nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO - INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Foja: 100 Cien.

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil catorce.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 10, comparece, doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, por la Sociedad HOME MEDICAL CLINIC S.A., persona jurídica representada por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO, representada por su Inspector Jefe doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado (domicilio reservado) Quilicura, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en que la señalada institución dictó la Resolución N° 3231/13/68-1, 2, 3 y 4, de fecha 29 de noviembre de 2013, notificada con igual fecha, la que ha privado, amenazado y perturbado sus derechos constitucionales garantizados por el artículo 19 N° 3, inciso 4 y N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile, conforme a los antecedentes de hecho y derecho que expone.

Expresa que su representada, Home Medical Clinic S.A., es una empresa de servicios clínicos domiciliarios, los que se prestan con un equipo multidisciplinario de profesionales, técnicos y asistentes, más el apoyo de recursos técnicos que se emplean en el hogar del paciente.

Que el 29 de noviembre de 2013, la recurrida realizó una inspección a su representada, -en el domicilio particular de un paciente, ubicado en Lampa- mediante el fiscalizador nombre reservado, solicitándole los antecedentes contractuales de doña nombre reservado y doña nombre reservado, quienes han prestado servicios a su representada en calidad de auxiliares de enfermería en forma independiente bajo prestación de servicios a honorarios.

Habiendo sido citada posteriormente la empresa a dependencias de la Inspección del Trabajo, concurrió a ello por la recurrente, doña nombre reservado, enfermera, quien explicó al fiscalizador que dichas personas no estaban bajo vínculos jurídico laboral prestando servicios a su representada, sino lo hacían a través de una prestación de servicios a honorarios, ya que su relación con su representada no se enmarcaba dentro del vínculo de subordinación y dependencia; que dichas personas ejecutaban su labor de auxiliares de enfermería, esto es, cuidado de enfermos que se encuentran internados en forma domiciliaria y que dicho servicio lo prestaban libremente, sin obligación de asistencia respecto de su representada o supervigilancia y que lo hacían conforme a su disponibilidad horaria; además, que se le señaló que dichas personas emitían boletas de honorarios por el pago de sus servicios y en el caso de la señora nombre reservado tenía suscrito un contrato de prestación de servicios a honorarios con su representada.

Que no obstante dichas explicaciones, no se realizó un acta de entrevista con su representada y se le indicó que lo único que cabía era proceder a la escrituración de los contratos de trabajo de las dos auxiliares, dando un plazo de dos días para que se concurriera a dicha Inspección con dichos documentos, so pena de ser multados. No se concurrió a dicha citación porque no se escrituraría ningún tipo de contrato a las dos personas mencionadas, por cuanto en realidad dicha relación no existía. En razón de ello, se le aplicó a Home Medical Clinic S.A., mediante la resolución recurrida cuatro multas, cuyo monto total en pesos a la fecha de ocurrencia de los hechos ascendía a $3.801.253.

Agrega, que según la recurrida se habría incurrida en las siguientes infracciones:

1.- Ni escriturar contrato de trabajo, lo que infringe el artículo 9, inciso 1° y 506 del Código del Trabajo, con 20 UTM.

2.- No llevar Registro de Asistencia y Determinación de las horas de trabajo, lo que infringe los artículos 33 y 506 del Código del Trabajo, con 40 UTM.

3.- No entregar comprobante de pago de remuneraciones, lo que infringe los artículos 54 y 506 del Código del Trabajo, con 30 UTM.

4.- No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo, lo que infringe los artículos 29 y 30 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con 1 IMM.

Así el fiscalizador al cursar la multa procedió a calificar la prestación de servicios ejecutadas por las señoras nombre reservado y nombre reservado, y resolvió como si fuera un juez, que su vinculación con la recurrente es de carácter laboral, pasando por alto e ignorando la existencia de una prestación de servicios a horarios, estableciendo, además, la obligación de llevar registro de control de asistencia y la entrega de un comprobante de pago de remuneraciones.

En cuanto a los actos arbitrarias e ilegales, dice que aparecen de las resoluciones impugnadas al ser cursadas por el Fiscalizador en razón de haber realizado no solo interpretaciones y calificaciones jurídicas de la legislación laboral, actividad que por mandato constitucional resulta privativa de los tribunales de justicia, sino que además, y claramente excediéndose de sus atribuciones, vulneró principios elementales de derecho, integrantes del derecho penal laboral, que expone.

