nombre reservado con nombre reservado

140 Foja: 139 Ciento treinta y nueve Santiago, veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1 don Fernando Leal Aravena, abogado, en representación de don nombre reservado, funcionario público, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, Ministro del Interior y nombre reservado y en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile en razón de haberse dictado el Decreto N° 880 de 29 de agosto de 2013 el que “dispone retiro absoluto, por medidas disciplinarias de separación, del Subcomisario del Escalafón Oficiales Policiales Profesionales de Línea de la Policía de Investigaciones de Chile, señor nombre reservado”, vulnerando con ello las garantías constitucionales conferidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sostiene que en el año 2010 fue trasladado desde Talca a Puerto Montt donde se instaló con su familia, pero en razón que se vio gravemente afectado el trabajo de su mujer, ésta debió volver a Talca, lo que importó un aumento en los gastos del recurrente.

Indica que en los meses de abril o mayo de 2011 se contactaron con su representado vía correo eléctrico institucional de la PDI quienes dijeron representar una empresa internacional -West Union Group- y que buscaban personas para un trabajo en la ciudad de Puerto Montt que consistía en realizar pagos de dinero a clientes de la empresa extranjera en la mencionada ciudad, lo que puso inmediatamente en conocimiento de sus superiores. A fines del mes de mayo hicieron un primer depósito en la cuenta personal del señor nombre reservado y lo contactaron luego instruyendo que lo depositara en una tercera persona del país de Ucrania, pero ante la sospecha que generaba esta situación, su mandante decidió no hacer el depósito y trató de comunicarse infructuosamente con la supuesta empresa, lo que no logró.

Expresa que en definitiva dichos dineros eran de una persona de la ciudad de Ovalle, que había sido víctima de un delito informático, a raíz de lo cual en el mes de junio de 2011, se instruyó un sumario interno y al darse cuenta su representado que había sido víctima de un engaño, en forma inmediata, en su calidad de funcionario público, cumplió con hacer la denuncia a que se encuentra obligado atendido lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, aportando todos los antecedentes que tenía, poniendo inmediatamente a disposición de la fiscalía los dineros que le habían sido depositados.

Indica que desde el inicio del sumario fue tratado en forma arbitraria y vejatoria, cometiéndose graves trasgresiones al principio de inocencia, puesto que con el solo mérito de la minuta reservada N° 22 de fecha 16 de junio de 2011 suscrita por el Jefe de la Cuarta Región Policial de Coquimbo, en el que se informaba que su representado estaba involucrado en una investigación penal y aún sin haber declarado, se dictó la resolución de 17 de junio de 2011 que ordenó suspenderlo inmediatamente de sus funciones, usando como fundamento que “los hechos que dan origen al presente acto administrativo son de una gravedad tal que hacen aconsejable optar por esta vía, en especial, considerando la orden de investigar que tiene como base el presente sumario administrativo”.

Sostiene que el sumario excedió con creces los plazos legales y en él, nunca se reparó que el señor nombre reservado no fue formalizado, ni acusado, ni menos condenado en la causa penal que le daba sustento a la investigación administrativa y aun así, en la resolución N° 328-2011/31 2013 que dio término al sumario y dispuso la separación de las filas, se dio por acreditado que su mandante tuvo participación en un delito al señalar “… haber participado en hechos ilícitos, lo cual quedó acreditado a raíz de una orden de investigar por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares, emanada de la fiscalía local de Ovalle”.

Agrega que con fecha 26 de agosto de 2013 se comunicó la decisión de no perseverar en el procedimiento iniciado por la Fiscalía de Ovalle, con dicha decisión, el 4 de septiembre de 2013 y en base a este nuevo antecedente se solicitó la reapertura del sumario fundado en que los hechos que le habían sido imputados como un ilícito no eran tales, no obstante después de tres meses se niega la reapertura del sumario por considerar que dicho antecedente no era un hecho nuevo. Frente lo anterior se solicitó al Juzgado de Garantía el sobreseimiento definitivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 letra b) del Código Procesal Penal, sobreseimiento que fue decretado con fecha 16 de octubre de 2013.

