TURISMO Y TRANSPORTES MONUMENTAL S.A. con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece debidamente representada la sociedad Turismo y Transportes Monumental S.A. e interpone acción de protección en contra de Centro de Conciliación y Mediación Región Metropolitana Poniente y Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el cobro improcedente de multas por parte de la primera y, en relación a Tesorería General de la República, por el hecho de haber retenido y compensado ilegalmente montos correspondientes a devolución de impuestos, lo anterior, conculcando las garantías previstas por los numerales 2º, 3º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el origen del actuar ilegal de las recurridas radica en que, con ocasión del despido de un trabajador de la recurrente, se citó a comparendo ante la Inspección del Trabajo para el 12 de diciembre de 2024 y, en ese contexto, se cursaron tres multas respecto de la empresa.

Luego, el 14 de enero de 2025 se solicitó la reconsideración administrativa de las multas y, sin noticias acerca de su resolución, el 22 de mayo de 2025 a propósito de una consulta directa ante el centro de conciliación y mediación se informó que la resolución había sido notificada al correo registrado ante la Dirección del Trabajo, cuestión que niega.

A continuación, refiere que el 26 de mayo de 2025 Tesorería General de la República realizó una retención y compensación de la devolución de impuestos de la recurrente por la suma de $7.438.428, realizándose, además, un pago de multas de $633.585.

En lo pertinente, plantea que las multas compensadas no se encontraban ejecutoriadas, pues el 29 de mayo de 2025 mediante correo electrónico se informó de resolución invalidatoria en la que queda claro que el centro de conciliación cometió un error al notificar la resolución relativa a la reconsideración remitiendo a una casilla de correo electrónico diferente a la registrada respecto de la recurrente.

Así las cosas, achaca ilegalidad en el actuar por parte de la primera recurrida al enviar a cobranza una multa cuyo procedimiento no fue correctamente tramitado y concluido, registrando en la información de la empresa una circunstancia improcedente y, además, no informó acerca de la resolución invalidatoria, provocándole perjuicios. Afirma que se trata de un actuar omisivo, al no realizar ninguna acción tendiente a remediar su yerro y no actuar coordinadamente con la Tesorería General de la República a fin de evitar que se hubiere retenido y compensado los montos que correspondían a devolución de impuestos.

Al mismo tiempo constituye una conducta ilegal y arbitraria, pues el hecho de haber solicitado el cobro de una multa no ejecutoriada implicó, en los hechos, que la compensación realizada por la Tesorería corresponde a una deuda inexistente.

En virtud de lo anterior, solicita que se acoja el recurso y, en definitiva, se declare que la retención y compensación informada y percibida por Tesorería General de la República es un acto ilegal y/o arbitrario y se disponga la devolución de los montos correspondientes a devolución de impuestos más intereses que corresponde aplicar en virtud de la Ley Nro. 18.010 y ordenar que Centro de mediación y Conciliación Laboral Santiago Poniente adopte todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho para dejar sin efecto las multas que dieron origen a la retención, compensación y pago, todo lo anterior, con costas.

Segundo: Que, a folio 17 evacuó informe la recurrida Tesorería General de la República y solicitó el rechazo de la acción por haber cesado los hechos que motivan la acción.

Expone que, tan pronto la institución tomó conocimiento de la acción se verificó que la Dirección del Trabajo descargó de la cuenta única tributaria de la recurrente correspondientes a las multas que indica el recurso. A continuación, la Tesorería restituyó el 1 de septiembre de 2025 las sumas compensadas correspondientes a la devolución de renta relativas al año tributario 2025 mediante el deposito de la suma ascendente a $6.831.470, en su cuenta corriente.

Detalla, no obstante, que al realizar dicho egreso se compensó con cargo a deudas correspondientes a los folios Nros. 7519250891 y 7787251241, dos sumas ascendentes a $303.479, cada una.

Así las cosas, independiente de como se califiquen los hechos descritos por el recurrente, afirma que estos han desaparecido.

