Protección contra ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S

C.A. de Santiago Santiago, veinte de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., por los actos que considera arbitrarios e ilegales, consistentes, por una parte, en la emisión de la boleta electrónica N°NUM000, de 12 de junio de 2025, mediante la cual la recurrida le facturó retroactivamente en un solo período el consumo eléctrico correspondiente a más de 18 meses por un monto total de $1.289.396 y, por otra, en la posterior emisión de la boleta electrónica N°NUM001, de 19 de diciembre de 2025, en cuanto consolida y mantiene la deuda originada en aquella facturación, por un saldo total exigido de $3.177.098, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los Nos. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 12 de junio de 2023 arrendó la propiedad ubicada en DIRECCION000, comuna de Las Condes, inmueble que habita junto a su núcleo familiar, correspondiéndole, en virtud del contrato respectivo, el pago de los servicios básicos, entre ellos el suministro eléctrico provisto por la recurrida.

Agrega que desde el inicio del arriendo y hasta el mes de mayo de 2025 pagó regular y oportunamente sus cuentas de electricidad, sin registrar morosidades ni consumos extraordinarios; no obstante, con fecha 12 de junio de 2025 Enel emitió la boleta electrónica N°NUM000, correspondiente al mes de junio, por un monto total de $1.289.396, cifra que estima completamente desproporcionada e injustificada para un inmueble de uso habitacional, indicándose en su detalle un consumo de electricidad ascendente a $2.777.145, al que se aplicó una devolución por facturación provisoria por -$1.719.197.

Refiere que con fecha 13 de junio de 2025 ingresó un reclamo formal ante Enel, bajo el N° de caso NUM002, objetando el cobro por excesivo, carente de respaldo técnico e inconsistente con sus patrones de consumo, frente a lo cual la empresa respondió por correo electrónico de 16 de junio de 2025 señalando que entre el período del 6 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2025 no fue posible leer el consumo de energía eléctrica del hogar, por lo que, con el fin de evitar la acumulación del gasto mensual y conforme a la ley eléctrica, se facturó un monto equivalente al promedio del consumo de los últimos seis meses, normalizándose con la boleta de junio el consumo real acumulado del período.

Reclama que con esta supuesta normalización la recurrida pretende cobrar en una sola boleta el consumo correspondiente a más de 18 meses, fundado en una omisión de lectura del medidor imputable exclusivamente a Enel, sin aviso previo, sin constancia en el domicilio, sin posibilidad de control técnico por parte de la usuaria y sin respeto a la normativa vigente.

Señala que en razón de tales hechos, con fecha 7 de julio de 2025 interpuso una primera acción constitucional de protección, declarada inadmisible por resolución de 9 de julio del mismo año, por estimarse que el ordenamiento jurídico contempla acciones específicas a través de las cuales puede debatirse el asunto.

Hace presente que, ante el rechazo referido, presentó sucesivos reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles bajos los Nos. NUM003, de 14 de julio de 2025; NUM004, de 23 de julio de 2025;

NUM005, de 29 de julio de 2025; y NUM006, de 5 de septiembre de 2025.

Sostiene que a la fecha de interposición de la presente acción constitucional la recurrida no ha entregado solución alguna al conflicto ni ha emitido pronunciamiento definitivo respecto de los múltiples reclamos formulados; que, lejos de corregir la irregularidad, ha continuado consolidando la deuda, circunstancia que se materializa en la boleta correspondiente al mes de diciembre de 2025, con vencimiento al 7 de enero de 2026, que arroja un saldo total exigido de $3.177.098, monto absolutamente desproporcionado y carente de razonabilidad, situándola en permanente amenaza patrimonial y de privación de un servicio indispensable.

Afirma que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha dado cumplimiento a los deberes legales que le impone la normativa sectorial, pues, pese a los múltiples reclamos interpuestos desde el mes de julio de 2025, no ha dictado resolución alguna dentro de los plazos legales previstos en el artículo 161 y siguientes del Decreto Supremo N°327, de 1997, del Ministerio de Minería, configurándose una denegación tácita de tutela administrativa, lo que refuerza la necesidad de recurrir a esta sede constitucional, al haberse tornado ineficaces las vías administrativas ordinarias.

Plantea que la conducta de Enel infringe la normativa sectorial, en particular los artículos 126 y 129 del Decreto Supremo N°327, de 1997, del Ministerio de Minería, que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, pues dicha empresa no sólo facturó erróneamente sin dar cuenta del consumo efectivo mensual de su domicilio por más de 18 meses, sin dejar aviso alguno, sino que, arbitrariamente, pretende cobrar una deuda millonaria acumulada sobre la base de un supuesto consumo efectivo que no fue facturado oportunamente mes a mes.

