Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, cirujano dentista, y deduce acción de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la resolución de 29 de abril de 2026, que dispuso su destitución del cargo de cirujano dentista que desempeñaba en la institución recurrida, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 29 de abril de 2026 se dictó resolución que dispuso su destitución del cargo de cirujano dentista que desempeñaba en la institución recurrida, la que le fue notificada con fecha 30 de abril de 2026.

Estima que la medida adoptada resulta desproporcionada, arbitraria e ilegal, afectando gravemente sus derechos constitucionales, especialmente la igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho a desarrollar una actividad laboral lícita.

Sostiene que la sanción aplicada no guarda debida proporcionalidad con los hechos investigados, ocasionándole además un grave perjuicio económico, profesional y personal.

Por lo anterior, solicita que se tenga por interpuesto el recurso de protección, se declare que la resolución recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal y se ordene dejar sin efecto la medida de destitución, o se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que comparece don Iván Andrés Saavedra Ferreira, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, quien informando el recurso solicita su rechazo en todas sus partes, con costas.

Como aspecto previo, expone que la Corporación es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, constituida al amparo del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, cuya finalidad consiste en administrar y operar servicios en el área de salud que haya tomado a su cargo la Municipalidad de Pudahuel. Agrega que, según la doctrina nacional y la jurisprudencia administrativa, entre ella el Dictamen N° NUM000, de 29 de noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República, las corporaciones municipales desarrollan actividades financiadas con recursos públicos, por lo que les resultan aplicables diversas regulaciones y principios del ámbito público, particularmente los contenidos en las Leyes N°s. 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880, y que la Corporación reviste la calidad de entidad administradora de salud municipal, conforme a la letra b) del artículo 2° de la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Sostiene que la acción no satisface los presupuestos necesarios para su procedencia, por cuanto el recurrente se limita a afirmar que el acto administrativo de destitución sería arbitrario e ilegal, sin desarrollar cómo dicha actuación configuraría una afectación concreta y específica de las garantías invocadas, y porque la controversia dice relación con la legalidad, el mérito y la fundamentación de un procedimiento administrativo disciplinario y de la sanción aplicada, materias que exceden el ámbito cautelar y de urgencia de esta acción, al requerir un análisis de antecedentes, valoración probatoria y determinación de hechos controvertidos.

Afirma que el recurrente pretende una nueva valoración de los elementos de convicción ponderados por la máxima autoridad de la Corporación, que los sumarios administrativos cuentan con un procedimiento completo y garantista, cuyas garantías fueron ejercidas por el recurrente, y cita en apoyo de su postura la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 58.397-2024, de 23 de mayo de 2025, y la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N° 1674-2025, de 24 de octubre de 2025, confirmada por la Corte Suprema en causa Rol N° 50.532-2025.

En cuanto a los antecedentes fácticos, refiere que por Resolución N° NUM001, de 16 de junio de 2025, se ordenó instruir sumario administrativo en contra del recurrente, odontólogo del CESFAM Gustavo Molina de la Corporación, en atención a los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República mediante Oficio N° NUM002, de la División de Fiscalización, a través del cual se informó que el funcionario registraba salidas y permanencias en el extranjero mientras hacía uso de licencias médicas. Señala que, por ello, el origen del procedimiento no se encuentra en una actuación oficiosa o discrecional de la Corporación, que se encontraba obligada a ejercer la potestad disciplinaria.

Indica que durante la investigación se acreditó que el recurrente realizó tres viajes al extranjero, con destino a España, Argentina y Pakistán, mientras hacía uso de licencias médicas vigentes, permaneciendo fuera del territorio nacional por un total de 81 días, siendo que dichas licencias contemplaban reposo domiciliario en DIRECCION000, comuna de Recoleta. Precisa que los hechos fueron acreditados mediante registros migratorios y certificados de movimientos migratorios, y que fueron reconocidos por el propio funcionario en su declaración, en la que admitió haber hecho uso de licencias médicas entre el 1 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 y entre el 8 y el 12 de marzo de 2024, correspondientes a las licencias N° NUM003, N° NUM004 y N° NUM005, períodos durante los cuales efectuó los viajes. Destaca que no se trató de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada en el tiempo y extendida por un número significativo de días fuera del país.

