nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés.

A los folios N° 21 y 22: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Ramiro Gutiérrez Acuña, abogado, recurre de protección en favor de la ONG de Desarrollo La nombre reservado de los nombre reservado, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en haber dictado las resoluciones exentas números 758, 781 y 874, alegando vulneración de las garantías constitucionales de los números 2, 3 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expuso que la ONG La nombre reservado de los nombre reservado es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, constituida el 9 de noviembre de 2009, que tiene por objeto la promoción del desarrollo, especialmente de las personas, familias grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza o marginalidad, la cual desarrolla sus actividades en ámbitos de educación, cultura, capacitación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, desarrollo comunitario, micro empresa, pequeña producción, consumo popular, derechos humanos, comunidades indígenas y deportivo – recreativo, en lo urbano y rural.

Precisa que cuenta con 34 proyectos vigentes a nivel nacional, con un total de 1829 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en procesos de intervención individual para una correcta restitución de sus derechos o reinserción social, requiriendo la colaboración activa de más de 310 trabajadores a nivel nacional.

Relata que el 20 de marzo del año en curso quedó firme una sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT T-30-2022, la cual es confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se condena a la institución por la vulneración de los derechos de un trabajador dependiente del PDE Pudahuel, debido a que se habría vulnerado su integridad psíquica en contexto laboral.

Sostiene que dicho pronunciamiento fue utilizado por la recurrida en la Resolución Exenta 758, del 13 de julio de 2023, para excluirla de postulación al proceso de adjudicación de programas de protección especializada para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol u otras drogas.

Agrega que el 19 de julio del 2023 se les notifica de la Resolución Exenta 783, decretada por la directora nacional del Servicio de Mejor Niñez, con la cual se invalida la Resolución Exenta 781, del 21 de octubre de 2022, en la cual se les adjudicaba el código 509, referente a la ejecución del programa de protección especializada para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol u otras drogas.

Finalmente, menciona que el 10 de agosto del presente año, el Servicio Mejor Niñez dicta la Resolución Exenta 874, donde resuelve revocar la acreditación de la ONG como colaborador acreditado.

Alega que, del proceso administrativo que culminó en la dictación de la Resolución Exenta 874 no tuvieron noticia alguna, ya que nunca fue comunicada la resolución que generaba la apertura del procedimiento, ni tampoco se les solicitó información referente al supuesto incumplimiento que daría origen a la causal, no otorgando oportunidad de formular planteamientos y argumentaciones, así como ofrecer prueba, por lo que quedan en situación de desamparo, impidiéndoles participar en procesos de licitación y adjudicación de proyectos en Mejor Niñez, perdiendo la calidad de acreditados ante el organismo, lo que genera que los 34 proyectos que se encontraban ejecutando deban ser terminados, desvinculándose a más de 310 trabajadores a nivel nacional, condenándola a morir, pese a sus 17 años de existencia, no habiendo sido nunca antes condenada judicial o administrativamente por vulneración de derechos fundamentales.

En razón de lo expuesto, alega vulneración del derecho de igualdad ante la ley, atendida la falta de proporcionalidad de la medida; la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos, en su concepción respecto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y debido proceso, toda vez que la recurrida ha incumplido la normativa que regula el proceso de revocación de acreditación por causales sobrevinientes establecido en la ley 20.032; y la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus órganos en materia económica, por lo que solicita se dejen sin efecto las resoluciones exentas 758, 781 y 874, permitiendo la continuidad de su representada como institución acreditada, y se ordene permitirle participar en los procesos de licitación y adjudicación de proyectos relacionados con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, como cualquier otra organización acreditada.

Segundo: Que informó Max Calderón Álvarez, abogado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y pidió el rechazo del recurso.

Expuso que, a través de la resolución exenta 502, de 29 de julio de 2022, el Servicio autorizó el segundo concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación respecto de programas y para la línea de acción diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos y pericia, específicamente programa de diagnóstico ambulatorio, de conformidad con la ley N°20.032, y aprobó las bases que lo rigen y sus anexos.

Mediante la Resolución Exenta 781, de 21 de octubre de 2022, se resolvió parcialmente el segundo concurso en la Región Metropolitana, adjudicando a Corporación PRODEL los códigos 524, 533 y 534, todos correspondientes al modelo de intervención programas de protección especializada para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol u otras drogas y, si bien la recurrente solicita dejar sin efecto la resolución referida, no da argumento alguno en ese sentido y tampoco se advierte que eventual perjuicio le acarrearía dicho acto administrativo.

