo fijo, de carácter indefinido y contrato de reemplazo. Agrega que desde el 22 de agosto de 2019 hasta el término del contrato de doña nombre reservado, su relación con la recurrida fue mediante contratos de reemplazo. Lo anterior justifica que dicho contrato nunca se transformará en indefinido, independiente de las veces que sea renovado. Cita jurisprudencia administrativa.

Expresa que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto que enfrenta a las partes, por cuanto se trata de un problema eminentemente laboral sobre el cual los tribunales del trabajo tienen plena competencia y especialidad.

Respecto a la confianza legítima, esta no sería aplicable toda vez que la recurrida no se encuentra regida y obligada por el principio de confianza legítima, ello en conformidad a lo establecido en el dictamen Nº E156769/2021 de Contraloría General de la República, en relación al artículo 2 de la ley de Bases de la Administración del Estado. Agrega que la Contraloría General de la República ha señalado, entre otros, mediante dictámenes N°75.508 del 15 de diciembre del 2010 y N°7.542 de 15 de febrero de 2008 que no se puede considerar como organismos integrantes de la Administración del Estado a las Corporaciones Municipales de Educación y Salud, situación en que se encuentra la recurrida.

Cita el dictamen N156769N21, del 18 de noviembre de 2021 donde se excluyen la aplicación de dicho criterio, entre otros, a los contratos de reemplazo del sector salud.

Por último, hace presente que el último anexo de contrato de reemplazo firmado por la recurrente establecía como fecha de término el 13 de marzo del 2022, encontrándose igualmente justificado el fin de la relación laboral existente entre las partes.

Finalmente analiza los requisitos de procedencia del recurso de protección, argumentando que no existe, en la especie, un derecho indubitado de la actora, pues precisamente requiere de un acto institucional “declarativo” de los tribunales para su resolución; y tampoco se vislumbra un actuar arbitrario o ilegal por parte de la recurrida.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que, consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, ahora bien, el arbitrio en análisis es una acción constitucional que busca dar inmediata y pronta protección respecto del derecho que reclama la recurrente como violentados, ya que denuncia como acto arbitrario e ilegal que aun cuando la actora se desempeñó de forma ininterrumpida, y bajo la modalidad de contratos a plazo fijo, desde agosto de 2019, es decir, bajo el principio de confianza legítima, se le avisó verbalmente que la relación laboral y contractual no sería renovada, sin fundamento alguno. Alega un trato diferente en relación con otros empleados a contrato a plazo fijo a los que se les renovó su contratación, encontrándose en idéntica posición fáctica.

Todo lo anterior, es refutado por la recurrida ya que asegura que actuó ejerciendo las facultades legales y administrativas que le otorga la ley, ya que en el caso de marras no se debe aplicar el principio de confianza legítima, propio del derecho administrativo en materia de contrataciones de la Administración del Estado, cuestión que no ocurre en la especie, ya que la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, órgano que no integra la Administración del Estado, consecuentemente, ninguno de sus dependientes tiene la calidad de funcionario público. En cuanto a la relación laboral con la recurrida, fue mediante contratos de reemplazo, por lo que nunca se transformará en indefinido, independiente de las veces que sea renovado.

Tal es la discusión.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita les sean tutelados, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, no existe en la especie, un derecho indubitado de la actora, ya que en la especie hay hechos controvertidos respecto de una determinada relación laboral, no siendo esta la vía, ya que el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento con la finalidad de dictar un acto institucional “declarativo” por los Tribunales de Justicia para su resolución; el cual no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección.

QUINTO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido, sin costas por estimarse que hubo motivo plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactor señor ministro (S) Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

N° Protección 14.807-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y por el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón. No firman la Ministra señora Barrientos por encontrarse ausente ni el Ministro (S) señor Córdova por haber terminado su suplencia.