nombre reservado con AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ANID)

C.A. de Santiago Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

Al escrito folio Nº 24: téngase presente.

Al escrito folio Nº 25: atendido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 198 del Código Orgánico de Tribunales, y habiéndose ejercido el derecho con anterioridad, no ha lugar.

Visto y teniendo presente:

1°) Que comparece don Juan Pablo López Maluenda, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, Diseñadora Integral, quien interpone acción de protección en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, por haber incurrido ésta en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 3639/2021 de 05 de abril de 2021, que rechazó su recurso de reposición deducido contra de la Resolución Exenta N° 1106/2021 que aprobó la modificación de convenio por reducción de beca y ordenó la restitución de fondos pagados en exceso en el marco del concurso de Becas de Magíster en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2018, lo que vulnera su derecho de igualdad ante la ley y propiedad.

Solicita que se acoja su acción, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 3639/2021 de 05 de abril de 2021, y en su lugar se determine eximirla del pago de los montos imputados, asumiendo la recurrida dichos montos.

Fundando su acción, indica que el 17 de octubre de 2018, mediante la Resolución Exenta N° 9815/2018, se aprobó el convenio de beca suscrito entre las partes, en el marco del concurso mencionado, para realizar un programa de magíster de Fashion Direction en la Universidad Politecnico di Milano – Milán, Italia, estableciéndose como fecha de inicio de la beca el 18 de enero de 2019 y de término el 17 de enero de 2020, la que fue extendida al 30 de septiembre de ese año, mediante la Resolución N° 11743/2019.

Precisa que el 27 de noviembre de 2018, se autorizó el beneficio por su conviviente civil, por resolución N°10733/2018.

Afirma que atendida la llegada del virus COVID 19 a la ciudad de Milán, el área de postgrado del Politécnico tomó la decisión de realizar las actividades académicas en formato online a partir de marzo 2020, y al extenderse la crisis sanitaria con la consecuente imposibilidad de retomar clases presenciales, la Universidad decidió dar cierre anticipado al año académico 2019/2020 para postgrados. Ello generó una modificación del programa de estudios en lo referido a la preparación de la Tesis de Magister, ya que las revisiones se debieron realizar en formato online, y la fecha de defensa de su tesis debió reagendarse para una fecha anterior a la previamente estipulada, lo que significó que el termino del programa académico terminara el 14 de julio de 2020, fecha en que rindió la defensa de su Tesis. Detalla que todo ello fue oportunamente informado a la recurrida a través de la plataforma de atención de becarios.

Añade que buscó pasajes de retorno a Chile, sin éxito, debido a que desde marzo hasta la primera quincena de agosto, los vuelos desde y hacia Italia se encontraban suspendidos, dado que Italia bloqueó todos los vuelos directos e indirectos con Chile, salvo a viajes de emergencias u oficiales, de lo que dio noticia a la recurrida el día siguiente de presentar su Tesis y solicitó una guía sobre el procedimiento a seguir para la solicitud de pasajes de retorno considerando la crisis COVID-19 y el bloqueo de vuelos, sin que haya existido una propuesta de solución, ni menos una voluntad para acelerar su regreso a Chile, traspasando la responsabilidad respecto a los posibles inconvenientes a la Organización Internacional para las Migraciones entidad encargada de emitir los pasajes.

Manifiesta que luego que los vuelos pudieron retomar con regularidad, encontró pasajes de retorno a Chile a través de dicha entidad para el 6 de septiembre de 2020, retornando a Santiago de Chile el 7 de ese mes y año.

Hace presente que el certificado emitido por la recurrida para la obtención de pasajes sólo tiene una vigencia máxima de 30 días de corridos a partir de su fecha de emisión, quien no se hace responsable de multas por cambios o modificaciones en la fecha de los pasajes, por lo que, atendido que las normas italianas se actualizaban cada 15 días, no era posible correr el riesgo de adquirir el certificado para pasajes antes de la apertura de fronteras con Chile, dado que de vencerse el certificado, iba a tener que comprar los pasajes de manera independiente.

