Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, dos de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber denegado la petición de desarchivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, mediante Oficio ordinario número NUM000, de fecha 20 de mayo de 2025, notificado el 24 de junio de 2025. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2, 9 inciso final, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada, ciudadana venezolana, presentó solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en el mes de abril del año 2021, la cual fue prorrogada en sucesivas oportunidades, siendo la última de ellas con fecha 23 de enero de 2025. Agrega que, con fecha 12 de febrero de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones comunicó a la recurrente la decisión de archivar su solicitud, fundándose en una supuesta falta de gestión procedimental, derivada de no haber comparecido a una citación para dar inicio al procedimiento de refugio.

Explica que ese mismo día, la recurrente presentó una carta ante la autoridad migratoria solicitando el desarchivo de su petición, manifestando que nunca recibió la citación referida, presumiblemente porque esta habría sido entregada mientras se encontraba ausente de su domicilio por razones laborales.

Sostiene que la situación descrita mantiene a la recurrente en un estado de permanente angustia y desesperación, lo que atenta directamente contra su integridad psíquica. Asimismo, argumenta que la actuación de la recurrida constituye un trato arbitrario y discriminatorio hacia una ciudadana extranjera que ha cumplido con los requisitos exigidos por la legislación nacional.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto el Oficio ordinario número NUM000, de fecha 20 de mayo de 2025, disponiendo que la autoridad migratoria realice una nueva citación a la recurrente para dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, o bien, subsidiariamente, que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, don Antonio Emilio Beltrán Henríquez, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional deducida en autos, por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere los derechos invocados por la recurrente.

Refiere que la extranjera ingresó a territorio nacional con fecha 19 de noviembre de 2021, de manera irregular, por un paso no habilitado. Agrega que, con fecha 2 de marzo de 2022, la recurrente formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del entonces Departamento de Extranjería y Migración, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, en relación con el artículo 37 de su Reglamento. Indica que, ingresando al procedimiento de protección internacional, se le otorgaron diversas prórrogas de visas temporarias hasta la conclusión del procedimiento administrativo.

Precisa que, mediante Oficio Ordinario número NUM001, de fecha 15 de septiembre de 2023, se citó a la extranjera a la entrevista de elegibilidad, la cual fue reprogramada a solicitud de la propia interesada. Posteriormente, mediante Oficio Ordinario número NUM002, de fecha 11 de junio de 2024, se le citó nuevamente para el día 7 de agosto de 2024, notificándose dicha citación en el domicilio registrado por ella misma, ubicado en domicilio reservado.

Sostiene que en dicha comunicación se le advirtió expresamente que, de no concurrir ni informar su inasistencia dentro de los plazos legales, se declararía el abandono del procedimiento y se procedería al archivo de su solicitud.

Afirma que la recurrente no asistió a la entrevista de elegibilidad ni realizó gestión alguna para reactivar la tramitación dentro del plazo legal. En consecuencia, mediante Resolución Exenta número NUM003, de fecha 8 de octubre de 2024, se declaró abandonado el procedimiento y se ordenó archivar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, reservándose los recursos administrativos correspondientes, los cuales no fueron interpuestos por la recurrente.

Manifiesta que la autoridad migratoria ha actuado con estricto apego a la normativa vigente, particularmente a la Ley N° 20.430 y su Reglamento, contenido en el Decreto número 837. Aduce que el artículo 33 de la Ley de Refugio impone al solicitante la obligación de fijar domicilio y comunicar oportunamente cualquier cambio, deber reforzado por el artículo 46 de la Ley N° 21.325, que establece un plazo de treinta días corridos para informar modificaciones de domicilio. Argumenta que la recurrente incumplió dichas obligaciones, pues nunca actualizó su dirección ante el Servicio, lo que generó que la citación se practicara válidamente en el último domicilio registrado, entendiéndose cumplida la notificación.

Añade que la declaración de abandono se ajustó a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 19.880, al verificarse la paralización del procedimiento por más de treinta días por inactividad de la interesada.

Finalmente, destaca que no existe sanción migratoria alguna en contra de la extranjera y que la resolución impugnada reservó la vía recursiva administrativa ordinaria, la cual no fue ejercida.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en lo que dice relación con el quid del asunto materia de esta acción cautelar, resulta pertinente recordar que el artículo 33 de la Ley N° 20.430 prevé, en lo pertinente: “Obligaciones del Solicitante. Durante el procedimiento, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones: … 6. Fijar domicilio e informar, oportunamente, a la autoridad competente, cualquier cambio que éste sufra, en un plazo de quince días”. Tal deber es corroborado en idénticos términos en el artículo 44 del reglamento del citado texto legal. Por su parte, el artículo 52 del Decreto 837, en lo que interesa, dispone “Archivo de la solicitud. El Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior podrá ordenar, mediante resolución, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 19.880. El abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante que paralice el procedimiento iniciado por él, por un plazo superior a treinta días. El Ministerio del Interior le notificará de acuerdo con el artículo 51 del presente reglamento, que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, se declarará el abandono de ese procedimiento”;

QUINTO: Que luego de lo dicho, aparece relevante destacar que tal como se señala en el informe respectivo y según es posible colegir de los antecedentes allegados al sistema computacional por la entidad recurrida, la recurrente fue citada mediante Oficio Ordinario número NUM002, de fecha 11 de junio de 2024, a una entrevista de elegibilidad fijada para el día 7 de agosto de 2024, notificándose dicha citación en el domicilio registrado por ella misma, ubicado en domicilio reservado. En dicha comunicación se le advirtió expresamente que, de no concurrir ni informar su inasistencia dentro de los plazos legales, se declararía el abandono del procedimiento y se procedería al archivo de su solicitud, en los términos que señala el artículo 52 del Decreto 837. Pese a lo anterior, la recurrente no asistió a la entrevista ni realizó gestión alguna para justificar su incomparecencia, por lo que mediante Resolución Exenta número NUM003, de fecha 8 de octubre de 2024, se declaró abandonado el procedimiento y se ordenó archivar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado;

SEXTO: Que es en este escenario normativo que la decisión que por esta vía se impugna, esto es, el Oficio ordinario número NUM000, de fecha 20 de mayo de 2025, que denegó la petición de desarchivo de la solicitud de refugio, no adolece de ilegalidad alguna, pues fue adoptada al amparo y en observancia de la legislación precedentemente citada, con estricto apego a las exigencias que prevé el procedimiento de solicitud de refugio que estatuyen la Ley N° 20.430 y su reglamento. Tampoco se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de quien dispuso la decisión reclamada lo que la motivó, sino la previa incomparecencia de la actora a una entrevista personal de elegibilidad en que se examinaría la concurrencia de las exigencias que harían procedente su petición de refugio, la que le fue legalmente notificada al domicilio que ella misma fijó ante la autoridad administrativa para tales fines, sin que justificara oportunamente su inasistencia ni ejerciera los recursos administrativos que le fueron reservados contra la resolución de archivo;

SÉPTIMO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14666-2025.