nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 10: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Rodrigo Mancilla Coyopae, abogado, en representación de doña nombre reservado, médico cirujano, venezolana, deduciendo acción de protección constitucional en contra de A.F.P. HABITAT S.A., por los actos que califica de ilegales y arbitrarios, que a su juicio, afectan gravemente sus derechos constitucionales del numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución política de la República, por lo que solicita que se ordene la devolución de la totalidad de fondos previsionales de dentro de un plazo de diez días hábiles u otro distinto que esta Corte estime pertinente.

Expone que la recurrente prestó servicios para el Servicio de Salud del Maule, específicamente en el Hospital Regional de Talca, desde el 1 de junio de 2013 hasta el 4 de julio de 2023, fecha en que puso término a su relación contractual por renuncia voluntaria para radicarse en Estados Unidos. Durante dicho período, su empleador le descontó cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía, no obstante haber manifestado expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N°18.156.

Aduce que con fecha 13 de mayo de 2025, la recurrente solicitó a A.F.P. Habitat S.A. la devolución de sus fondos previsionales, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley N°18.156.

Con fecha 27 de mayo de 2025, la recurrida le notificó el rechazo de su solicitud, fundando su negativa en que no se habrían cumplido los requisitos señalados en las letras b) y c) del número 1 del artículo 1 de la Ley N°18.156. Específicamente, se le indicó que:

a) No acreditó estar afiliada a un régimen de previsión extranjero que le otorgara prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y fallecimiento, pues el certificado de la Embajada de Venezuela se encontraba vencido (emitido en 2023), y se exigía un certificado emitido por la entidad de seguridad social (IVSS) debidamente legalizado (apostillado) que cubriera todo el período trabajado en Chile.

b) No manifestó en el contrato de trabajo con el Hospital Regional de Talca su voluntad de mantener afiliación fuera de Chile, y no acompañó dicho contrato de trabajo.

Además, la recurrida argumentó que la Ley N°18.156 no corresponde a quienes han prestado servicios en un servicio público, persona jurídica de derecho público integrante de la Administración del Estado, cuyo personal se rige por legislación especial, no siendo posible asimilar dicha entidad al concepto de "empresa" requerido por la ley.

Sostiene que la decisión de la AFP Habitat S.A. es ilegal y arbitraria. Alega que cumplió con todos los requisitos de la Ley N°18.156, adjuntando dos certificados que acreditaban su afiliación al IVSS (uno de la Embajada de Venezuela y otro del propio IVSS), y que el Hospital Regional de Talca emitió un certificado que acredita su voluntad de mantener el régimen previsional venezolano, ya que, en su calidad de personal "a contrata", no existía un contrato de trabajo formal.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha interpretado de forma amplia los conceptos de "empresa" y "contrato de trabajo" para efectos de la Ley N°18.156, incluyendo a servicios públicos y personal a contrata. A su juicio, la negativa de la recurrida vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la Constitución Política de la República;

SEGUNDO: Que A.F.P. Habitat S.A., por medio de su abogado don Roberto Felipe Díaz Bravo, evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Funda su defensa en la improcedencia del recurso de protección para discutir derechos controvertidos. En cuanto al fondo, sostiene que su actuar no es arbitrario ni ilegal, sino que responde al estricto cumplimiento de la Ley N°18.156 y la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones, la cual le es de cumplimiento obligatorio. Reitera que la recurrente no acreditó debidamente la afiliación a un régimen de previsión extranjero con la documentación legalizada o apostillada requerida, ni acompañó un contrato de trabajo que manifestara su voluntad de mantener dicha afiliación, ni tampoco su relación laboral con el Hospital Regional de Talca se rige por el Código del Trabajo. Afirma que la Ley N°18.156 es una norma excepcional y de interpretación restrictiva, y que su cumplimiento es fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones, que ha instruido que los documentos extranjeros deben estar debidamente legalizados/apostillados y que no se aplica a personal contratado por organismos públicos no sujetos al Código del Trabajo (Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Título XI, punto 6). Cita jurisprudencia de Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos similares por la falta de apostilla en la documentación. Finalmente, niega la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, argumentando que los fondos siguen siendo de propiedad de la recurrente y que podrá disponer de ellos conforme al D.L. N°3.500 si no cumple los requisitos de la Ley N°18.156, y que la negativa no constituye discriminación sino aplicación objetiva de la ley;

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Habitat, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N°18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado.

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N°18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de AFP Habitat S.A, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-14746-2025.