nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece el abogado Roberto Armijo Adasme, quien en representación de doña nombre reservado, médico pediatra, de nacionalidad venezolana, deduce en su favor acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Cuprum S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de restitución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, sin motivos fundados.

Expone que la recurrente asumió sus funciones de médico cirujano a partir del 23 de diciembre de 2016 en el Servicio de Salud de Iquique, específicamente en el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames, de acuerdo a la Resolución Exenta RA N° 425/165/2022, del 21 de julio de 2022. Con arreglo al contrato suscrito, durante el curso de su prestación de servicios bajo subordinación y dependencia, ha descontado parte de su sueldo y ha enterado sus cotizaciones de AFP, salud y cesantía, a pesar de haber manifestado expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156, y así mantener su afiliación al sistema previsional en su país de origen.

Indica que con fecha 31 de julio de 2023, la recurrente terminó su relación laboral con el Servicio de Salud de Iquique, y junto con ello, dejó Chile de forma definitiva, reiniciando su vida y carrera en la República Bolivariana de Venezuela.

Agrega que previo a dejar el país, solicitó por medio de la plataforma web de la recurrida, la devolución de sus fondos en consideración a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, pero sin siquiera ser notificada se percató que habían rechazado su solicitud, sin mayores argumentos; razón por la que se comunicó con el Servicio al Cliente de Cuprum S.A., informándole en envío por correo electrónico de la carta de rechazo y los motivos, sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción aún no recibe. Por ello, presentó una nueva solicitud, la que también fue rechazada sin notificación de su parte.

Afirma que a pesar que la reclamante acompañó toda la documentación exigida y necesaria para el cumplimiento de la Ley N° 18.156, de una manera completamente arbitraria e ilegal, la recurrida no sólo rechazó su solicitud, sino que además ni siquiera le informó adecuadamente los motivos y argumentos que llevaron a rechazar la devolución de fondos, debiendo ella comunicarse en reiteradas ocasiones al Servicio al Cliente de la AFP, sin que se hicieran cargo de informarle correctamente o enviarle la respuesta sea por correo electrónico o carta certificada a su domicilio; simplemente le dijeron que no sin motivo.

Sostiene que se han vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Por lo expuesto, pide se acoja la acción de protección, y se ordene que la recurrida debe hacer devolución de la totalidad de los fondos previsionales de la actora, dentro del plazo de cinco días hábiles u otro distinto que VSI. determine, además de disponer todas aquellas medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Por su parte, evacuando informe por la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., comparece la abogada Francisca Jil Díaz, quien solicita el rechazo del recurso de protección.

Señala que la recurrente se encuentra afiliada al sistema previsional desde el 23 de diciembre de 2016, y a la AFP Cuprum S.A. desde el 01 de febrero de 2020. Agrega que el día 12 de diciembre de 2022 suscribió una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, la cual fue rechazada, comunicando las razones de dicha decisión por correo electrónico. Posteriormente, con fecha 02 de agosto de 2023, mediante el sistema de “Agencia Virtual”, suscribió una nueva solicitud de retiro de fondos previsionales por aplicación del artículo 7° de la Ley N° 18.156, la que es objeto del recurso.

Explica que se procedió a analizar los antecedentes acompañados por la recurrente, y se concluyó que no concurrían los requisitos exigidos por la legislación y normativa aplicable respecto del retiro en calidad de técnico extranjero. Dicha resolución emitida por la Gerencia Legal fue comunicada a la recurrente mediante correo electrónico de 13 de septiembre de 2023, no siendo efectivo que no se le haya comunicado el rechazo de la solicitud.

Refiere que el asunto controvertido debía ser resuelto por la vía de un reclamo ante la misma AFP o ante la Superintendencia de Pensiones, y no por la vía del recurso de protección. Hace presente que no ha existido acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que AFP Cuprum S.A. ha aplicado el marco normativo existente para la revisión de la solicitud presentada por la recurrente.

Precisa que la Superintendencia de Pensiones indicó de forma clara que los hospitales que forman partes de las redes asistenciales de los servicios de salud, tal como el caso de marras, corresponden a instituciones públicas y por lo tanto, no les resulta aplicable la Ley N° 18.156 por no tener la calidad de empresa.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe, y con su mérito, negar lugar a la acción de protección por no concurrir los requisitos legales para su procedencia.

Finalmente, a petición de esta Corte, evacua informe la Superintendencia de Pensiones, organismo que refiere que la recurrente no registra reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la acción cautelar, por lo que no cuenta con antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de ello, aclara que la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Asevera que dicho cuerpo legal no consagra un derecho a retirar los fondos de pensiones a todo evento, sino que está condicionado a que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en su artículo 1°: es un derecho a opción para el trabajador en términos de mantener su afiliación en el régimen previsional de su país o afiliarse al sistema previsional y de salud en Chile. En su caso, la recurrente no acreditó la cobertura en casos de enfermedad en su país de origen, circunstancia que queda de manifiesto en cuanto también se incorporó al sistema de salud chileno y cotizó para ese efecto. En esas condiciones, incumple los requisitos legales que deben darse conjuntamente.

