nombre reservado con COLEGIO ALTAMIRA

Santiago, doce de marzo de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE QUE:

1°.- nombre reservado, actuando en representación de su hijo nombre reservado, impetra la protección de esta Corte ante el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la expulsión del nombrado menor alumno, de trece años de edad, del Colegio Altamira, con fecha 03 de diciembre de 2013, donde cursaba el séptimo año de escolaridad básica durante ese año lectivo Considera infringidas las garantías de los numerales 3° inciso cuarto, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cuanto a la ilegalidad, representa la contravención de lo que preceptúa el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aplicable en este caso en razón de lo que prevé el inciso segundo del artículo 5 de la ley primera.

Concluye solicitando se disponga la reincorporación de Tomás a su condición de alumno de dicho establecimiento;

2°.- En su informe de fojas 78 el colegio recurrido niega los fundamentos de la acción, aduciendo que nombre reservado se comportó inaceptablemente el día 03 de diciembre de 2013, cuando con motivo de la observación que le hiciera un profesor, reaccionó agrediéndolo físicamente, amenazándolo e insultándolo, versión muy distinta a la presentada en la demanda y que configura una infracción manifiesta y grave a la normativa que rige la relación entre el alumno y el recurrido;

3°.- Para el éxito del amparo, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia del acto que se alza como su causa fáctica de pedir, b) que ése sea ilegal y/o arbitrario, c) que de esa ilegalidad y/o arbitrariedad se siga directo e inmediato atentado a derechos fundamentales, y d) que esta judicatura se encuentre en situación material y jurídica de reestablecer de inmediato el imperio del derecho;

4°.- La primera de esas condiciones no se encuentra en tela de juicio, toda vez que es un hecho consensuado el de la expulsión del niño nombre reservado, por parte del Colegio Altamira, el día 03 de diciembre del año pasado;

5°.-Tocante a la ilegalidad, sabido es que ella se configura cuando el comportamiento cuestionado no se sujeta o atiene a la normativa por la que está destinado a regirse, lo que compele a la revisión de cuál sea ésa, en el presente caso.

La documentación allegada da cuenta de una persona jurídica.

A su respecto corresponde tener en cuenta lo que preceptúa el artículo 553 del Código Civil, según el cual los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que ésos imponen, al tiempo que la norma que le sigue estatuye que la corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía correccional que sus estatutos le confieren, el que deberá ejercerse en conformidad a ellos.

Esa preceptiva se extiende a las fundaciones de beneficencia y a quienes las administran, conforme al artículo 563 del código de derecho privado.

En consecuencia, debe examinarse la reglamentación interna que el establecimiento se ha dado y que la cláusula décimo primera del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre nombre reservado y el representante del Colegio Altamira, se entiende conocida por el contratante (fojas 14);

6°.- De la documentación adjuntada a los autos y particularmente la relativa a las normas de convivencia, se extrae una única referencia al aspecto ritual del ejercicio de la potestad disciplinario-sancionatorio. En el capítulo denominado “Normas de Convivencia”, se lee sobre las sanciones que “estarán tipificadas en tres grupos: Leves, Graves y Gravísimas.” (fojas 22). En diversos títulos de la normación en referencia, se habla de temas específicos relacionados con la convivencia, como lo son la puntualidad y asistencia, el egreso del recinto y de las salas de clases, el comportamiento en el aula, las observaciones en el libro de clases, el buen trato, el cuidado personal y el cuidado del espacio y de los materiales de trabajo.

Interesa subrayar que en la parte relativa al comportamiento en el aula, se establece que las faltas de respeto entre los alumnos y los profesores serán consideradas gravísimas.

En la sección focalizada en el buen trato, se indica que se reprueban las manifestaciones de violencia física, verbal o psicológica con la intención de dañar, discriminar o excluir a otro; que cualquier acto de violencia recibirá la sanción correspondiente y que la violencia, bajo cualquier punto de vista, será considerada falta gravísima y sancionada como tal;

