SERVICIOS GENERALES Y DE SEGURIDAD LTDA. con INSPECCION DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA

Santiago, veinticuatro de abril de dos mil catorce.

Proveyendo el escrito folio 165764: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 1 y 30, compareció don Eduardo José Díaz Zambrano, abogado, en representación de Servicios Generales y De Seguridad Limitada, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección del Trabajo de Providencia, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, con motivo de una serie de actos de hostigamiento que habría efectuado la recurrida en el ejercicio de su labor fiscalizadora, siendo el último de ellos el catorce de febrero de dos mil catorce, circunstancia que, a juicio del actor, vulnera las garantías establecidas en los numerales 2, 21, 22 y 24, todos ellos del artículo 19 de la Constitución Política De La República, por lo que solicita acoger el referido recurso y ordenar el cese de la turbación de derechos del cual ha sido objeto , con costas.

SEGUNDO: Que la actora señala que es una empresa que presta servicios de seguridad corporativa a empresas a lo largo del país, el que ha sido objeto de fiscalización por parte de la recurrida, la que ha solicitado información de trabajadores y documentación relativas a éstos, medidas que afectan el curso normal de funcionamiento de la empresa.

Así las cosas, sostiene que la primera de estas fiscalizaciones se verificó el seis de agosto de dos mil trece, la que se repitió de manera sucesiva los días ocho de agosto, veintitrés de septiembre, veinticuatro de octubre y doce de noviembre, todos ellos del año dos mil trece, y diez de febrero de dos mil catorce, en la que la fiscalizadora habría solicitado los mismos antecedentes, resultando entorpecedor de las labores de la recurrente en circunstancias que no se ha sancionado con multa administrativa a la fecha.

Agrega que, si bien reconoce las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo, éstas no pueden ejercerse de manera abusiva como sucede en autos, lo que ha traído problemas a la empresa, dado que interrumpe su normal funcionamiento, pues dichas inspecciones importan exhibir documentación a través de un trabajador de la empresa que implican trámites de 3 a 4 horas de duración, en las que sólo requiere la misma información que en fiscalizaciones anteriores.

Finalmente, expone que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución Política de La República), al ejercerse de manera abusiva la autoridad que la ley le confiere a la recurrida, lo que se traduce en la solicitud de la misma documentación en cada una de ellas; su derecho de propiedad (artículo 19 N°24 de la citada Carta Política), al emanar derechos incorporales de la relación contractual del empleador con el trabajador, el que es utilizado para facilitar la documentación requerida, no pudiendo cumplir con las labores de fiscalización; y las garantías relativas al libre desarrollo de la actividad económica y no discriminación arbitraria en materia económica (artículos 19 N° 21 y 22 de la Constitución Política), puesto que estos hechos perjudican el normal desarrollo de la actividad lucrativa de la actora.

TERCERO: Que, a fojas 48 y 53, la recurrida informó, en relación con el objeto del recurso, que, efectivamente, la recurrente ha sido objeto de, al menos, 6 fiscalizaciones (signadas con los números 1312/2013/2690; 1312/2013/2638; 1312/2013/3394; 1312/2013/3597; 1312/2017/254 y 1312/2014/188), que comprenden el periodo de seis de agosto de dos mil trece y veinte de enero de dos mil catorce, las que se han iniciado previa denuncia y sólo una de ellas de oficio, a modo de refiscalización.

Agrega que, de las citadas investigaciones, dos de ellas han resultado con aplicación de multa y que el resto de las enunciadas fueron subsanadas las observaciones formuladas a la recurrente, lo que sustenta en la documentación que adjunta al proceso que obran en la custodia N° 231-2014.

Atendido lo expuesto, concluye que la recurrida sólo ha ejercido la labor fiscalizadora, investigativa y resolutiva, que da cuenta de la adecuada aplicación de la normativa sectorial vigente y de lo dispuesto en el Código del Trabajo, en su artículo 505 y que, en consecuencia, se ha ajustado al principio de juridicidad que disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política De La República, lo que permite colegir que no existe actuación arbitraria e ilegal alguna, lo que amerita desestimar el recurso interpuesto.

CUARTO: Que, tanto del mérito de lo expuesto por las partes involucradas, como asimismo la documentación que consta en el proceso y en las custodias N° 598-2013 y N° 231-2014, no es posible advertir, por parte de esta Corte, la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, puesto que, conforme lo dispuesto en las letras a) y e) del artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1967, ” La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo. Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral (…) y e) La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo”.

Así las cosas, y sumado a ello lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes del citado cuerpo legal, como asimismo lo prescrito en el artículo 505 del Código Del Trabajo, las numerosas fiscalizaciones efectuadas a la recurrente se enmarcan en el ejercicio de las facultades que la ley confiere, puesto que de los mismos antecedentes, se desprende que ha obrado –salvo en una de ellas- previa denuncia de los trabajadores afectados, lo que implica el ejercicio del rol fiscalizador de la normativa laboral vigente. De lo contrario, se ocasionaría una omisión ilegal que afecta el normal funcionamiento de la autoridad y, por ende, la vulneración de los derechos básicos que el Código del Trabajo protege, entre otras formas, mediante actos de fiscalización ejercidos por la Inspección del Trabajo respectiva.

QUINTO: Que, en consecuencia, el acto no es ilegal y, a mayor abundamiento, no es arbitrario, puesto que se han sustentado en denuncias previas y en el marco de sus atribuciones, lo que impide verificar la vulneración de las garantías que enuncia, sumado al hecho que las mismas carecen de fundamento sustentable en las actuaciones impugnadas, puesto que apuntan a circunstancias de organización interna de la propia entidad y que, por otro lado, no se acreditan que efectivamente se hayan vulnerado en la forma que las indica.

SEXTO: Que, por tanto, al concluirse que la recurrida ha actuado conforme a Derecho y conforme a lo expuesto en el considerando precedente, no se advierte medida alguna que deba adoptar esta Corte para los efectos de acoger el presente arbitrio constitucional, lo que conllevará a desestimar el recurso en análisis.

Y visto, y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política De La República, y Auto Acordado de Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 1 y 30 de autos, por don Eduardo José Díaz Zambrano, en representación de Servicios Generales y De Seguridad Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 146366-2013 (acumulada con IC N° 11537-2014).

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Teresa Carolina Figueroa Chandía, conformada por la Ministra señora Gloria Solís Romero y el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veinticuatro de abril de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.