Por lo anterior, pide se acoja el recurso y, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto la boleta de 19 de diciembre de 2025; se declare que el cobro efectuado por la recurrida, con fecha 12 de junio de 2025, es ilegal y arbitrario, se disponga que Enel se abstenga de cortar el suministro eléctrico o realizar gestiones de cobranza coercitiva producto de la deuda referida; y se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe Enel Distribución Chile S.A., solicitando el rechazo del presente arbitrio constitucional.

Al efecto, indica que con fecha 14 de julio de 2025 recibió el reclamo de la recurrente, en el que ésta cuestionó el cobro de $1.289.396 contenido en la boleta electrónica N°NUM000 correspondiente al mes de junio de ese año, atendido el detalle de consumo eléctrico ascendente a $2.777.145 con una devolución por facturación provisoria de -$1.719.197, fundada en que Enel pretendería cobrarle en una sola boleta el consumo correspondiente a más de 18 meses, sin haber realizado la lectura oportuna del medidor ni dejar constancia de ello en su domicilio.

Manifiesta que con fecha 24 de julio de 2025, respondió dicho reclamo explicando que el consumo de sus clientes se factura mensualmente mediante la comparación de la lectura actual con una lectura anterior obtenida del medidor de energía eléctrica, conforme al inciso segundo del artículo 123° del Decreto Supremo N°327, de 1997, del Ministerio de Minería; que, cuando por algún motivo no es posible registrar la lectura real, como ocurrió respecto de la recurrente entre los meses de noviembre de 2023 y abril de 2025, la normativa eléctrica autoriza a las distribuidoras a cobrar un consumo provisorio determinado promediando la energía de los últimos 6 meses; y que, conforme a ello, el consumo cobrado en la boleta de mayo reunió su gasto entre el 6 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2025, devolviéndose en esa misma boleta el monto asociado a la energía provisoria que se le había cobrado durante todo ese período, ascendente a $1.719.196.

Explica que durante los meses en que no fue posible obtener la lectura del medidor, procedió a realizar una estimación de consumo conforme a la normativa legal vigente, sin incurrir en actuación ilegal ni arbitraria, debido a la imposibilidad de acceder a la medición exacta, de modo que los montos cobrados en la boleta del mes de junio de 2025 no corresponden a una facturación excesiva, sino al consumo real del cliente; reconociendo, con todo, que la principal dificultad pudo radicar en la imputación íntegra de dichos montos en una sola boleta, sin perjuicio de que tal circunstancia no fue objeto de la solicitud formulada por la recurrente, ni ésta ha manifestado interés en organizar conjuntamente con su parte de mejor forma la deuda efectiva por sus consumos reales.

Advierte que, a raíz de esta primera respuesta, la recurrente presentó dos nuevos reclamos, uno con fecha 23 de julio de 2025, vinculado principalmente con las gestiones que estaba realizando para someter el caso al conocimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y otro con fecha 5 de septiembre de 2025, en el que denunció que, pese a encontrarse en curso un reclamo ante la Superintendencia, funcionarios de Enel habrían concurrido el día 1 de septiembre a cortar el suministro eléctrico, frente a lo cual su parte informó que, para el análisis y resolución del caso, fue necesario escalarlo al área correspondiente con el fin de verificar la situación descrita.

Sobre este punto, expresa que llevó a cabo un análisis técnico destinado a determinar por qué el medidor no estaba reportando los consumos reales del cliente, a fin de no reiterar el problema del cobro de deuda provisoria, análisis que arrojó como resultado que el medidor no estaba enviando la información a la central, procediéndose a corregir dicho problema con el objeto de obtener en lo sucesivo solamente facturaciones de consumo real; gestiones a resultas de las cuales la situación fue subsanada, reanudándose la facturación normal a partir del mes de noviembre de 2025, sin necesidad de provisiones, encontrándose actualmente la cuenta de la recurrente regularizada en cuanto a su medición.

Hace presente que, sin perjuicio de ello, la recurrente no ha efectuado pago alguno por el servicio desde el 24 de mayo de 2025, lo que ha dado lugar a una deuda actual de $3.662.951, que corresponde efectivamente a energía consumida, sin que los intereses generados superen la suma de $135.265 al día 23 de abril de 2026.

Concluye que no ha cometido acto ni incurrido en omisión arbitraria o ilegal que pudiera causar privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías que el artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a la recurrente, o, en su defecto, éstas fueron debidamente subsanadas, por lo que el recurso ha perdido su oportunidad, no existiendo medida que actualmente pueda adoptar esta Corte en relación con la conducta cuestionada.