7°.- En la especie lo que se le imputa al niño es haber incurrido en una conducta que puede resumirse de la siguiente manera: habiendo detectado el profesor de la cátedra de música, señor nombre reservado, que Tomás incorporaba saliva a una botella de bebida gaseosa de su compañero nombre reservado, procedió a preguntarle a quién ésa pertenecía, obteniendo dos veces como respuesta que era suya, ante lo cual el docente le señaló que lo que había hecho era una “ordinariez”; minutos después observó a Urcullú entusiasmando al compañero nombre reservado -dueño del brebaje- para que bebiera; nombre reservado le reprochó que eso era una “picantería” y una falta de respeto a su compañero (que al igual que el expulsado, se encuentra en el establecimiento en condición de “necesidades educativas especiales”); el menor le respondió “¡y qué tanto si no le va a pasar nada!”; el estudiante reaccionó empujándolo violentamente y propinándole un golpe de puño en el hombro derecho, además de insultarlo con soeces expresiones y amenazarlo con pegarle una “puñalá”; el profesor lo tomó del brazo para sacarlo de la sala, a lo que el niño se resistió, cogiendo una de las guitarras que allí había y lanzándola al piso; el educador le expresó que eso no quedaría así, dirigiéndose a la sala de profesores.

Tras el suceso así someramente descrito, nada más en lo que estrictamente interesa, nombre reservado lo comunicó a la profesora jefa del séptimo año de escolaridad básica, señora nombre reservado, quien conversó con el alumno, que justificó su comportamiento en haberse sentido agredido cuando el profesor lo cogió del brazo para hacerlo salir del aula; el director del ciclo se reunió con del nombre reservado y el encargado de la comunidad de los cursos séptimo y octavo, señor nombre reservado; ellos definieron que la única medida posible era la expulsión;

8°.- Una primera observación de cara al análisis de la eventual ilegalidad de la medida de expulsión -efectuado a partir de la circunstancialidad fáctica que con la mayor fidelidad posible a cuanto consta en autos se dejó antecedentemente precisada, consiste en que la normativa interna a que se ha hecho referencia, establece que a fin de diferenciar las inconductas -leves, graves y gravísimas- “en cada caso será examinada la situación por los miembros del equipo de mediación, el estudiante, dirección y los profesores jefes, según corresponda.” (fojas 22). No existe puntualización relativa a cuál o cuáles de esas instancias debe intervenir en cada caso.

Obviamente ha de entenderse que el estudiante y la dirección deben ser al menos oídos como parte del procedimiento destinado a comprobar todos los aspectos involucrados en el episodio, que no han de abarcar únicamente su exteriorización material, sino la intencionalidad y características de los sujetos directamente concernidos, muy particularmente tratándose de un alumno que, según se señaló, fue explícitamente aceptado en la comunidad escolar bajo el parámetro de necesidades educativas transitorias moderadas;

9°.- No existe constancia que los miembros del equipo de mediación hayan ingerido en el incidente que aquí convoca, sin embargo de jugar un rol relevante en el ejercicio de la potestad disciplinaria, conforme aparece de la reglamentación interna.

Tampoco existe acta que evidencie haberse oído al alumno.

Menos, un atestado de la actuación de la dirección del colegio.

No se ha hablado de alguna investigación interna que hubiere quedado plasmada en documentación fidedigna, algo que surge como naturalmente exigible a una decisión como la de poner abrupta y definitivamente término a la progresión educativa de un niño de especiales condiciones.

Siendo así, no queda a estos jueces más alternativa que la de concluir que el actuar enjuiciado no se atuvo a su normación obligatoria y que, consecuente con lo que se conceptualizó en supra 5°, se está en presencia de una conducta ilegal;

10°.- Abundando en el estudio en la objeción de ilegalidad, corresponde llamar la atención, ahora, sobre un predicamento central de la regulación propia del establecimiento recurrido, según el que el principal derecho del educando es ser tratado como persona y, por lo mismo, “escuchado, atendido en sus preocupaciones, respetado en sus opiniones y considerado como joven en edad de desarrollo y crecimiento”(fojas 25), por manera que se indica que incluso las manifestaciones de violencia física “serán manejadas con el fin de fomentar la toma de conciencia y el cambio; además de la reparación del daño entre los involucrados” (fojas 27). Con todo, se predica que “cualquier acto de violencia recibirá la sanción correspondiente para dar lugar a las medidas reparatorias antes mencionadas” (fojas idem).

Lo que se debe destacar es que el colegio ha estructurado su régimen educativo en un intento de convivencia a nivel de excelencia, entre niños que, por sus características, han sido admitidos en condiciones especiales, tal como lo acordaron las partes al momento de la incorporación de Tomás, según aparece del compromiso de fojas 16: “nombre reservado ingresará al colegio, en la modalidad de alumno con Necesidades Educativas Transitorias Moderadas por lo que recibirá apoyo de nuestros especialistas internamente”. (fojas17).

