nombre reservado con INVERSIONES ALSACIA S.A.

Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 1° de marzo de 2019 comparecen los recurrentes Sebastián Osvaldo Troya González, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Juan Humberto Cofré Vásquez, todos abogados y domiciliados en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut:RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut:RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut:RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado;nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut:RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut:RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut:RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut:RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; ex trabajadores Empresa Alsacia, por el acto arbitrario e ilegal cometido por las recurridas Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, representada por su Director Regional, don Jorge Antonio Meléndez Córdova, ambos domiciliados en domicilio reservado, e Inversiones Alsacia S.A., representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Que el Acto arbitrario e ilegal de la recurrida consistiría en haber prohibido a todos y cada uno de los recurrentes formular reserva de derechos en los finiquitos, por lo que solicitan que se restablezca el imperio del derecho, permitiendo la reserva de derecho en el finiquito.

Indican que el 18 y 19 de febrero del año en curso, en dependencias de la empresa Alsacia S.A., calle 5 Poniente, Maipú, los recurrentes fueron citados con el objeto de suscribir un finiquito. Al leer los trabajadores el finiquito, se percatan que la empleadora invocaba una causal de terminación del contrato inaplicable al caso (necesidades de la empresa) y no se incluían las horas extraordinarias en la base remuneracional, lo que traía una disminución del dinero a recibir.

Al manifestar los trabajadores que les permitieran formular la reserva en los mentados finiquitos, los funcionarios de la Dirección del Trabajo, presentes en el acto, nombre reservado y nombre reservado, negaron toda posibilidad a los trabajadores de formular las referidas reserva de derechos, arguyendo que se trataba de una acto consensual y que no se podía adicionar texto sin el consentimiento del otro contratante. Por lo mismo, algunos trabajadores se dirigieron a personas del área de Recursos Humanos de la empresa, quienes manifestaron igual predicamento. Posteriormente, el funcionario nombre reservado señaló que ese proceder concuerda con la doctrina del organismo fiscalizador, manifestada en los dictámenes N° 824/21 de 26 de febrero de 2003; N° 3594/95 de 7 de agosto de 2017, pese a que algunos trabajadores hicieron ver que ante consultas telefónicas del organismo fiscalizador se les señaló que era totalmente factible dejar reserva de derechos en los finitquitos porque era un derecho irrenunciable. De esta forma, tanto la autoridad adimisnistrativa como la empresa privada conculcan el derecho irrenunciable de los trabajadores de Alsacia, conductas que son arbitrarias e ilegales.

En cuanto a las garantías fundamentales vulneradas por esta actuación, señala que son la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 del mismo texto fundamental.

Piden que se acoja el recurso en todas sus partes declarando que: 1º) La reserva de derechos en un finiquito es un derecho irrenunciable que no requiere la autorización del empleador, solo de la voluntad del trabajador, así lo establece el artículo 5 del Código del Trabajo y nuestros tribunales superiores de justicia; 2º) Al ser la reserva de derechos un derecho irrenunciable del trabajador es ilegal y arbitraria toda conducta que la prohíba ya sea del empleador o del ministro de fe otorgante, debiendo velar este último a su protección; 3º) Tanto la empresa Inversiones Alsacia S.A. como la Dirección del Trabajo, de acuerdo a los antecedentes descritos, conculcaron la facultad de los trabajadores de formular reserva de derechos en un finiquito laboral, están incurriendo en una acto arbitrario e ilegal que afecta la garantía constitucional del articulo 19 Nº 2 y 3 de la Constitución Política de la Republica ya que el acto afecta directamente la igualdad ante ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; 4º) Los recurridos deben permitir la reserva de derechos a los recurrentes dentro del plazo de 5 días, o el que estime justo S.S.I., en las dependencias de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente una vez ejecutoriada la causa, y 5º) Que se condene en costas a los recurridos.