Observa que la controversia levantada por la actora excedería los márgenes de esta acción constitucional de urgencia, destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados, debiendo dilucidarse en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

TERCERO: Que también informó en estos antecedentes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles –SEC–, entidad que procedió primeramente a detallar el marco normativo que define sus atribuciones y el procedimiento de reclamos. Respecto de este último precisa que el artículo 161 del Reglamento de la Ley Eléctrica, son las propias empresas concesionarias las que deben entregar una primera respuesta al usuario, pudiendo posteriormente el usuario solicitar la intervención de la Superintendencia para la resolución de su reclamo en caso de haber transcurrido dicho plazo sin respuesta, o por no estar conforme con lo resuelto por la empresa.

Cita también los artículos 123°, 124°, 126° y 129° del mencionado texto reglamentario, que regulan la materia que motiva el recurso, añadiendo que mediante Oficio Circular N°1.994, de 11 de abril de 2005, modificado por Resolución Exenta N°1.406, de 19 de octubre de 2006, impartió instrucciones sobre consumos acumulados por falta de lectura de medidores, estableciendo el procedimiento que deben seguir las distribuidoras para informar irregularidades que les impidan efectuar la lectura del medidor y, en su caso, facturar provisoriamente por más de dos períodos.

Indica que constan en sus registros los siguientes reclamos presentados por la recurrente sobre el asunto objeto del presente arbitrio: a) Reclamo N°NUM003, de 14 de julio de 2025, por cobro improcedente en la cuenta del suministro eléctrico, atendido el cobro de $1.289.396 contenido en la boleta del mes de junio de ese año por facturación provisoria debido a la falta de lectura real entre octubre de 2023 y mayo de 2025; que la distribuidora de energía eléctrica informó señalando que la usuaria no registraba reclamo previo ante la empresa, por lo que el mismo se atendería directamente, sin intervención de la entidad regulatoria, comunicándose en consecuencia a la usuaria la derivación del reclamo a dicha empresa, y la posibilidad de solicitar la intervención de la Superintendencia en caso de negativa o disconformidad. b) Reclamos Nos. NUM004, de 23 de julio de 2025; NUM005, de 29 de julio de 2025; y NUM006, de 5 de septiembre de 2025; todos ellos ingresados sin reclamo previo a la empresa distribuidora, motivo por el cual los incidentes se dieron por finalizados ante la Superintendencia con el envío de la respuesta dada por Enel en cada caso.

Finalmente menciona que actualmente no existe gestión pendiente ante esa Superintendencia respecto de reclamos ingresados por la clienta, ni un pronunciamiento resolutivo emanado de ese Servicio.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el acto impugnado por la recurrente corresponde a la emisión de las boletas electrónicas N°NUM001, de 19 de diciembre de 2025, y N°NUM000, de 12 de junio de 2025, en cuanto la primera consolida y mantiene una deuda de arrastre originada en la facturación retroactiva contenida en la boleta, y la segunda cobró en un solo período el consumo eléctrico correspondiente a más de 18 meses.

SEXTO: Que en estos autos cautelares no existen antecedentes suficientes que permitan a esta Corte adoptar una decisión, con un evidente componente técnico, en cuanto al real consumo eléctrico de la recurrente, a la correcta medición y facturación del mismo, y a la procedencia del cobro acumulado de 18 meses de consumo, así como también al funcionamiento del medidor.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado en el basamento precedente, es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles –SEC– el organismo técnico llamado por ley para conocer y resolver los reclamos por consumo eléctrico entre clientes y distribuidoras, facultad que en este caso no ha ejercido atendido que los reclamos se han deducido directamente ante ella, debiendo el cliente haberlo hecho previamente ante la propia distribuidora, motivo por el cual éstos le fueron derivados, sin que con posterioridad haya emitido pronunciamiento sobre los mismos, ya sea por haber transcurrido el plazo para que la distribuidora haya atendido el reclamo sin haber dado respuesta, o porque el cliente requirió su intervención al no quedar conforme con la contestación otorgada.

OCTAVO: Que por lo indicado en el motivo anterior, a juicio de esta Corte corresponde que en esta etapa de reclamación sea el órgano técnico – SEC– el que, atendido el actual estado de los reclamos, y en ejercicio de sus atribuciones, proceda a analizar el fondo de los mismos, tanto con los antecedentes aportados por el cliente y la distribuidora, así como por aquellos acompañados a estos autos, y emita pronunciamiento sobre éstos, relativos a la correcta medición y facturación del consumo eléctrico, al cobro de los mismos, así como al funcionamiento del medidor.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección intentado por doña nombre reservado, solo en cuanto se ordena a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles –SEC– analizar la situación de facturación eléctrica de la recurrente y emitir pronunciamiento respecto a los reclamos de la cliente, particularmente, en cuanto al funcionamiento del medidor, a la procedencia de la facturación provisoria por 18 meses, a la correcta facturación del consumo real, provisional y acumulado, así como a la forma de cobro, debiendo emitir pronunciamiento dentro de los 30 días siguientes a la dictación del presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

N° Protección-1479-2026.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por la ministra (I) señora María Inés Lausen Montt y por el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.