Protección contra Corporación Administrativa del Poder Judicial

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece don Dagoberto Hernández Romero, abogado, en representación de don nombre reservado, magistrado del Poder Judicial, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), representada por su Directora doña nombre reservado, por la omisión que califica de ilegal y arbitraria consistente en no entregar a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) los antecedentes requeridos ni otorgar las facilidades para realizar el estudio de puesto de trabajo, en el procedimiento destinado a determinar el origen de su enfermedad.

Expone que el recurrente padece una patología que, mediante dictamen de la SUSESO de 5 de junio de 2025, fue calificada como enfermedad profesional de origen laboral, registrando durante ese año 182 días de reposo bajo cobertura de la ACHS. Añade que, producto de la persistencia de su situación, se generó un nuevo siniestro ante la ACHS, N°NUM000, relacionado con una patología de salud mental de presunto origen laboral.

Señala que para determinar el origen común o laboral de esta nueva patología debía practicarse un Estudio de Puesto de Trabajo para patología mental (EPT-PM), para lo cual la CAPJ debía proporcionar, entre otros antecedentes, las Condiciones Generales de Trabajo y Empleo, el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Laboral y Violencia en el Trabajo y los resultados del Cuestionario CEAL-SM/SUSESO, además de facilitar la realización del estudio. Sostiene que la recurrida no proporcionó tales antecedentes ni otorgó las facilidades requeridas, impidiendo que la investigación se efectuara con información completa.

Refiere que el 28 de mayo de 2026, la ACHS dictó la RECA N°NUM000, calificando la patología como “Enfermedad Común”, decisión notificada al trabajador el 29 de mayo siguiente. Destaca que la propia ACHS dejó constancia de que la calificación se efectuó “con información parcial, debido a la obstaculización de la entidad empleadora” en la realización del estudio de puesto de trabajo, solicitando además a ésta la entrega de los antecedentes que no hubiesen sido proporcionados.

Agrega que mantiene otras acciones judiciales contra la CAPJ y otras instituciones del Poder Judicial, entre ellas el recurso de protección Rol N°9551-2026, y atribuye la omisión denunciada a un contexto de hostigamiento y represalia, alegación que vincula temporalmente con la controversia anterior relativa al pago de su bono institucional.

Sostiene que la omisión vulnera sus garantías de integridad física y psíquica, igual protección de la ley y derecho a un racional y justo procedimiento, protección de la salud, libertad de trabajo y derecho de propiedad, al haber impedido que el procedimiento de calificación de su enfermedad se desarrollara con todos los antecedentes necesarios.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la omisión denunciada y se ordene a la CAPJ entregar inmediatamente a la ACHS todos los antecedentes requeridos y otorgar las facilidades para efectuar el EPT-PM; abstenerse de obstaculizar la investigación médica y adoptar las medidas de prevención y vigilancia correspondientes, además de las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas y la aplicación de las medidas previstas en el artículo 15 del Auto Acordado respecto de las autoridades que señala como responsables.

Segundo: Que comparecen Javiera Carrera Olivares y Cristian Castillo García, abogados, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicitando, en primer término, que se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva y, en subsidio, que se rechace el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, por no existir una omisión ilegal o arbitraria imputable a su representada.

Sostienen que la CAPJ no tiene la calidad de empleadora del recurrente, quien se desempeña como juez del Juzgado de Garantía de Colina, pues sus funciones son de carácter administrativo y no ejerce potestades jerárquicas ni disciplinarias respecto de los funcionarios judiciales. Agregan que esta circunstancia habría sido establecida en sentencia firme dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa RIT T-893-2025, que acogió la excepción de falta de legitimación pasiva de la Corporación.

En cuanto al fondo, exponen que el recurrente ingresó nuevamente a la ACHS el 29 de abril de 2026 para el estudio de una enfermedad profesional de origen mental. Señalan que la intervención de la CAPJ se limitó a coordinar con el Juzgado de Garantía de Colina la evaluación del Puesto de Trabajo y remitir los antecedentes requeridos. Así, el 4 de mayo de 2026 se informó al administrador del tribunal, don nombre reservado

nombre reservado, de la denuncia, quedando el estudio agendado para el 12 de mayo de 2026; y el 6 de mayo se comunicaron a la ACHS los datos de contacto de dicho administrador. Añaden que también se remitieron los antecedentes laborales del recurrente, incluidos nombramientos, licencias médicas, feriados, permisos y registros de asistencia.