Sostiene que en el caso de la recurrente, queda establecido que en su condición de médico pediatra, durante todo el tiempo que trabajó en Chile, realizó sus labores en Servicios de Salud Públicos. Ahora, siendo dichos establecimientos organismos estatales descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, debe concluirse que éstos no se enmarcan dentro del concepto de empresa a que se refiere la Ley N° 18.156 en su artículo 1°. Son redes asistenciales de los servicios de salud, que son instituciones estatales, a las cuales no les son aplicables las disposiciones de la referida ley, por lo que en la especie la recurrente no cumpliría con los requisitos para poder solicitar la devolución de los fondos previsionales conforme a la normativa que regula la materia.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: Esta Corte ha sostenido reiteradamente que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una herramienta jurídica de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido auxilio del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicha garantía.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Sobre la existencia de la supuesta acción ilegal y arbitraria que motiva la interposición del recurso no existe discusión alguna, por cuanto se refiere a que con fecha 16 de agosto de 2023, AFP Cuprum le envió una carta certificada al domicilio de la actora, de nacionalidad venezolana, rechazando su solicitud de restitución de los fondos que mantiene en una cuenta de capitalización individual con la recurrida, en los siguientes términos:

“De nuestra consideración:

En atención a los documentos aportados por Ud. informo que no procede la devolución de las cotizaciones previsionales, atendido a lo siguiente:

1.- No se ha acompañado contrato de trabajo suscrito con Servicio de Salud Iquique y tampoco uno que contenga la cláusula de manifestación de voluntad de permanecer afecto a un régimen previsional extranjero.

2.- Se hace presente que, en caso de que la cláusula de manifestación de voluntad de permanecer afecto a un régimen previsional extranjero, se manifieste mediante un anexo y no en el contrato mismo, el anexo debe haberse suscrito durante la vigencia de la relación laboral.

De acuerdo a lo expresado en Oficio N° 16689 de 25 de julio de 2017 de la Superintendencia de Pensiones: “De conformidad a la sistemática jurisprudencia de esta Superintendencia se ha resuelto que para los efectos de permitir que los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros puedan retirar sus fondos previsionales, enterados en una Administradora de Fondos de Pensiones, en conformidad a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 18.156, es procedente admitir la modificación de los respectivos contratos de trabajo mediante un anexo en que se deje constancia de la voluntad del trabajador de mantenerse afecto al régimen de seguridad social en su país de origen, efectuándose como única exigencia, que la relación laboral se encuentre vigente al tiempo de manifestarla”.

3.- De acuerdo a la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, las disposiciones de la ley N° 18.156 -que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten- no son aplicables a instituciones estatales como lo es, el Servicio de Salud de Iquique.

En Oficio N° 11880 de 01 de junio de 2017, la Superintendencia de Pensiones se pronunció respecto a un trabajador que se desempeñó en establecimientos médicos de carácter público e instruyó lo siguiente:

“Ahora bien es del caso señalar que la Ley N° 18.156, constituye una norma de excepción, por lo que su interpretación debe ser efectuada de modo restrictivo.

Seguidamente, es precisamente señalar que la Ley N° 18.156 al haber sido concebida por el legislador como una excepción a los preceptos legales sobre cotizaciones, y aludiendo ella de modo expreso a “las empresas que celebren contratos de trabajo” con personal técnico extranjero, para efectos de autorizar la exención de cotizar o la devolución de las cotizaciones enteradas en una AFP, sólo puede operar cuando concurren todos los supuestos establecidos en ella.

En su caso, consta de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia que usted prestó servicios en calidad de médico cirujano en los Hospitales Barros Luco-Trudeau, San Luis y Félix Bulnes, todos establecimientos médicos de carácter público que forman parte de las redes de los Servicios de Salud Metropolitano Sur y Occidente, respectivamente.

Ahora bien, puesto que los Servicios de Salud son organismos estatales funcionalmente descentralizados y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, debe concluirse que éstos no se enmarcan dentro del concepto de empresa a que se refiere la Ley N° 18.156 en su artículo 1°.

Consecuentemente con lo precedentemente expuesto, esta Superintendencia le informa que usted no puede acogerse a los beneficios de la citada Ley N° 18.156, ya que se desempeñó como médico en los hospitales ya indicados, los que como se le ha explicado forman parte de las redes asistenciales de los servicios de salud, que son instituciones estatales, a las cuales no les son aplicables las disposiciones de la referida ley N°18.156.”

Así, es posible advertir que no correspondería considerar al Servicio Salud de Iquique como empresa para los efectos de la ley N° 18.156.

