Protección contra la I

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 20, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado en representación de INVERSIONES Y RENTAS CORCOLEN LIMITADA quien deduce recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Vitacura, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el cobro de patente Municipal que pretende la recurrida respecto del 1° semestre de 2020.

Funda su recurso en que la recurrente es una sociedad de inversión pasiva que se constituyó el 24 de junio de 2009. Destaca que desde su constitución a la fecha sólo se ha mantenido y adquirido bienes con fines rentísticos (inmuebles, acciones, etc), sin involucrar la producción de bienes o la prestación de servicios.

Además esta sociedad no tendría empleados ni domicilio comercial ni realizaría atención de público.

Destaca que el artículo 23 de la Ley de Retas Municipales es el que define al sujeto pasivo de la obligación tributaria, y para ello se debe ejercer alguna de las actividades que allí se señalan.

Hace mención también al dictamen 27.677 emanado de la Contraloría General de la República el 25 de mayo de 2010 que establecería que el mencionado artículo 23 no grava a determinadas formas de organización empresarial ni atiende a su objeto social, sino que grava el ejercicio efectivo de ciertas actividades establecidas en su artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales.

También establecería dicho dictamen que cuanto a la mención que hace el artículo 24 inciso primero de las sociedades de inversión, que ello no puede entenderse en términos que el legislador haya constituido a dichas personas jurídicas por su sola naturaleza como sujetos del tributo municipal, con prescindencia del ejercicio efectivo de actividades gravadas.

Concluye que la inversión pasiva que, en general consiste en la adquisición de toda clase de bienes con fines rentísticos, sea cual fuere la forma jurídica que adquiera el inversionista, por no involucrar la producción de bienes, ni la prestación de servicios, no constituye una actividad que configure el hecho gravado del artículo 23 ya mencionado.

También destaca el Oficio N° 15.346 de 3 de febrero de 2020 de la Cámara de Diputados, que da cuenta de que se pretende incorporar un inciso 3° al artículo 23 en orden a gravar con este tributo a las sociedades de inversión pasiva.

Estima que el acto recurrido vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, y legalidad de trato en materia económica, y derecho de propiedad contenidas en el artículo 19 N° 2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva ordenar a la Municipalidad recurrida dejar sin efecto el cobro que pretende y se abstenga de efectuar nuevos cobros por este concepto, con costas.

SEGUNDO: Que en su informe la recurrida solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Expone que la Municipalidad de Vitacura, desde el primer semestre del año 2014 ha efectuado el cobro de patentes municipales a Inversiones y Rentas Corcolen Ltda., amparado en lo dictaminado por el Órgano Contralor en dictamen N°71250 del año 2012, que señala que “Por último, el referido considerando señala que “no es acertado estimar que si no hay ejercicio efectivo de tales actividades no se debe pagar patente municipal, desde que este gravamen es semestral y habilita para desarrollar las actividades a que se refiere el artículo 23 del Decreto Ley 3.063, sin que se requiera el ejercicio efectivo”

En este contexto, la Contraloría continúa señalando que “para determinar si una sociedad de inversión, de aquellas a que se refieren los peticionarios, está sujeta al pago de la referida patente el municipio -mediante sus procesos de fiscalización, los documentos que les sean acompañados por el contribuyente y la información que les proporcione el Servicio de Impuestos Internos- debe precisar si las actividades previstas en su objeto social están comprendidas dentro del hecho gravado definido en la ley, teniendo en consideración que si el objeto social incorpora, contiene, describe o permito la realización de actividades lucrativas, estas configuran hechos gravados de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales”

De esta forma, el cobro efectuado por la Municipalidad de Vitacura, de patentes municipales, a Inversiones y Rentas Corcolen Ltda., mal podría ser arbitrario o ilegal, siendo que el municipio se encuentra bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme al artículo 51 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Agrega que conforme a la Escritura Pública de fecha 24 de junio de 2009, “ División de Sociedad” se puede apreciar, que en su numeral quinto, se fija el texto refundido del nuevo pacto social, en cuyo numeral cuarto se fija el objeto social, señalando que “El objeto de la sociedad consistirá en la adquisición de bienes raíces, acciones, bonos, depósitos a plazo, pagarés, títulos de crédito y derechos en sociedades de personas de cualquier clase u objeto, con el fin de percibir las rentas que provengan de tales bienes. También podrá explotar bienes raíces en labores agrícolas, ganaderas, frutícolas y forestales y comprar bienes corporales muebles de cualquier clase con el ánimo de revenderlos. Dicho objeto social permitiría el cobro de la patente municipal pretendida.

Por último, señala que la Municipalidad de Vitacura efectuó el cobro de patente municipal a Inversiones y Rentas Corcolen Ltda., desde el 1er semestre del año 2014 hasta la fecha sin que nunca hubiera presentado recurso alguno en muy por el contrario, la recurrente procedió al pago de las patentes comerciales cuyos vencimientos ocurrieron entre el 1er semestre del año 2014 y el 2º semestre del año 2019.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un derecho indubitado que se encuentre en riesgo a causa del acto ilegal o arbitrario.

CUARTO: Que en el caso sub lite no existe un derecho indubitado de la parte reclamante, toda vez que existe una controversia jurídica previa entre las partes, cual es determinar si la reclamante se encuentra afecto al pago de la patente municipal regulado en el artículo 23 y siguientes del DL 3.063 de 1979, requiriéndose para ello un procedimiento de lato conocimiento. Por ello, la presente acción será desestimada.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido por Inversiones Y Rentas Corcolen Limitada en contra de la I. Municipalidad de Vitacura.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-14651-2020.