nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

C.A. de Santiago Santiago, seis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Claudia Beatriz Loman, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el acto ilegal y arbitrario de haber negado el ingreso de la solicitud de "omisión de antecedentes penales" en la Hoja de Vida del Conductor lo que ha impedido la adecuada rehabilitación del recurrente y su posterior reinserción, vulnerando su derecho de igualdad ante la ley, honra, vida privada e integridad psíquica, garantizado en el artículo 19 Nº 1°, 2° y 4° de la Constitución Política de la República de Chile.

Expone que, el recurrente en el año 2011, realizó un curso de manejo de maquinarias pesadas, obteniendo Licencia Profesional A4, ingresando posteriormente a prestar servicios para la empresa de gas como conductor, y en busca de nuevas oportunidades de trabajo, el recurrente postuló a una empresa contratista de la gran minería del cobre, requiriendo licencia profesional. No obstante, se le exigió por la gerencia de Recursos Humanos de la empresa, un certificado de antecedentes, apareciendo en su hoja de vida los antecedentes por un delito cometido.

Indica que, fue condenado con fecha 29 de abril de 2016, por el 3º Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 2760, RUC 1500387011-9, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 3° de la Ley N° 20.000, con la concesión del beneficio de sustitución de la pena de libertad vigilada intensiva, la que se encuentra totalmente cumplida a la fecha, acompañando al efecto el certificado de término de condena, lo cual tuvo lugar con fecha 25 de mayo de 2021.

Relata que, concurrió el 19 de abril de 2024, a las oficinas del Registro Civil de la ciudad de Santiago, entrevistándose con el funcionario correspondiente, con el fin de ingresar la solicitud de "Omisión de Antecedentes Penales" de la Hoja de Vida del Conductor, fundado en el cumplimiento de la respectiva condena mencionada, no permitiéndosele el ingreso de la solicitud por estimarse improcedente, fundado en lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 217 de la Ley de Tránsito en relación con la letra g) del artículo 8º del Decreto N°64 del año 1960, del Ministerio de Justicia, entregándosele una hoja de derivación a la Oficina de Gendarmería de Chile, para su evaluación de eliminación de prontuario.

Alega que, se debe tener en consideración que en todos los casos las penas fueron debidamente cumplidas y se remitió la comunicación al Registro Civil para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°18.216, al no registrar otros condenas anteriores, se omitiera toda referencia a los mismos en el certificado de antecedentes para fines particulares y especiales, cumpliéndose dicha diligencia, no siendo justificado que se mantenga las anotaciones en la hoja de vida de conductor, y precisando que no equivale a una eliminación prontuarial, sino una simple omisión que busca facilitar la reinserción y rehabilitación del condenado en la sociedad.

Sustenta que, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha incurrido en una errada interpretación de las normas atingentes al caso, centrándose únicamente en el tenor literal del artículo 217 de la Ley N° 18.290, y bajo el supuesto errado de que "no existe el beneficio de omisión en la hoja de vida de conductor", además de confundir la eliminación con la omisión de las anotaciones prontuariales, ya que el correcto sentido y alcance de la mencionada norma, enlazada con los incisos 1° y 3° del artículo 38 de la Ley N° 18.216, y con los artículos 1, 8, 9, 10 y 12 del Decreto Supremo N° 64, además de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 409 de 1932, resulta posible el beneficio de la omisión para el caso del certificado de antecedentes penales, con mayor razón es procedente el mismo beneficio tratándose del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados en su hoja de vida del conductor.

Solicita que se acoja el presente recurso y, se ordene que, dentro de plazo razonable, se inicie el procedimiento para omitir de la hoja de vida de conductor del recurrente las anotaciones existentes por el delito ya señalado, sin perjuicio de las medidas que adopte esta Corte, con costas.

Segundo: Que, en su informe, la Directora Regional de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, argumentando que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno al negarse a eliminar la anotación en la hoja de vida del conductor del recurrente, dado que ha actuado con estricta sujeción a la normativa legal vigente, particularmente a las disposiciones de la Ley de Tránsito y su Reglamento, que no contemplan la figura de omisión de anotaciones en la mencionada hoja.