En conformidad con lo anterior, se informa que no corresponde autorizar la devolución de los fondos previsionales puesto que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

4.- No se pudo validar el código QR de la constancia emitida por la Embajada de Venezuela.

Atentamente, Servicio al Cliente Cuprum”.

Tercero: El artículo 7° de la de la Ley N° 18.156, precisamente regula el derecho invocado de la recurrente, en los siguientes términos: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”. Dada la redacción de la norma, al remitirse al artículo 1°, ella se refiere sólo al cumplimiento de los requisitos estipulados en las letras a) y b), sin realizar ningún tipo de distinción respecto a la calidad o naturaleza del empleador del beneficiario.

En efecto, el artículo 1° de la referida ley dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por lo demás, cabe tener presente el Código del Trabajo emplea una acepción amplia de empresa, señalando su artículo 3° que “para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada, categoría en la que recae un servicio público que entrega prestaciones de salud a la comunidad.

En consecuencia, no cabe duda alguna que el legislador al emplear la palabra “empresa” en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, no tenía como finalidad excluir las relaciones laborales del sector público, que para estos fines es completamente irrelevante.

Sobre el punto, la Corte Suprema en Rol N° 79.396-2020 ha expresado que “resulta decidor que la única limitación que considera el mencionado precepto legal se encuentra en su inciso final, en cuanto señala que “La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744””.

Cuarto: En la especie, resultan ser hechos acreditados, mediante la documentación adjuntada en autos, que:

1.- La recurrente, de nacionalidad venezolana, se encuentra actualmente de vuelta en su patria y adscrita al régimen previsional de su país de origen, el que cubre todas las prestaciones requeridas por la Ley N° 18.156, esto es, las contingencias de maternidad, sobrevivencia, accidentales, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso y enfermedad, comprendiendo las prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral (Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -IVSS-);

2.- En Resolución Exenta RA N° 425/165/2022 del Servicio de Salud de Iquique, de fecha 21 de julio de 2022, se consigna que la reclamante ingresó en Chile a cumplir funciones profesionales desde el 23 de diciembre de 2016, habiendo manifestado expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156, y mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen; y 3.- Tiene el título profesional de médico cirujano de la Universidad de Carabobo, con aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM).

Quinto: Asentado lo anterior, el rechazo de la solicitud de la recurrente obedece a una errada consideración de la Administradora de Fondos Previsionales en cuestión, por cuanto aquélla ya no vive en Chile y se encuentra afiliada al régimen de previsión venezolano, no existiendo ningún motivo legal ni teleológico que permita retener sus fondos. De hecho, de la historia fidedigna de la Ley N° 18.726 de 1988, se desprende que el derecho descrito fue establecido en favor de los extranjeros que trabajan en nuestro país y que han realizado cotizaciones previsionales conforme a las reglas del Decreto Ley N° 3.500, no justificándose que dichos fondos permanezcan o se retengan en las arcas de la AFP.

Desde luego, existen suficientes elementos de convicción para acreditar todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 1° de la Ley 18.156, lo que tiene fuerza vinculatoria para la AFP recurrida, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la misma ley y por ende a la petición de la reclamante.

Sexto: De esta manera, el acto de la recurrida de no hacer devolución de los fondos previsionales que se han depositado en la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum y que corresponde a la cuenta individual de la recurrente, se estima contrario a derecho, toda vez que se aparta de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que ha reconocido la opción del retiro de los fondos previsionales en Chile, siempre que se cumplan los requisitos normados, lo que esta Corte ha verificado en la especie, vulnerando y privando con este actuar el derecho de propiedad que tiene la actora respecto de su dinero, el que se encuentra garantizado por el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Magna.

Estamos ante la presencia de un derecho indubitado, a saber: el dominio de un patrimonio que constituyen los fondos previsionales depositados en una cuenta de capitalización individual y a nombre de la afilada respectiva, destinados a financiar su vida futura, lo que explica la urgencia con la que requerida reclama su restitución.

Séptimo: En consecuencia, la negativa de la recurrida se transforma en un acto ilegal y arbitrario, por cuanto las objeciones planteadas por la AFP Cuprum, se sustentan en meras interpretaciones administrativas ajenas a la ley y no vinculantes para los órganos jurisdiccionales, los que están llamados a controlar las decisiones de la autoridad administrativa o agentes privados.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge sin costas, el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., debiendo la entidad previsional proceder a la devolución de todos los fondos previsionales de la recurrente y que se encuentran depositados y acumulados en su cuenta de capitalización individual, dentro de un plazo de quince días corridos contados desde que quede ejecutoriada la presente sentencia.

Redacción Ministro (S) señor Guzmán Fuenzalida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 14.794-2023.- Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por el Ministro(S) señor Fernando Guzmán Fuenzalida y el abogado integrante señor Óscar Torres Zagal