Sin perjuicio de lo anterior el día 18 noviembre 2013 le fue entregado en su domicilio de la ciudad de Talca el decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene como fundamento fáctico para ejercer las facultades separación de la Institución, la existencia de la causa penal antes referida, sin hacerse cargo que ella se encuentra sobreseída por haberse establecido la inocencia de su representado demostrándose a todas luces el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.

Alega que el acto impugnado es arbitrario por cuanto argumenta sobre la base de antecedentes que no justifican el llamado a retiro del afectado, toda vez que la sola enunciación una causa penal sobreseída, da cuenta de la inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar, lo que torna el acto en caprichoso, carente de fundamentación, contrario a la justicia, irracional, prejuiciado y movido por el favoritismo u odiosidad y por lo tanto, arbitrario. Expresa que el acto es también ilegal desde el punto de vista del derecho administrativo por cuanto se ha vulnerado la ley al dictarse sin base legal, es decir al fundar la decisión sobre un hecho o en un motivo que no podía legalmente justificarse o sobre un motivo falso y por consiguiente sin eficacia jurídica.

Afirma que el decretó en cuestión afecta su derecho a la integridad psíquica, al dejarlo sin trabajo de manera arbitraria e injusta y privarlo de su sustento, lo que importa que se encuentre con un gran nivel de angustia, inseguridad, ansiedad, impotencia, rabia y tristeza, por cuanto desde que se inició el sumario fue separado de la institución recibiendo sólo la mitad de su sueldo, e identificado como un delincuente.

Por otra parte y respecto de la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, sostiene que le ha sido vulnerada pues se ha transgredido el principio de presunción de inocencia ya que nunca se encontraron antecedentes suficientes para determinar una posible responsabilidad en su contra, ni tampoco se pudo fundamentar la investigación sumaria en el desprestigio de la institución, por cuanto según lo señalado en la orden general N° 1206 de 4 de enero de 1994 en su N° 47, esta se mide teniendo en cuenta los términos del conocimiento y alarma que los hechos causan en la población y en este caso nunca salió a la luz pública la calidad funcionaria del señor nombre reservado toda vez que el Ministerio Público le dio el carácter de reservada a su investigación. Además de lo anterior sostiene que se vulneró el principio proporcionalidad de la sanción puesto que la sanción propuesta por el fiscal investigador fue cinco días de arresto, y fue elevada a la de separación de la Institución por el oficial dictaminador, principio que además de consagrarse a nivel constitucional, se encuentra establecido en los artículos 15, 16 y 16 A de la ley 18.410, norma que es vinculante para la PDI, concluyendo que todo ello importa además, que ha sido discriminado en relación con otros hechos graves que han sido imputados a otros funcionarios que menciona, sin haber sido aplicado respecto de ellos el llamado a retiro.

Por último sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad en relación con su cargo de Profesional de Línea de la Policía de Investigaciones de Chile, grado nueve, así como de las remuneraciones que los recurridos pagan como consecuencia del cargo que ostenta pues ha sido privado de su cargo y de dichas remuneraciones, beneficios que han sido incorporados su patrimonio y que son de su propiedad, impidiéndole que acceda a la jubilación que en derecho le correspondería poco tiempo más, al cumplir 20 años de servicio.

Concluye solicitando se deje sin efecto el acto por el cual la recurrida decidió llamar a retiro a don nombre reservado, ordenando su reincorporación en el mismo grado y en el mismo lugar del escalafón en que se encontraba, el pago de su sueldo completo desde que fue suspendido sus funciones y el pago de todas y cada una de las remuneraciones que se hubieren devengado desde el alejamiento de la institución del afectado y hasta que éste sea reingresado, en subsidio se ordene la reapertura del sumario administrativo, al existir antecedentes nuevos referidos a la causal de no perseverar y el sobreseimiento definitivo de una causa penal, todo ello con costas.

A fojas 50 informa doña nombre reservado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo, con costas del recurso, por estimarlo extemporáneo, porque no se encuentra acreditada la infracción a garantía constitucional alguna y en definitiva, porque la circunstancia del sobreseimiento no altera lo decidido pues se acreditaron varias otras faltas administrativas en la investigación.

