nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

A los folios 12 y 14: téngase presente.

Al folio 13: a lo principal, como se pide. Al otrosí, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 24 de junio de 2025, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingeniero de petróleo, domiciliado en Estación Central, interponiendo recurso de protección en contra de la AFP Modelo S.A., representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de extranjero.

El recurrente expone que ingresó su solicitud de retiro de fondos a través de la plataforma habilitada por la AFP, acompañando la documentación requerida conforme a la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros.

Sin embargo, el 5 de junio de 2025 se le comunicó el rechazo fundado en que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumplía con el requisito de legalización consular previsto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Se argumenta que dicha exigencia resulta imposible de cumplir por causa de fuerza mayor, dado el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide obtener legalizaciones consulares.

Aun así, el recurrente acompañó declaración jurada notarial en Chile que acredita su afiliación, la cual debe tener pleno valor probatorio al haber sido emitida en territorio nacional.

Para reforzar su posición, el recurrente acompaña como antecedente comparativo la autorización otorgada por AFP Cuprum en un caso análogo, en que se aceptó documentación notarialmente jurada en Chile, sosteniendo que todas las AFP se rigen por la misma normativa y no pueden aplicar criterios disímiles, pues ello importaría un trato desigual y arbitrario.

Se hace presente que el documento de afiliación contiene un código de verificación electrónico que permite comprobar en línea la autenticidad de la afiliación al IVSS, lo que satisface el objetivo de la normativa.

En consecuencia, el rechazo de la AFP Modelo constituye un formalismo excesivo que desatiende la finalidad de la ley.

El recurso invoca expresamente la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2 CPR) y del derecho de propiedad (art. 19 N°24 CPR), señalando que la AFP ha impuesto requisitos adicionales no previstos por la ley ni por la Superintendencia de Pensiones, desconociendo el carácter suficiente de la documentación presentada.

Se citan diversas sentencias de Cortes de Apelaciones (Antofagasta, Valparaíso y Concepción) y de la Corte Suprema que, en casos análogos, han calificado como ilegales y arbitrarios los rechazos de solicitudes de devolución de fondos previsionales a extranjeros que sí cumplían con los requisitos sustantivos de la Ley N° 18.156.

Finalmente, se solicita acoger el recurso, ordenando que la AFP recurrida tenga por válidos los documentos acompañados y se pronuncie nuevamente sobre la solicitud dentro del plazo que la Corte estime, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, con fecha 03 de julio de 2025, comparece Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de AFP Modelo S.A., evacuando informe en el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado. Señala que el actor presentó solicitudes de devolución de fondos previsionales en tres oportunidades (10 de diciembre de 2024, 11 de marzo y 4 de junio de 2025), invocando la Ley N° 18.156, acompañando título profesional, constancia de afiliación al IVSS de octubre de 2023, constancia electrónica de cotizaciones de mayo de 2025, declaración jurada notarial de abril de 2025, contrato de trabajo y anexos suscritos con Cervecera CCU Chile, entre otros documentos.

Indica que, conforme al análisis efectuado, las solicitudes fueron rechazadas por no cumplirse los requisitos normativos: la constancia de afiliación de 2023 había perdido vigencia (validez de 120 días), la constancia electrónica de cotizaciones no constituye certificado de afiliación ni acredita cobertura efectiva, carece de firma, legalización o apostilla, y la declaración jurada no proviene de la institución previsional extranjera ni de autoridad consular. Cita expresamente el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que exige certificación de la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizada o apostillada, señalando en forma específica que el trabajador contó con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de servicios en Chile. Reproduce además instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (Oficios N° 21.480/2017 y N° 3.141/2024) en el mismo sentido.

Argumenta que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, sino que ha dado cumplimiento estricto a la normativa y a la interpretación obligatoria de la Superintendencia, cuya competencia fiscalizadora y reguladora es obligatoria para las AFP. Cita jurisprudencia reciente que ha rechazado recursos similares por carecer la documentación de validez formal, como la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago rol 22.142-2024, confirmada por la Corte Suprema (rol 13.722-2025), y otras de Valparaíso y Concepción dictadas en 2025, todas coincidentes en que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS no satisface los requisitos de autenticidad y legalización, siendo insuficiente el mero código de verificación en línea. Añade que, conforme a los artículos 345 y 345 bis del CPC, los instrumentos públicos extranjeros deben estar debidamente legalizados o apostillados para producir efectos en Chile.

