nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Compin Metropolitana, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por infringir las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1º, 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone que con fecha 02 de junio 2025, recibió por correo electrónico Resolución Exenta NºR-01-UJU-75812-202,5 de fecha 2 de mayo de 2025, la cual ratifica lo obrado por la COMPIN Subcomisión Metropolitana, en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas pre y post natal Nº20181156 y Nº113900989, "Por no acompañar la recurrente antecedente que remitir que acrediten la solvencia económica de su empleador". A su vez, la Compin Metropolitana en resoluciones de fecha 12 y 18 de febrero de 2025 resolvió que las licencias médicas otorgadas por concepto de descanso pre natal y post natal, respectivamente, no ameritaban derecho a subsidio por no tener vínculo de subordinación y dependencia con don nombre reservado, en su calidad de representante legal y socio mayoritario de su empleador nombre reservado SpA, Rut RUT reservado

En cuanto a los hechos refiere que, con fecha 1 de mayo de 2021 celebró contrato de trabajo en labores de administradora con su empleador nombre reservado SpA, representada legalmente por don nombre reservado, el cual fue autorizado ante la Notario Público doña nombre reservado con fecha 31 de mayo de 2021. Desde esa fecha percibió sus remuneraciones y fueron descontadas de estas, los montos correspondientes a cotizaciones de seguridad social.

Relata que con fecha 30 de enero de 2024, celebró matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal con don nombre reservado, esto es, cuando el vínculo laboral con su empleador ya tenía dos años y ocho meses de antigüedad.

A su vez, con fecha 25 de enero de 2025 nació su hija nombre reservado, y se le extendieron las licencias médicas Nº20181156 y N°11390989 por concepto de pre y postnatal.

Advierte que su matrimonio con el representante legal y socio mayoritario de su empleador es un hecho sobreviniente, es decir, cuando ya habrían transcurrido más de dos años y medio de relación laboral, por ende, no ha existido mala fe de su parte.

Afirma que la ley al otorgar el subsidio respectivo por concepto de licencias médicas por concepto de descanso pre y post natal, busca dar protección a la creatura que está en el vientre materno y luego al recién nacido hasta los primeros seis meses de vida, que comprende el post natal y el denominado post natal parental. Por lo anterior, el subsidio va en beneficio del menor, ya que aporta a su manutención.

Refiere que al negar su derecho al pago de los subsidios de licencias médicas por maternidad, se está vulnerando entre otros, su garantía al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, en razón de que, al momento de contraer matrimonio con el representante legal de su empleadora, ya tenía más de dos años y medio de antigüedad laboral. Es así, que se vulnera a su hijo recién nacido, por el sólo hecho de haber contraído su madre matrimonio con el representante legal y socio mayoritario de su empleadora.

Sostiene que las normas laborales son de orden público y, por ende, su aplicación e interpretación es de derecho estricto. Por lo anterior, no puede la Compin Metropolitana ni la SUSESO establecer como una causal de término de la relación laboral o hacer inaplicables las normas laborales y previsionales respecto de causales o circunstancias no establecidas en la ley. En efecto, el hecho que la trabajadora o el trabajador contrajere matrimonio con el representante legal o socio mayoritario de su empleador, no se encuentra establecida en la ley como una causal de término de la relación laboral. Es así, que las causales de término de una relación laboral se encuentran comprendidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, no pudiendo aplicarse otras causales distintas de aquellas establecidas por el legislador.

Asevera que, a su vez, el actuar de las recurridas, representa una vulneración al artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, puesto que mantener el rechazo de las referidas licencias médicas, constituye una privación de la remuneración a la cual tiene derecho el trabajador como subsidio, lo cual es financiando por el propio trabajador, lo que conlleva a una clara vulneración al derecho de propiedad.

Indica que, al momento de su contratación, esto es, 01 de mayo de 2021, no tenía vínculo jurídico alguno con su actual marido, por lo anterior, el contrato de trabajo nació válidamente a la vida del derecho.

Señala que al privarla del pago de sus subsidios por concepto de pre y postnatal, aparte de afectar a su hijo recién nacido, vulnerando las garantías constitucionales de los Nº1 y N°2 del artículo 19 de la CPR, también vulneran la del artículo N°24 de la CPR, ya que, al momento de contraer matrimonio, ya tenía más de dos años y ocho meses de antigüedad laboral y se encontraban pagadas en tiempo y forma más de 32 meses de cotizaciones de seguridad social, privándola injustamente de su derecho a los subsidios respectivos.