1.- Uno de los principios que existe es el de la legalidad y de acuerdo a sus postulados los órganos del Estado en el desarrollo de sus actividades deben acatar el ordenamiento jurídico. En este caso esgrime no acatados los artículos 6, 7 y 8 de la Carta de 1980, que disponen que los ´órganos del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y actuar dentro de su competencia, no teniendo otras atribuciones que las que la ley les confiere y previa investidura de sus miembros y que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. En tal sentido, dice, que para que el actuar de la recurrida se ampare en dicho principio debe desenvolverse dentro de la esfera de competencia que el ordenamiento jurídico le ha señalado, ámbito que está consagrado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 30 de Junio de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, complementado con lo previsto en los artículos 2 y 476 del Código del Trabajo, limitándose exclusivamente a la fiscalización de la legislación laboral, pudiendo ejercitar tales facultades únicamente y exclusivamente cuando se encuentre frente a situaciones de infracción de las normas laborales claras y precisas, de naturaleza formal, pero jamás de fondo. “O como lo ha resuelto nuestra E. Corte Suprema, en los autos Rol N° 5516-2006, de 23 de noviembre de 2006, “Tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción de las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinantes”.

Agrega, que en ese mismo orden de ideas, pretender, como parece entenderlo la recurrida, que a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° letra b) del DFL N ° 2 mencionado, la Dirección del Trabajo pueda fijar con alcance general el sentido y alcance de las leyes del trabajo, constituye un equívoco manifiesto, toda vez que la interpretación que realiza, sea de oficio o a petición de parte, debe materializarse, por imperativo legal, a través de dictámenes, los que por su origen y naturaleza sólo resultan obligatorios para los funcionarios de dicha repartición, pero no para el resto de los habitantes de esta República.

Dice, que en este caso, al interpretar y calificar la naturaleza jurídica de la relación laboral que vincula a las personas señaladas en la multa con la recurrente, declarando la existencia de un vínculo jurídico laboral sujeto a las normas del Código del Trabajo y señalando, que además, deben llevar un registro control de asistencia y recibir comprobante de pago de remuneraciones ha realizado una actuación que pondera una situación de hecho y realiza apreciación de pruebas, cuyo necesario análisis corresponde se haga en un procedimiento contencioso de lato conocimiento, que otorgue a las partes en conflicto la posibilidad de accionar, excepcionarse, rendir sus pruebas, argumentar y deducir los recursos que sean del caso, todo lo cual trasciende de la competencia asignada a la institución recurrida, de donde solo es posible colegir que la Inspección del Trabajo, al pronunciarse sobre este problema de fondo, ha invadido un campo como el jurisdiccional, reservado por mandato expreso del artículo 73 de la Carta Fundamental y por el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, a los Tribunales de las República, y en particular, a los Juzgados del Trabajo. Luego, refiriéndose al concepto de competencia, agrega, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código señalado corresponde a los tribunales mencionados, en forma exclusiva y excluyente de conocer las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación o aplicación de los contratos colectivos o individuales del trabajo.

Dice, que las actuaciones descritas son ilegales y arbitrarias, toda vez que existe una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público, y además, importan una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos. Al exceder de sus facultades fiscalizadoras la recurrida ha realizado actos ilegales y arbitrarios, puesto que las resoluciones recurridas, no solo constituyen un conjunto de decisiones jurisdiccionales adoptadas sin el debido proceso y la adecuada defensa de esa parte recurrente, lo que en definitiva importa que la materia controvertida, no haya sido conocida ni juzgada por la magistratura que señala la ley, sino por un organismo administrativo especial, hechos que infringen las siguientes garantías constitucionales del artículo 19:

La del N° 3 inciso 4°: Esto es, que “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta”. Ello porque las actuaciones de la recurrida la convierten en una comisión especial, vulnerándose así la garantía de juez natural que a la recurrente le reconoce la norma constitucional invocada. Y, La del N° 24, ya que con su actuación la recurrente ha visto privada, perturbada y amenazada la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, porque con su actividad administrativa irregular se ha castigado pecuniariamente a su representada, por lo que deviene amenazado el derecho de propiedad que se le garantiza.

