nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

Santiago, once de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N°2600100299676, Folio N°100126293, de 22 de mayo de 2026, mediante la cual dicho organismo rechazó su solicitud de residencia definitiva ID N°61171297, dispuso su abandono del país dentro del plazo de quince días y estableció una prohibición de ingreso al territorio nacional por cinco años, actuación que califica de ilegal y arbitraria y que, a su juicio, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 30 de enero de 2025 presentó una solicitud de residencia definitiva, registrada bajo el ID N°61171297 y Folio N°72112413. Indica que, al momento de efectuar la postulación, no tenía acceso al sistema habilitado en su país de origen para obtener el certificado de antecedentes penales, razón por la cual acompañó uno expedido anteriormente, en mayo de 2024, esperando que fuese aceptado, atendido que desde su ingreso a Chile no había regresado a Venezuela.

Señala que, en junio de 2025, al no haber recibido notificación alguna sobre el estado de su procedimiento, revisó la plataforma y advirtió que mantenía pendiente un requerimiento de documentos de 27 de febrero de 2025, Folio N°73792885, encontrándose entonces vencido el plazo otorgado para subsanarlo. Añade que posteriormente logró resolver el inconveniente que le impedía obtener sus antecedentes penales, cuya emisión demoró aproximadamente ocho días, pero que ya no contaba con la posibilidad de acompañarlos directamente al procedimiento.

Explica que utilizó la plataforma de ayuda dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones para remitir los documentos requeridos y solicitar que se habilitara nuevamente la opción de subsanar. Sin embargo, se le informó que su solicitud de residencia definitiva se encontraba en etapa de resolución, que no era posible adjuntar documentos por medio de dicha plataforma y que la duración del procedimiento dependería del volumen de solicitudes recibidas, de la entrega completa de los antecedentes requeridos y de las características particulares del caso.

Refiere que posteriormente gestionó un nuevo certificado de antecedentes penales, a la espera de otra notificación. El 18 de diciembre de 2025 fue notificada de una comunicación previa al rechazo, correspondiente al Folio N°90808428. Precisa que había solicitado dicho certificado el 10 de diciembre de 2025 y que, pese a encontrarse apostillado con fecha 17 de diciembre de 2025, únicamente lo recibió por correo electrónico el 17 de enero de 2026, debido a la demora de la autoridad de su país de origen, lo que le impidió acompañarlo dentro del plazo de diez días otorgado por el Servicio.

Añade que el 22 de mayo de 2026 fue notificada de la Resolución Exenta N°2600100299676, Folio N°100126293, mediante la cual se rechazó su solicitud, fundándose la autoridad en que no había pagado los derechos correspondientes al beneficio solicitado, conforme al artículo 40 de la Ley N°21.325, ni acompañado un certificado vigente de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, requisitos exigidos para el otorgamiento de la residencia definitiva, por lo que resultaba aplicable el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325.

Expresa que la resolución consignó que, una vez vencido el plazo de diez días hábiles otorgado y analizados los antecedentes acompañados, no había sido posible desvirtuar las razones invocadas por la autoridad. En consecuencia, además de rechazar su solicitud de residencia definitiva, dispuso su abandono del país dentro del plazo de quince días contado desde la notificación, de conformidad con el artículo 146 de la Ley N°21.325, y estableció una prohibición de ingreso al territorio nacional por cinco años, contados desde el cumplimiento de la orden de abandono, conforme al artículo 91 del mismo cuerpo legal.

Sostiene que el pago de los derechos se encuentra directamente vinculado con la subsanación de la solicitud y que este último trámite no puede ejecutarse parcialmente, pues se requiere contar con toda la documentación para efectuarlo y, solo una vez realizada la subsanación, el sistema habilita la opción para pagar los derechos correspondientes. Por ello, afirma que la falta de pago no obedeció a que careciera de los requisitos o documentos necesarios, sino a la imposibilidad de completar la subsanación en la plataforma, pese a haber intentado acompañar los antecedentes por otros medios, los que no fueron considerados por el Servicio.

Manifiesta que mantiene vínculos familiares en Chile con sus hijos nombre reservado, R.U.N. N°RUT reservado, y nombre reservado, R.U.N. N°RUT reservado, ambos chilenos y menores de edad. Agrega que no registra antecedentes penales en Chile ni en su país de origen y que cuenta con un contrato vigente que le proporciona estabilidad laboral a ella y a sus hijos, por lo que sostiene reunir todos los requisitos y condiciones para obtener el permiso de residencia solicitado.

