nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro.

A los folios 25 y 26: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que el 15 de septiembre de 2023 comparece CARLA DANIELA HERMOSILLA ÓRDENES, abogada de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, interponiendo recurso de protección a favor de don nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (en adelante, la “SUSESO”) y de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, en contra de la primera por el rechazo infundado de 19 licencias médicas, y en contra de la segunda por la retención del pago de dos licencias médicas aprobadas, lo que considera contrario a sus garantías consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que el recurrente, de 77 años, de oficio conductor de Transantiago, en los cuales lleva 3 años sin poder realizar sus labores por hepatitis alcohólica y dolencias derivadas, como encefalopatía hepática, que le provoca pérdida de memoria y somnolencia diurna.

Señala que a la fecha han sido rechazadas un total de 19 licencias médicas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, (en adelante COMPIN); siendo estas las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 71122788-1, extendidas por un total de 240 días a contar del 02 de noviembre de 2021, por reposo no justificado.

Afirma que, además se han rechazado las licencias médicas N° 72654796-3, 73907614-5, 75273178-0, 76607179-1, 78013051-2, 79360159-K, 80581527-2, 81476412-5, 82482528-9, 83761299-3 y 85104489-2, extendidas por un total de 320 días, bajo la misma causal de rechazo.

Refiere que con fecha 18 de agosto de 2022 se accionó de protección en causa Rol N° 101198-2022 por el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 02/03/2022, por reposo injustificado, dentro del mismo contexto de hecho y de derecho que las demás licencias, donde la Excma. Corte Suprema, mediante fallo de 22 de marzo de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia pronunciada por esta Corte, de 09 de enero de 2023, en los autos correspondientes a la referida acción de protección (Rol N°101198-2022), declarando que la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante la SUSESO) debía disponer que se le practique al recurrente el peritaje médico necesario respecto de la dolencia que daba cuenta el recurso, para que pueda la misma SUSESO se pronunciara nuevamente sobre la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas singularizadas precedentemente, en base a su resultado.

Precisa que, en virtud de lo anterior, la COMPIN Región Metropolitana remitió a la SUSESO el informe del peritaje médico evacuado al efecto por la Subcomisión Sur Oriente, de 13 de junio de 2023, el que la misma SUSESO afirmó que fue estudiado por los profesionales de su organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyendo de esta forma que existían elementos que hacían procedente autorizar el reposo otorgado por las licencias médicas reclamadas.

Alega que actualmente la Caja de Compensación la Araucana se encuentra reteniendo el pago de las licencias médicas sin justificación fundada y razonable de ello, a pesar de encontrarse autorizadas por la SUSESO y liberadas por COMPIN en virtud de la resolución del 18 de agosto de 2023.

Sostiene que las 19 licencias que son objeto del presente recurso se enmarcan dentro del mismo contexto de hecho y de derecho que las dos licencias autorizadas y reevaluadas por la COMPIN y SUSESO. Sin embargo, han sido nuevamente rechazadas por reposo injustificado a pesar de no haber variado en nada el contexto recalificado por la SUSESO y del cual el nuevo informe realizado por la COMPIN debería de hacerse igualmente extensible, dado que las licencias acogidas son inmediatamente posteriores a las 19 objeto de este recurso.

Argumenta además que el rechazo de las licencias objeto de este recurso habría sido mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-110542-2023 del 23 de agosto 2023 sin petición de mayores exámenes o peritaje médico que los que se acompañan.

Segundo: Que la SUSESO evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Precisa que mediante Resolución Exenta Nº R-01-IBS-110542-2023, de fecha 23 de agosto de 2023, que es la resolución impugnada, se rechazó un recurso de reconsideración en contra de la resolución de la misma SUSESO que confirmó el rechazo, por reposo injustificado, de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 71122788-1, 72654796-3 y 73907614-5. Además, asevera que la resolución impugnada no emite pronunciamiento respecto de un reclamo del rechazo de la COMPIN de las licencias médicas N°s 75273178-0, 76607179-1, 78013051-2, 79360159-K, 80581527-2, 81476412-5, 82482528-9, 83761299-3 y 85104489-2, ya que no se dispone de las resoluciones de los recursos de reposición realizados ante la COMPIN respectiva sobre dichas licencias médicas reclamadas.