Sostiene que una vez en el país, el 9 de febrero pasado, fue notificada de la Resolución Exenta N° 1106/2021 de 8 de enero de 2021, mediante la cual la recurrida le solicita la restitución de los fondos conferidos en exceso en el marco del Concurso de Becas de Magíster en el Extranjero, por un total de USD$ 2.734.- o su equivalente en moneda nacional, por concepto de manutención proporcional de los meses de julio y agosto de 2020, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición argumentando que los mismos fueron inevitables, por un hecho de fuerza mayor configurada por el bloqueo de los vuelos directos e indirectos con Chile, y que los mismos fueron utilizados para su manutención mientras conseguía un pasaje que le permitiese el regreso al país.

Afirma que dicho recurso fue rechazado mediante la Resolución Exenta Nº 3639/2021 de 05 de abril de 2021 en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1. de las bases concursales, que define beca y por el numeral 4.16 de las bases concursales que señala que en caso que el becario reciba beneficios con posterioridad a la fecha de rendición del examen de grado o instancia equivalente, los becarios deben restituir dichos fondos a CONICYT, en las condiciones que esta Comisión establezca.

En primer lugar, alega que es ilegal y arbitrario que se haya rechazado su excepción de fuerza mayor, pues ello vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad al emitir una decisión desproporcionada, más considerando que no tuvo posibilidad alguna de regresar al país, debido a las políticas aeronáuticas tomadas por el gobierno de Italia debido a la pandemia de COVID-19, pese a que su parte realizó una serie de gestiones para lograrlo lo antes posible.

En segundo término, señala que si bien su parte estaba en conocimiento de que procedía la reducción de la beca a la fecha de defensa de tesis, afirma que ello es arbitrario y abusivo, debido a que no tenía ninguna posibilidad de declarar algo en contrario, ya que era obligatorio informar por escrito a la recurrida la fecha de defensa de tesis, no teniendo alternativa de oponerse al procedimiento de reducción de la beca, para poder proseguir con las etapas requeridas por Beca Chile y posteriormente, para poder solicitar los pasajes de retorno.

Finalmente, afirma que el pago de la beca entre el 15 de julio de 2020 y el 31 de agosto de 2020 no fue solicitado por su parte, pero dada la imposibilidad de retornar a Chile junto a su conviviente civil, tuvieron que utilizar aquel dinero para subsistir hasta su retorno el 6 de septiembre de 2020.

Concluye que ello vulnera su derecho de propiedad al generarle un perjuicio económico y patrimonial; y un enriquecimiento sin causa en favor del Fisco.

2°) Que comparece don nombre reservado, abogado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, quien informando al tenor del recurso, solicita el rechazo del mismo, con costas.

Indica que en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, se dictó el Decreto Supremo N° 664/2008, del Ministerio de Educación, reglamento aplicable a todas las convocatorias de BECAS CHILE, de acuerdo a las leyes presupuestarias sucesivas, el que reguló las bases del concurso por el cual fue adjudicado la recurrente.

Afirma que las bases del Concurso de Becas de Magíster en el extranjero, BECAS CHILE, Convocatoria 2018, fueron aprobadas mediante la Resolución Exenta N° 353/2018, modificadas por la Resolución Exenta N° 3967/2018. En el caso, la actora fue beneficiaria de la beca de Magister en el extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2018, adjudicada a través de la Resolución Exenta N° 7050/2018.

Refiere que el 01 de julio de 2020, la becaria informó a través de ticket N° 209947 que defendería su tesis el 14 de ese mes y año, declarando que estaba en conocimiento que en el caso procedía la reducción de la beca a la fecha de defensa de tesis y que, con ello, se adelantaban todas las obligaciones y plazos en materia de retorno y/o retribución y obtención del grado académico. Detalla que el 15 de julio de 2020, a través del mismo ticket, se le informó el inicio del proceso de reducción de su beca.

Precisa que el 04 de agosto de ese año, el Departamento de Formación de Capital Humano solicitó al Departamento de Finanzas, emitir certificado de pagos y posteriormente enviar dicha información al Departamento Jurídico para cursar el correspondiente acto administrativo que autorizara la reducción de beca por termino anticipado Refiere que se emitió el certificado de Pagos en Exceso N° 2466, que indicó que la becaria presentaba pagos en exceso por concepto de Manutención del mes de julio (proporcional) y agosto 2020, por reducción de beca, por un total de USD 2734, lo que dio origen a la Resolución Exenta N° 1106/2021, que aprobó la modificación de convenio, reemplazando las fechas de término de programa y beca, y solicitó la restitución total de los fondos conferidos en exceso, por haber la actora finalizado sus actividades académicas el 14 de julio de 2020, lo que fue notificado el 09 de febrero pasado.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción, pues la decisión de aprobar la modificación de convenio y solicita restitución de fondos, Resolución Exenta N° 1106/2021, acaeció el 08 de enero pasado, notificada el 9 de febrero de 2021, resultando claro que lo que se impugna mediante la presente acción constitucional dicha decisión, por lo que a la fecha de presentación de la acción constitucional - el 14 de mayo pasado, la misma era extemporánea.

