Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 13: A lo principal y segundo otrosí, téngase presente.

Al primer otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

Al folio 14, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que con fecha 25 de junio de 2025, comparece Gabriela Hilliger Carrasco, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, actuando en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone Acción de Protección de Garantías Constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de enero de 2025 , mediante la cual se dispuso el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, bajo la causal de "abandono del procedimiento”, lo que considera ilegal y arbitrario, ya que presumió válidamente notificada una citación a entrevista que nunca fue efectivamente recibida, impidiendo al recurrente ejercer su derecho a ser oído y de defensa, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la libertad personal y seguridad individual (Art. 19 N°7 CPR), el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 19 N°2 CPR), el derecho a solicitar asilo y protección internacional , y el debido proceso administrativo (Art. 19 N°3 CPR), que la Constitución Política de la República y tratados internacionales garantizan a todas las personas.

Según se expone en la presentación, el protegido ingresó al territorio nacional el 10 de enero de 2022 por paso no habilitado, autodenunciándose voluntariamente, y presentó formalmente su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 28 de marzo de 2022, la cual fue acogida a tramitación.

Explica que el recurrente ejercía funciones como supervisor de seguridad en la red pública de salud del estado Aragua, Venezuela, y fue testigo directo de graves irregularidades y corrupción y al negarse a omitir el registro o denuncia de estos hechos, por orden de superiores militares vinculados al régimen, comenzó a sufrir represalias, siendo removido de su turno, degradado y víctima de una agresión violenta, lo que le hizo concluir que su integridad corría peligro inminente y optar por salir del país de forma irregular, a pesar de que su intención original era migrar por la vía regular.

Por otro lado, sostiene que si bien su domicilio domicilio reservado, en diciembre de 2023 se trasladó a DIRECCION001, Estación Central, lo que fue informado a la autoridad por su esposa, también solicitante de refugio. Sin embargo, el recurrente no realizó el trámite directamente, creyendo erradamente que la actualización estaba completa al estar sus solicitudes vinculadas. De este modo, el Servicio Nacional de Migraciones fijó la entrevista de elegibilidad para el 10 de octubre de 2024, pero la citación fue enviada por carta certificada al domicilio anterior, sin que el Sr. nombre reservado recibiera notificación válida, ni existiera contacto telefónico, correo electrónico o constancia en su nuevo domicilio.

Indica que, en marzo de 2025, al intentar renovar su cédula de identidad, fue informado por un funcionario de que su solicitud de refugio había sido archivada por presunto abandono mediante la Resolución Exenta NUM000 de fecha 2 de enero de 2025, de la que tomó conocimiento por primera vez en ese momento.

Posteriormente, con fecha 8 de abril de 2025, el recurrente presentó una carta formal de reconsideración, solicitando el desarchivo de su solicitud, explicando los motivos de su inasistencia y su voluntad de continuar. No obstante, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó su petición mediante Oficio Ordinario NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025, fundado en una aplicación estricta del artículo 52 del Decreto N° 837, sin ponderar los antecedentes personales y de vulnerabilidad del solicitante. Se destaca que el recurrente reside en Chile junto a su esposa, hija con residencia definitiva y su nieta bajo su cuidado personal, cuenta con empleo formal y ha mantenido una conducta intachable, por lo que la pérdida de su solicitud se debe a un error entendible y no a desidia o mala fe.

En cuanto a los fundamentos de derecho, arguye que la ilegalidad por contravenir normas nacionales e internacionales de rango superior, y la arbitrariedad por carecer de racionalidad y proporcionalidad en su aplicación, al no distinguir entre una inactividad real y una imposibilidad justificada. En este contexto, se invoca el principio de no devolución o non-refoulement, el derecho a buscar y recibir asilo y la prohibición de la expulsión o devolución a un país donde su derecho a la vida o libertad personal esté en riesgo, todas normas contenidas en Convenciones Internacionales sobre la materia.