Tercero: Que, en virtud de lo expuesto se confirió traslado a la recurrente y, a folio 20, esta expuso que es efectivo que se realizó un depósito en su cuenta corriente por la suma de $6.831.470. Sin embargo, sostiene que dicho monto no representa la totalidad de lo retenido y cobrado, toda vez que el monto íntegro corresponde a $7.305.384 que se compone de $7.912.342 menos $606.958 por multas pendientes de pago, además, de los intereses y reajustes que corresponde compensar en virtud de lo dispuesto por la Ley Nro. 18.010.

Cuarto: Que, respecto a lo anterior, la Tesorería General de la República indicó mediante presentación de folio 27 que la recurrente realizó un pago voluntario relativo a las multas a que hace referencia en escrito de folio 20 por un monto de $633.612, suma que igualmente fue restituida mediante depósito de 1 de septiembre de 2025.

Quinto: Que, a folio 21 informó la recurrida Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional Metropolitana Poniente y solicitó el rechazo de la acción.

Al tomar conocimiento de la situación descrita en la acción realizó múltiples gestiones tendientes a entregar una respuesta a la recurrente, tanto así que la empresa se desistió de una acción ventilada en sede laboral fundada en los mismos hechos mediante reclamo seguido ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en causa RIT-I-520-2025.

Dicho lo anterior, afirma que la acción de protección no es una sede idónea para debatir aspectos como los que indica el recurrente, pues existen mecanismos administrativos y judiciales destinados a tal objeto en virtud de lo dispuesto por los artículos 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo Finalmente, plantea que su parte no ha incurrido en una actuar ilegal, pues el mérito de las multas cursadas no ha sido cuestionado, sino únicamente el hecho relativo a la notificación de las resoluciones, cuestión que fue remediada mediante su invalidación, siendo improcedente que el recurrente solicite que se deje sin efecto las multas, cuestión que, además, es competencia de los tribunales con competencia en materia laboral.

Sexto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: 1) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; 2) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; 3) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y 4) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Séptimo: Que, la cuestión esencial del asunto, y lo que se estima por la recurrente como un actuar ilegal o arbitrario, consiste en el hecho de haber informado la recurrida Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional Metropolitana Poniente una multa establecida por actos que no se encontraban firmes y, como consecuencia de ello, que Tesorería General de la República procedió a la retención y compensación de montos correspondientes a devolución de renta.

Octavo: Que, a partir de lo anterior, se advierte que el reproche que se dirige en contra de Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional Metropolitana Poniente radica, esencialmente, en el hecho de haber comunicado la procedencia del cobro de una multa cuyo vigor no se encontraba firme. Situación que, según admite el propio recurrente cesó al dictarse resolución invalidatoria por lo que ya no existe medida alguna que esta Corte pueda ordenar a su respecto.

En virtud de lo anterior no es posible acceder a la petición de la recurrente respecto a dejar sin efecto las multas que dieron lugar a la compensación y pago, pues la comunicación de dichas multas, como se dijo, fue invalidada, sin perjuicio de lo que se dirá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Noveno: Que, respecto de la recurrida Tesorería General de la República, según se advierte de los antecedentes acompañados por las partes y tal como fue reconocido expresamente en estrados por el recurrente, no existe actualmente ninguna controversia acerca de los dineros compensados y pagados en relación al monto de capital, pues aquello fue restituido por la recurrida, según reflejan los comprobantes de egreso aportados a folios 17 y 27.

Décimo: Que, en consecuencia, subsiste controversia únicamente respecto de la solicitud de reajustes e intereses que habrían devengado las sumas de capital restituidas. Dicho asunto no puede ser dilucidado en esta sede, pues supone un pronunciamiento declarativo previo en virtud del cual se ordene la pertinencia de dicha petición, cuestión que excede la naturaleza cautelar de la acción de protección.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza sin costas, la acción de protección interpuesta por sociedad Turismo y Transportes Monumental S.A. en contra de Tesorería General de la República y el Centro de Conciliación y Mediación Región Metropolitana Poniente. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena a la última que, en lo sucesivo, se abstenga de comunicar la existencia de multas mientras la determinación de éstas no se encuentre firme.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 14782-2025 (Protección).