nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que ha comparecido nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, por estimar que el acto administrativo contenido en la Resolución nro. 133 de 27 de mayo de 2025, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales reconocidas en los artículos 19 nros. 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que prestó servicios durante 28 años en la Corporación, desempeñándose como administrativa en el CESFAM San Joaquín, sin haber recibido reclamos ni anotaciones de demérito. Sin embargo, en 2023 comenzó a padecer problemas de salud derivados de una rotura del manguito rotador de su brazo derecho, lo que la obligó a someterse a una cirugía con complicaciones graves, que derivaron en hospitalización en UCI.

Desde entonces, se encuentra en tratamiento médico y con licencias médicas continuas, pero su condición fue calificada como recuperable por la COMPIN mediante Resolución Exenta nro. 146.038, de fecha 21 de marzo de 2025.

Pese a lo anterior, el 27 de mayo de 2025 fue notificada de la declaración de vacancia de su cargo por salud incompatible; acto fundado en que había acumulado 286 días de licencias médicas en los últimos dos años, sin considerar que la autoridad sanitaria competente había declarado su salud recuperable.

Sostiene que la resolución carece de fundamentación suficiente y contraviene el artículo 148 de la Ley nro. 18.883, así como lo dispuesto en la Ley nro. 21.050, que exige contar con el pronunciamiento vinculante de la COMPIN para declarar vacancia por salud irrecuperable, lo que en su caso no ocurrió.

En consecuencia, califica la decisión como arbitraria e ilegal.

Alega vulneración a sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19 nro. 2), derecho a la salud (artículo 19 nro. 9), libertad de trabajo y su protección (artículo 19 nro. 16) y derecho de propiedad sobre su cargo y remuneraciones (artículo 19 nro. 24).

Sostiene que fue privada de su fuente laboral sin cumplir los requisitos legales, afectando gravemente su estabilidad en el empleo y su sustento económico y familiar.

Por lo anterior, solicita que se deje sin efecto la Resolución nro. 133, restituyéndola en su cargo en idénticas condiciones que las que tenía, con pago de remuneraciones y asignaciones devengadas durante el tiempo en que ha estado separada del mismo, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informando el recurso, comparece Óscar Cristóbal Orozco Munizaga, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, y solicita su rechazo.

Expone que la Corporación es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, creada al amparo del DFL nro. 1-3.063 de 1980, encargada de administrar los establecimientos de atención primaria de salud de la comuna.

Reconoce que la actora mantuvo un vínculo laboral desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2025, cuando se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible.

Precisa que el vínculo laboral se rige por la Ley nro. 19.378 y, supletoriamente, por la Ley nro. 18.883.

En cuanto a la resolución impugnada, señala que efectivamente la COMPIN, mediante Resolución Exenta nro. 146.038, de 21 de marzo de 2025, declaró que la salud de la recurrente era recuperable. Sin embargo, a esa fecha la funcionaria acumulaba 286 días de licencias médicas en los últimos dos años, lo que habilitaba a la Corporación, en virtud del artículo 148 de la Ley nro. 18.883, a declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo y, en consecuencia, su vacancia a partir del 1 de junio de 2025.

Defiende la legalidad del acto administrativo, explicando que la normativa distingue entre salud incompatible e irrecuperable, con requisitos y efectos distintos.

Así, si la COMPIN declara que la salud es recuperable, procede la declaración de salud incompatible; en cambio, si declara salud irrecuperable, corresponde aplicar el procedimiento del artículo 151 del mismo cuerpo legal.

Agrega que la motivación del acto está en la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios de salud, los que se ven afectados por la prolongada ausencia de la recurrente.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol 33.377-2024) y dictámenes de la Contraloría que avalan que, pese a la recuperabilidad de la salud, la prolongada licencia configura la causal de salud incompatible.

Rechaza las alegaciones de la recurrente sobre vulneración de garantías constitucionales. Respecto de la igualdad ante la ley, afirma que no hubo discriminación arbitraria, pues otros funcionarios en situación similar también han sido desvinculados y acompaña documentos para demostrarlo.

En cuanto al derecho a la salud, sostiene que no existe afectación, ya que la Corporación no limita la elección del sistema de salud ni tiene obligación de solventar gastos médicos una vez terminada la relación laboral.

Finalmente, respecto de la libertad de trabajo, señala que la estabilidad en el empleo no es absoluta y la ley prevé expresamente la causal de término por salud incompatible, lo que justifica la decisión.

Por todo lo expuesto, pide se rechace íntegramente el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, en el caso en examen, la conducta que la recurrente imputa a la corporación recurrida y que estima ilegal y arbitraria consiste en la dictación de la Resolución nro. 133, de 27 de mayo de 2025, notificada a la recurrente ese mismo día, que declaró vacante su cargo perteneciente a la dotación del CESFAM San Joaquín a contar del 1 de junio de 2025, por presentar 286 días de licencia médica común en los últimos dos años y salud incompatible, previo informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en el sentido de que su estado de salud es recuperable.