Concluye, que siendo arbitrarias e ilegales las actuaciones de la recurrida, perturbando, amenazando y privando las normas legales y las garantías constitucionales citadas, es que Home Medical Clinic S.A., ha recurrido, para que se adopten las medidas de protección necesarias para restablecer el imperio del derecho, pidiendo que se deje sin efecto la Resolución N° 3231/13/68-1, 2, 3 y 4, de fecha 29 de noviembre de 2013, notificada con igual fecha, dictada por la Inspección del Trabajo Norte Chacabuco, y en el futuro la recurrida se abstenga de realizar actos y ejecutar conductas similares a aquellas que son objeto del recurso, con reserva de sus derechos a cobrar perjuicios, con costas.

Acompaña Copia de la Resolución recurrida, ya mencionada y contrato de prestación de servicios a honorarios de doña nombre reservado, de fecha 1° de marzo de 2011.

SEGUNDO: Que, a fojas 82 (foliación antigua 94) la recurrida evacua su informe, expresando que el presente recurso sea rechazado por las siguientes razones:

Improcedencia de la acción interpuesta, atendida la naturaleza del acto recurrido, porque el artículo 20 de la Constitución Política del Estado establece que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran en dicha norma, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado. Cabe advertir, dice, que si bien es cierto el artículo mencionado expresa que este recurso se puede deducir “sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley –procedimiento de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas- como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida. Agrega, que para preservar la relevancia de la acción cautelar de protección y evitar el mal uso que de esta institución se está haciendo, los propios Tribunales Superiores de Justicia han desarrollado un acertadísimo criterio jurisprudencial que concluye que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún, si se pretende reemplazar procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados. Cita sentencias de 15.05.96 de la Excma. Corte Suprema, recaída en ingreso N° 1.957-1996; de 4 de junio de 2001, Rol N° 1.892-2001 y la de 28 de julio de 2005 en causa Rol N° 2723-2005.

Dice, que el recurso de protección es del todo improcedente pues se ha interpuesto en contra de una resolución administrativa (Resolución de multa), respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto, en sede administrativa como en sede judicial. Agrega, que los artículos 503, 504, 511 y 512, del Código del Trabajo establecen la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas administrativas aplicadas por los fiscalizadores o bien pedir reconsiderar administrativamente las mismas, y en este último caso, reclamar judicialmente respecto de la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración de la multa. La reforma laboral contempló dos formas o procedimientos judiciales de reclamación de multa, uno general y uno monitorio atendiendo a la cuantía de la multa y ambos procedimientos se caracterizan por ser desconcentrados, breves y efectivos, en los cuales la prueba rendida por las partes, también, se encuentra regulada en cuanto a la ponderación que de ellas debe hacer el juez. Así el legislador estableció procedimientos laborales que pueden resolver en un plazo brevísimo un reclamo de multa, ponderando la prueba de los litigantes, de modo de resolver la controversia con todos los antecedentes de hecho necesarios para la resolución del caso, tanto, si se reclama directamente de la multa, como si se reclama contra la resolución de reconsideración multa. También, de acuerdo al artículo 511, el empleador dentro de 30 días corridos de notificada una multa administrativa puede optar para solicitar reconsideración administrativa aportando todos los antecedentes necesarios que fundamenten su petición, la que será resuelta por la Inspección del Trabajo respectiva, mediante resolución fundada, la que es susceptible de reclamación judicial.

Agrega, que en estas condiciones el recurso de protección se está utilizando por la recurrente, como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tiene previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución, vías en las que se puede aportar y apreciar ampliamente la prueba que las partes rindan. De hecho, dice, que el recurrente expresamente recurre en contra de una resolución de multa que ella misma indica habérsele notificado el 29 de noviembre de 2013, luego es claro y contemplado por el legislador, que para recamar de dicha resolución, la actora dispuso 1.- En sede judicial de la acción contemplada en el inciso 3° del artículo 503 del Código del Trabajo, con plazo de 15 días hábiles, desde su notificación, por lo que dispuso hasta el 17 de diciembre de 2013 para reclamar, sin embargo la acción de protección la deduce el 24 del mismo mes y año, lo que reafirma el carácter de “sustituto procesal” al disponer de un mayor tiempo respecto del procedimiento específico y contemplado por el legislador para reclamar.