Segundo: Que la recurrida Sociedad Inversiones Alsacia S.A. evacuó su informe, manifestando que, en el caso de los recurrentes, se trataba de trabajadores del depósito de buses ubicado en Puente Alto, y debieron presentarse en el terminal de avenida Cinco Poniente en la comuna de Maipú, puesto que el lugar donde ellos trabajaban (Terminal) fue entregado al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con fecha 15 de febrero de 2019. Sus finiquitos se prepararon de forma anticipada al plazo que establece la ley, y se pagaron los días 18 y 19 de febrero de 2019.

Conforme lo programado y conversado con la autoridad y las diferentes organizaciones sindicales, los días 18 y 19 de febrero se montó un operativo con personal de recursos humanos de Alsacia, inclusive con la asistencia y apoyo de personal de la Dirección del Trabajo, quienes actuaron como Ministros de Fe.

En efecto, y por razones de espacio físico se estableció el ingreso diferido y de acuerdo con una nomina de los trabajadores al interior de las oficinas, y bajo ningún punto de vista como un esquema conspirativo o perjudicial como pretenden hacer valer los recurrentes.

A todos los trabajadores en presencia de sus dirigentes sindicales y de funcionarios de la Dirección del Trabajo se les exhibió su finiquito, y solo en el caso de estar conformes se les solicitó su suscripción y se les hizo entrega del pago de sus indemnizaciones, señalándoles a todos los trabajadores que para el caso de existir alguna disconformidad ya sea por un error de escrituración de los conceptos, o en el cálculo de las indemnizaciones que contuviere el finiquito, serían citados a las oficinas dentro del plazo de diez días que establece la ley, para los efectos de aclarar las dudas o recalcular su finiquito si fuere necesario.

La gran y abrumadora mayoría de los trabajadores de Alsacia, recibió conforme sus finiquitos en atención a que se realizó un proceso participativo y trasparente; sin embargo, los únicos disconformes son este pequeño grupo que recurre de protección.

Respecto de las cuestiones planteadas por los recurrentes, no se ajustan a la realidad.

Del mismo modo, no hubo por parte de los agentes causantes una privación de un legítimo ejercicio de un derecho irrenunciable, de carácter indubitable. La cuestión finalmente planteada en el recurso es si la reserva de acciones que solicitan en el finiquito es o no una vulneración de derechos fundamentales por el hecho de haberse negado la Dirección del Trabajo y esta parte en aceptar lo propuesto por los trabajadores, lo cual desde su perspectiva, constituye una actuación ilegal y arbitraria que lesiona los derechos invocados por los recurrentes.

El recurso resulta improcedente, por cuanto la materia recurrida tendiente a examinar el sentido y alcance de modificaciones a un finiquito es una cuestión contractual y no es susceptible de ser revisada en sede de protección, desde que la interpretación, ejecución y efectos de los contratos laborales y por ende sus finiquitos, constituye un asunto de lato conocimiento, a la par que, si se quisieran plantear judicialmente las objeciones de que da cuenta el recurso, deben formularse a través del procedimiento especial y de uso preferente que hoy contempla nuestro ordenamiento jurídico, tratándose del ejercicio de acciones laborales.

El recurso sostiene una confusión ya que no explica la forma en que el acto recurrido priva, perturba y amenaza, a la vez, los derechos de las recurrentes, lo cual es imposible, pues sólo puede situarse en una de esas hipótesis y, en el caso de autos, ni siquiera se configuran los requisitos que la jurisprudencia unánimemente ha exigido para que se trate de una amenaza al ejercicio de los derechos que se invocan como amagados. Se trata de un asunto de lato conocimiento.

La improcedencia resulta clarísima desde que lo cuestionado dice relación con la interpretación y alcance de los efectos que se derivarían de un finiquito laboral. Existe, además, un procedimiento especial y de aplicación preferente.

Por último, en esta materia, la acción de protección es improcedente por cuanto hoy en día, existe una herramienta jurídico procesal, que es la norma del artículo 420 letra A del Código del Trabajo. Ni siquiera se configura una amenaza, privación o perturbación de derechos.

Nunca se obligó a los trabajadores a firmar su finiquito, es más, la Dirección del Trabajo les informó que si no estaban de acuerdo con el finiquito no lo firmaran e hicieran el reclamo administrativo ahí mismo.

