nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, seis nombre reservado de dos mil veinticuatro.

Al folio 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Jorge Manuel Lena Salgado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por haber efectuado descuentos ilegales en las remuneraciones del recurrente desde enero de 2024. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin aviso ni notificación previa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°3 y N°24, por lo que solicita el reintegro de las sumas descontadas y que se ordene a la recurrida abstenerse de realizar futuros descuentos.

Expone haber firmado tres créditos sociales con la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado: el primero con folio 0810084761 de fecha 10 de diciembre de 2018, el segundo con folio 0810085823 de fecha 15 de marzo de 2019, y el tercero con folio 0810090046 de fecha 17 de febrero de 2020. Señala que dichos créditos fueron pagados mediante descuentos en sus liquidaciones de sueldo hasta junio de 2020, quedando en mora desde esa fecha.

Indica que en enero de 2024, después de más de tres años de mora, la recurrida comenzó a efectuar nuevamente descuentos en su remuneración, de forma arbitraria y sin previo aviso. Argumenta que cuando dejó de pagar, la nombre reservado no ejerció acciones judiciales efectivas para cobrar el crédito, optando por revivir y forzar unilateralmente un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno.

Sostiene que el actuar de la nombre reservado vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, pues lo coloca en una situación desventajosa respecto a otros deudores civiles, quienes deben ser demandados en tribunales ordinarios para el cobro de sus deudas. Asimismo, alega que se vulnera su derecho de propiedad sobre la remuneración, al privarle de parte de ella sin fundamento legal.

En apoyo a sus argumentos, cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que han acogido recursos de protección en casos similares, calificando como arbitrario el actuar de las Cajas de Compensación al revivir y forzar unilateralmente el cobro de deudas después de largos períodos sin gestiones de cobranza.

Que, según el recurso, se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°3) y a la propiedad (artículo 19 N°24), al privarlo de su derecho a defensa y del dominio sobre parte de su remuneración, obtenida como resultado de su trabajo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida: 1) El reintegro y devolución de todas las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses correspondientes y debidamente reajustadas; 2) Abstenerse de realizar por sí o por terceros, especialmente por parte de "PROGESTION S.A." o cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, descuentos de sus remuneraciones; y 3) Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, en su informe, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado solicita el rechazo del recurso de protección, fundando su petición en la legalidad y legitimidad de su actuar, la ausencia de arbitrariedad en el cobro impugnado, y la improcedencia de la acción constitucional para resolver el conflicto planteado.

En primer lugar, la recurrida expone que el actor contrató tres operaciones de crédito social entre diciembre de 2018 y febrero de 2020, las cuales fueron pagadas mediante descuentos en sus remuneraciones hasta junio de 2020. Sostiene que, en enero de 2024, se retomó el descuento en estricto apego a la normativa vigente y a lo pactado por las partes, limitándose al 25% de la renta actual del recurrente, conforme a la normativa sectorial.

Asimismo, la recurrida argumenta que no consta que el actor se haya acercado a sus oficinas para consultar sobre su situación crediticia, revisar alternativas de pago o plantear alguna solicitud, ni ha presentado inquietudes ante la Superintendencia de Seguridad Social. Afirma que estas instancias deberían agotarse de forma previa a la activación del aparato judicial.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la Caja de Compensación invoca el artículo 22 de la Ley 18.833, que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Además, cita el artículo 58 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a deducir de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

La recurrida también fundamenta su actuar en el mandato otorgado por el actor en la cláusula 10 del pagaré y en la cláusula quinta del contrato de crédito social, que faculta a su actual empleador y futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda.

Por otra parte, la Caja de Compensación sostiene que la obligación del actor no ha sido extinguida por algún modo legal y que no se encuentra prescrita, señalando que la prescripción requiere de una declaración judicial pronunciada tras el debate de las partes, lo que en este caso no podría prosperar al no haber transcurrido el plazo fijado por el legislador.

En apoyo de su posición, la recurrida cita jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que refrenda la legalidad de cobros producidos en circunstancias similares a las del caso en cuestión. Específicamente, hace referencia a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 15096-2023, confirmada por la Corte Suprema el 8 de marzo de 2024, en la que se estableció que el descuento de cuotas correspondientes a un crédito social no es ilegal ni arbitrario cuando está amparado en norma legal y justificado por la existencia de un crédito vigente.

Adicionalmente, la recurrida invoca un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social (Dictamen 9622-2024) que respalda la legalidad del cobro de operaciones de crédito en circunstancias similares a las del caso en cuestión.