Agrega que igualmente ha existido una vulneración al procedimiento administrativo, al no haberse cumplido con la realización de la entrevista individual de elegibilidad, considerada un elemento esencial del procedimiento, la cual nunca se llevó a cabo.

También, manifiesta que la resolución impugnada constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por lo expuesto, solicita que se declare que la Resolución Exenta NUM000 es un acto ilegal y arbitrario por infringir las garantías constitucionales fundamentales ya señaladas; se disponga que dicha resolución sea dejada sin efecto; y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones la reapertura del procedimiento administrativo, fijando una nueva entrevista de elegibilidad y asegurando el derecho a ser oído en condiciones justas. SEGUNDO: Que, con fecha 30 de julio del presente año, evacuando el informe requerido, comparece el abogado Javier Muñoz Reyes en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección, por cuanto no se configurarían los presupuestos constitucionales ni legales para la interposición del recurso, por cuanto no existe acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, ni que atente en contra de las garantías constitucionales incoadas.

En primer término, el Servicio Nacional de Migraciones señala que el extranjero ingresó a territorio nacional de manera irregular por un paso no habilitado, siendo denunciado por la Policía de Investigaciones de Chile el 23 de junio de 2022. Con posterioridad, el 4 de julio de 2022, el extranjero presentó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la cual fue formalizada, concediéndosele una visa temporaria por ocho meses, prorrogables.

Continúa el informe indicando que, mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de 22 de agosto de 2024, se citó al extranjero a la entrevista de elegibilidad para el 10 de octubre de 2024, notificado al último domicilio informado por el recurrente, siendo responsabilidad del extranjero mantener sus datos actualizados, en conformidad al artículo 33 N°6 de la Ley 20.430. Enfatizando, además, que la entrevista es un trámite esencial y obligatorio, y de no poder asistir, debía informar los motivos de su inasistencia en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de tener por abandonado el procedimiento si no realizaba diligencia alguna.

Detalla que, no obstante lo anterior, el extranjero no asistió a la entrevista, quedando el procedimiento paralizado por más de 30 días y transcurridos luego 7 días sin efectuar diligencia alguna para reactivar la tramitación de su solicitud, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de enero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se declaró abandonado el procedimiento y se ordenó archivar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Se consigna, además, que al extranjero se le reservaron los recursos administrativos, los cuales no fueron interpuestos.

Indica que, si bien el extranjero solicitó el desarchivo de su solicitud con fecha 8 de abril de 2025, mediante Oficio Ordinario N° NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025, se le comunicó que no resultaba posible el desarchivo, atendida la falta de gestión procedimental y del cumplimiento de sus deberes como solicitante de refugio. El Servicio aclara que no existe sanción migratoria alguna en contra del recurrente, ya sea de multa, orden de abandono o expulsión.

En cuanto a los fundamentos de derecho, refiere que la autoridad migratoria ha actuado en todo momento con estricto apego a la Constitución, la Ley de Refugio (y su Reglamento). Se destaca el cumplimiento de la normativa al formalizar la solicitud, otorgar la visa temporaria, y citar al extranjero a la entrevista de elegibilidad, considerada un trámite esencial del procedimiento (artículo 30 Ley N° 20.430).

Sostiene que el fundamento legal para declarar el abandono y archivo se encuentra en el artículo 43 de la Ley N° 19.880, aplicable supletoriamente, el cual establece que cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más de treinta días la paralización del procedimiento iniciado por él, y este no efectúe las diligencias de su cargo en el plazo de siete días tras la advertencia, la Administración declarará el abandono y ordenará su archivo. A mayor abundamiento, la Resolución Exenta N° NUM000 puso término al procedimiento administrativo, en conformidad al artículo 40 de la Ley N° 19.880.