Alega que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones carece de fundamento suficiente, pues habría dejado sin efecto su solicitud de residencia definitiva sobre la base de antecedentes que califica de falsos, sin considerar oportunamente sus vínculos familiares, la inexistencia de antecedentes penales dentro y fuera de Chile, su estabilidad económica ni los intentos realizados para cumplir con los requerimientos documentales.

Sostiene que la autoridad aplicó arbitraria y desproporcionadamente la medida más gravosa prevista por la normativa migratoria, pese a que el inciso quinto del artículo 91 de la Ley N°21.325 permite al Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida. Afirma que, atendidos sus antecedentes, era posible otorgarle una residencia temporal de breve duración en sustitución de la orden de abandono y de la prohibición de ingreso.

Invoca el principio de reunificación familiar consagrado en el artículo 19 de la Ley N°21.325, en relación con el artículo 1° de la Constitución Política de la República, conforme al cual la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe promover su protección y fortalecimiento. Sostiene que la decisión impugnada desconoce sus vínculos con sus dos hijos chilenos menores de edad y afecta la unidad familiar.

Asimismo, alega la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República y del principio de igualdad de derechos y obligaciones establecido en el artículo 13 de la Ley N°21.325, conforme al cual debe asegurarse a todo extranjero que solicite un permiso de residencia la aplicación de un procedimiento racional y justo, bajo criterios de admisión no discriminatoria. Afirma que dicha infracción se evidencia al comparar la resolución pronunciada a su respecto con aquellas dictadas en relación con otros extranjeros que se encontraban en igualdad de condiciones.

Reprocha, además, que el Servicio no ponderara los criterios de arraigo contemplados en el artículo 129 de la Ley N°21.325, particularmente la gravedad de los hechos, la inexistencia de antecedentes delictuales y la circunstancia de tener hijos chilenos menores de edad. Sostiene que, aun cuando dicha disposición se refiere formalmente a medidas de expulsión, la orden de abandono produce los mismos efectos materiales de separación y desarticulación familiar, por lo que debieron considerarse el interés superior de sus hijos y la protección de la unidad familiar.

Invoca igualmente el principio del interés superior del niño, reconocido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3° de la Ley N°21.325 y en el artículo 7° de la Ley N°21.430. Afirma que la orden de abandono fue dictada atendiendo únicamente a su situación migratoria, sin evaluar el impacto psicológico, económico y afectivo que la medida provocaría en sus hijos chilenos menores de edad, quienes se verían privados de su cuidado y sustento o compelidos a abandonar su país de nacimiento para evitar la separación familiar.

Añade que el artículo 12 de la Ley N°21.325 consagra el principio pro homine, conforme al cual los derechos reconocidos por dicho cuerpo legal deben interpretarse de acuerdo con la norma más amplia o extensiva, mientras que sus restricciones o suspensiones deben ser interpretadas restrictivamente. Sostiene que, en su caso, la autoridad no aplicó la interpretación más favorable al ejercicio de sus derechos.

También invoca la Circular N°10, de 16 de agosto de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, señalando que establece un plazo excepcional de sesenta días hábiles, prorrogable por una sola vez por igual período, para presentar el certificado de antecedentes penales apostillado, permitiendo el ingreso de solicitudes de residencia sin acompañar dicho documento al momento de la postulación.

Finalmente, cita la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2025 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa Rol Amparo N°3977-2025, en cuanto habría reconocido la aplicación del principio pro homine y la procedencia de privilegiar una solución favorable a la regularización migratoria cuando se trata de omisiones formales susceptibles de subsanación.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2600100299676, Folio N°100126293, de 22 de mayo de 2026, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones acoger a trámite y dar continuidad al procedimiento correspondiente a su solicitud de residencia definitiva ID N°61171297, de 30 de enero de 2025, dentro del plazo máximo de treinta días o del que esta Corte determine, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, al informar, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, sosteniendo que la resolución que rechazó la solicitud de residencia definitiva y dispuso la orden de abandono fue dictada por la autoridad competente, con estricta sujeción a la normativa migratoria vigente y sobre la base de fundamentos suficientes, sin que exista un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de la recurrente.

Expone que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó por primera vez al territorio nacional el 25 de mayo de 2017, por el paso fronterizo habilitado Carretera Chacalluta. Añade que, mediante Resolución Exenta N°331276, de 13 de noviembre de 2017, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública le otorgó un permiso de residencia temporaria por motivos laborales, en calidad de titular y por el período de un año, el que se mantuvo vigente hasta el 8 de enero de 2019.