Primeramente, sostiene que se habría interpuesto de forma extemporánea, dado que ya desde el 9 de mayo de 2023 el recurrente tendría conocimiento cierto del rechazo por la SUSESO de parte de las licencias objeto del recurso, habiéndose interpuesto éste el 15 de septiembre del mismo año.

Alega, además, la improcedencia del recurso por referirse, en el fondo, al derecho a la seguridad social, no contemplado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República; así como por no tener el recurrente un derecho indubitado al pago de las licencias.

En cuanto a las licencias que se omitió pronunciamiento, sostiene que fue legal hacerlo por no haberse acompañado las resoluciones del COMPIN que rechazaron dichas licencias.

En cuanto a aquellas respecto de las cuales se rechazó el recurso de reconsideración, sostiene que aquello fue legal también, por haber profesionales de la SUSESO estudiado los antecedentes y llegado a la conclusión de que la extensión del reposo era injustificada.

Tercero: Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Metropolitana (COMPIN RM) evacuó informe.

Indica que las licencias objeto del recurso fueron rechazadas, según el caso, por no establecer los antecedentes acompañados el rol terapéutico de la licencia, por ser licencias siquiátricas emitidas por médico general, por no justificar extensión del reposo, por no acompañar carnet de salud mental, entre otros motivos.

Cuarto: Que la Caja de Compensación recurrida evacuó informe pidiendo el rechazo del recurso con costas.

Afirma que no ha pagado las licencias aprobadas señaladas en el recurso dado que no se cumple con el requisito de contar con noventa días de aportes, continuos o discontinuos, dentro de los 180 días anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica, de conformidad al artículo 60 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud.

Agrega que el recurso sería improcedente por referirse en el fondo al derecho a la seguridad social, en los mismos términos que la SUSESO.

Quinto: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

I.- EN RELACIÓN A LA SUSESO:

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Sexto: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Basta para desestimar la extemporaneidad reclamada, considerar que los actos recurridos producen efectos permanentes, aunado a que la segunda Resolución Exenta de fecha 23 de agosto de 2023 y la acción constitucional fue entablada el 15 de septiembre de 2023, razón por la que el presente arbitrio aparece presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto al fondo:

Séptimo: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

Octavo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó las licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así que conforme al fundamento consignado en la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-110542-2023 de la SUSESO, de 23 de septiembre de 2023, correspondiente a las licencias N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 71122788-1, extendidas por un total de 240 días a contar del 02 de noviembre de 2021, por reposo no justificado. En efecto, se concluye que el reposo no se encontraba justificado basado en que “los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”.

Por su parte, además se denunció la omisión consistente en el no pronunciamiento respecto de las licencias médicas N°s 75273178-0, 76607179-1, 78013051-2, 79360159-K, 80581527-2, 81476412-5, 82482528-9, 83761299-3 y 85104489-2.

Noveno: Que, asimismo, se ha constatado que con anterioridad respecto de licencias posteriores a las que fundamentan el presente arbitrio que:

1. Con fecha 18 de agosto de 2022 se accionó de protección en causa Rol N° 101198-2022 por el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 02/03/2022, por reposo injustificado, oportunidad en que la Excma. Corte Suprema, mediante fallo de 22 de marzo de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia pronunciada por esta Corte, de 09 de enero de 2023, en los autos correspondientes a la referida acción de protección (Rol N° 101198-2022), declarando que la Superintendencia de Seguridad Social debía disponer que se le practique al recurrente el peritaje médico necesario respecto de la dolencia que daba cuenta el recurso, para que pueda la anterior pronunciarse nuevamente sobre la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas singularizadas precedentemente, en base a su resultado.

2. En virtud de lo anterior, la COMPIN Región Metropolitana remitió a la SUSESO el informe del peritaje médico evacuado al efecto por la Subcomisión Sur Oriente, de 13 de junio de 2023, el que la misma SUSESO afirmó que fue estudiado por los profesionales de su organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyendo de esta forma que existían elementos que hacían procedente autorizar el reposo otorgado por las licencias médicas reclamadas.

Décimo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Undécimo: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Duodécimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Décimo tercero: Que la parte recurrida, ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado, en los términos antes anotados.