Refieren que la evaluación no se realizó porque la psicóloga de la ACHS contactó a nombre reservado, funcionario que se encontraba haciendo uso de feriado, en lugar de comunicarse con el administrador del Juzgado de Garantía de Colina cuyos datos habían sido previamente proporcionados. Agregan que la propia profesional habría reconocido posteriormente haber contactado a una persona distinta de aquella indicada para la diligencia.

Por ello, controvierten que la CAPJ haya obstaculizado el estudio de puesto de trabajo y sostienen que la imposibilidad de realizarlo obedeció a un error de la ACHS, no a una acción u omisión de la Corporación.

Asimismo, rechazan que su actuación constituya una represalia contra el recurrente y señalan que no consta que éste haya impugnado la imposibilidad de efectuar la evaluación ni que se haya comunicado con la administración central de la Corporación antes de interponer el recurso.

Añaden que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas y que la calificación de una patología como enfermedad profesional no constituye un derecho indubitado, sino que depende del procedimiento de evaluación a cargo del organismo administrador, por lo que sostienen que la acción de protección no sería la vía idónea para obtener dicha declaración.

En definitiva, solicitan acoger la excepción de falta de legitimación pasiva de la CAPJ y, en subsidio, rechazar íntegramente el recurso, por no existir una omisión ilegal o arbitraria vulneratoria de derechos fundamentales imputable a la Corporación, con expresa condena en costas.

Tercero: Que informa don Patricio Castillo Barrios, abogado, en representación de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), respecto de la intervención de dicho organismo administrador de la Ley N°16.744 en la situación del recurrente.

Señala que don nombre reservado ingresó a la ACHS el 29 de abril de 2026, para el estudio de una posible neurosis laboral que atribuyó a sus funciones como Juez de Garantía. Ese mismo día fue sometido a evaluación médica, disponiéndose su alta inmediata, sin perjuicio de mantenerse en estudio el eventual origen profesional de la patología, con derivación a evaluación psicológica y realización de un estudio de puesto de trabajo con entrevistas a testigos.

Expone que el 28 de mayo de 2026, el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales evaluó el caso y determinó, por unanimidad, que la patología era de origen común, al no advertir antecedentes que permitieran establecer condiciones organizacionales estresantes asociadas a escaso apoyo social de la jefatura o de la organización. Precisa que el recurrente había retornado a sus funciones en marzo de 2026 y que los factores descritos correspondían a situaciones recientes y puntuales, entre ellas su disconformidad por la no asignación de un bono, estimándose insuficientes para establecer una relación causal directa con una enfermedad profesional.

Agrega que esta primera calificación se efectuó con antecedentes parciales, al no haberse podido realizar inicialmente el Estudio de Puesto de Trabajo (EPT); sin embargo, señala que los antecedentes disponibles fueron considerados suficientes para descartar la relación causal entre las condiciones laborales y la sintomatología presentada.

Refiere que, posteriormente, el 1 de julio de 2026, el Comité efectuó una nueva evaluación, esta vez considerando nuevos antecedentes, entre ellos el Estudio de Puesto de Trabajo para Patología Mental (EPT-PM). Con tales antecedentes, concluyó nuevamente que no se identificaba el factor de riesgo psicosocial relativo al escaso apoyo social de la jefatura o de la organización ni condiciones organizacionales estresantes que permitieran atribuir causalidad laboral a la patología, por lo que ratificó su calificación como enfermedad de origen común.

En definitiva, informa que el caso fue evaluado en dos oportunidades por el Comité de Calificación de la ACHS, primero con los antecedentes inicialmente disponibles y luego incorporando el Estudio de Puesto de Trabajo y demás antecedentes complementarios, concluyéndose en ambas ocasiones, por unanimidad, que la patología del recurrente era de origen común. Solicita tener por evacuado el informe requerido.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

I.-En cuanto a la falta de legitimación:

Quinto: Que, la recurrida alegó la falta de legitimación pasiva, argumentando que no tiene la calidad de empleadora del recurrente, quien se desempeña como juez de un Juzgado de Garantía, pues sus funciones son de carácter administrativo y no ejerce potestades jerárquicas ni disciplinarias respecto de los funcionarios judiciales. Que, en torno a esta alegación, cabe señalar que el recurso de protección dice relación con el actuar de la Corporación Administrativa del Poder judicial, precisamente en su función de administración de los recursos humanos del Poder Judicial y por ello resulta dable resolver el rechazo de la alegación, en razón de que el presente recurso se ha interpuesto en su contra por el rol que le compete en la aplicación de las normativas de salud, higiene y seguridad laboral a todos los funcionarios judiciales.