Refiere que, antes de suscribirse los convenios respectivos, mediante la Resolución Exenta 334, de 30 de marzo de 2023, se procedió a invalidar parcialmente las resoluciones que resolvían el segundo concurso en las diferentes regiones del país, entre ellas la Resolución Exenta 781, respecto de los códigos que en ella se indican, entre los cuales estaban los códigos 524, 533 y 534, por lo que se procedió a evaluar nuevamente todas las propuestas presentadas por los colaboradores acreditados a los códigos y, producto de esta nueva evaluación, mediante la resolución exenta 528, de 15 de mayo de 2023, se resolvió parcialmente dicha convocatoria en la Región Metropolitana, adjudicando los códigos antes mencionados a Fundación CRESERES.

Indica que, no obstante la adjudicación mencionada, dicha fundación no presentó en los plazos estipulados los documentos y antecedentes Indicados en las bases administrativas para los códigos 524, 533 y 534, no siendo posible la firma de los convenios, ejerciendo la facultad de adjudicar al siguiente proyecto mejor evaluado, o rechazar todos los restantes.

Precisa que, en el caso del código 533, fue La nombre reservado de los nombre reservado el colaborador acreditado con mayor puntaje que seguía a continuación de la Fundación CRESERES, correspondiendo, en principio, que el mencionado código le hubiere sido adjudicado, mas fue condenada por sentencia ejecutoriada en procedimiento de tutela laboral, por lo que, de acuerdo con el artículo 6 inciso final de la ley 21.516, mediante resolución exenta 758, de 13 de julio de 2023, procedió su adjudicar a Corporación PRODEL, cuya propuesta seguía en puntaje a La nombre reservado de los nombre reservado en la evaluación.

En cuanto a la revocación de la acreditación, sostiene que ésta fue efectuada mediante Resolución Exenta 874, de 10 de agosto de 2023, como consecuencia directa de la aplicación de la normativa vigente, y en cuanto el Servicio constató que, por causa sobreviniente, La nombre reservado de los nombre reservado incurrió en la inhabilidad contemplada en el numeral 8 del artículo 6 bis de la ley 20.032, que dispone que son inhabilidades e incompatibilidades para ser colaborador acreditado el haber sido condenado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en sede laboral o por resolución administrativo, por incumplimiento de la legislación laboral y previsional.

Invoca lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 20.032, por cuanto faculta la revocación en caso de que, por causa sobreviniente, se produzca la pérdida de alguno de los requisitos señalados en el artículo 6 o se incurra en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos 6 bis y 7.

Precisa que el 22 de agosto de 2023, la actora interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta 874, rechazado mediante Resolución Exenta 1314, del 17 de octubre de 2023, concluyendo que el Servicio ha obrado ajustándose a derecho, no importando un acto y omisión ilegal o arbitraria como argumenta la recurrente.

Conforme lo expuesto y, no existiendo vulneración de las garantías invocadas, solicita se rechace la pretensión de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, en estos autos, ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía la ONG La nombre reservado de los nombre reservado recurriendo de protección por su exclusión en concurso público y posterior revocación de su acreditación conforme resoluciones que individualiza.

Quinto: Que, atendido al mérito de los antecedentes expuestos, en particular las resoluciones impugnadas, puede constatarse que el Servicio recurrido ha actuado dentro de la esfera de sus facultades legales, considerando la concurrencia de causal objetiva prevista en la ley 20.032, que inhabilita a la ONG referida para contratar con la recurrida.

Sexto: Que, como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada, una decisión arbitraria es aquella antojadiza o caprichosa, carente de sustento o bien aquella que frente a situaciones jurídicas idénticas se haya obrado de una forma diversa. Nada de ello, puede ser atribuido a los actos administrativos que se reclaman, por cuanto, en primer término, éstos gozan de presunción de legalidad y de imperio conforme mana del inciso final del artículo 3° e inciso primero del artículo 57, ambos de la Ley N° 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos y, asimismo, se encuentran adecuadamente motivados, invocando la concurrencia de causal prevista en el artículo 6 bis de la Ley N° 20.032, por lo que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, de tal manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la ONG La nombre reservado de los nombre reservado en contra del Servicio Mejor Niñez.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-14761-2023.