Señala que, posteriormente, mediante Resolución Exenta N°151834, de 5 de junio de 2019, del mismo Departamento, se le otorgó una visa de residencia temporaria por vínculo con chileno, en calidad de titular y por el período de un año, cuya vigencia se extendió hasta el 12 de noviembre de 2020.

Agrega que, mediante Resolución Exenta N°22175879, de 3 de mayo de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones regularizó su condición migratoria en el marco del proceso de regularización extraordinaria contemplado en el artículo octavo transitorio de la Ley N°21.325, otorgándole un permiso de residencia temporal, en calidad de titular y por el período de un año, vigente hasta el 17 de septiembre de 2023.

Explica que el 30 de enero de 2025, encontrándose vencido su anterior permiso de residencia desde el 17 de septiembre de 2023, la recurrente solicitó a través de la plataforma electrónica el beneficio de residencia definitiva en calidad de dependiente, petición registrada bajo el ID N°61171297. Al presentar la solicitud acompañó un certificado de antecedentes penales de su país de origen que no se encontraba vigente ni había sido legalizado o apostillado.

Indica que, en razón de lo anterior, mediante Comunicación Electrónica Folio N°73792885, de 27 de febrero de 2025, enviada a la dirección de correo electrónico proporcionada por la propia recurrente, se le informó que su solicitud no se encontraba en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento. En dicha comunicación se le requirió acompañar un certificado vigente de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado; su cédula de identidad; el estampado electrónico o la visa estampada en su pasaporte, o bien un certificado de término de misión emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores; un certificado de vigencia del contrato de trabajo; los certificados históricos de cotizaciones previsionales y de salud; y efectuar el pago de los derechos asociados a la solicitud.

Precisa que se otorgó a la recurrente un plazo de sesenta días para cumplir tales requerimientos, bajo apercibimiento de que su solicitud podría ser rechazada conforme al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325. Sin embargo, de acuerdo con los registros del Servicio, no acompañó la documentación solicitada dentro del plazo concedido ni pagó los derechos correspondientes.

Añade que, luego de un nuevo análisis, mediante Notificación Previa al Rechazo Folio N°90808428, de 18 de diciembre de 2025, se comunicó a la recurrente que su solicitud se encontraba comprendida en una causal de rechazo y se le requirió nuevamente acompañar los mismos documentos y efectuar el pago de los derechos asociados. Para ello se le otorgó un plazo de diez días hábiles, informándole que, si no presentaba los antecedentes, la autoridad resolvería su situación migratoria con aquellos que obraran en el procedimiento.

Hace presente que dicha notificación fue debidamente enviada y entregada en el correo electrónico proporcionado por la recurrente, registrándose su apertura el 18 de diciembre de 2025, a las 16:04 horas. No obstante, afirma que la interesada no formuló descargos dentro del plazo otorgado ni realizó el pago de los derechos correspondientes.

Expresa que, mediante Resolución Exenta N°2600100299676, de 25 de mayo de 2026, y después de más de un año de tramitación del procedimiento administrativo y de haberse requerido en dos oportunidades la presentación del certificado de antecedentes penales y el pago de los derechos, el Servicio rechazó la solicitud de residencia definitiva por no haberse acompañado el documento exigido. La misma resolución dispuso el abandono del territorio nacional dentro del plazo de quince días y una prohibición de ingreso por cinco años.

Sostiene que la autoridad no actuó de manera antojadiza, pues concedió a la recurrente dos oportunidades para acompañar la documentación requerida, sin que aquella lo hiciera. Aclara, asimismo, que no se ha dictado acto administrativo alguno que aplique una medida de expulsión en su contra.

En cuanto al derecho, señala que el artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 atribuye al Servicio Nacional de Migraciones la facultad de resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, así como determinar su vigencia. Añade que esa competencia también se encuentra reconocida en el artículo 42 del Decreto Supremo N°296, Reglamento de la Ley N°21.325, por lo que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.

Afirma que la solicitud de residencia definitiva presentaba un defecto esencial, consistente en que durante ninguna de las etapas del procedimiento se acompañó un certificado vigente, legalizado o apostillado de antecedentes penales del país de origen que pudiera ser verificado por el Servicio, pese a haber sido requerido en dos oportunidades.