II:- En cuanto al fondo del recurso:

Sexto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario por el recurrente, es la presunta omisión en la remisión de antecedentes requeridos ni otorgar las facilidades para realizar el estudio de su puesto de trabajo, en el procedimiento destinado a determinar el origen de su enfermedad.

Séptimo: Que, y según da cuenta la Asociación Chilena de Seguridad, la primera calificación se efectuó con antecedentes parciales, al no haberse podido realizar inicialmente el estudio de puesto de trabajo pero que aquello no obstaculizó que tales fueran considerados suficientes para descartar la relación causal entre las condiciones laborales y la sintomatología presentada.

De lo anterior se colige que tal omisión no revistió una carácter de gravedad tal que afectara irrevocablemente la decisión del órgano de evaluación, la que ,por lo demás, aseveró que con posterioridad efectuó una nueva evaluación, esta vez considerando nuevos antecedentes, entre ellos el Estudio de Puesto de Trabajo para Patología Mental (EPT-PM) y que con tales concluyó nuevamente que no se identificaba el factor de riesgo psicosocial relativo al escaso apoyo social de la jefatura o de la organización ni condiciones organizacionales estresantes que permitieran atribuir causalidad laboral a la patología, por lo que ratificó su calificación como enfermedad de origen común.

Octavo: Que, en consecuencia, la omisión que se imputa a la recurrida, justificada adecuadamente por aquella, y posteriormente subsanada, no reúne los elementos para ser considerada como ilegal o arbitraria en tanto no existe una relación directa entre esa inacción y la privación, perturbación o amenaza de una garantía fundamental del recurrente.

En efecto no se observa que ninguno de los derechos constitucionales que se dicen amagados hayan sufrido perjuicio. Respecto a las remuneraciones del recurrente no se ha alegado ni su falta de pago o desmedro y por lo demás el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República protege el derecho real de dominio a que se refiere el artículo 582 del Código Civil, y no lo que se denomina “la propiedad en el empleo”.

Tampoco se observa vulneración al numeral 2 del artículo 19 de la carta fundamental, pues no se ha dado cuenta o establecido que la recurrida haya dispensado diferencia de trato hacia el recurrente.

En cuanto a que haya afectado su garantía a un racional y justo procedimiento, amén que el recurrente no señala cómo se habría producido tal afectación, lo cierto es que el procedimiento ante la ACHS se efectuó de acuerdo a la normativa vigente.

En cuanto a protección de la salud la omisión que acusa, de modo alguno tuvo la virtud de afectar de su bienestar físico y mental y en lo que dice relación a su libertad de trabajo, la omisión no impidió el desarrollo de su actividad laboral ni su acceso a la licencia médica que le correspondía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve; 1.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. 2.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Se previene que la abogada integrante señora Correa, concurre al rechazo del recurso teniendo únicamente presente que la acción de protección, por su naturaleza cautelar, exige una afectación actual respecto de la cual sea posible adoptar una medida de resguardo.

En la especie, la omisión denunciada consiste en no proporcionar antecedentes a la Asociación Chilena de Seguridad ni facilitar el Estudio de Puesto de Trabajo para Patología Mental (EPT-PM), actuaciones cuya realización se solicita, en lo sustancial, ordenar. Sin embargo, según informó la propia ACHS, el 1 de julio de 2026 efectuó una nueva evaluación que incorporó dicho estudio y antecedentes complementarios.

Así, la medida cautelar pretendida ha perdido oportunidad y no se advierte una providencia concreta que se adoptar por esta vía. Por ello, resulta innecesario pronunciarse sobre la efectividad de la omisión denunciada o calificarla de ilegal o arbitraria.

Regístrese y comuníquese.

Redactada por Hernán López Barrientos, Ministro suplente.

No firma la ministra señora Claudia Parra, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Protección 14.718-2026.-