Refiere que la Ley N° 19.880, los recursos administrativos no se suspende el plazo para interponer la acción de protección.

En segundo término, afirma que lo discutido por la recurrente escapa a la naturaleza de remedio cautelar del procedimiento especial de protección, ya que en la especie no existe un derecho indubitado en debate, puesto que se trata de determinar si la becaria debe restituir o no los montos percibidos por ésta indebidamente.

Como tercera cuestión, afirma que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, pues el texto de las bases, aprobadas mediante la Resolución Exenta N° 353/2018, modificadas por la Resolución Exenta N°3967/2018, es clara en señalar que la duración de los beneficios de la beca de magíster, es de carácter anual, renovable hasta un máximo de veinticuatro meses contados desde el ingreso del becario al programa de estudios y sujeto al rendimiento y resultados académicos obtenidos, añadiendo que el plazo total de la beca no puede exceder de los veinticuatro meses, contados desde el ingreso de la becaria al programa de Magíster.

Agrega que los beneficios de la beca están vigentes hasta ese plazo o hasta la fecha del examen de grado o instancia equivalente según el hito que suceda primero, y que los becarios deben informar por escrito a CONICYT la fecha de rendición del examen de grado o instancia equivalente y acreditarlo mediante documento emitido por la universidad, por lo que en caso que el becario reciba beneficios con posterioridad a la fecha de rendición del examen de grado o instancia equivalente, deben restituirlos en las condiciones que esta Comisión establezca.

En razón de ello, indica que de acuerdo a las bases concursales, como la actora rindió su examen de grado o instancia equivalente el 14 de julio de 2020, le correspondía la becaria los beneficios de la beca hasta ese día, cita jurisprudencia.

Refiere que el artículo 22° del Decreto Supremo N° 664/2008 del Ministerio de Educación, y sus modificaciones, establecen que sin perjuicio de la duración del programa de estudio al cual se postule, los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el plazo máximo señalado en el convenio o hasta él término de sus estudios, según el hito que suceda primero. Ello, pues la beca concedida a la recurrente tiene por objeto financiar estudios conducentes al grado de magister, los cuales concluyen con la rendición de un examen de grado o instancia equivalente, por lo que los beneficios entregados con posterioridad a la fecha del examen de grado o instancia equivalente, carecen de causa, lo que es concordante con lo dispuesto en el artículo 14° bis, del citado reglamento y el numeral 12.1 de las bases.

Argumenta que como la recurrente recibió beneficios por concepto de manutención hasta el 31 de agosto de 2020, pese a que su examen de grado o instancia equivalente ocurrió el 14 de julio de ese año, considerando el numeral 4.16 y 12.1 de las bases concursales correspondientes a esta convocatoria, debía restituir el pago en exceso.

En cuarto lugar, en cuanto a la alegación de fuerza mayor derivada de la pandemia, indica que la actora declaró conocer que procedía la reducción de la beca a la fecha de defensa de tesis, no existiendo a la fecha normativa que permita extender pagos de manutención más allá de la fecha de finalización de estudios, por motivos de fuerza mayor, siendo dicha materia de facultad exclusiva del Presidente de la Republica dado que irroga gasto que compromete la responsabilidad financiera del Estado- Esgrime que aun cuando exista la contingencia sanitaria del Covid-19, no les licito a este Servicio otorgar más beneficios que aquellos que establece la normativa concursal, tanto así, que debió aprobarse la glosa 07, partida 30, capitulo 02, Programa 01, en la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, para otorgar seis meses adicionales, solo a los becarios de doctorado de Becas Chile, y realizarse mediante el Decreto Supremo N°384/2021 del Ministerio de Hacienda una modificación al presupuesto vigente.

Manifiesta que su Servicio solo se encuentra facultado para otorgar financiamiento para la realización de estudios y no otro tipo de ayudas económicas de carácter asistencial o de subsistencia, tal como lo dispone su artículo 11, letra e) de la Ley N° 21.105, en razón del principio de juridicidad y legalidad del gasto.

