Protección contra ministro Sr

Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado , funcionaria pública y Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, ( ASOFUMI) con domicilio en domicilio reservado, viene en recurrir de protección en contra don nombre reservado, abogado, Ministro de Desarrollo Social, con domicilio en domicilio reservado, por la vulneración del derecho a la igualdad ante la Ley, establecida en el art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, más las garantías que esta Corte considere que se han vulnerados , por haber dispuesto la no renovación de contratos de ochos funcionarios del Ministerio.

Señala la recurrente que estando en pleno periodo electoral y habiéndose suscrito, el mismo día de la comunicación del despido, una circular emanada de la negociación del sector público con el Gobierno que obligaba a restringir la no renovación de las contratas , el Ministro Sr. nombre reservado dispuso sin consideración ni explicación alguna que ocho funcionarios de contrata dejaran su cargo porque ellos no les serían renovados. Los funcionarios despedidos y afectados por la medida fueron nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos funcionarios que realizaban desde hace varios años funciones permanentes y esenciales para el Ministerio de Desarrollo Social, pero además agrega que dos de los despedidos se encontraban haciendo uso de un fuero especial esto es, doña nombre reservado de fuero gremial de la Ley 19.296 y doña nombre reservado con el fuero maternal establecido en el art.201 y siguientes del Código del Trabajo.

Expresa que el día 29 de noviembre de 2013 , oportunidad en que se producen los despidos, la mesa del sector público arribó a un acuerdo con el Gobierno tanto lo que respecta reajuste de remuneraciones como a una serie de otras condiciones laborales, una de ellas dice relación con las eventuales desvinculaciones que podrían producirse al no renovarse las contratas, en virtud de lo cual surgió la Circular N° 31 que instruye a los jefe de servicio sobre el proceso de renovación de personal a contrata en relación con el art. 10 de la Ley 18.884, Estatuto administrativo, dirigida por el Ministro de Hacienda a los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendente y Jefes Superiores, y en ella se señala que con la finalidad de garantizar la mejor atención y satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y en un ambiente laboral que fortalezca los procesos de modernización del Estado, se estima necesario impartir la orientación general acerca de las eventuales no renovación de las contratas, debiendo entenderse en forma restrictiva, limitandola a casos debidamente fundados y acreditables, y sobre la base de que concurran criterios objetivos que impidan discriminaciones arbitrarias en ejercicio de la facultad correspondiente, para ello las decisiones del jefe del servicio deben estar alineadas con criterios básicos que obligen a todos los servicios públicos. Esta circular N°31 es un tipo de norma administrativa emanada del superior jerárquico para ser cumplida por los funcionarios subalternos con la finalidad de dar correcto cumplimiento de sus funciones y contienen instrucciones de tipo normativo, estableciéndose un nuevo marco de actuación en la renovación del personal. Sin embargo el Ministro Señor nombre reservado no ha dado cumplimiento ha esta medida y ha lesionado la confianza pública al exponer a los funcionarios a despidos , justamente el día en que la mesa del sector público arriba a un acuerdo . Por lo mismo, entiende la recurrente que con esa acción se afectaba la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que pide en definitiva que el recurso sea acogido y se le ordene al recurrido renovar las contratas de los funcionarios afectados;

Segundo: Que el Ministro de Desarrollo Social, don nombre reservado, al informar a fojas 36, sostiene que el asunto excede el ámbito de un recurso de protección, porque se trataría de un conflicto de intereses en el que se discute la causal de expiración de la contrata y para ello, a su juicio debería utilizarse un procedimiento contencioso como el ordinario o sumario. Luego hace un análisis de la naturaleza del empleo a contrata y se hace cargo de las alegaciones de la recurrente, señalando que nunca hubo despidos ni desvinculaciones, por cuanto la autoridad no tiene porque justificar el motivo de no haberse prorrogado las contratas, ya que estas expiran por la sola llegada del plazo. Agrega el recurrido, que no hubo vulneración de fuero maternal ni gremial, ya que ambos funcionarios al 31 de diciembre de 2013, no contaban con fuero y el período de ellos se encontraban vencidos. Por último, no advierte como puede haberse vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, de igualdad ante la ley, por cuanto los recurrentes no explican la forma y modo en que se afecta;

Tercero: Que para que proceda el recurso de protección , se requiere efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter y arbitrarios o contrarios a la Ley que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente y no disputado del reclamante, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional; ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad correspondiente. Por consiguiente, debe en esta acción cautelar existir un acto u omisión ilegal o arbitrario, que sea producto del mero capricho de quien incurre en el y atentatorio contra garantías constitucionales protegidas de los recurrentes ;

