nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de don nombre reservado, ciudadano peruano, titular de permanencia definitiva en Chile, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales, vulnerando las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ha desarrollado una trayectoria laboral ininterrumpida como profesional técnico especializado en tecnologías de la información, desempeñando los cargos de Consultor ABAP y Consultor y Líder Técnico SAP en las empresas Cefix Representaciones y Asesorías Limitada, ALYNEA S.A. y SCL Consulting Chile SpA. Indica que, con motivo de un desplazamiento laboral a España con la empresa SOLUTIONS, CONSULTING AND LEARNING S.L., fue afiliado al sistema de la Tesorería General de la Seguridad Social de España. Precisa que con fecha 15 de mayo de 2026 ingresó ante la administradora la solicitud de retiro de sus fondos, la cual fue rechazada el mismo día fundándose en cuatro motivos: 1) Falta de cédula de identidad chilena; 2) No adjuntar título técnico profesional; 3) Falta de certificado de afiliación al sistema de seguridad social del país de origen apostillado; y 4) Falta de especificación en los contratos de trabajo respecto a acogerse a la Ley N°18.156.

Argumenta que tales motivos son manifiestamente infundados y arbitrarios, toda vez que el actor cuenta con RUN chileno vigente, acreditó su idoneidad técnica en el ámbito informático, el certificado emitido por la entidad previsional española cuenta con un Código Electrónico de Autenticidad verificable en línea equivalente a la apostilla bajo el Convenio de La Haya, y las cláusulas de sus anexos contractuales señalan de forma explícita su voluntad de acogerse a la exención de la Ley N° 18.156.

Previa referencia al derecho aplicable, solicita ordenar que se reconozca la documentación suministrada, procediendo la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que S.S. Iltma. estime conveniente, adoptando en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho Segundo: Que, al evacuar informe, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitó el rechazo del arbitrio, con costas.

En primer término, alegó su improcedencia, por estimar que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento ni derechos controvertidos.

En cuanto al fondo, sostuvo que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad, toda vez que el rechazo impugnado se fundó en el cumplimiento de la Ley N°18.156 y de las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Precisó que la solicitud fue desestimada por no acompañarse documentación suficiente y formalmente idónea para acreditar los requisitos exigidos por dicha normativa, en particular la calidad técnica o profesional del solicitante, la afiliación vigente a un sistema extranjero de seguridad social que cubra los riesgos legales, y la manifestación expresa y oportuna de voluntad de mantener dicha afiliación en los respectivos contratos de trabajo.

Añadió que el certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de España carecería de firma y fecha, no se encontraría apostillado o legalizado, ni daría cuenta específica de las coberturas requeridas durante todo el período de servicios prestados en Chile. Asimismo, sostuvo que la mantención de cotizaciones en el sistema previsional chileno y la residencia definitiva del recurrente resultan incompatibles con la excepcionalidad invocada. En apoyo de su defensa acompañó oficios de la Superintendencia de Pensiones y jurisprudencia de tribunales superiores de justicia relativa a la interpretación restrictiva de la Ley N°18.156.

Tercero: Que el recurso de protección, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma enumera.

Cuarto: Que, en consecuencia, corresponde a esta Corte determinar si el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada por el recurrente constituye un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida y, en caso afirmativo, si aquel ha importado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas.

Quinto: Que, al efecto, cabe tener presente que la Ley N°18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016, exige que la certificación de cobertura previsional “expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias”.

Asimismo, el Oficio Reservado N° 25.057, de 29 de diciembre de 2023, y el Oficio Ordinario N°32.365, de 27 de diciembre de 2016, instruyen que la documentación pertinente debe presentarse “debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”, detallando el procedimiento para aquellos casos en que no exista reciprocidad o el Estado no sea miembro de la convención de la apostilla, exigiendo documentos legalizados conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, asentado lo anterior, corresponde examinar si los antecedentes acompañados permiten tener por cumplidos los requisitos que habilitan la devolución solicitada.

En cuanto a la calidad de técnico o profesional extranjero, si bien el recurrente invoca el desempeño de funciones especializadas, la normativa aplicable exige que dicha circunstancia sea acreditada mediante antecedentes formales suficientes, debidamente legalizados o apostillados cuando provengan del extranjero, documentos que no acompañó.

Respecto de la afiliación a un sistema previsional extranjero, el certificado acompañado por el recurrente, aun cuando contiene un Código Electrónico de Autenticidad, fue objetado por la administradora por no reunir las formalidades exigidas y por no consignar de manera expresa las prestaciones que cubriría el régimen invocado durante el período de prestación de servicios en Chile. En estas condiciones, tal antecedente no resulta suficiente, por sí solo, para desvirtuar la falta de acreditación señalada por la recurrida.

En lo concerniente a la manifestación de voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera, la recurrida afirma que los contratos iniciales no contenían estipulación expresa en tal sentido y que la declaración incorporada en un anexo posterior no satisface la exigencia de oportunidad e inequívoca claridad que demanda el régimen excepcional. Tal alegación se ve reforzada por la circunstancia de haberse mantenido cotizaciones en el sistema previsional chileno, antecedente que resulta atendible para descartar, prima facie, la configuración de un acto manifiestamente ilegal o arbitrario.

Por último, la residencia definitiva del recurrente, si bien no constituye por sí misma un impedimento legal automático, es un antecedente que la administradora ponderó en el contexto de la finalidad restrictiva de la Ley N°18.156 y de la necesidad de evitar la aplicación extensiva de un beneficio de carácter excepcional.

Séptimo: Que, conforme a lo razonado, no se advierte que la decisión de AFP Provida S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales carezca de fundamento legal o responda a una mera voluntad caprichosa. Por el contrario, aparece sustentada en una interpretación de la Ley N°18.156 y de las instrucciones administrativas que regulan su aplicación, especialmente en cuanto exigen acreditar de manera estricta los presupuestos que autorizan apartarse del régimen previsional común. En consecuencia, no se configura vulneración actual e indubitada de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14779-2026.