Funda la extemporaneidad alegada en que lo pedido por el recurrente es que se deje sin efecto el acto por el cual la parte recurrida decidió llamar a retiro al afectado, de lo que se desprende que lo impugnado es en realidad la resolución del sumario administrativo y no el decreto posterior que solamente viene a consolidar una situación ya resuelta a través del sumario cuya resolución de término fue notificada a la recurrente con fecha 17 julio del año 2013 en tanto que el recurso fue ingresado a esta Corte con fecha 18 de diciembre del mismo año, cinco meses después de haber tomado conocimiento de los hechos, en consecuencia fuera del plazo fatal dispuesto por el Auto Acordado respectivo, reiterando que lo anterior se produce por cuanto el recurrente no solicita se deje sin efecto el Decreto N° 880 si no aquel por el cual la recurrida decidió llamar a retiro al afectado.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías sostiene que estas no se encuentran acreditadas, así en el caso de la vulneración a la integridad física y psíquica, no se desprende la existencia de una relación causal entre la medida recurrida y los padecimientos que dice sufrir el señor nombre reservado que en todo caso su evaluación está reservada para un tribunal que conozca de un procedimiento destinado por la ley a esos efectos.

En lo que dice relación con la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, no se ha producido, por cuanto la facultad contemplada en el artículo 91, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1980 resulta aplicable a todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones a que alude esa disposición, ni se ha acreditado que se hayan efectuado diferencias arbitrarias a su respecto, ya que todos los procesos administrativos poseen antecedentes particulares y son resuelto en forma fundada para cada caso de manera individual no procediendo relacionar un proceso diferente para hacer efectiva la responsabilidad administrativa toda vez que las resoluciones tienen un carácter relativo a las partes.

Por último respecto del derecho de propiedad la jurisprudencia ha sostenido que el nombramiento de un servidor público como titular de un empleo no confiere el derecho de propiedad sobre él, no se puede enmarcar dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio, dicho derechos otorga en tanto no exista una causa legal de expiración de esta.

En relación con el fondo, indica que la recurrente alega como único razón para dejar sin efecto la medida de separación, la existencia del sobreseimiento definitivo respecto de la causa penal, no obstante, esta no era la única razón para decretar la medida disciplinaria, según aparece de la resolución que dispuso la separación de funciones, que transcribe, por lo que el Decreto N°880 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sólo aprueba la resolución adoptada por la PDI que tuvo por comprobado lo siguiente: “que el señor nombre reservado desobedeció una orden de su jefatura directa, que le advirtió que podría involucrarse en un hecho ilícito; no acató la instrucción de dar cuenta sobre cualquier novedad que se presentara acerca de la oferta de trabajo que le ofrecían; utilizó su casilla de correo institucional para asuntos particulares; no dio cuenta a su jefe directo que desde el 13 de abril de 2010 se encontraba registrado en el Servicio de Impuestos Internos con inicio de actividades; y que declaró de tal forma que quedó en evidencia su intención de ocultar y tergiversar los hechos investigados.

Agrega que independiente de las extensas razones que se tuvieron en consideración para decretar la medida disciplinaria, hace presente que la responsabilidad administrativa es sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran los funcionarios públicos, no existe comunicabilidad entre ambas, de manera que una no depende de la otra, de lo que se sigue que un funcionario público puede estar exento de reproche penal y aun así haber incurrido en responsabilidad administrativa. Sostiene en consecuencia que habiéndose acreditado varias otras faltas administrativas en la investigación, no se advierte cómo el nuevo antecedente alegado por la recurrente podría variar lo resuelto por lo que sólo se puede concluir que el proceso administrativo se llevó a efecto conforme a derecho, al afinarse una sanción disciplinaria debidamente fundada, sin afectación a las garantías que resguardan a la recurrente, por lo que la acción constitucional interpuesta debe ser rechazada A fojas 116 informa la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo de esta acción de protección por estimarla extemporánea y por cuanto no existe acto ilegal o arbitrario que la justifique.

Sostiene que la dictación del Decreto Supremo N°880 de 29 de agosto de 2013 por el señor Ministro del Interior y nombre reservado, no es sino la consecuencia o materialización de la sanción disciplinaria notificada personalmente al señor nombre reservado el 17 de julio de 2013 y el recurrente sólo accionó de protección el 18 diciembre del mismo año, de lo que se sigue que ésta fue presentada de manera extemporánea toda vez que se pretende revertir una medida disciplinaria de separación de la que tuvo conocimiento personal en julio del 2013.