Al no existir acto u omisión arbitraria e ilegal imputable a mi representada que da origen a la interposición de la acción de protección, se debe necesariamente declarar inadmisible en la sentencia de protección de la acción cautelar impetrada o, derechamente rechazarla en cuanto al fondo por la improcedencia de los derechos alegados.

A mayor abundamiento no existen derechos indubitados por cuanto, el Recurso de Protección se utiliza en muchas ocasiones para derechos que pueden ser considerados más como derechos patrimoniales que derechos fundamentales.

Por último, sostiene que las supuestas garantías fundamentales conculcadas no están protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que la recurrida Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente evacuó su informe, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por los fundamentos de hecho y derecho que desarrolla a continuación. Resulta manifiesto, que lo que finalmente pretenden los recurrentes no es que se deje sin efecto una actuación de un tercero a efectos de restablecer un derecho, sino que se desconozca la validez de una actuación efectuada por cada uno de los recurrentes, como es la firma de cada uno de sus finiquitos. Evidentemente el objeto de la acción intentada no es validar el arrepentimiento de una actuación efectuada libremente.

Al haber los recurrentes igualmente procedido a la ratificación del finiquito, concurre el pleno poder liberatorio de las obligaciones que le pudieron afectar con motivo de la relación laboral que se extinguió, constituyendo dicho instrumento, el ratificado, plena prueba del pago o solución de las prestaciones laborales que ahí se consignaron.

Los recurrentes intentan plantear que se habrían visto obligados a ratificar igualmente los finiquitos. Supuestamente se habrían visto obligados moralmente a tener que firmar el finiquito, acusando a esta Dirección del Trabajo, de retener el pago de las prestaciones que en esos instrumentos se consignaban. Dicha acusación es total y absolutamente ajena a la realidad, además de carente de lógica, en primer término porque la Dirección del Trabajo no tiene ninguna facultad ni posibilidad de retener ninguna clase de pago. La consecuencia no solo lógica, si no que también legal, de la no firma de los finiquitos es evidentemente el no pago de estos, lo cual no constituye en ningún caso una “retención” ilegal.

Claramente el informar a los trabajadores cuáles son sus posibilidades frente al finiquito y cuáles son los efectos de cada una de ellas no constituye en caso alguno una amenaza.

Los recurrentes refieren como infringido el articulo 19 N°3 en cuanto a la “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”. La presente acción cautelar es inadmisible, puesto que contiene un error o un vicio que obligaría a la Corte de Apelaciones a declarar su rechazo, por haberse invocado Garantías Constitucionales no previstas para la acción de protección. El inciso 1° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política, invocado por la recurrente como unos de los derechos que se habrían visto afectados, no se encuentra dentro de los derechos y garantías constitucionales que taxativamente proceden para invocar la acción de protección. Así las cosas, resulta manifiesto que los recurrentes pretenden extender la aplicación de la protección establecida en el artículo 20 de nuestra Constitución a un derecho no previsto por esta, por lo cual resulta ciertamente inadmisible.

Recurre igualmente la contraria en relación con el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, respecto de la cual únicamente señala que se trata de “la igualdad ante la ley” vinculándola con el artículo 5 del Código del Trabajo y con la acción de tutela establecida en el artículo 485 del Código del Trabajo. No se observa de qué manera su representada podría haber infringido la garantía referida, pues en caso alguno se otorgó a los recurrentes un tratamiento distinto a otros administrados, ni tampoco se les aplicó ley alguna en manera diferenciada.

Nada aporta a comprender el fundamento de la acción de protección la referencia al artículo 5° del Código del Trabajo, puesto que si bien es cierto este establece la irrenunciabilidad de los derechos establecidos por las leyes laborales, lo cierto es que no existe ninguna ley que establezca la existencia del “derecho” a efectuar reservas unilaterales en los finiquitos.