Aclara que, la causa mencionada por el recurrente corresponde a un exhorto y que la condena efectiva fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Quillota, en autos RIT N° 49-2016, ingresándose a la base de datos como Juzgado de Garantía de la Calera, RIT N° 840-2015, RUC N° 1500387011-9, por el delito de tráfico de drogas, con sentencia definitiva de fecha 29 de abril de 2016, que le impuso condena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más multa de 12 unidades tributarias mensuales, con libertad vigilada intensiva, pena que fue cumplida el 25 de mayo de 2021.

Hace presente que, la causa cuenta con beneficio de omisión para certificado de antecedentes penales para ingreso a la administración pública, para fines particulares y para fines especiales de acuerdo al artículo 38 de la Ley N°18.216 y el recurrente no registra orden de aprehensión vigente y no figura en nómina de prófugos de la justicia.

En cuanto a las gestiones previas realizadas por el actor, el Servicio da cuenta de que registra una solicitud de beneficios N° 2919 en la Oficina Santiago, a la cual se dio respuesta mediante Carta F.P Ord. N° 51.419, de fecha 08 de septiembre de 2023, comunicándosele que no concurrían las exigencias señaladas en el artículo 8 letra g) del Decreto Supremo N°64 de 1960, del Ministerio de Justicia, para la eliminación de su anotación prontuarial, puesto que registra una condena superior a 3 años de duración.

La entidad justifica su actuación en diversas disposiciones legales y reglamentarias. En primer término, cita el artículo 210 de la Ley de Tránsito, el cual crea el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, y conforme al artículo 211, se deben registrar las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones gravísimas o graves tipificadas en esta ley. En lo que respecta a la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores, el Servicio cita el artículo 217 de la misma ley, que establece los plazos y requisitos, en cuanto que las anotaciones que también figuren en el Registro General de Condenas se borrarán cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley.

Afirma que, no es posible acceder al requerimiento de omisión en la Hoja de Vida del Conductor del recurrente, toda vez que la normativa vigente en la materia no contempla dicho beneficio. Explica que, si bien en la actualidad el recurrente goza del beneficio de omisión de las anotaciones en sus certificados de antecedentes penales, dicho beneficio no se encuentra contemplado en la legislación vigente respecto de las anotaciones del Registro de Conductores de Vehículos Motorizados, cuya finalidad es absolutamente disímil respecto de la información contenida en el Registro General de Condenas.

Explica que, para la eliminación de los antecedentes de la causa Rol N°840-2015, RUC N° 1500387011-9, de la Hoja de Vida del Conductor, no es pertinente la aplicación del D.S N° 64, del Ministerio de Justicia, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones, y el Otorgamiento de Certificados de Antecedentes, dado que registra una anotación correspondiente a un delito cuya condena conlleva pena aflictiva, no siendo aplicable, para este caso, alguno de los supuestos del artículo 8° del referido reglamento. Sin embargo, el recurrente podrá eliminar sus antecedentes penales en virtud del Decreto Ley N° 409, del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos, debiendo gestionar aquello con Gendarmería de Chile.

Tercero: Que informa el Director Nacional de Gendarmería de Chile, indicando que en sus antecedentes disponibles, según se consigna en Oficio Ordinario N° 261 de fecha 06 de junio de 2024 del Jefe del Centro de Reinserción Santiago Norte, el protegido de autos registra antecedentes de cumplimiento en libertad vigilada intensiva en causa RIT 2760-2018, RUC 1500387011-9, del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Subraya que, la norma contenida en el inciso 1° del artículo 38 de la Ley N°18.216, relativa al beneficio de omisión de antecedentes penales, no hace extensivo dicho beneficio a las anotaciones contenidas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos motorizados, toda vez que la normativa antes anotada solo dice relación con las anotaciones realizadas en el Registro General de Condenas.

