nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingeniero en telecomunicaciones, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (AFP Provida), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, notificada el 23 de mayo de 2025.

Expone que el recurrente solicitó a AFP Provida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Dicha solicitud fue respondida el 23 de mayo de 2025 por la recurrida, rechazando la petición por la imposibilidad de validar el título técnico y/o profesional en el sitio web del país donde se emite el documento.

Luego de citar las normas de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, señala que el recurrente cumple con los requisitos para solicitar la devolución de sus fondos previsionales y que presentó su título Universitario apostillado, constancia de Cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contrato de trabajo y anexo de contrato de trabajo.

Indica -en cuanto al motivo específico del rechazo- que la misma apostilla del documento indica las directrices que deben seguirse para dar veracidad a la documentación, señalando el proceso que debe seguirse y que permite constatar que la apostilla es válida y sí permite su verificación. Estimas vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad (artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República), solicitando se ordene a la recurrida reconocer como válida la apostilla del título universitario suministrado y que procesa a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada.

Segundo: Que Daniel Santoni, abogado, en representación de AFP Provida S.A., solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, fundado en que no ha existido acto ilegal ni arbitrario por parte de su representada, la cual ha obrado conforme a la normativa vigente al rechazar la solicitud de devolución de fondos del recurrente.

Sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para controvertir materias que requieren de un juicio de lato conocimiento, como lo sería la interpretación o modificación de la normativa previsional o la legalidad de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, lo que no se condice con la finalidad del recurso de protección. A ello se añade que en el caso de autos no existe un derecho indubitado que pueda solucionarse por esta vía.

Añade que la solicitud fue correctamente rechazada, pues la constancia de afiliación al IVSS acompañada se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones y no contaba con la debida legalización o apostilla, exigencia derivada del Convenio de La Haya de 1961, vigente tanto en Chile como en Venezuela, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, así como en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Habiéndose requerido complementación del informe, por escrito de folio 21 la recurrida manifestó que su parte por problemas de sistema no fue posible verificar la validez del título profesional acompañado.

Agregó que igualmente correspondía rechazar la solicitud de devolución de fondos, pero esta vez por faltar la constancia de afiliación vigente debidamente apostillado, pues el documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización y no al documento solicitado, sin firma, conjuntamente con una declaración jurada, instrumentos que no pueden ser considerados conforme las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Añade que el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, lo cual como lo señala la Superintendencia de Pensiones en oficio 21880, de 17 de noviembre de 2025, “no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.” Hace presente que la recurrente es propietaria de un inmueble en Chile.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones en que se ha reconocido la legalidad del actuar de las AFP al rechazar solicitudes fundadas en antecedentes que no cumplen con los requisitos legales. En consecuencia, niega haberse producido afectación alguna al derecho de propiedad del recurrente, al no haberse acreditado debidamente los presupuestos legales para ejercerlo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en lo que respecta al fondo del asunto, corresponde analizar si la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. a acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, en su calidad de profesional extranjero conforme a la Ley N° 18.156, se encuentra ajustada a derecho.

Sexto: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte;

b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, como se observa, la normativa antes transcrita establece un régimen excepcional que permite a trabajadores extranjeros obtener la devolución de fondos previsionales, cumpliendo determinadas exigencias. Es la excepcionalidad del régimen previsto en la Ley N°18.156, que permite el retiro de fondos previsionales, que obliga a interpretar sus normas de forma restrictiva.

Así, de la revisión de los antecedentes se constata que, efectivamente, el recurrente no cumple con las exigencias previstas en las normas antes citadas.

En efecto, si bien la recurrida reconoció que la imposibilidad de verificar la validez del título profesional del Sr. nombre reservado se debió únicamente a problemas de sistema, lo cierto es que, igualmente la solicitud de retiro de fondos era improcedente, en la medida que el actor no acreditó el cumplimiento de la exigencia prevista en la letra a) del artículo primero de la Ley N° 18.156, puesto que no acompañó el certificado debidamente apostillado que dé cuenta de su afiliación al sistema de seguridad social en el país de origen, siendo insuficiente la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentada por el recurrente, documento que no se encontraba debidamente legalizado ni apostillado conforme lo exige la normativa vigente para documentos emitidos en el extranjero.

Octavo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14743-2025.