nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en haber requerido a su empleador, Normet Chile Limitada, un descuento de $239.817 en su remuneración de abril de 2026, del que tomó conocimiento el 30 de ese mes al recibir su liquidación de sueldo, lo que estima vulneratorio de la garantía del artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 8 de noviembre de 2024 suscribió el pagaré Nro. 033CON104000863, por $3.393.406, pagadero en 48 cuotas mensuales de $119.360 a contar del 31 de enero de 2025, con cláusula de aceleración y autorización para deducir las cuotas de sus remuneraciones; que cayó en mora, y que la recurrida optó por demandarlo ejecutivamente en la causa Rol C-9475-2025 del Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, la que, según afirma, se encuentra con la resolución de abandono del procedimiento favorable a su parte. Añade que, no obstante, la Caja reanudó unilateralmente el cobro por planilla, sin notificación formal ni carta certificada previa y por una suma necesaria para su subsistencia.

Sostiene que, habiendo judicializado el cobro mediante la cláusula de aceleración, la recurrida renunció voluntariamente a la vía de los descuentos y no puede revivirla, pues ello configura un abuso del derecho y un enriquecimiento sin causa, y que las Cajas están obligadas, al menos, a dar noticia previa de sus determinaciones al afectado.

Solicita que se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados y los que se practiquen durante la tramitación del recurso, con costas.

Segundo: Que informó la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso. Expone que el recurrente, afiliado en su calidad de trabajador dependiente de Normet Chile Limitada, mantiene dos operaciones de crédito social: la Nro. 147CON103264072, otorgada el 23 de mayo de 2024 por $7.960.968, en 36 cuotas de $342.840, que ante el incumplimiento de la cuota de enero de 2025 fue reprogramada el 11 de marzo de 2025, con aceptación expresa del deudor por correo electrónico, en $7.368.098, pagaderos en 48 cuotas de $278.186 a contar del 31 de mayo de 2025, registrando solo un abono de $89.974 el 9 de mayo de 2026 y doce cuotas impagas; y la Nro. 033CON104000863, de 8 de noviembre de 2024, por $3.393.406, en 48 cuotas de $119.360, en mora generalizada.

Señala que actúa en cumplimiento del artículo 22 de la Ley Nro. 18.833 y del artículo 58 del Código del Trabajo, que imponen al empleador el deber de descontar por planilla las cuotas de crédito social, mecanismo autorizado por el propio deudor en los contratos y en la reprogramación. Alega que el recurrente carece de un derecho indubitado, que la controversia sobre exigibilidad de cuotas, saldos y validez de la reprogramación es de lato conocimiento y que no agotó la vía de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Sobre el fondo, sostiene que no hay ilegalidad ni arbitrariedad, y que el punto 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de Normas de dicha Superintendencia permite la coexistencia del cobro judicial y del descuento por planilla, con la sola exigencia de informar al tribunal, en la etapa de liquidación, las cuotas descontadas para que sean rebajadas del total adeudado.

Finalmente, enfatiza que no existe vulneración de las garantías de los numerales 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que dicha disposición contempla, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho cuando éste resulte afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, perturbe o amenace su ejercicio.

Cuarto: Que de los antecedentes aparece que no se discute que el recurrente contrató con la recurrida los dos créditos sociales que ésta individualiza, autorizando su pago mediante descuento de sus remuneraciones, incluso por futuros empleadores; que el 11 de marzo de 2025 aceptó por correo electrónico la reprogramación del crédito 147CON103264072, en 48 cuotas de $278.186, y que incurrió en mora respecto de ambas operaciones.

Consta, asimismo, que el 4 de julio de 2025 la Caja dedujo en su contra la demanda ejecutiva Rol C-9475-2025 ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, fundada en el pagaré del crédito 033CON104000863, por el total de $3.393.406, causa en la que se despachó mandamiento el 6 de agosto de 2025, se requirió de pago al ejecutado el 5 de noviembre de 2025, éste opuso excepciones y el 23 de febrero de 2026 se decretó embargo sobre su devolución de impuestos del año tributario 2026 hasta por el monto demandado, sin que exista en el expediente acompañado resolución alguna que declare el abandono del procedimiento, como se afirma en el recurso, y que en la liquidación de remuneraciones de abril de 2026 figura un descuento a favor de la recurrida por $239.817, no precisando el informe a cuál de las dos operaciones fue imputado.

Quinto: Que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, y que se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Por tanto, el descuento practicado tiene una fuente legal y contractual, y la interposición de una demanda ejecutiva no extingue la obligación ni importa una renuncia de la acreedora a ese mecanismo de pago.

Sexto: Que tratándose del crédito social 147CON103264072 la obligación no es objeto de cobro judicial, de manera que a su respecto no concurre la doble vía de cobro que el recurso denuncia; fue además el propio recurrente quien aceptó su reprogramación y el pago en cuotas mensuales y solo registra un abono de $89.974.

Ahora bien, la discrepancia relativa a la cuantía del descuento en relación con la cuota pactada y a la forma de imputar los pagos corresponde ser planteada ante la Superintendencia de Seguridad Social o en el procedimiento declarativo que corresponda, pues requiere una discusión y prueba incompatibles con la naturaleza sumaria de esta acción.

En consecuencia, en lo que se refiere a dicha operación, el descuento se ajusta a la normativa vigente y no es ilegal ni arbitrario.

Séptimo: Que distinta es la situación del crédito social 033CON104000863, por cuento a su respecto la recurrida optó por la vía judicial, haciendo exigible anticipadamente la totalidad de la obligación mediante la cláusula de aceleración y demandando ejecutivamente el total del pagaré, juicio que se encuentra pendiente, con excepciones opuestas y embargo trabado sobre la devolución de impuestos del ejecutado, y en forma paralela reactivó su cobro por planilla. De este modo, es evidente que una misma obligación se encuentra sometida simultáneamente a la ejecución por el total y al pago en cuotas por descuento de remuneraciones.

Octavo: Que, en esas condiciones, el descuento por planilla del crédito 033CON104000863, practicado en paralelo a una ejecución pendiente por el total de la misma obligación, expone a la recurrente a que una misma acreencia sea considerada íntegramente pendiente en el juicio ejecutivo y, a la vez, pagada en cuotas por descuento de sus remuneraciones, lo que constituye una actuación arbitraria que afecta su derecho de propiedad sobre estas y conduce a acoger el recurso solo en esa parte.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y 22 de la Ley N° 18.833, que establece el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se ordena a la recurrida cesar con los descuentos en las remuneraciones del actor relacionados al crédito social 033CON104000863 y restituir a la recurrente, dentro de décimo día contados desde la notificación de esta sentencia, la o las sumas descontadas por este concepto.

Comuníquese lo resuelto por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

N° 14647-2026.