LAS CAMELIAS SPA con INSPECCION PROVINCIAL TRABAJO DE VALPARAÍSO

C.A. de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Alejandro Alegría Castro, abogado, en favor de Las Camelias SpA, deduciendo acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo, por el acto que estima ilegal y arbitrario que negó la solicitud de sustitución de multas, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, números 2 y 3, de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 16 de agosto de 2023, en el marco de una conciliación ante la Inspección del Trabajo, el señor nombre reservado aplicó a su representada una sanción porque se habrían cometido infracciones a la normativa jurídico-laboral. Mediante la Resolución Nº4369/23/66, se estableció que las infracciones, serían las siguientes: 1) No haber exhibido toda la documentación exigida que deriva de las relaciones del trabajo, necesaria para efectuar la audiencia de conciliación, específicamente el libro auxiliar de remuneraciones del mes de julio de 2023 y registro control de asistencia respecto de la trabajadora doña nombre reservado; 2) No comunicar por escrito, personalmente o por carta certificada dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación, de fecha 6 de julio de 2023, el término del contrato de trabajo de doña nombre reservado, por la causal establecida en el Nº5 del artículo 160 del Código del Trabajo; y 3) No enviar a la Inspección del Trabajo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la separación de la trabajadora doña nombre reservado, copia del aviso de término de su contrato de trabajo por la causal establecida en el Nº5 del artículo 160 del Código del Trabajo.

Señala que, se le aplicó una multa a beneficio fiscal de 10,2 Unidades Tributarias Mensuales, ejerciendo su parte oportunamente el derecho de solicitar la sustitución de las multas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

Empero, a través de la Resolución Exenta Nº1318-20172/2023, se rechazó la solicitud de sustitución de multas, basado en consideraciones erróneas y arbitrarias.

Expone que, ante este rechazo, con fecha 28 de diciembre de 2023, interpuso un recurso de reposición conforme al artículo 59 de la Ley N°19.880, y en subsidio, el pertinente recurso jerárquico. Sin embargo, la Dirección del Trabajo, el 5 de febrero de 2024, rechazó ambos recursos, arguyendo que la Orden de Servicio N°2 de 19/04/2016, de la Dirección del Trabajo, que instruye acerca de la aplicabilidad y procedimientos de los recursos contenidos en la Ley N°19.880, respecto de las Resoluciones de Multas, de Reconsideración Administrativa, de Sustitución por Capacitación y Programa de Asistencia al Cumplimiento, señaló que: "es necesario precisar que no proceden, respecto de las resoluciones objeto de esta instrucción, los recursos de reposición y jerárquico, por cuanto, el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación contenidos en los artículos 503 inciso 3, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante el Director del Trabajo". Ratificado por la Contraloría General de la Republica en su Dictamen N°9494/2007 de 28 de febrero del año 2007.

En cuanto al derecho, sostiene que la actuación de la Dirección del Trabajo no solo ha sido contraria a derecho sino también arbitraria. Argumenta que se han cometido al menos dos infracciones legales que hacen que el acto sea nulo, ilegal y arbitrario, afectando así los derechos constitucionales de la recurrente.

La primera ilegalidad, como se indicó precedentemente, radica en que se indicó que no hubo corrección en circunstancia que sí acompañó los documentos solicitados; y la segunda, radica en que se aplicaron dos multas en base a la infracción de un mismo artículo, el 162 del Código del Trabajo, violando así el principio "non bis in idem"; principio que forma parte del poder sancionador y consiste en la prohibición de sancionar a un mismo sujeto dos o más veces por un mismo hecho, por cuanto- supuestamente- no se habría cumplido con no comunicar al trabajador conforme al artículo 162, y, en los mismos términos por no haber comunicado, bajo la misma norma, a la Inspección del Trabajo.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, sostiene que la actuación de la Dirección del Trabajo viola la garantía del debido proceso, contemplada en el artículo 19 N°3 inciso 5 de la Constitución Política de la República, al actuar fuera de sus facultades legales e invadir atribuciones propias de los Tribunales de Justicia Laboral y al aplicar una sanción dos veces, irrespetando el principio del non bis in idem.

Argumenta también que se transgredió la garantía contenida en el artículo 19 Nº2 de igualdad ante la ley, puesto que la recurrida estableció criterios distintos de manera arbitraria, no comprendidos en la norma de rigor.

Pide, se acoja la presente acción de protección y se ordene a la recurrida que modifique, reemplace o deje sin efecto la resolución que impuso las multas en el sentido de rebajarlas, eliminar una para no vulnerar el principio non bis in ídem, o bien, acoger la sustitución de las multas impuestas, o lo que se considere acorde a derecho y justicia.

SEGUNDO: Que, comparece Juan Roberto Méndez Navarro, en representación de la Dirección del Trabajo, quien argumenta que el recurso de protección es improcedente en atención a la naturaleza del acto recurrido, pues esta acción constitucional no puede ser utilizada como un sustituto de procedimientos judiciales específicos contemplados en la legislación. Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Alega a su vez que el recurso también es improcedente, por faltar los requisitos constitucionales para su interposición. En efecto, adolece de un serio error, pues no individualiza contra qué actuación específica de la Dirección del Trabajo se recurre. Sin perjuicio de ello, se infiere que la acción se dirige contra la Resolución Exenta N°1318-3521-2024, de fecha 5 de febrero de 2024, que rechazó por improcedentes, los recursos de reposición y jerárquico presentados por la empresa en contra la Resolución Exenta N°1318-20178-2023, la cual a su vez, había rechazado una solicitud de sustitución de multa por participación en cursos de capacitación.