Décimo cuarto: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Décimo quinto: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

En la especie, de acuerdo a los antecedentes que no han sido controvertidos por las autoridades recurridas, se dispuso en razón al recurso de protección que fuere impetrado respecto de licencias extendidas de manera posterior y por la misma patología que da cuenta el presente arbitrio, la realización de la pertinente pericia, la que habría sido evacuada en su oportunidad, por lo que para decidir en la forma que corresponde necesariamente debe tenerse en consideración dicho elemento de convicción.

Décimo sexto: En efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

Décimo séptimo: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Décimo octavo: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

II.- EN CUANTO A LA CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA:

Décimo noveno: Que en relación a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana la omisión denunciada corresponde a la retención del pago de dos licencias médicas aprobadas.

Vigésimo: Que en relación al fundamento legal sostenido por la Caja de Compensación antes señalada corresponde indicar que el artículo 60 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud dispone que para tener derecho a los subsidios se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente. Por su parte, el artículo 4 del DFL N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo dispone que: “Con todo, para acceder a los subsidios, los trabajadores dependientes contratados diariamente por turnos o jornadas deberán contar, además del período mínimo de afiliación a que se refiere el inciso primero con, a lo menos, un mes de cotizaciones dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la respectiva licencia”.

Vigésimo primero: Que en consecuencia de lo anterior y dada la naturaleza de lo que se discute en relación a este acápite, obsta que sea acogido un recurso de protección en que se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado -dado que no aparecen determinados como derechos preexistentes, que se encuentren garantizados y amparados en el texto constitucional, no siendo esta acción cautelar una instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger aquellos que resulten como no discutidos.

Vigésimo segundo: Que, en este orden de ideas, en lo anotado precedentemente, lo reclamado por este medio extraordinario escapa lo propio de un recurso de protección, en atención a que aquél se limita a situaciones cuya arbitrariedad e ilegalidad sean evidentes -lo que no ha acontecido respecto de los presupuestos fácticos referidos con antelación- y en consecuencia su improcedencia para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas o declarar derechos permanentes a favor de las partes.

Vigésimo tercero: Que es en este sentido, que el recurso de protección jamás debe pronunciarse sobre cuestiones de fondo sobre los derechos fundamentales amagados, no pudiendo esta Corte pronunciarse sobre hechos controvertidos por la recurrida, situación ajena a esta acción desde que requerirán del cumplimiento de un determinado procedimiento seguido ante la Superintendencia de Seguridad Social, lo que no se aviene con su objetivo de ser un remedio pronto y eficaz que preste inmediato amparo a un eventual afectado.

De esta forma para la procedencia de la acción cautelar deducida es requisito indispensable que los actos que motivan su ejercicio estén plenamente establecidos y en el presente caso, en cuanto a los supuestos antes aludidos, aquello no sucede, toda vez que no existen antecedentes que constituyan evidencia que el recurrente sufrió afectación a los derechos que estima conculcados.

En efecto, la naturaleza de la acción recién indicada y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite en relación a la Caja de Compensación, puesto que la materia en que se basa el libelo exceden el ámbito de este recurso, ya que conforme se ha ido expresando en este fallo, se trata de una controversia que requiere la concurrencia de determinados presupuestos fácticos, corroborados por los debidos antecedentes médicos, lo que en la especie no ha acontecido.

Vigésimo cuarto: Que es así que la Caja de Compensación recurrida en lo relativo a la omisión denunciada ha actuado ajustándose plenamente a lo previsto en la normativa que precede.

Vigésimo quinto: De esta forma, se desprende que no concurre la conducta u omisión vulneratoria de derechos alegada en la acción cautelar deducida, de modo tal que esta Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna a favor de la parte que recurre.

Vigésimo sexto: Que, en tales condiciones, respecto a este capítulo el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia:

I. Se acoge, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-110542-2023, de fechas veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, debiendo la recurrida resolver de manera fundada conforme al informe pericial que al efecto fuere evacuado de manera previa por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo -N° RUT reservado, RUT reservado, 71122788-1, 72654796-3, 73907614-5, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado. Asimismo, deberá emitir pronunciamiento -de manera fundada- bajo las señaladas circunstancias respecto de las licencias médicas N°s 75273178-0, 76607179-1, 78013051-2, 79360159-K, 80581527-2, 81476412-5, 82482528-9, 83761299-3 y 85104489-2.

II. Se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor del individualizado recurrente en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA por la retención del pago de dos licencias médicas aprobadas N° RUT reservado y RUT reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-14797-2023.