Finalmente, la Caja de Compensación 18 nombre reservado solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe requerido y, en su mérito, rechazar el recurso de protección interpuesto, por considerar que su actuar se ha ajustado plenamente a derecho y no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna en el cobro de las cuotas de crédito social adeudadas por el recurrente.

Tercero: Que resultan hechos no controvertidos del recurso de conformidad a los antecedentes agregados y por haberlo ratificado la propia entidad recurrida, que el crédito cuyo cobro se impetra por vía de descuentos en las remuneraciones del actor, corresponde a tres pagarés otorgados en diciembre de 2018, marzo 2019 y febrero de 2020, y cuya mora en el pago, data desde junio de 2020. Asimismo, no resulta controvertida la circunstancia de haberse reanudado los descuentos objeto de la acción, a partir de la remuneración correspondiente al mes de enero pasado.

Cuarto: Que, en tales circunstancias, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema en Roles N°s 71.519-2021; 6.928-2021; 30.294-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1791-2022; 20.756-2022 y 9.838-2024, entre otros, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.

Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir desde la época de la mora en el pago de la obligación, hasta la fecha del reinicio de los descuentos, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora otras gestiones pertinentes y oportunas para dicho fin, conforme le habilita la ley; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial estatuida por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

Quinto: Que este proceder de la recurrida resulta manifiestamente arbitrario, desde que por su intermedio Caja de Compensación soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo al actor, de lo contrario la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

Sexto: De esta manera, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales otorgados al actor vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo se dispone que dicha institución deberá hacer devolución al actor de los montos indebidamente descontados a partir del reinicio de las deducciones anotadas.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Fernando Carreño Ortega, quien fue de parecer de rechazar el presente recurso, en atención a los siguientes fundamentos:

1° En primer término, cabe destacar que el acto que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en el descuento que la Caja de Compensación recurrida ha solicitado y efectuado de sus remuneraciones, a través del Sistema Intercajas por medio de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, con el objeto de obtener el pago de tres créditos sociales que aquella le concedió con fecha 10 de diciembre de 2018, 15 de marzo de 2019 y 17 de febrero de 2020, cuyo incumplimiento ha motivado tal proceder.

Pues bien, para determinar si dicha conducta reviste o no el carácter de ilegal o arbitraria que se le atribuye, es preciso analizar las particulares características del denominado "descuento por planilla", en su calidad de mecanismo especial para garantizar el pago de los créditos sociales que las Cajas de Compensación otorgan a sus afiliados.

Sobre este punto, es un hecho asentado que, conforme a lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo adeudado por concepto de estos créditos debe ser descontado por el empleador directamente de las remuneraciones del trabajador deudor y enterado en arcas de la Caja acreedora, siguiendo el mismo procedimiento previsto por la ley para la declaración y pago de las cotizaciones previsionales.

2° Que, de este modo, el descuento por planilla constituye una modalidad de cobro que la ley expresamente contempla y que opera con independencia de la voluntad del deudor, en atención a la naturaleza de entidades de previsión social que ostentan las Cajas de Compensación y la finalidad de interés público a que se encuentran afectos los fondos con cargo a los cuales se otorgan los créditos de esta clase. Dicho mecanismo envuelve un imperativo para el empleador, quien está obligado a practicar la deducción tan pronto la Caja acreedora le notifique la existencia de una deuda vencida e impaga por parte de alguno de sus trabajadores afiliados.

De este modo, no cabe sino colegir que la recurrida, al comunicar a la empleadora del actor la morosidad en el pago de las cuotas del crédito social que éste mantiene vigente, se ha limitado a ejercer una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere de manera expresa, por lo que su proceder se ha ajustado a derecho y no puede ser tachado de ilegal.

3° Que, a mayor abundamiento, no se advierte que el proceder de la recurrida pueda ser calificado como arbitrario o antojadizo, desde que los antecedentes acompañados al proceso, no existe declaración judicial que haya determinado que los créditos sociales cobrados de esta forma estén prescritos.

4° Que, de este modo, al no haberse aportado antecedente alguno que permita sostener la concurrencia de alguna causal de extinción o ineficacia de la acción de cobro respecto de los créditos sociales que ha motivado los descuentos impugnados, no cabe sino concluir que éstos se mantienen plenamente vigentes y que, en consecuencia, no existe -en parecer de quien disiente- mérito para entender que la conducta de la recurrida al requerir el pago a través del mecanismo del descuento por planilla por el Sistema Intercajas implique una vulneración del derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones, lo que implica que debe descartarse la existencia de una acción ilegal o arbitraria que conculque las garantías constitucionales invocadas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-14645-2024.