Concluye que no existen antecedentes que permitan estimar que ha existido un error de hecho o una falta de sujeción a las bases concursales, por lo que la Resolución Exenta Nº 1106/2021, de ANID, que solicita la restitución de los fondos pagados en exceso, se ha ajustado plenamente a lo dispuesto a la normativa que regula su beca, y a lo indicado en dictamen N° 48.882/2016, de la Contraloría General de la República, más cuando a la actora en su recurso en ningún caso niega haber percibidos los recursos mal de manutención proporcional de los meses de julio y agosto de 2020, sino que éstos fueron utilizados en el contexto de la emergencia sanitaria.

En quinto término, respecto al asunto de los pasajes, indica que las bases y el reglamento disponen que los becarios pueden retornar a Chile dentro del plazo de dos años contados desde el término de la beca, por lo que no es forzoso su retorno inmediatamente de terminados sus estudios. Los becarios saben perfectamente, en conformidad a la normativa concursal, que los beneficios de la beca cubren hasta el término de estudios (examen de grado o instancia equivalente) y que si estos desean permanecer en el extranjero por el tiempo máximo permitido deben hacerlo a su costa, tal como lo dispone el artículo 25 del reglamento.

Agrega que se les sugiere a los becarios realizar la compra de pasajes a través de la Organización Internacional para las Migraciones, a pero no es en ningún caso obligatorio, pues dichos boletos aéreos pueden ser comprados directamente por los becarios, quienes luego pueden solicitar reembolso en conformidad con el artículo 15°, numeral 2).

Finalmente, aclara que no estamos en presencia de un contrato civil, sino ante una subvención, la cual corresponde a un acto administrativo unilateral, mediante el cual el beneficiario tiene un derecho subjetivo de recibir el importe de la beca, cumpliendo las condiciones de la normativa que la regula, y no ha vulnerado las garantías constitucionales de la actora, toda vez que ha dado estricta aplicación a la normativa que reguló la beca a todos sus becarios sin excepción.

3°) Que en cuanto a la extemporaneidad, se debe indicar que el Auto Acordado S/N; Auto Acordado 94-2015, en su artículo Nº 1 dispone que el recurso o acción de protección se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En el caso, el acto que la recurrente sindica como ilegal y/o arbitrario es la dictación de la Resolución Exenta N° 3639/2021 de 05 de abril de 2021, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° 1106/2021, argumentando que no se consideró la situación de caso fortuito o fuerza mayor alegada en su recurso, motivo por el cual, recién a dicha fecha se materializó y concretaron las consecuencias del acto que ahora se reprocha por esta vía, por lo que a la fecha de interposición de su acción el – 14 de mayo pasado- el mismo se interpuso dentro del plazo previsto en la citada normativa, por lo que corresponde desestimar dicha alegación.

4°) Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

5°) Que esta acción es, por lo tanto, una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

De ahí que se ha dicho que “la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable”.

De este modo, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

6°) Que en el presente caso, sin embargo, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, se apartan de las características anotadas, ya que subyace en ellas una cuestión de fondo cual es la interpretación divergente que las partes tienen acerca de las cláusulas de la adjudicación de la beca y la forma de ejecutarla frente a circunstancias no previstas en ella como han sido las restricciones de la autoridad frente a la emergencia sanitaria en un país extranjero y también en Chile, habida cuenta que dentro de los beneficios de la beca estaban el de manutención.

7°) Que consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión, cuestión que no se advierte en la especie ya que una decisión como la que se pide implica dilucidar un asunto de lato conocimiento, toda vez que los hechos en que se fundamenta el recurso requieren ser conocidos con todas las garantías del debido proceso, esto es, donde tenga concreción el principio de la bilateralidad de la audiencia, la rendición de pruebas, la procedencia de recursos, etc., debiendo el juez ponderar la prueba y los antecedentes del caso en la sentencia que dicte.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido a favor de doña nombre reservado, en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-14778-2021.

En Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

� PINOCHET C., Francisco (Santiago, 2020) “El Recurso de Protección. Estudio Profundizado” (Ediciones Jurídicas)

� HENRÍQUEZ V., Myriam (Santiago, 2020) “Acción de Protección” (Ediciones DER)