Por lo expuesto, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de Compin Subcomisión Metropolitana, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, admitirlo a tramitación y en definitiva, luego de ordenar su respectivo informe, se sirva acogerlo, declarando que la Resolución Exenta NºR-01-UJU-75812- 2025, de fecha 02 de mayo de 2025, la cual ratifica lo obrado por la COMPIN Subcomisión Metropolitana, en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas Nº20181156 y Nº11390989, es arbitraria e ilegal; y por ende, se ordene a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar dichas licencias médicas y disponer el pago del subsidio de incapacidad laboral temporal por razones de descanso prenatal y postnatal, subsecuentemente, adoptando las medidas administrativas y de otra índole indispensables para este objeto; ordene a la COMPIN subcomisión Metropolitana Oriente autorizar las licencias médicas Nº20181156 y Nº11390989, y disponer el pago de los subsidios respectivos, todo ello, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacua informe don nombre reservado, mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, y a su vez, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), quien señala que doña nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, quien confirmó lo resuelto por la Compin R.M., siendo esto la autorización de las licencias médicas N° 20181156 y 113900989, por un total de 126 días a contar del 18 de diciembre de 2024, pero sin derecho al pago de subsidio.

Indica que, al analizar los sistemas informáticos de la COMPIN R.M., quedó ingresada en el expediente administrativo, y en el sistema SIF, que luego de cursar las licencias médicas individualizadas anteriormente, a la Sra. nombre reservado, le fueron efectivamente autorizadas por esa repartición.

Aduce que la razón del por qué a la Sra. nombre reservado se le autorizaron las licencias médicas, pero esto sin tener derecho a subsidio, corresponde a que no se logró acreditar solvencia económica, ni ingresos suficientes del empleador, esto se concluyó, debido a que la recurrente no acompañó antecedentes contables que lograran acreditar la mencionada solvencia económica de nombre reservado Spa, R.U.T. N° RUT reservadoAgrega que, en el Sistema de Información de FONASA (SIF), se acreditó que las dos licencias médicas reclamadas y anteriormente individualizadas, fueron autorizadas por la COMPIN Región Metropolitana sin derecho a pago de subsidio maternal, debido a que se consignó en cartola médica, que, junto a la falta de antecedentes contables que acreditaran la solvencia, la recurrente y el empleador, están casados en sociedad conyugal. A mayor abundamiento, se informa que el empleador es el padre del recién nacido, habiendo manifiestos indicios de intenciones de defraudar al sistema.

Indica que el vínculo entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Tercero: Que, informa don nombre reservado, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien, antes de informar respecto del fondo de la acción de protección, solicita que se declare su improcedencia, por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea.

Arguye que, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 25 de junio de 2025, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias dispuesto por su representada de los formularios en comento.

En efecto, en virtud de la presentación de fecha 2 de mayo de 2025 que realizó la recurrente ante su representada, se evidencia que hace más de 30 días antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias reclamadas. Por lo tanto, es posible concluir que la Sra. nombre reservado tenía conocimiento cierto de la situación en comento, muchos meses antes de la presentación del presente recurso.

Solicita se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, solicita se declare improcedente la acción, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, con costas.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

En primer lugar se refiere al marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección, y luego alude a las justificaciones médico- administrativas.

Precisa que la Superintendencia de Seguridad Social no pretende determinar la existencia de una relación jurídica de orden laboral, simplemente lo que pretende es verificar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la concurrencia de los requisitos que exige la legislación, en el ámbito de la seguridad social, para otorgar una licencia médica y obtener el correspondiente subsidio. En efecto, el primer requisito, que ha de cumplirse para ese fin, es el de tener la calidad de trabajador dependiente o independiente, siendo un dato de la causa, que la Sra. nombre reservado no tenía indubitablemente dicha condición a la luz de lo resuelto por su representada.