En sede administrativa pudo también demandar contra dicha resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 511 del señalado Código, disponiendo de 30 días de la notificación de la multa, situación que a la fecha del presente recurso no había ocurrido. Así, de acogerse este recurso, todo empleador estaría habilitado para impugnar una resolución similar, sin exigencia alguna, en circunstancias que se trata de una materia destinada a ser conocida naturalmente por los Tribunales ordinarios del Trabajo y en un juicio de lato conocimiento, con su especial condición de poder aportar prueba de distinta naturaleza, en oportunidades procesales específicas.

En cuanto al fondo del asunto, dice que la recurrente hace consistir sus argumentaciones en el hecho que existió una ilegalidad en la actuación del fiscalizador señor nombre reservado, dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, al haber realizado un procedimiento de fiscalización en un lugar ajeno a las dependencias de la empresa Home Medical Clinic S.A., actuando fuera del marco de la ley.

Al respecto dice, que la denuncia N° 1323/2013/2724, que da origen a la multa recurrida, se funda textualmente en que “La trabajadora denunciante señala que labora desde el 08/03/2008 a la fecha, bajo subordinación y dependencia. Hace turnos de 24 horas, en el domicilio particular del paciente asignado por la empresa. Trabaja hasta el 28/12/2013. (Horario: una semana trabaja lunes, jueves y sábado desde las 09,00 hrs. A.M. hasta las 09,00 hrs. A.M. del día posterior. Y luego los días martes, viernes y domingo, en el mismo horario. / (se solicita máxima celeridad en el tratamiento de esta denuncia)”.

Agrega, que en concepto de la recurrente se ha conculcado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3, inciso 4° de la Constitución Política de la República, en razón de que la Inspectora Comunal del Trabajo, al cursar la multa impuesta mediante la Resolución N° 3231/13/68-1, 2, 3 y 4, de fecha 29 de noviembre de 2013, habría sido una comisión especial que la juzgó debiendo haber sido un tribunal señalado en la ley, quien resolviere o emitiese un dictamen relativo a los hechos ventilados en la resolución recurrida. Todas esas alegaciones las refuta la recurrida por no encontrarse ajustadas a la legalidad vigente, por las siguientes razones:

1.- Facultad de la Dirección del Trabajo y atribuciones de la fiscalizadora.

Que la Constitución Política consagró el “principio de legalidad” o “de juridicidad” el cual prescribe que los órganos del estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando actúen dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley. Es decir, tales órganos, dentro de los que está la Dirección del Trabajo y en consecuencia las Inspecciones del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionados conforme a derecho. De acuerdo a esto, el artículo 505 inciso primero del Código del Ramo, establece que “…la fiscalización de cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo”; y el artículo 503 establece el procedimiento para la aplicación de las multas y su reclamo judicial. En concordancia con las normas referidas el D.F.L. N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo y de sus Inspectores, y así, en su artículo 1°, letra a) se dispone que corresponderá a la Dirección del Trabajo “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral.” En su artículo 5° se establece que corresponderá a su Director: “velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República”. A su vez en su artículo 20 se dice que “Los Inspectores Provinciales, Departamentales y Comunales tendrán en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social…”; el artículo 23, establece que los Inspectores del Trabajo tienen el carácter de ministro de fe de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones y los hechos que constaten constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales. Luego, agrega, que a partir del artículo 24 del D.F.L. N° 2, citado, se establecen específicamente las funciones y atribuciones de los Inspectores del Trabajo, entre ellas, visitar los lugares de trabajo, entrevistar a trabajadores y empleadores, requerir y revisar documentos, constatar hechos que puedan revestir el carácter de infracciones (art. 24), imponer multas (arts.25, 30, 32 y 34), requerir el auxilio de la fuerza pública (artículo 26), actuar de oficio y aún fuera de su territorio jurisdiccional (art.27) ,ordenar la suspensión inmediata de labores que constituyen peligro para la vida y salud de los trabajadores (art.28), citar a su presencia a empleadores, trabajadores y dirigentes sindicales (artículo 29), notificar las sanciones impuestas (artículo 39), recibir toda denuncia efectuada por cualquier persona respecto de infracciones laborales que tenga conocimiento (artículo 2); y en el artículo 33 de dicha norma legal, en relación al artículo 503 del Código del Ramo, se establece el procedimiento para aplicación de multas y su consecuencial reclamo en sede jurisdiccional. Agrega, que es en razón de dicha normativa que el Inspector, ante una denuncia recibida, se constituyó en el domicilio en el domicilio de la actora (indicado en la denuncia) a fin de verificar la efectividad de los hechos denunciados, cumpliendo su actuación con las normas legales que amparan su proceder. Luego, actuando dentro de su ámbito de atribuciones a la luz de las normas que rigen el actuar de la Inspección del Trabajo y funcionarios.