Esos parámetros ofrendan el fundamento del espíritu reparatorio del ejercicio de la potestad disciplinaria del ente educador, que ante manifestaciones de violencia exige un manejo destinado a la toma de conciencia y al cambio, tal como se adelantó.

Desde este prisma, surge una duda más que razonable en punto a que lo obrado por la demandada sea consecuente con uno de los contenidos esenciales de la regulación que ella misma se otorgó, motivo éste que refuerza la hipótesis de ilegalidad anteriormente asumida;

11°.- De cara, ahora, a la acusación de arbitrariedad, no está de más recordar que por tal ha de entenderse el acto desprovisto de fundamentos de razón o provisto de unos que, a la luz de las reglas objetivas de la lógica, resultan del todo irracionales, por manera que, sea como fuere, traslucen insensatez, asumen lo inaceptable, enseñan lo incomprensible, traicionan lo que pugna con aquel nivel de entendimiento generalizado que se anida en lo que usualmente se entiende por sentido común;

12°.- La expulsión sub ius se vio concretada en el documento que en copia rola a fojas 3, donde se expresa que nombre reservado ha perdido la posibilidad de continuar sus estudios en el establecimiento por haber agredido física y verbalmente a su profesor de música el 02 de diciembre de 2013, durante la realización de la clase, añadiendo que “la decisión tomada por la dirección del colegio y el consejo de profesores” ha sido elaborada en la convicción de que conductas como la presentada atentan contra el compromiso para con el resto de la comunidad educativa, habiéndose visto el colegio conminado a cancelar inmediatamente la matrícula, con fecha 03 de diciembre del año pasado.

Nada hay sobre la intrusión de la dirección y del consejo de profesores.

Así, desde el momento que la comunicación formal de extinción de la escolaridad se fundamenta, explícitamente, en antecedentes que no han sido acreditados en autos, no obstante la audiencia conferida al efecto a la recurrida, debe entenderse carente de fundamento y, en ese sentido, también arbitraria;

13°.- Sentadas la ilegalidad y la arbitrariedad del proceder enjuiciado, debe revisarse la comparecencia de la tercera de las condiciones de procedencia que se dejó enunciadas en el motivo 3° de esta resolución, esto es, si de aquéllas sigue directo o inmediato atentado a garantías constitucionales.

Sobre el particular estos jueces se hacen el deber de recordar que es de la esencia del derecho sancionatorio, cualquiera sea su especie, el establecimiento indubitado de la conducta imputada.

Precisamente para ello es que toda organización comunitaria -obviamente una corporación- se confiere una preceptiva destinada, entre otros objetivos esenciales, a satisfacer esa necesidad.

Aunque de manera asaz escueta, ya se ha dicho aquí que la legislación que vincula al colegio le exigía la audiencia del sancionado y de otras instancias, que constaran con mínima formalidad, lo que, no obstante, no aparece satisfecho en la especie.

Ello importa incumplimiento del derecho al racional procedimiento, consagrado en el artículo 19 número tercero de la ley primera, sujeto al presente amparo, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 25 de la Convención Americana;

14°.- De esa manera se tiene que comparecen en la especie todos y cada uno de los requisitos de procedencia de la acción del artículo 20 de la carta fundamental, toda vez que, conforme razonado, se está en presencia de una actuación indesmentida de parte del Colegio Altamira, revestida de ilegalidad y arbitrariedad, de la cual ha derivado atentado directo a la garantía del artículo 19 número 3° inciso sexto de esa legislación superior, encontrándose este tribunal en el deber de restablecer de inmediato el imperio del derecho, de la forma que se precisará, sin que sean necesarios otros análisis por ser, a estas alturas, inconducentes.

Consideraciones en virtud de las que se concede la protección impetrada a fojas 47 por nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, disponiéndose la inmediata reincorporación de éste al Colegio Altamira, en calidad de alumno regular y en los términos del contrato de prestación de servicios educacionales que en copia corre a fojas 14.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Remítase copia a la Superintendencia de Educación Escolar.

Redacción del ministro Cerda.

Protección N° 146576-2013 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Cerda Fernández, conformada por la Ministra (S) señora Teresa Carolina Figueroa Chandía y el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a doce de marzo de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.