En cuanto a los hechos, expone que, con fecha 13 de julio de 2023, la trabajadora nombre reservado presentó un reclamo administrativo en contra Las Camelias SpA ante la Dirección del Trabajo. Se citó a un comparendo de Conciliación para el 16 de agosto de 2023, requiriéndose a la empleadora exhibir cierta documentación laboral. En dicho comparendo, el fiscalizador constató que la Empresa no exhibió la carta de aviso de término de contrato que debía haber enviado a la reclamante, ni la carta que debía enviar a la Inspección del Trabajo, como tampoco el Registro de Control de Asistencia ni el Libro de Remuneraciones, dictándose la Resolución de Multa N°1318-4369-2023-66-1-2-3-4 por diversas infracciones laborales.

La empresa presentó una solicitud de sustitución de la multa por capacitación el 5 de octubre de 2023, reconociendo haber incurrido en las infracciones y acompañando cierta documentación. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada mediante la Resolución Exenta N°1318-20172-2023, de fecha 18 de diciembre de 2023, por no haber acreditado la corrección de todas las infracciones conforme lo exige el artículo 506 ter del Código del Trabajo. Posteriormente, la empresa interpuso recursos de reposición y jerárquico contra dicho resolución, los cuales fueron declarados inadmisibles mediante la Resolución Exenta N°1318-3521-2024, de 5 de febrero de 2024, por ser improcedentes contra resoluciones que se pronuncian sobre solicitudes de reconsideración administrativa de multas.

En cuanto a la legalidad de la actuación impugnada, sostiene que actuó dentro de su competencia y con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales. Argumenta que la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de la Región Metropolitana Poniente actuó en pleno cumplimiento del mandato legal al declarar inadmisibles los recursos interpuestos por la empresa, conforme a lo dispuesto en la Orden de Servicio N°2 de 19 de abril de 2016 de la Dirección del Trabajo y el Dictamen N°9494/2007 de la Contraloría General de la República.

Respecto a la ausencia de arbitrariedad, afirma que la Resolución N°1318-3521-2024 fue emitida de acuerdo a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 19.880 y la Orden de Servicio N°2 de 19 de abril de 2016. Sostiene que la autoridad se limitó a resolver conforme a la doctrina vigente del Servicio en la materia específica, por lo que no puede hablarse de un acto antijurídico, contrario a derecho o inmotivado.

En relación a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, la recurrida niega que exista afectación alguna al debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política y que todas las actuaciones se ajustaron estrictamente a las normas que regulan la materia, respetando los procedimientos establecidos en la legislación laboral y administrativa ni la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N 2 de la Carta Fundamental, pues el trato dado a la recurrente, en todas las etapas del procedimiento administrativo, fue el mismo que se otorga a todos los administrados que recurren ante la autoridad laboral.

Pide, en definitiva, rechazar el presente recurso de protección, por improcedente, con costas.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, en consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que son hechos que se dan por establecidos con los antecedentes allegados, los siguientes:

a) Por Resolución 4369/23/66 de la Dirección del Trabajo se estableció que la recurrente incurrió en tres infracciones a la legislación laboral, por la que se aplicó una multa a beneficio fiscal de 10,2 UTM.

b) Que la recurrente solicitó la sustitución de la multa impuesta, de acuerdo con el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

c) Por Resolución Exenta N°1318-20172/2023, se rechazó la solicitud por no haber acreditado la corrección de las infracciones.

d) Con fecha 28 de diciembre del año 2023, dedujo recurso de reposición; y, en subsidio, el recurso jerárquico.

e) Por Resolución Exenta N°1318/35212024, de 5 de febrero del año 2024, se rechazaron ambos recursos.

SEXTO: Que, en primer lugar, del tenor del recurso en estudio, no está claramente individualizado cual es el acto arbitrario e ilegal que impugna, pues de acuerdo a su petitorio, podría entenderse que impugna aquélla que le impuso la multa o la que rechazó su sustitución; sin embargo, atendido que se dedujo el día 5 de marzo del año 2024, en realidad, se recurre de la que rechazó los recursos de reposición y el jerárquico de 5 de febrero del año 2024,- acto terminal- cumpliéndose, de este modo, el plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SEPTIMO: Que, en segundo lugar, como puede advertirse de las argumentaciones de las partes, existe una controversia sobre el cumplimiento o incumplimiento de la o las infracciones que dieron origen a la sanción. En efecto, la recurrida señala que ello no ocurrió y por ello negó lugar a la sustitución, lo que discute la recurrente, ya que arguye que presentó los documentos solicitados y que envió las cartas de comunicación del despido de la trabajadora.

OCTAVO: Que, de lo que se expone en el motivo precedente, se advierte que la recurrente carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y para ser protegido por la presente vía; por el contrario, se detecta- como se ha dicho- en forma clara y expresa, la existencia de un conflicto, lo que excede el ámbito de esta acción cautelar.

NOVENO: Que, en efecto, se trata de materias que se encuentran expresamente reguladas en el Código del Trabajo, en el artículo 506 ter en relación con los artículos 503 y 511 del mismo Estatuto, alejándose del objeto pretendido por esta acción cautelar y cuyo conocimiento, corresponde a los Tribunales del Trabajo, quienes son competentes para resolver, en definitiva, lo planteado por las partes.

DECIMO: Que de acuerdo con lo que se viene razonando, corresponde desestimar la acción cautelar constitucional en estudio; pues lo pretendido es, en definitiva, sustituir o remplazar el procedimiento que estableció la ley y que sea dirimido por esta vía, lo que resulta improcedente; por lo que se desestimará el arbitrio en estudio, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre la existencia o no de las garantías denunciadas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por Las Camelias SpA, en contra de la Dirección del Trabajo.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-1465-2024.