En cuanto a la legalidad de su actuar, de los hechos que constató el Inspector dejó constancia en los Informes de fiscalización y de Exposición, en el Acta de Entrevistas y Revisión Documental y Acta de Constatación de Hechos relativos a la Informalidad Laboral. Incluso en el último documentos que fue firmado y recibido copia por parte de un representante de la recurrente, identificada como Jefa de Recursos Humanos de la actora, no solo reconoce las infracciones cometidas por su empleadora respecto de la situación de informalidad laboral que afectaba a la trabajadora señora nombre reservado, sino que además se allanó a la constatación de las infracciones, comprometiéndose a corregirlas para el día en que fue citada por el fiscalizador actuante. Esto es, desde el día 25 de noviembre de 2013 hasta el día de la citación, 29 del mismo mes y año, lo que no cumplió.

Así, dice, que los hechos constatados por el fiscalizador son claros, precisos y determinados que pudo verificar mediante inspección ocular y la información que obtuvo en forma presencial directamente de la afectada y entrevistados, incluida, la Jefa de Recursos Humanos de la propia recurrente.

Agrega, que la Inspección del Trabajo tiene la función de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y las sanciones que aplique por infracciones a la misma se deben establecer mediante resoluciones administrativas, las que deben ser impugnadas por los empleadores afectados por las dos vías antes ya señaladas.

Por otro lado, alega la improcedencia del recurso por falta de los requisitos constitucionales para su interposición, fundado en lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política y lo reiteradamente sustentado por los Tribunales Superiores de Justicia y por la Doctrina Constitucional, el recurso de protección debe reunir determinados presupuestos requisitos en forma copulativa para su procedencia, que señala, por lo que al tenor de estos y lo señalado más arriba, no cabe sino negar las argumentaciones de la contraria porque carecen de sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional intentada en autos, toda vez que la acción impugnada es legal y carece de rasgos arbitrarios, procediendo luego a analizar dichos requisitos, en relación a la Resolución atacada por medio de este recurso, concluyendo que no es fruto del mero capricho o de la sinrazón del fiscalizador al aplicar la multa, sino que es producto de una facultad legal que se le confiere a dicho servicio.

En relación a las garantías constitucionales que se dicen amagadas, en relación a la del N° 3, inciso 4° del artículo 19 dela Constitución Política de la República, no se transgredido, porque como ya se ha dicho, la resolución que se impugna resulta de las actuaciones legales del Servicio y no ha existido en ella ejercicio de facultades jurisdiccionales propias de los tribunales ordinarios de justicia, ni se ha estado en presencia de una comisión especial. Agrega, que el concepto fiscalizar debe dar de sentido y alcance la labor de quienes cumplen las funciones encomendadas al órgano contralor, siendo definido por el Diccionario de la Real Academia Española como “Criticar o traer a juicio las acciones de otro”. Al efecto cita jurisprudencia. Además, expone que en este caso no ha existido procedimiento judicial, no ha existido controversia o juicio entre el recurrente y ese Servicio, solo un procedimiento administrativo, la fiscalización que culminó con la resolución de multa, por lo que de modo alguno constituye un acto jurisdiccional. Los efectos de la jurisdicción es resolver conflictos entre partes con carácter de cosa juzgada, en la especie se trata de un procedimiento administrativo, que no resuelve conflicto alguno, y además, las resoluciones de multas son revisables e impugnables a través de los diversos procedimientos establecidos en la ley. Pide el rechazo del recuso, con costas y acompaña cuatro documentos que son fotocopias de la resolución impugnada, del informe de inicio de la fiscalización, del informe de fiscalización y anexo denominado Informe de exposición, y copia del Acta de Constatación de Hechos, relativos a Informalidad Laboral, de 25 de noviembre de 2013, firmado por doña nombre reservado, quien se allana y compromete a corregir las infracciones detalladas.