Quinto: Que, para una acertada resolución, viene al caso precisar las siguientes circunstancias fácticas que se desprenden tanto de los expuesto por las partes como de los antecedentes allegados al proceso:

1) Que la recurrente inició su vínculo laboral con la recurrida el 19 de diciembre de 1996, con funciones de administrativo del CESFAM San Joaquín.

2) Que, desde el 27 de mayo de 2023 y hasta el 27 de mayo de 2025 (fecha del acto recurrido), la recurrente hizo uso de una serie de licencias médicas por un total de 286 días, según expresamente aparece consignado en la resolución impugnada y no fue controvertido por el actor en su recurso.

3) Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a requerimiento de la autoridad administrativa y a través de la Resolución Exenta nro. 146038, de 21 de marzo de 2025, determinó, a solicitud del alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, que la funcionaria nombre reservado, cédula de identidad nro. RUT reservado presentaba un estado de salud recuperable.

4) Que, con fecha 27 de mayo de 2025, el Alcalde de San Joaquín y presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna, dictó la Resolución Exenta nro. 133, mediante la cual declaró vacante el cargo de la recurrente, por salud incompatible con el desempeño de su cargo, considerando –en síntesis- que, según el artículo 48, letra g), de la Ley nro. 19.378, los funcionarios de una dotación municipal de salud dejan de pertenecer a ella por salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la Ley nro. 18.883; cuerpo legal cuyo artículo 148 dispone que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; y que, en este caso, dicho organismo, consultado por el alcalde, determinó que la recurrente presentaba un estado de salud recuperable; sumando hasta entonces un total de 286 días de licencia médica por enfermedad o accidente común durante los últimos dos años.

Sexto: Que la Ley nro. 19.378 dispone en su artículo 1° que normará, en las materias que en ella se regulan, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, y también que regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud.

Enseguida, en su artículo 48, letra g), dispone que los funcionarios de una dotación municipal de salud –cuyo era el caso de la actora de autos- dejarán de pertenecer a ella solamente por, entre las otras causales que señala, la siguiente: “g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883”.

A su turno, la Ley nro. 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, estatuye en su artículo 148, incisos 1º a 3º, que: “[e]l alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Enseguida, el artículo 149 del mismo cuerpo legal regula la situación de que se hubiese declarado irrecuperable la salud del funcionario, disponiendo: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la municipalidad”.

Como se puede advertir de la normativa examinada, tratándose de funcionarios de la atención primaria de salud municipal, el alcalde podrá, sin mediar declaración de salud irrecuperable por parte del Compin y previo pronunciamiento de éste en relación a dicho punto, considerar la salud del funcionario incompatible con el cargo por haber hecho uso el funcionario de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años; y declarar la vacancia del cargo por aplicación de la causal del artículo 38, letra g), de la Ley nro. 19.378.

Séptimo: Que, en el caso de autos no existe controversia entre las partes respecto al período en el que la actora hizo uso de licencias médicas –que va desde el 27 de mayo de 2023 hasta el 27 de mayo de 2025—, registrando un total de 286 días, lo que corresponde a más de 6 meses de ausentismo laboral en un período de dos años. Por su parte, consta que la autoridad administrativa requirió a la COMPIN evaluar la recuperabilidad del estado de salud de la recurrente debido al reposo prolongado de que gozó, determinándose por la Comisión Médica a través de la Resolución Exenta nro. 146.038, de 21 de marzo de 2025, que la salud de la funcionaria era recuperable.

Octavo: Que, así las cosas, la resolución administrativa impugnada ha sido dictada por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales; condiciones en las cuales, de manera fundada y con estricto apego a la normativa legal que gobierna la materia, constató el goce de licencias médicas comunes en un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, habiendo contado con el pronunciamiento previo de la COMPIN en torno a la recuperabilidad de la salud de la funcionaria, todo lo cual le permitió estimar que su salud era incompatible con el cargo que ostentaba y, como consecuencia de ello, declarar su vacancia.

Atendido lo expuesto, no puede sino concluirse que, en la especie, el alcalde de San Joaquín se encontraba facultado para declarar vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, sin que pueda esta Corte reprochar ilegalidad o arbitrariedad alguna a la resolución administrativa impugnada, máxime considerando que ella se fundó, además de lo recién señalado, en que “…las necesidades públicas que esta Corporación persigue satisfacer deben ser atendidas en forma continua y permanente, debiendo observar en su actuar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia”.

De igual forma, al tratarse de un caso de declaración de vacancia por salud incompatible, tampoco se ve en este caso vulnerado el principio de confianza legítima, pues no consta antecedente alguno que pudiere haber hecho a la recurrente legítimamente creer que su cargo se mantendría vigente luego de incurrir en el supuesto legal de salud incompatible expresamente previsto en el artículo 148 y 48, letra g), citados.

Noveno: Que, por todo lo anterior y sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la recurrente, en concepto de esta magistratura no concurren los presupuestos que permitan acoger la presente acción de cautela de derechos constitucionales, pues el acto recurrido no resulta ser ni ilegal ni arbitrario.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro suplente señor Matías de la Noi Merino.

No firma la abogado integrante señora Rivero, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Ingreso Corte Rol N° 14644-2025.