Explica que el inciso segundo del artículo 78 de la Ley N°21.325 establece que la residencia definitiva solo puede otorgarse a los extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que los habilite para postular y que cumplan los requisitos contemplados en la ley, su reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías migratorias. Agrega que el artículo 11 letra b) del Decreto Supremo N°177, de 10 de mayo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, exige a los solicitantes mayores de edad acompañar un certificado de antecedentes penales o documento equivalente, expedido por la autoridad competente de su país de origen o de aquellos países en los que hubieran residido durante los últimos cinco años.

Señala que la plataforma electrónica institucional informa expresamente que el certificado de antecedentes del país de origen debe encontrarse apostillado o debidamente legalizado y traducido, cuando corresponda; que su vigencia no puede exceder de noventa días desde la fecha de emisión; y que todo documento emitido en el extranjero debe cumplir las formalidades previstas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que dicho certificado constituye un documento indispensable para determinar la existencia o inexistencia de antecedentes penales en el país de origen, cuestión necesaria para establecer si concurre alguna de las causales legales de rechazo previstas en el artículo 88 de la Ley N°21.325. Entre ellas menciona el rechazo imperativo respecto de quien haya sido condenado en el extranjero por alguno de los delitos contemplados en el artículo 32 N°5 de dicha ley, así como el rechazo facultativo cuando el solicitante haya sido condenado en el extranjero, durante los últimos diez años, por hechos que la legislación chilena califique como crimen o, durante los últimos cinco años, por hechos constitutivos de simple delito.

En relación con los derechos asociados a la solicitud, invoca el artículo 40 de la Ley N°21.325, conforme al cual los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para efectuar actividades remuneradas y los demás permisos migratorios se encuentran sujetos al pago de derechos, salvo en los casos expresamente exceptuados, sin perjuicio de la facultad del Director Nacional del Servicio para rebajar excepcionalmente su monto mediante resolución fundada y a solicitud del interesado.

Afirma que, al no haberse subsanado la causal de rechazo, el Servicio procedió a rechazar la solicitud mediante un acto administrativo fundado, cuyos considerandos segundo, tercero y cuarto individualizaron las razones que sustentaron la decisión.

Expone que el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 obliga a rechazar, mediante resolución fundada, las solicitudes de residencia de quienes no cumplan los requisitos de la respectiva categoría o subcategoría migratoria. Añade que, antes de dictar la resolución terminal, el Servicio notificó a la recurrente la configuración de la causal de rechazo y sus fundamentos, otorgándole un plazo de diez días para presentar antecedentes destinados a desvirtuarla, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 91 de la misma ley.

Sostiene que, mediante dicha notificación previa, se permitió a la interesada acompañar antecedentes nuevos y adicionales a los presentados con su solicitud inicial, de manera que su petición pudiera resolverse conforme a información actualizada. Sin embargo, la recurrente no realizó gestión alguna para presentar el certificado de antecedentes penales ni pagar los derechos requeridos, por lo que correspondía resolver con los antecedentes disponibles y rechazar la solicitud por incumplimiento de las exigencias documentales establecidas en la Ley N°21.325 y su reglamento.

Añade que la resolución impugnada puso término al procedimiento administrativo conforme al artículo 40 de la Ley N°19.880, disposición que reconoce a la resolución final como una de las formas de conclusión del procedimiento y exige que aquella sea fundada, requisito que estima satisfecho mediante las razones expresadas en la parte considerativa del acto.

En cuanto a la orden de abandono, señala que constituye una consecuencia necesaria del rechazo de un permiso de residencia, conforme al inciso cuarto del artículo 91 de la Ley N°21.325, que dispone que toda resolución que rechace o revoque un permiso debe fijar al extranjero un plazo no inferior a cinco días para abandonar el país y puede establecer un período durante el cual no se encontrará habilitado para ingresar al territorio nacional, de acuerdo con el artículo 136 del mismo cuerpo legal.

Hace presente, además, que la resolución impugnada reservó expresamente a la recurrente los recursos administrativos contemplados en la Ley N°19.880, los que no fueron interpuestos. Explica que, de conformidad con los artículos 139 y 140 de la Ley N°21.325, dichos recursos producen efecto suspensivo, por lo que su ejercicio habría suspendido los efectos del rechazo y de la orden de abandono, retrotrayendo su condición migratoria a una situación regular mientras aquellos se resolvían.