Agrega que, si bien consta en el expediente un certificado médico que da cuenta de un diagnóstico asociado a trastorno mixto ansioso depresivo, con indicación de tratamiento farmacológico, psicoterapia y reposo durante el año 2023, dicho antecedente no contiene autorización médica para efectuar viajes internacionales, y que fue ponderado tanto en la Vista Fiscal como en la resolución sancionatoria, descartándose fundadamente que constituyera una justificación suficiente para desvirtuar la conducta acreditada.

Enumera como principales actuaciones del procedimiento la resolución que ordenó instruir el sumario y designó Fiscal Instructor; la notificación al funcionario y su citación a declarar; la declaración del sumariado; la formulación de cargos; la presentación de descargos; la emisión de la Vista Fiscal; la Resolución N° NUM006, de 8 de abril de 2026, que aprobó la Vista Fiscal y aplicó la sanción disciplinaria de destitución; el recurso de reposición presentado por el funcionario mediante correo electrónico de 22 de abril de 2026; y la Resolución N° NUM007, de 29 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición, declaró improcedente el recurso jerárquico deducido en subsidio y confirmó íntegramente la sanción. Sostiene que el procedimiento se sustanció conforme a los artículos 118 y siguientes de la Ley N° 18.883, aplicables supletoriamente en virtud del artículo 4° de la Ley N° 19.378, y que se respetaron las exigencias del debido proceso y el derecho a defensa del funcionario, sin que obste a ello que el Secretario General, en su calidad de máxima autoridad institucional, haya dictado el acto terminal y resuelto la reposición.

Afirma que la conducta acreditada fue calificada como infracción grave al principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el artículo 52 inciso segundo de la Ley N° 18.575, en los términos del artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, en relación con el artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883, por cuanto la utilización de licencias médicas para realizar viajes personales al extranjero desnaturaliza la finalidad de dicho instrumento. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, señala que la calificación de la gravedad de la conducta y la determinación de la sanción corresponden a la autoridad administrativa, que ponderó la reiteración de la conducta, su extensión temporal y la permanencia prolongada fuera del territorio nacional, y que el artículo 123 de la Ley N° 18.883 establece la destitución cuando los hechos vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, citando la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 1.372-2025, conforme a la cual, al aplicarse la sanción que determinadamente consigna la ley, el reproche de falta de proporcionalidad queda desprovisto de fundamentos.

Añade que, si bien el agotamiento de la vía administrativa no constituye un requisito de admisibilidad de la acción, dicha circunstancia resulta relevante para determinar su procedencia, por cuanto el recurrente optó por acudir directamente a esta sede cautelar sin haber ejercido los mecanismos ordinarios de revisión administrativa que permitían someter la actuación cuestionada al conocimiento de la Contraloría General de la República, órgano llamado a ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración, citando al efecto nuevamente la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N° 1674-2025.

Finalmente, controvierte la vulneración de las garantías invocadas. Respecto del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, sostiene que el recurrente no desarrolla de qué forma dicha garantía habría sido transgredida ni identifica actos concretos que configuren un trato desigual, discriminatorio o arbitrario, no existiendo un término válido de comparación, y que durante el procedimiento disciplinario se respetaron íntegramente las garantías del debido proceso. En cuanto al artículo 19 N° 16, afirma que la alegación carece de desarrollo fáctico y jurídico suficiente, que la libertad de trabajo no confiere a los funcionarios públicos un derecho absoluto o incondicionado a permanecer en el cargo, y que la destitución aplicada constituye el ejercicio legítimo de potestades disciplinarias legalmente conferidas a la Corporación.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, se recurre en contra de la Resolución N° NUM006, de 8 de abril de 2026, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, que aprobó la Vista Fiscal y aplicó la medida disciplinaria de destitución a don nombre reservado, por haber realizado viajes al extranjero mientras hacía uso de licencias médicas, decisión que fue confirmada por Resolución N° NUM007, de 29 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto en subsidio y confirmó la aplicación de la referida medida disciplinaria.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados - particularmente de la Resolución N° NUM001, de 16 de junio de 2025, que ordenó instruir el sumario administrativo; de la Resolución N° NUM006, de 8 de abril de 2026, que aprobó la Vista Fiscal y aplicó la medida disciplinaria de destitución; y de la Resolución N° NUM007, de 29 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición- aparece que su tramitación se ajustó a la normativa legal, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 118 y siguientes de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aplicable al personal regido por la Ley N° 19.378 en virtud de su artículo 4°, referidos a la sustanciación del procedimiento sumario.