Como consecuencia de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones señala que la visa de residencia temporal otorgada se encuentra caducada, en virtud de lo prescrito en los artículos 42 y 43 del Decreto N° 837, ya que la resolución ejecutoriada que se pronuncia sobre la solicitud es causal de caducidad. Por último, se hace hincapié en que la resolución recurrida reservó al recurrente la vía recursiva administrativa ordinaria para solicitar la reconsideración de su caso, los cuales no fueron interpuestos por el extranjero.

Solicita finalmente el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión ilegal o arbitrario de esta autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales incoadas y no ser condenado en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que no se encuentra controvertido en este proceso que el archivo de la solicitud de refugio del recurrente se motivó en el hecho de no haber comparecido él a la audiencia a la que fue citado por carta certificada al domicilio que el mismo registró ante la autoridad administrativa, misiva que el actor afirma no haber recibido, dado que en fecha posterior cambio su residencia, información que no comunicó al órgano recurrido;

QUINTO: Que en lo que dice relación con el quid del asunto materia de esta acción cautelar, resulta pertinente recordar que el artículo 33 de la Ley 20.430 prevé, en lo pertinente: “Obligaciones del Solicitante. Durante el procedimiento, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones:… 6. Fijar domicilio e informar, oportunamente, a la autoridad competente, cualquier cambio que éste sufra, en un plazo de quince días”.

Tal deber es corroborado en idénticos términos en el artículo 44 del reglamento del citado texto legal.

Por su parte, el artículo 52 del Decreto 837, en lo que interesa, dispone “Archivo de la solicitud. El Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior podrá ordenar, mediante resolución, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en la ley Nº 19.880. El abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante que paralice el procedimiento iniciado por él, por un plazo superior a treinta días. El Ministerio del Interior le notificará de acuerdo con el artículo 51 del presente reglamento, que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, se declarará el abandono de ese procedimiento”;

SEXTO: Que luego de lo dicho, aparece relevante destacar que tal como se señala en el informe respectivo y según es posible colegir de los antecedentes allegados al sistema computacional por la entidad recurrida, el recurrente fue citado por carta certificada dirigida al domicilio que el mismo informó ante la autoridad administrativa -la que aparece entregada en dicha residencia-, a una “audiencia de elegibilidad” en que se le entrevistaría personalmente, advirtiéndosele los efectos de su incomparecencia, en los términos que señala el artículo 52 del Decreto 837 y, pese a lo anterior, no asistió a la misma, por lo que transcurridos los plazos legales se archivó su solicitud de refugio;

SÉPTIMO: Que es en este escenario normativo que la decisión que por esta vía se impugna no adolece de ilegalidad alguna, pues fue adoptada al amparo y en observancia de la legislación precedentemente citada, con estricto apego a las exigencias que prevé el procedimiento de solicitud de refugio que estatuyen la Ley 20.430 y su reglamento. Tampoco se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de quien dispuso la decisión reclamada lo que la motivó, sino la incomparecencia del actor a una entrevista personal en que se examinaría la concurrencia de las exigencias que harían procedente su petición de refugio, la que le fue legalmente notificada al domicilio que el mismo fijó ante la autoridad administrativa para tales fines y el transcurso de los plazos legales sin excusa alguna de su parte;

OCTAVO: Que en otro orden de ideas, aparece prudente reflexionar, además, que no es esta la vía para enderezar un procedimiento administrativo concluido, que fue tramitado con estricto apego a la ley, en razón de situaciones fácticas posteriores al mismo o cuando su resultado no fue favorable a la pretensión del administrado, por no haberse apegado él al procedimiento reglado respectivo, dado que entender lo contrario determina, en la práctica, que el órgano jurisdiccional asuma ilegítimamente funciones y adopte decisiones fuera del ámbito de su competencia, transgrediendo con ello lo preceptuado en el artículo 7 de la Carta Fundamental, cuyo inciso segundo expresamente señala: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”;

NOVENO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el arbitrio deducido en la petición principal de la presentación de fecha veinticinco de junio del año en curso, en favor de don nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de enero de 2025, mediante la cual se dispuso el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-14733-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Cristián Parada Bustamante.

En Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.