TERCERO: Que, el denominado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

CUARTO: Que siendo el acto recurrido por medio de la presente acción constitucional, la Resolución N° 3231/13/68-1, 2, 3 y 4, de fecha 29 de noviembre de 2013, notificada con igual fecha, dictada por la Inspección del Trabajo Norte Chacabuco, en proceso de fiscalizador y constatación de hechos de “Informalidad Laboral”, aplicando a la recurrente las multas que en ella se señalan y que se pide sea dejada sin efecto, de acuerdo a lo que se dejó sentado en el motivo séptimo de este fallo, es necesario analizar si dicho acto recurrido es arbitrario o ilegal.

QUINTO: Que, de lo expresado en el motivo tercero de este fallo, aparece que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico- o arbitrario – que sea producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados, tanto, por la recurrente, como por la recurrido en su informe -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que el acto no aparece como arbitrario ni ilegal, toda vez que en cuanto a la legalidad, corresponde a una Resolución adoptada por el órgano que le ley acuerda para dictarlo, dentro de sus facultades legales y de acuerdo a la competencia y especialidad que posee.

De este modo el Servicio recurrido, esto es, la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, ha procedido a dictar el acto administrativo que se impugna mediante el presente recurso y que corresponde a la Resolución N° 3231/13/68-1, 2, 3 y 4, de fecha 29 de noviembre de 2013, en proceso de fiscalizador y constatación de hechos de “Informalidad Laboral”, aplicando a la recurrente las multas que señala, lo ha sido en uso de las facultades legales que el ordenamiento jurídico le acuerda, observando en forma previa, el procedimiento legal respectivo, que fue iniciado por una denuncia previa de una trabajadora de la propia recurrente doña nombre reservado, que se sentía afectada por los hechos que denuncia y que fueron constatados por el Inspector actuante, que lo hizo formando parte de la recurrida.

Que las facultades legales de la recurrida -Inspección del Trabajo, estamento de la Dirección del Trabajo- para actuar como lo hizo, nace de lo que constituye la esencia de su función que no es otra que la de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y para ello goza de la facultad legal de sancionar las infracciones a la misma, aplicando las multas que resultaren pertinentes, debiendo ello establecerlo mediante resoluciones administrativas, tal como ha sucedido en el caso sublite.

Dichas facultades legales emanan de lo dispuesto en el artículo 505 inciso primero del Código del Trabajo, que establece que “…la fiscalización de cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo”; acordándose en el artículo 503 el procedimiento para la aplicación de las multas y su reclamo judicial. Además, en concordancia con las normas referidas el D.F.L. N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo y de sus Inspectores; y así, como su artículo 1°, letra a) se dispone que corresponderá a la Dirección del Trabajo “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral.” En su artículo 5° se establece que corresponderá a su Director: “velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República”, y en el artículo 20 se establece que “Los Inspectores Provinciales, Departamentales y Comunales tendrán en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social…”; el artículo 23, establece que los Inspectores del Trabajo tienen el carácter de ministro de fe de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones y los hechos que constaten constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales. Además, en dicha normativa se específicamente las funciones y atribuciones de los Inspectores del Trabajo, entre ellas, visitar los lugares de trabajo, entrevistar a trabajadores y empleadores, requerir y revisar documentos, constatar hechos que puedan revestir el carácter de infracciones e imponer multas y otras, estando, también, facultados para recibir denuncias efectuadas.

Además, de dichos antecedentes, aparece que la Resolución impugnada se adoptó por parte de la recurrida ante una denuncia de la trabajadora de la recurrente de nombre nombre reservado, recibida por parte de dicha Inspección Comunal del Trabajo, por lo que el Inspector fiscalizador don nombre reservado, se constituyó en el domicilio de la actora, dado por la denunciante y contenido en la denuncia, a fin de verificar la efectividad de los hechos denunciados, cumpliendo su actuación con las normas legales que amparan su proceder. Luego, actuando dentro de su ámbito de atribuciones a la luz de las normas que rigen el actuar de la Inspección del Trabajo y funcionarios.