Concluye que todas las actuaciones fueron realizadas conforme a las disposiciones especiales de la Ley N°21.325 y del Decreto Supremo N°296, y supletoriamente a la Ley N°19.880, por lo que no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas. Sobre tales antecedentes, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Quinto: Que el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta N°2600100299676, Folio N°100297531, de 22 de mayo de 2026, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por nombre reservado, de nacionalidad venezolana, el 30 de enero de 2025, registrada bajo el ID N°61171297, por estimar que no pagó los derechos correspondientes al beneficio solicitado ni acompañó un certificado vigente de antecedentes de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, requisitos exigidos por los artículos 40 y 88 N°1 de la Ley N°21.325. La misma resolución dispuso su abandono del país dentro del plazo de quince días y estableció una prohibición de ingreso al territorio nacional por cinco años, contados desde el cumplimiento de la orden de abandono.

La recurrente cuestiona dicha decisión por estimar que resulta ilegal, arbitraria y desproporcionada, toda vez que la falta de pago de los derechos se habría producido como consecuencia de la imposibilidad de completar previamente la subsanación de su solicitud, trámite necesario para que la plataforma habilitara la opción de pago. Sostiene que intentó acompañar por otros medios los documentos requeridos y solicitar la reapertura del procedimiento de subsanación, sin que dichos antecedentes fueran considerados por la autoridad.

Afirma, asimismo, que obtuvo un nuevo certificado de antecedentes penales, pero que este le fue remitido por la autoridad de su país de origen después de vencido el plazo de diez días concedido en la notificación previa al rechazo. Reprocha, además, que el Servicio no hubiese ponderado sus intentos de cumplir con las exigencias documentales, la inexistencia de antecedentes penales en Chile y Venezuela, su estabilidad laboral ni sus vínculos familiares con sus hijos nombre reservado y nombre reservado, ambos chilenos y menores de edad, antes de disponer el rechazo de su solicitud, la orden de abandono y la prohibición de ingreso al país.

Sexto: Que el artículo 78 de la Ley N°21.325 establece que la residencia definitiva solo podrá otorgarse a los extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que los habilite para postular a ella y que cumplan los requisitos previstos en dicha ley, su reglamento y el decreto supremo que fija las respectivas subcategorías migratorias. A su vez, el artículo 11 letra b) del Decreto Supremo N°177, de 2022, exige a los solicitantes mayores de edad acompañar un certificado de antecedentes penales o documento equivalente, expedido por la autoridad competente de su país de origen o de aquel en que hayan residido durante los últimos cinco años, el cual, conforme a las exigencias comunicadas por el Servicio, debe encontrarse vigente y debidamente legalizado o apostillado.

Asimismo, el artículo 40 de la Ley N°21.325 dispone que los permisos de residencia se encuentran afectos al pago de derechos, salvo en los casos expresamente exceptuados. Por su parte, el artículo 88 N°1 del mismo cuerpo legal establece que deberán rechazarse, mediante resolución fundada, las solicitudes de residencia de quienes no cumplan los requisitos correspondientes a la respectiva categoría o subcategoría migratoria. Finalmente, el artículo 91 prescribe que, antes de disponer el rechazo, deben notificarse al interesado las razones en que este se fundará, otorgándole un plazo de diez días para presentar antecedentes respecto de la causal invocada.

Séptimo: Que, en la especie, la Resolución Exenta N°2600100299676, Folio N°100297531, de 22 de mayo de 2026, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio de las facultades que la normativa migratoria confiere al Servicio Nacional de Migraciones para resolver las solicitudes de residencia definitiva. En efecto, la autoridad fundó el rechazo en que nombre reservado no había pagado los derechos correspondientes al beneficio solicitado ni acompañado un certificado vigente de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, estimando configurada la causal prevista en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325.

Al efecto, consta que la recurrente ingresó al territorio nacional el 25 de mayo de 2017, por el paso fronterizo habilitado Carretera Chacalluta. Mediante Resolución Exenta N°331276, de 13 de noviembre de 2017, se le otorgó residencia temporaria por motivos laborales, vigente hasta el 8 de enero de 2019; posteriormente, por Resolución Exenta N°151834, de 5 de junio de 2019, obtuvo residencia temporaria por vínculo con chileno, vigente hasta el 12 de noviembre de 2020; y, finalmente, mediante Resolución Exenta N°22175879, de 3 de mayo de 2022, se regularizó su situación migratoria conforme al artículo octavo transitorio de la Ley N°21.325, otorgándosele residencia temporal por un año, vigente hasta el 17 de septiembre de 2023.

Asimismo, aparece que el 30 de enero de 2025, encontrándose vencido su anterior permiso de residencia, presentó una solicitud de residencia definitiva, registrada bajo el ID N°61171297, acompañando un certificado de antecedentes de su país de origen que se encontraba vencido y sin legalizar o apostillar.