Expresa que el sumario administrativo en cuestión, fue ordenado instruir a fin de establecer las causas y circunstancias en que el Subcomisario nombre reservado recibió en su cuenta bancaria personal, dinero de propiedad de doña nombre reservado, quien denunció el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares ante la Fiscalía Local de Ovalle, debiéndose acreditar el origen y destino de los dineros y si le afectaba responsabilidad administrativa al citado funcionario u otro miembro de la Institución. Dicho sumario fue tramitado conforme al Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI y concluyó con la aplicación de la medida de separación, resolución de la que se tomó razón por la Contraloría General de la República con fecha 11 de junio de 2013, encontrándose firme y ejecutoriada.

Sostiene que mediante la resolución número 328-2011/31-2013 de 2 de mayo de 2013 se aprobó la tramitación del sumario administrativo y se confirmó la medida separación respecto del recurrente por estimarse acreditadas las siguientes faltas administrativas:

a) Haber participado en hechos ilícitos, lo cual quedó acreditado a raíz de una orden de investigar por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares, emanada de la Fiscalía Local de Ovalle, arrojando la investigación policial que una de las cuentas hasta donde se derivó parte del dinero defraudado pertenecía al funcionario, efectuándose en la misma un depósito de $994.000, incurriendo de esta forma en la falta contemplada en el artículo 6° N°1, letra g), del Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, “tener conductas reñidas con la moral, las buenas costumbres y o participar en actividades que no están acordes con su calidad de miembro de la institución o ejecutar dichos actos valiéndose de su conducta funcionaria.

b) Desobedecer una orden de su jefatura directa, que le advirtió que podría involucrarse en un hecho ilícito, además de no acatar la instrucción de dar cuenta sobre cualquier novedad que se presentara acerca de la oferta de trabajo que le ofrecían; la que en definitiva formalizó y dio lugar a la recepción de dineros en su cuenta corriente y su apropiación durante 21 días, sin que efectuara el encargo presuntamente encomendado por su empleador, ni realizara diligencias y/o actividades tendientes a ubicar su procedencia y devolución oportuna, con lo cual transgredió el artículo 6°, N°3, letra a) del Reglamento, esto es, “no cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios”.

c) Utilizar su casilla de correo institucional para asuntos particulares, haciendo caso omiso de lo normado por la circular N°3 de 3 de mayo de 2009 de la Subdirección Administrativa, que prohíbe utilizar los enlaces de redes institucionales para otros fines que no sean los debidamente autorizados para el desempeño de actividades laborales;

d) No dar cuenta a su jefe directo que desde el 13 de abril de 2010 se encontraba registrado en el Servicio de Impuestos Internos con inicio de actividades; incurriendo en la falta contenida en el artículo 6° N°2, letra b), del mismo Reglamento, es decir, “negligencia o descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores” y la orden general N° 2207 de 28 de octubre de 2008 que en lo medular dispone que todo miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que ejerza cualquier profesión, industria, comercio u oficio, ya sea de manera independiente o dependiente, fuera de su jornada laboral, deberá comunicarlo a su jefe directo, en el plazo de 24 horas, con indicación de la naturaleza de tales actividades, función o cargo que desempeña, lugar donde la realiza, nombre y domicilio de su empleador o empresa donde prestan los servicios en caso de ser trabajador dependiente, certificado de inicio de actividades si las desempeña independiente; o el inicio de actividades de la empresa de la cual se aparte, ya sea como dueño o socio e) Declarar de tal forma que quedó en evidencia su intención de ocultar y tergiversar los hechos investigados infringiendo lo dispuesto en el artículo 6° N°2 de la letra e) del Reglamento, toda vez que declaró que durante todo el proceso que medió entre el ofrecimiento de trabajo por parte de la empresa West Union Group y la recepción de dineros en su cuenta bancaria así como el posterior destino de los mismos, actuó de buena fe quedando en evidencia su intención de ocultar y tergiversar la real ocurrencia de los hechos, por cuanto al conocer el detalle de los mismos su jefe le señaló y advirtió que eran irregulares y fraudulentos, motivo por el cual lo instruyó a no involucrarse y que debía mantenerlo informado al respecto sin embargo y pese a las advertencias, aceptó el ofrecimiento laboral irregular.

