Protección contra dicho establecimiento educacional y de su equipo directivo

C.A. de Santiago Santiago, diez de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 16: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, estudiante de IV Medio del Colegio nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de dicho establecimiento educacional y de su equipo directivo, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la expulsión inmediata del alumno.

Expone que, el 26 de mayo de 2026, se le comunicó la expulsión del estudiante, medida que atribuye a hechos vinculados con una supuesta acumulación de faltas y conflictos de convivencia escolar. Sostiene que el procedimiento seguido por el establecimiento vulneró garantías constitucionales, por cuanto no se le habría informado adecuadamente de los cargos, no se le habría otorgado posibilidad real de defensa ni se habría respetado un procedimiento previo racional y justo.

Agrega que su hijo presenta necesidades educativas y condiciones de salud que debieron ser consideradas por el colegio antes de adoptar una medida de tal gravedad. Señala, asimismo, que la expulsión le produce un grave perjuicio académico, emocional y psicológico, al privarlo de continuar su año escolar.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene la reincorporación inmediata del estudiante al establecimiento, permitiéndole continuar sus clases y actividades académicas mientras se resuelve su situación conforme a derecho.

Segundo: Que, la Superintendencia de Educación evacuó informe, analizando el procedimiento seguido por el establecimiento a la luz de la normativa educacional vigente.

Indicó que, revisados los antecedentes, no se identificó documentación que permitiera corroborar que se informó a la apoderada del derecho a presentar descargos una vez notificado el inicio del procedimiento sancionatorio y antes de la aplicación de la medida.

Agregó que tampoco se identificó documento, registro firmado o respaldo de correo electrónico que permitiera corroborar que se informó al apoderado de la medida adoptada y de los fundamentos de su aplicación. Sin perjuicio de ello, observó que con fecha 27 de mayo de 2026 se habría ejercido el derecho a solicitar reconsideración de la medida, y que dicha solicitud fue consultada al Consejo de Profesores, el cual se habría pronunciado por escrito, rechazándola el 28 de mayo de 2026.

Concluyó que la medida aplicada no se ajustaría a la normativa educacional vigente, por no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del DFL Nro. 2, de 1998, del Ministerio de Educación, razón por la cual estimó necesario derivar los antecedentes a la Unidad de Fiscalización, para efectos de fiscalizar los antecedentes y, en su mérito, iniciar el correspondiente procedimiento sancionatorio.

Tercero: Que, el Colegio nombre reservado evacuó informe solicitando el rechazo del recurso.

Expuso que el Colegio nombre reservado es una institución subvencionada que imparte educación desde 3° Básico a IV Año de Enseñanza Media, que cuenta con Programa de Integración Escolar y que promueve un ambiente seguro para todos los integrantes de la comunidad educativa.

Señaló que la acción tiene su origen en la medida disciplinaria de expulsión decretada con fecha 26 de mayo de 2026 respecto del estudiante nombre reservado, de IV Medio A, tras incurrir, según afirma, en una falta de carácter gravísimo, consistente en la acumulación sistemática y reiterada de faltas graves que afectaron el clima de convivencia escolar y la integridad psicológica del estudiantado y del personal docente.

Agregó que la decisión institucional fue el resultado del agotamiento de múltiples procesos formativos, remediales y contractuales aplicados durante los años escolares 2024, 2025 y 2026, sin adherencia suficiente del alumno ni de su grupo familiar.

Sostuvo que el procedimiento se ajustó al reglamento interno de convivencia escolar y a la normativa educacional aplicable, y que la medida adoptada fue fundada, proporcional y orientada al interés superior de la comunidad educativa.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que dicha disposición contempla, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho cuando éste resulte afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, perturbe o amenace su ejercicio.

Para su procedencia resulta indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho, que afecte una o más garantías protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, con carácter previo al análisis de las alegaciones de fondo, debe tenerse presente que la controversia planteada se vincula con la legalidad y regularidad de una medida disciplinaria escolar de expulsión, materia que cuenta con un estatuto normativo especial y con un órgano administrativo sectorial dotado de competencias fiscalizadoras y sancionatorias, esto es, la Superintendencia de Educación.

Precisamente, en estos autos dicho organismo informó que revisó los antecedentes del procedimiento aplicado por el establecimiento y concluyó que correspondía derivarlos a su Unidad de Fiscalización, para los fines propios de su competencia.

Sexto: Que, en consecuencia, la situación reclamada ya se encuentra radicada ante la autoridad administrativa especializada, la que cuenta con atribuciones para revisar el cumplimiento de la normativa educacional, fiscalizar los antecedentes, determinar eventuales infracciones y adoptar las medidas que procedan conforme al ordenamiento sectorial.

Dicha sede resulta especialmente idónea para examinar materias como la regularidad del procedimiento disciplinario, la existencia de notificaciones, la oportunidad para formular descargos, la consulta al Consejo de Profesores, la aplicación del reglamento interno de convivencia escolar y la proporcionalidad de la medida adoptada.

Séptimo: Que la presente acción constitucional, atendida su naturaleza cautelar, urgente y de lato conocimiento limitado, no constituye la vía adecuada para sustituir el procedimiento administrativo especial ni para resolver, en paralelo, una controversia que requiere revisión integral de antecedentes escolares, conductuales, reglamentarios, pedagógicos y de convivencia educativa.

Ello resulta particularmente relevante si se considera que el Colegio recurrido sostiene haber aplicado medidas formativas y remediales durante los años escolares 2024, 2025 y 2026, mientras que la recurrente controvierte la regularidad del procedimiento y la suficiencia de las garantías otorgadas, cuestiones que exigen una ponderación más amplia que la propia de esta sede cautelar.

Octavo: Que, por lo mismo, no corresponde a esta Corte pronunciarse, por vía de protección, sobre la procedencia definitiva de la expulsión ni ordenar la reincorporación inmediata del estudiante, desde que ello importaría anticipar una decisión sobre materias que están siendo conocidas por el órgano técnico competente y respecto de las cuales existen procedimientos administrativos especialmente previstos.

Lo anterior no importa validar la medida disciplinaria cuestionada ni desconocer las observaciones formuladas por la Superintendencia de Educación, sino únicamente constatar que tales reparos deben ser conocidos y resueltos en la sede sectorial correspondiente.

Noveno: Que, en estas condiciones, no se configura un derecho indubitado que habilite a esta Corte para adoptar la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de los derechos que asisten a la recurrente para hacer valer sus alegaciones ante la Superintendencia de Educación y en las demás sedes que correspondan.

Décimo: Que, por lo razonado, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-14804-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Iara Barrios Melo, el Ministro (I)señor Guillermo Rodríguez González y el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva.

En Santiago, diez de agosto de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.