Explica que, para que el recurrente pueda acceder a la eliminación de la anotación penal que reclama de su hoja de vida de conductor, en forma previa se debe acoger a la eliminación de antecedentes penales, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N°409 de 1932, del Ministerio de Justicia, para lo cual debe concurrir con su cédula de identidad, a un establecimiento penitenciario correspondiente a su domicilio, para iniciar los trámites que sean menester efectuar en tal sentido. Luego, una vez eliminado dicha anotación, debe realizar el pago de los derechos respectivos, ello, según lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Tránsito.

Afirma que, revisado el sistema informático de gestión del Decreto Ley N°409, sistema de eliminación de antecedentes, no se registra adscripción por parte del encartado al control administrativo de la misma.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, no existe controversia entre las partes que el acto recurrido corresponde a F.P ORD. N° 51419, del Subdepartamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 8 de septiembre de 2023, en que le comunica al recurrente, la negativa de acoger la solicitud de eliminación de condena por delito en su extracto de filiación, conforme al artículo 8 del Decreto Supremo N° 64, al ser pena aflictiva, y que para dicho efecto debe acogerse a los beneficios del Decreto Ley 409 de 1932, mediante solicitud ante Gendarmería de Chile.

Sexto: Del mérito de los antecedentes agregados en esta causa y en especial lo informado por las partes, resulta ser hechos no controvertidos que en causa Rol N° 840/2015, RUC N° 1500387011-9, del Juzgado de Garantía de La Calera, fue condenado el recurrente por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes con fecha 29 de abril de 2016, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más una multa a beneficio fiscal de 12 Unidades Tributarias Mensuales, concediéndosele la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, pena cumplida el 25 de mayo de 2021.

Séptimo: Que, en primer término, corresponde indicar que, dado que se trata de causa seguida por el delito de tráfico ilícito de drogas y conforme a lo establecido en los artículos 210 y siguientes de la Ley de Tránsito N° 18.290, dicha anotación figura en su Hoja de Vida del Conductor, no procediendo la omisión de antecedentes para Conducir Vehículos Motorizados.

Octavo: Que, por su parte, el artículo 3 del Decreto Ley N° 645 de 1925 del Ministerio de Justicia, dispone que: “En el prontuario respectivo se inscribirán todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, N° 19, 494 bis y 495, N° 21, del Código Penal. Se inscribirá también la forma como fue cumplida la pena o las causas por qué no se cumplió en todo o en parte”.

Asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 64 de 1960 del Ministerio de Justicia, señala en su artículo 3º: “Se procederá a filiar y a abrir prontuario penal a las personas declaradas procesados por crímenes, simples delitos y cuasidelitos. A los infractores de faltas se les filiará y abrirá prontuario cuando hayan sido condenados por tercera vez”.

Noveno: Que, conforme a las normas que preceden, y de conformidad con lo previsto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, se creó el prontuario penal por la comunicación de una sentencia condenatoria comunicada por el Juzgado de Garantía de La Celera, en la causa RIT N° 840/2015.

Décimo: Que, en este orden de ideas, la postura que sostiene la autoridad recurrida es que no procede la eliminación de las anotaciones registradas, por cuanto, uno de los requisitos del citado Decreto Supremo N° 64, consiste en que debe corresponder a una pena inferior a 3 años, por tanto, el actor debe acogerse al Decreto Ley N° 409, acercándose a Gendarmería de Chile para la eliminación de sus anotaciones.

Undécimo: Que, en base a lo expuesto precedentemente, se colige que el Servicio no incurre en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la negativa a eliminar las causas RIT N° 840/2015, RUC N° 1500387011-9, del Juzgado de Garantía de La Calera, se fundamenta en la legislación aplicable que rige la materia. En consecuencia, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha actuado con estricto apego al principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y con respeto a la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la misma Carta Fundamental.

Duodécimo: Que, por otra parte, la acción de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los alegados por éste, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento administrativo que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar, no pudiendo prosperar y debe ser desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-14740-2024.