Mediante Comunicación Electrónica Folio N°73792885, de 27 de febrero de 2025, el Servicio le informó que su solicitud no cumplía los requisitos necesarios para continuar su tramitación y le requirió acompañar un certificado vigente de antecedentes de su país de origen, debidamente apostillado y susceptible de verificación mediante código QR o enlace electrónico; una copia completa de su cédula de identidad; el estampado electrónico, la visa estampada en el pasaporte o el certificado de término de misión emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores; el certificado de vigencia del contrato; y los certificados históricos de cotizaciones de AFP y salud. Además, le indicó que debía pagar los derechos correspondientes al beneficio solicitado y le otorgó un plazo máximo de sesenta días corridos, bajo apercibimiento de que su solicitud pudiera ser rechazada conforme al artículo 88 de la Ley N°21.325.

Posteriormente, mediante Notificación Previa al Rechazo Folio N°90808428, de 18 de diciembre de 2025, enviada al correo electrónico informado por la propia solicitante y abierta ese mismo día a las 16:04 horas, la autoridad le comunicó que su solicitud se encontraba comprendida en una causal de rechazo, reiterando las deficiencias relativas al certificado de antecedentes penales y a los demás documentos previamente requeridos. En esa oportunidad se le concedió un nuevo plazo de diez días hábiles para formular descargos y acompañar todos los antecedentes destinados a desvirtuar la causal invocada, advirtiéndole que, de no hacerlo, su situación migratoria sería resuelta con los documentos que obraran en poder del Servicio.

En tales condiciones, y no constando que la recurrente hubiese acompañado dentro de los plazos otorgados el certificado de antecedentes penales en las condiciones exigidas ni los demás documentos requeridos, la autoridad resolvió rechazar su solicitud de residencia definitiva. La propia recurrente reconoce que el certificado solicitado el 10 de diciembre de 2025, apostillado el 17 de diciembre de ese año, únicamente le fue remitido por correo electrónico el 17 de enero de 2026, esto es, una vez vencido el plazo concedido para presentar sus descargos, sin que conste que posteriormente hubiese interpuesto los recursos administrativos que la resolución impugnada dejó expresamente a salvo.

Octavo: Que, de lo expuesto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación del Servicio Nacional de Migraciones, toda vez que la decisión impugnada se sustentó en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la residencia definitiva, particularmente en la ausencia de un certificado vigente de antecedentes penales del país de origen, debidamente legalizado o apostillado, documento cuya presentación fue requerida a la recurrente en dos oportunidades y que resulta exigible conforme al artículo 78 de la Ley N°21.325 y al artículo 11 letra b) del Decreto Supremo N°177, de 2022.

Debe considerarse, además, que la autoridad comunicó inicialmente las deficiencias documentales mediante el Folio N°73792885, de 27 de febrero de 2025, otorgando un plazo de sesenta días corridos para subsanarlas y, posteriormente, notificó a la recurrente las razones del eventual rechazo mediante el Folio N°90808428, de 18 de diciembre de 2025, concediéndole otros diez días hábiles para presentar descargos y antecedentes. De este modo, la interesada tuvo conocimiento de las exigencias pendientes y contó con oportunidades para subsanarlas antes de la dictación del acto terminal.

En cuanto a la falta de pago de los derechos, si bien la notificación previa al rechazo de 18 de diciembre de 2025 no la mencionó expresamente entre las deficiencias que sustentaban la causal comunicada, dicho requerimiento había sido informado en la Comunicación Electrónica Folio N°73792885, de 27 de febrero de 2025. En todo caso, la falta del certificado vigente, legalizado o apostillado de antecedentes penales constituye por sí misma el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos para acceder al permiso solicitado y fue expresamente incluida en ambas comunicaciones anteriores a la resolución definitiva.

Asimismo, los vínculos familiares invocados por la recurrente, la nacionalidad chilena de sus hijos, la ausencia de antecedentes penales y su situación laboral no eliminan la exigencia de cumplir los requisitos legales y documentales establecidos para obtener la residencia definitiva. Por otra parte, la resolución impugnada no dispuso su expulsión del territorio nacional, sino el rechazo de su solicitud y la correspondiente orden de abandono, de modo que las consideraciones previstas en el artículo 129 de la Ley N°21.325 para la adopción de una medida de expulsión no resultan aplicables en la especie.

En tales circunstancias, no se advierte que la actuación cuestionada importe una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de la garantía constitucional invocada, por lo que la presente acción será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°14.759-2026-Protección.