Cuarto : Que acorde con lo recién expresado, se observa de la lectura del recurso que los recurrentes fueron nombrados para servir un cargo a contrata en el Ministerio de Desarrollo Social en diversos departamentos y épocas de ingresos, como doña nombre reservado desde el año 2007 en la Secretaría Regional Ministerial , doña nombre reservado desde el 1°de octubre de 2012 en la División de Administración y Finanzas, doña nombre reservado en la Secretaría Regional Ministerial de Concepción desde el 1 de enero de 2011 , doña nombre reservado desde el primero agosto de 2006 en la División de Protección y Promoción social, doña nombre reservado en la misma división desde el 1 de agosto de 2006 , para luego en el año 2009 pasar a la Unidad de Desarrollo Programático de la secretaría ejecutiva, doña nombre reservado en el Departamento de Estudios de la División de Políticas Sociales desde el 1 de agosto de 2006 , doña nombre reservado en el Departamento de Estudios dependiente de la División de Políticas Sociales desde el 1 de agosto del 2006 y por último, don nombre reservado en el Departamento de Tecnología de la Información y Proceso, dependiente de la División de Formación Social, desde el 1 de agosto de 2008 . Todos estos cargos a contrata expiraban naturalmente el día 31 de diciembre de 2013, o mientras se consideren necesarios sus servicios, sin embargo se les habría avisado verbalmente por parte de sus Jefes de Servicio que no se prorrogarían las contratas por otro período, esto es,no habría una renovación de la misma por otro año, expirando por el solo ministerio de la ley;

Quinto: Que, para resolver el tema en discusión, ha de señalarse que el artículo 3° de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, expresa que " Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: c) Emplea a contrata: Es aquél de carácter tránsitorio que se consulta en la dotación de una institución".

Por su parte, el artículo 10 del mismo cuerpo legal formula " Los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos";

Sexto: Que, en consecuencia, tal como lo sostiene el recurrido en su informe, la autoridad administrativa no se encuentra obligada a notificar a los funcionarios la renovación de sus contratos, ya que estos concluyen con la sola llegada del límite máximo del plazo dispuesto en la ley; por lo demás, la autoridad administrativa al no renovar los contratos actúa dentro de sus facultades y de manera tácita pone término a sus servicios, sin exigirle al ente público la necesidad de tener que justificar el término de las contratas;

Séptimo: Que, de lo expuesto precedentemente, se puede colegir que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de los recurrentes, servicio que tal como lo hemos sostenido los considerandos precedentes son esencialmente precarios en su duración, conforme lo dispone la ley 18.834, y se encuentran supeditados a las necesidades de la entidad empleadora. Por consiguiente, la conducta de la recurrida se ha limitado a hacer uso de las facultades que le confieren la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.

A su vez, en el caso de la supuesta vulneración del fuero gremial y maternal, estos conforme a los datos que obran en el expediente habrían concluidos y la autoridad administrativa no se encontraba en la necesidad jurídica de prorrogarles sus contratos;

Octavo: Que, en definitiva, no se observa alguna acción ilegal u arbitraria de parte de la autoridad recurrida que afecte Derechos Fundamentales susceptibles de ser protegidos por esta vía cautelar, por lo que el presente recurso deberá desestimarse.

Y de acuerdo, también, con la preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se desecha el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 1, sin costas.

Acordado con el voto en contra del ministro Sr. Gajardo, quien fue de parecer de acoger el recurso deducido en virtud de las siguientes consideraciones:

Primero: Que si bien resulta indiscutible que los cargos a contrata son esencialmente transitorios y que expiran el día 31 de Diciembre de cada año, al momento de pronunciarse sobre la continuación de los servicios por una anualidad más, es preciso tener en consideración otros antecedentes que demuestren la necesidad de la no renovación, que permita entender como justificada esta decisión de la autoridad administrativa.

Segundo: Que, como acontece en el caso de los recurrentes, se trata de personas que cumplían funciones permanentes en el desenvolvimiento normal de las actividades de la administración, en algunos casos por varios años, por lo que es posible entender el cumplimiento de tales roles será igualmente necesario y, por ello, serán otras personas que en las mismas condiciones deberán hacerlo. No se trata, por tanto, del término de labores específicas para las cuales los recurrentes fueron llamados.

Tercero: Que, establecido lo anterior, surge como un imperativo el fundamentar la decisión que se impugna por el recurso, puesto que de no ser así, resulta atentatorio contra el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el que una autoridad en casos similares decida sólo a su arbitrio la continuidad o el ceses de los servicios de un funcionario.

Es preciso tener en consideración que el acuerdo logrado con la autoridad de gobierno a que alude la recurrente, si bien puede ser considerado como no vinculante, es demostrativo de la voluntad de reglamentar un materia que afecta a gran cantidad de funcionarios de la administración del Estado, evitando la mera discrecionalidad en una materia de tanta sensibilidad social como la estabilidad laboral.

Cuarto: Que, en el presente caso, tal exigencia no ha sido acreditada por lo que se puede concluir que se trata de una decisión arbitraria que afecta un derecho constitucional y que debe ser remediada por la vía de este recurso.

Regístrese y archívese sino se apelaré Redacción Ministro Sr. Carroza y del voto en contra su autor.

Rol N°147.233-2013.- No firma el Ministro señor Carroza, por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Segunda Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames y por el Ministro señor Mario Carroza Espinosa.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.