Hace presente que respecto de la resolución que dispuso la medida disciplinaria de separación, don nombre reservado reclamó ante la Contraloría General de la República conforme lo prescrito en el artículo 53 del decreto N°1 de 1982 del Ministerio de Defensa, Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, reclamación que fue desestimada en razón de no apreciarse infracción al debido proceso ni a la normativa legal o reglamentaria que regulan la substanciación del referido procedimiento, como tampoco la existencia de una decisión arbitraria, resolución respecto de la cual se toma razón con fecha 11 de junio de 2013. Posteriormente presentó reclamo en otras dos oportunidades los que también fueron desestimados.

Agrega que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal y en este caso no se han allegado antecedente que acrediten en forma inequívoca que al momento de emitirse dichos actos administrativos se haya incurrido en un vicio de ilegalidad, ni se ha acreditado la ocurrencia de hechos nuevos no conocidos en el proceso y cuya magnitud sea tal que permitan alterar sustancialmente lo resuelto por la autoridad sancionadora.

Por otro lado, dice que la emisión del Decreto Supremo N° 880 de 29 de agosto de 2013 por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no es sino la consecuencia de la materialización de la sanción disciplinaria notificada personalmente el señor nombre reservado el 17 de julio de 2013 y de la que se toma razón por la Contraloría General de la República con fecha 21 de octubre de 2013, de lo anterior se colige que la recurrida no ha incurrido en acción u omisión arbitraria o ilegal que perturbe o amenacé los derechos constitucionales que pretende la recurrente y, en consecuencia, corresponde el rechazo absoluto de la acción constitucional.

Considerando:

1°) Que en cuanto a la alegación de las recurridas en orden a que la acción de protección ha sido presentada de manera extemporánea, fundada en que la petición concreta no dice relación con el Decreto N° 880 de 29 de agosto de 2013, sino directamente con la separación de funciones que le fuera comunicada el 17 de julio de 2013, lo cierto es que la resolución N° 328-2011/31 2013 a que se alude por los recurridos es la que dio término al sumario y dispuso la separación del cargo, no obstante el Decreto N° 880 es aquel que a petición del Director General de la Policía de Investigaciones, es dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Social, disponiéndose el retiro absoluto, por medida disciplinaria de “separación de funciones” a contar “del día siguiente de la notificación de la total tramitación del presente decreto por la Contraloría General de la República, del Subcomisario del Escalafón de Oficiales Profesionales de Línea, grado 9, Sr. nombre reservado..”, el que de conformidad con la certificación agregada a fojas 74 le fue notificado el 18 de noviembre de 2013, por lo que la alegación de extemporaneidad deberá ser rechazada.

2°) Que el fundamento esgrimido por el recurrente para estimar ilegal y arbitrario el Decreto N° 880 de 29 de agosto de 2013 el que dispuso su retiro absoluto de la Policía de Investigaciones de Chile, por medidas disciplinarias de separación, lo funda en el hecho que con posterioridad a la resolución que tuvo por aprobada la tramitación del sumario administrativo y confirmada la medida de separación aplicada al comienzo del mismo, así como de la dictación del Decreto 880, que dispuso el retiro absoluto del recurrente de las filas de la PDI, hecho que se tuvo en consideración para aplicar dicha medida, cual fue la comisión de un ilícito, desapareció desde que la investigación iniciada por la Fiscalía Local de Ovalle, concluyó a su respecto comunicando la decisión del Ministerio Publico de no perseverar, luego de lo cual a petición de su defensa, se dispuso en audiencia del 16 de octubre de 2013, el sobreseimiento definitivo por la causal de la letra b) del artículo 250 del Código Procesal Penal, según copia simple de las respectivas audiencias, guardadas en custodia N°610-13 de la Secretaría respectiva de esta Corte, no obstante lo cual, solicitada la reapertura del sumario, no se accedió a ello, por considerar que tales antecedentes no constituían hechos nuevos.