En efecto, según consta de los propios antecedentes, al recurrente se le formularon cargos, prestó declaración y presentó descargos, se emitió Vista Fiscal con fecha 19 de marzo de 2026, interpuso recurso de reposición y obtuvo decisión fundada respecto del mismo, de modo que tuvo plena oportunidad de ejercer su defensa durante el íter procedimental, sin que en el recurso se precise vicio alguno de tramitación.

SEXTO: Que, por otro lado, los actos impugnados aparecen debidamente fundados en razón de los motivos que en los mismos se consignan y la entidad de la medida impuesta, atendidas las conductas infractoras constatadas, consistentes en haber realizado el recurrente 3 viajes personales al extranjero, a Pakistán, España y Argentina, durante los períodos cubiertos por las licencias médicas N°s. NUM003, NUM004 y NUM005, esto es, entre el 1 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 y entre el 8 y el 12 de marzo de 2024, destinando un total de 81 días a dichos viajes no obstante el reposo prescrito en su domicilio, hechos que fueron reconocidos por el propio sumariado en su declaración y en sus descargos, y que se estimaron constitutivos de infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8°, inciso primero, de la Constitución Política de la República y en el artículo 52, inciso segundo, de la Ley N° 18.575, en los términos del artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, en relación con el artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883.

Por lo demás, consta tanto en la resolución sancionatoria como en la que rechazó la reposición, que la autoridad se hizo cargo de las alegaciones y defensas del recurrente, SÉPTIMO: Que, por lo demás, las alegaciones en que se sustenta el recurso no son más que la simple repetición de los descargos y planteamientos formulados en sede administrativa en el recurso de reposición deducido contra la destitución, en las que se limita a cuestionar las razones de mérito o conveniencia que la autoridad tuvo presente para justificar el acto impugnado.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha reiterado que: “el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, no es posible que en esta instancia jurisdiccional se revise la calificación de los hechos y la ponderación de aquellos que condujeron la decisión a que arribó la Autoridad del caso, sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de la investigación, en la vista o dictamen evacuado al término de la misma y, finalmente, la medida terminal adoptada. En otras palabras, si bien el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración puede abarcar la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, ello no puede importar que, por esta vía cautelar, se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades” (Sentencia de 30 de septiembre de 2025, Rol C.S. 1372-2025).

OCTAVO: Que, por último, en relación con la alegación de falta de proporcionalidad, cabe recordar que es el artículo 123 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el que asocia la medida disciplinaria de destitución a los hechos constitutivos de infracciones que vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como los que fueron establecidos en la especie. De este modo, al aplicarse dicha sanción a un caso en que se constató una infracción grave al deber de probidad, la alegación de falta de proporcionalidad carece de sustento.

En este sentido, cabe tener presente que el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo establece como una obligación de todo funcionario público, observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado y, a su vez, el citado artículo 123 de la Ley 18.883, consagra que la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. Así, habiéndose calificado fundadamente por la autoridad administrativa que los hechos establecidos importan una vulneración grave a dicho principio, la sanción impuesta no puede ser cuestionada en cuanto a su proporcionalidad.

NOVENO: Que, en consecuencia, según fluye del marco atributivo de potestades legales antes reseñado, en vinculación con los antecedentes que fundamentan los actos formalmente recurridos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, quien ha actuado en uso de sus atribuciones y dando cumplimiento a sus deberes legales, conforme a las normas vigentes que justifican racionalmente sus decisiones, entregando razones para decidir como lo ha hecho, motivo por el cual el presente arbitrio no podrá desde ya prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-14637-2026.