En cuanto a la legalidad de su actuar, de los hechos que constató el Inspector dejó constancia en los Informes de fiscalización y de Exposición, en el Acta de Entrevistas y Revisión Documental y Acta de Constatación de Hechos relativos a la Informalidad Laboral. Del último documentos que fue firmado y recibido copia por parte de un representante de la recurrente, identificada como Jefa de Recursos Humanos de la actora, aparece que no solo reconoce las infracciones cometidas por su empleadora respecto de la situación de informalidad laboral que afectaba a la trabajadora señora nombre reservado, sino que además se allanó a la constatación de las infracciones, comprometiéndose a corregirlas para el día en que fue citada por el fiscalizador actuante lo que no cumplió.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad alegada en la dictación de la resolución recurrida, por parte de esta Corte no se vislumbra en ella tal condición, ya que de su sola lectura aparece adoptada con bastantes antecedentes que le sirven de fundamento, conteniendo razones suficientes sobre su adopción, según se lee en ella por lo que carece de la arbitrariedad que se le atribuye, es decir, no aparece ser un producto del mero capricho o voluntarismo de dicho Servicio recurrido. Es decir, la resolución impugnada está revestida de razonabilidad suficiente, lo que descarta arbitrariedad en su dictación.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como arbitrario ilegal y conculcador de garantías constitucionales del recurrente, se ajustó a los procedimientos legales que rigen la materia y fue dictada en uso de las facultades legales que se le acuerdan al órgano recurrido, en tales condiciones, al no constatarse en los hechos denunciados por la presente vía constitucional arbitrariedad ni ilegalidad, cometido por la recurrida que autorice la intervención de esta Corte se impone el rechazo del recurso, sin que sea necesario analizar las garantías que lo fundan, ante la inexistencia del supuesto básico de la acción interpuesta, esto es la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo dicho en el motivo anterior, es necesario, además, dejar sentado que en este caso tratándose lo impugnado de una cuestión que dice relación con la aplicación de multas dispuestas por un órgano administrativo, esta Corte estima que para controvertir tal decisión del Servicio recurrido, se requiere la utilización de un procedimiento de lato conocimiento, donde se pueda discutir completa y totalmente el asunto que controvierte por medio de este recurso el actor, con la posibilidad de que en las oportunidades procesales que correspondan exista la alternativa de presentar las pruebas que las partes estimen del caso incorporar al juicio, pudiendo las mismas ejercer sus derechos de discutir e impugnar dicha prueba, observándose al efecto todas las etapas propias de un debido proceso -discusión, prueba, resolución de la controversia e impugnación de lo resuelto- donde, además, se puedan ejercer los recursos procesales que la ley les acuerde, procedimiento, que por supuesto, en todo, excede los fines propios de este recurso de esta acción de protección, existiendo, por lo demás, en este caso, procedimientos judiciales y administrativos precisos y determinados que legislación laboral establece para que en caso como el de autos, se pueda impugnar y discutir lo de autos con todas las garantías del debido proceso.

NOVENO: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como arbitrario ilegal y conculcador de garantías constitucionales del recurrente, se ajustó a los procedimientos legales que rigen la materia y fue dictado en uso de las facultades legales de la recurrida y, en tales condiciones, no existe en este caso algún acto arbitrario o ilegal cometido por ésta que autorice la intervención de esta Corte, como tampoco, que éste haya vulnerado garantías constitucionales del recurrente, por lo que el presente recurso que debe ser desestimado.

DECIMO: Que, de lo expuesto precedentemente se concluye que, se está en presencia de resoluciones dictadas por la autoridad en el ámbito de su competencia y en la forma prescrita por la ley, vale decir, dando cumplimiento estricto a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, por lo que mal puede sostenerse que tales actuaciones administrativas caen dentro de la órbita de la ilegalidad denunciada.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, SE RECHAZA, el recurso interpuesto a fs. 10 y siguientes, por doña nombre reservado, abogada, por la Sociedad HOME MEDICAL CLINIC S.A., en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO, representada por su Inspector Jefe doña nombre reservado.

Redacción del Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

N° Protección- 147.790-2013.

Pronunciada por la Séptima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por La Ministro señora Ministro María Rosa Kittsteiner Gentile y conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el abogado Integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.