Finalmente alude a la doctrina del servicio en esta materia. Señala que los Inspectores del Trabajo tienen competencia para conocer y resolver reclamos de trabajadores relacionados con derechos reservados en un finiquito en todos aquellos casos en que no exista controversia entre las partes, referente a la existencia misma del derecho, como fue el caso del finiquito ratificado por el ex trabajador nombre reservado, quien formuló reserva de derechos con el acuerdo de la ex empleadora, razón por la cual fue ratificado por el ministro de fe que lo suscribe. Así, un finiquito que no adolezca de vicio alguno sea que da cuenta del cabal cumplimiento que han dado las partes a sus obligaciones laborales y previsionales, ya sea testimonio de la entrega de ciertas sumas de dineros por diversas prestaciones o remuneraciones atrasadas, indemnizaciones de perjuicios, etc., ya sea por la existencia de obligaciones pendientes; constituye un instrumento inimpugnable.

La doctrina en comento supone la existencia del acuerdo de las partes para los efectos de efectuar una reserva de derechos en el mismo documento de que se trata, ello por cuanto si el finiquito es una convención, en que han consentido voluntariamente el trabajador y el empleador, produciendo recíproco poder liberatorio, no es susceptible, a juicio de la Dirección del Trabajo, de ser modificado o desvirtuado posteriormente por una declaración unilateral de una de las partes que lo otorgó, sin que concurra la voluntad del otro contratante Llama poderosamente la atención en este punto, que la propia recurrente haga referencia al carácter de convención del finiquito, destacando incluso la relevancia de la voluntad de las partes que lo suscriben, para luego pretender que tiene derecho a modificar ese acto bilateral mediante una declaración unilateral.

No siendo ilegal ni arbitraria la actuación de la recurrida, es dable entender que en la situación planteada por la recurrente no ha existido privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos que erradamente señala, sino que únicamente se vio enfrentada a una materia cuya interpretación previamente establecida por la Dirección del Trabajo no estaba en conformidad a sus pretensiones.

Pide el rechazo del recurso, con costas, por inadmisible, improcedente y por no haber vulnerado la Dirección del Trabajo garantía alguna.

Cuarto: Que, para que pueda acogerse el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, que signifique una privación, una perturbación o una amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución.

Quinto: Que, sin duda hay varias razones que llevan al rechazo del presente recurso. La primera de ellas consiste en que, durante los alegatos, la abogada de los recurrentes reconoció que, además de esta via cautelar se había presentado ante la justicia laboral una acción tendiente a solicitar la nulidad de los mentados finiquitos, la que estaba en actual tramitación. Esa circunstancia demuestra por si solo que los hechos que motivan esta via cautelar ya se encuentran bajo el imperio del derecho, en un procedimiento que es más idóneo que esta acción constitucional, ya que en esa sede se pueden aportar pruebas, discutir el fondo y requerir las compensaciones que sean pertinentes a los eventuales abusos que se denuncien.

Sexto: En efecto, escapa al fin del recurso de protección, servir como un medio declarativo de derechos, como son las que se formulan por los recurrentes en lo petitorio del arbitrio, ya que esas determinaciones son propias de un procedimiento de lato conocimiento, ajeno a la naturaleza de este recurso.

Séptimo: Que, por otra parte, de los antecedentes reunidos, se desprende que los recurrentes ya suscribieron los finiquitos cuyo tenor discuten por esta vía, al no poder hacer uso de las reservas, de modo tal que esta Corte considera que no hay medidas que pueda adoptar al respecto para subsanar esa actuación.

Octavo: Por último, y sin perjuicio de todo lo anterior, tampoco se advierte alguna vulneración a las garantías fundamentales referidas por los recurrentes, desde que los fundamentos de esas supuestas trasgresiones no se encuentran comprendidas en el ámbito de protección que establece el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En consecuencia, por las razones precedentes, la acción constitucional debe ser rechazada.

Y con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección, deducido por el abogado Sebastian Troya González y otros a favor del trabajador nombre reservado y otros en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente y de Inversiones Alsacia S.A., sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 14.648-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el ministro (S) señor Rodrigo Palma Ruiz.

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