Además, el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores, no bastando la sola exhibición de documentos formales, como lo son el contrato de trabajo, liquidaciones de remuneración y planillas de pago de cotizaciones, más aún si ellos resultan ser dubitados en el proceso de fiscalización, precisamente, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

Asevera que, en la especie, no se ha acreditado la existencia de un vínculo real y efectivo entre la trabajadora y su supuesto empleador, quien además es padre del menor. No se configura la subordinación y dependencia propias de una relación laboral, considerando además que ambos cónyuges se encuentran sujetos al régimen de sociedad conyugal. En este contexto, la existencia de un vínculo laboral entre ellos resulta jurídicamente improcedente para efectos previsionales, dado que las remuneraciones pagadas a la trabajadora cónyuge provendrían de los bienes comunes del matrimonio, lo que es incompatible con las normas que rigen dicho régimen patrimonial, conforme a lo establecido en el artículo 1749 del Código Civil.

Adicionalmente, tampoco se acreditó la existencia de un reemplazo durante la ausencia de la trabajadora por licencia médica, y la entidad empleadora no demuestra solvencia económica suficiente para cumplir con sus obligaciones previsionales, y la ausencia de documentación tributaria respaldatoria. Concluye que bajo las condiciones actuales, no es posible reconocer la existencia de un vínculo laboral válido para efectos previsionales.

Sostiene que, conforme se desprende del artículo 1° del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales: permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral; finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por una persona que no posea un vínculo laboral jurídicamente válido.

En cuanto al vínculo laboral entre cónyuges, la Superintendencia ha sostenido (por ejemplo en ORD. N° 3272, de 1997, ORD. N° 3425, de 1983 y ORD. N° 43819 de 2012) que el contrato de trabajo celebrado entre cónyuges no separados de bienes, en el cual el marido actúa como empleador de su cónyuge, es susceptible de ser declarado nulo para efectos previsionales, puesto que se daría el contrasentido que los dineros que constituyan la remuneración, tendrían su origen en la sociedad conyugal formada por ambos cónyuges y la percepción de estos por parte de la cónyuge, importaría su reintegro a la sociedad conyugal, toda vez que no se trataría de la figura que describe el artículo 150 del Código Civil (patrimonio reservado de la mujer casada). De ese modo, no se daría uno de los supuestos esenciales de una relación laboral, esto es, que exista pago de remuneración como contraprestación al servicio contratado.

Reseña acerca de las Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia y alude a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Plantea ausencia de derechos vulnerados y hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental.

Por lo expuesto y disposiciones que invoca, solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad o falta de oportunidad del recurso, cabe señalar que la presente acción se ha deducido en contra de la Resolución Exenta NºR-01-UJU-75812-202-5 de fecha 2 de mayo de 2025 emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas materia de autos, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 24 de mayo del mismo año, la alegación de extemporaneidad será rechazada.

Sexto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, entonces, en relación con el fondo de la acción deducida, cabe tener presente que para que el recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoque la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Noveno: Que, al respecto, en el caso que nos ocupa, las licencias médicas discutidas se generan por el embarazo de la recurrente y el nacimiento de su hijo, en tanto apuntan a los necesarios cuidados para este durante sus primeros días de vida y lactancia, finalidades que resultan indiscutibles en la especie a la luz de los antecedentes allegados.

Décimo: Que, por otra parte, si bien las recurridas son las autoridades llamadas a revisar y autorizar el beneficio de que se trata, lo cierto es que tal análisis y decisión debe circunscribirse a los elementos concretos que se tienen a la vista, sin que resulte procedente bajo dicha excusa, negar su concesión sobre la base de elucubraciones ajenas a los elementos que resulta procedente considerar. En esa línea, de los documentos allegados aparece que la actora mantenía un contrato de trabajo en virtud del cual laboraba para la empresa nombre reservado SpA hasta que se le emitió la primera licencia, correspondiente al periodo prenatal, circunstancia que la habilitaba para ello y que, dado lo antes reflexionado en torno al objetivo de dicho permiso, no permite su denegación a menos que se cuente con antecedentes fehacientes respecto a la falsedad de ésta o la inexistencia del vínculo en que se sustenta.

Undécimo: Que en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, y su hijo recién nacido, porque la actuación de las recurridas, al carecer de fundamento, le ha impedido gozar del subsidio por maternidad sin un motivo técnico que lo justifique.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se resuelve que:

I. Se rechaza la alegación de extemporaneidad de la acción.

II.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

III. Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-75812-202,5 de fecha 2 de mayo de 2025, que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente proceda al pago del subsidio correspondiente a las licencias médicas reclamadas, dictando las resoluciones que procedan para tales efectos.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

Rol N° 14.647-2025 Protección 1