3°) Que revisadas la documental acompañada por las recurridas, se desprende que si bien se le imputó “haber participado en hechos ilícitos, lo cual quedó acreditado a raíz de una orden de investigar por el delito de Estafa y otras defraudaciones contra particulares, emanada de la Fiscalía Local de Ovalle, arrojando la investigación que una de las cuentas hasta donde se derivó parte del dinero defraudado pertenecía al funcionario…..”, no es esta la única falta acreditada a su respecto pues se tuvieron por configurado, además los siguientes hechos:

a) Que el señor nombre reservado desobedeció una orden de su jefatura directa, que le advirtió que podría involucrarse en un hecho ilícito y no acató la instrucción de dar cuenta sobre cualquier novedad que se presentara acerca de la oferta de trabajo que le ofrecían, transgrediendo el artículo 6° N°3, letra a) del Decreto N°1 de 1982 del Ministerio de Defensa, Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, esto es, “no cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios”;

b) Utilizó su casilla de correo institucional para asuntos particulares, lo que contraviene la circular N°3 de 3 de mayo de 2009 de la Subdirección Administrativa, que prohíbe utilizar los enlaces de redes institucionales para otros fines que no sean los debidamente autorizados para el desempeño de actividades laborales;;

c) No dio cuenta a su jefe directo que desde el 13 de abril de 2010 se encontraba registrado en el Servicio de Impuestos Internos con inicio de actividades; incurriendo en la falta contenida en el artículo 6° N°2, letra b), del mismo Reglamento, es decir, “negligencia o descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores”;

d) Que declaró de tal forma que quedó en evidencia su intención de ocultar y tergiversar los hechos investigados, infringiendo lo dispuesto en el artículo 6° N°2 de la letra e) del Reglamento.

4°) Que el artículo 139 del DFL N°1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile regula la situación planteada por el recurrente, estos es, que luego de haber sido objeto de una medida expulsiva a raíz de un hecho que reviste los caracteres de delito, se sobresea definitivamente la causa, al efecto dispone, en lo pertinente: “Si se le sancionare con alguna medida de carácter expulsivo como consecuencia exclusiva de hechos que revistan caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la Institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de su alejamiento o en otro de igual jerarquía, conservando todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiese estado en actividad.”

5°) Que de la lectura de la disposición antes citada, aparece que es requisito para que el funcionario que ha sido separado de sus funciones por una medida disciplinaria, que dicha sanción se haya aplicado como consecuencia exclusiva de hechos que revisten el carácter de delito y luego haya sido absuelto o sobreseído por no constituir delito los hechos investigados, circunstancias que no se dan en la especie, en primer lugar porque la sanción fue aplicada en conjunto con otras cuatro faltas y, además se consideró como agravante del artículo 25 letra e) del Reglamento de disciplina, esto es “Cometerla con premeditación manifiesta”, agravante que más que con el hecho ilícito que se le imputó, dice relación con la circunstancia de haber sido advertido por su superior que no se involucrara en el trabajo ofrecido, por cuanto se trataría de un delito.; y luego porque el sobreseimiento debió serlo por no constituir delito los hechos investigados.

6°) Que por otra parte y de conformidad con la misma disposición citada, la que se ve reiterada en el artículo 43 del Reglamento, la circunstancia que habiéndose imputado un hecho ilícito, el funcionario fuere absuelto, sobreseído o incluso condenado, no excluye la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, pues tal como expresamente lo indica, “La sanción administrativa es independiente de la sanción civil o criminal”.

7°) Que de lo que se viene diciendo sólo cabe concluir que no existe acto ilegal alguno por parte de los recurridos desde que la decisión de separación de funciones, así como la orden de retiro absoluto, por la aplicación de dicha medida disciplinaria y la negativa posterior a reabrir el sumario, se han ajustado a la normativa vigente y dictada dentro de las facultades que la ley concede a las recurridas.

8°) Que el decreto recurrido tampoco puede ser considerado arbitrario por cuanto no proviene del mero capricho de la autoridad administrativa, sino que se encuentra debidamente fundado, expresándose clara y detalladamente las razones que lo motivan.

9°) Que no existiendo acto arbitrario y/o ilegal por parte de los recurridos, no pueden verse afectado las garantías constitucionales alegadas por el recurrido, esto es la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que el recurso de protección intentado deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, y de acuerdo, también con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 1, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 147.228-2013 (Se devuelve con su custodia N° 610-13).

Redacción de la Ministro (S) Dora Mondaca Rosales.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por los ministros Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y Dora Mondaca Rosales (S)

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiséis de mayo de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.