En el derecho, expone que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, cuyas condiciones son copulativas y deben acreditarse de manera fehaciente. Al no cumplirse en este caso, la Administradora no podía proceder a la devolución solicitada sin exponerse a sanciones de la Superintendencia. Concluye que no existe vulneración a las garantías del artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución, pues la negativa se funda en la normativa aplicable y no en un trato desigual o arbitrario.

En definitiva, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, la acción de protección de garantías constitucionales, procede ante una actuación arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental. De esta forma, resulta indispensable no sólo la existencia de un derecho cierto y determinado por parte de quien ejerce la acción cautelar, sino que también, un actuar arbitrario del recurrido que amague y vulnere tal derecho, pues de no existir este perjuicio o amenaza, no se configuran los presupuestos que ameritan la adopción de medidas urgentes de cautela, que es el objetivo de esta vía excepcional.

CUARTO: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 1°, dispone: “Los profesionales y técnicos extranjeros contratados en Chile podrán mantener su afiliación en los organismos de previsión a que estuvieren adscritos en su país de origen, siempre que dichos organismos otorguen cobertura de invalidez, vejez y muerte y de salud, y que así se estipule en el contrato de trabajo”. Por su parte, el artículo 7° de la misma norma, establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades normativas, precisó los medios de acreditación exigibles, lo que hizo mediante la Circular N° 553, de 12 de febrero de 1988, la que en su número 1.1. letra b) establece expresamente: “La afiliación al régimen de seguridad social extranjero deberá acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada”. Asimismo, en relación a la calidad de técnico, la misma circular señala en la letra a): “Deberá acreditarse con documentos que den cuenta de los estudios especializados o profesionales del interesado, debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. Estas mismas disposiciones han sido recogidas y sistematizadas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, reiterando la exigencia de que los documentos se presenten “debidamente legalizados”.

A su turno, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 345, establece la regla general respecto de los instrumentos públicos extranjeros, al señalar: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”, agregando luego los mecanismos específicos de legalización mediante agentes diplomáticos o consulares y certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, en consecuencia, tanto la normativa administrativa sectorial como la legislación procesal general son concordantes en exigir que los documentos emanados de autoridades extranjeras se presenten en Chile con las debidas formalidades de legalización, requisito sin el cual carecen de valor jurídico y no pueden ser admitidos como medios válidos de acreditación.

SEXTO: Que, en el caso sub-lite, el recurrente acompañó un certificado de afiliación que carece de la referida legalización, de manera que no cumple con las exigencias normativas impuestas por la autoridad. En tales condiciones, la decisión de la AFP recurrida de no reconocer dicho documento como válido no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino la aplicación estricta del marco normativo vigente.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte ha procedido a verificar el código de autenticidad inserto en el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, acompañado por la recurrente en su libelo. Del resultado de dicha verificación consta que el certificado se encuentra actualmente vencido, lo que impide reconocerle valor probatorio suficiente para acreditar la cobertura previsional exigida por la Ley N° 18.156. En efecto, aun considerando el escenario excepcional derivado de la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, que podría llevar eventualmente a flexibilizar las exigencias formales de legalización o apostilla, la circunstancia de que el documento carezca de vigencia resta toda posibilidad de tenerlo como válido. De este modo, ni siquiera en un contexto de especial comprensión frente a la imposibilidad material de cumplir con ciertos requisitos formales, el instrumento presentado puede considerarse idóneo para enervar la decisión de la Administradora recurrida, la cual, por ende, aparece ajustada a derecho.

OCTAVO: Que, en definitiva, no se configura en la especie vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto la conducta de la recurrida se ajusta plenamente a derecho, razón por la cual el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese y archívese.

N° Protección- 14.656-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, el Ministro (S) señor Nibaldo Bernardo Arévalo Macías y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

En Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.