Protección contra Subsecretario del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1°.- Que, comparece don nombre reservado, médico cirujano, con domicilio en Viña del Mar, quien actúa representado por su abogado patrocinante y apoderado don nombre reservado, ambos ya individualizados en autos, interponiendo recurso de protección en contra del Subsecretario del Interior, señor Víctor Ramos Muñoz, y en contra de la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez, por la dictación de las resoluciones exentas N° NUM000, de la Subsecretaría del Interior, y N° NUM001, de la Contraloría General de la República, mediante las cuales se ordenó instruir un sumario administrativo en su contra.

Sostiene que dichos actos constituyen actuaciones ilegales y arbitrarias, por cuanto fueron dictados con posterioridad a la aceptación de su renuncia como Subsecretario del Interior, carecen de adecuada motivación y se traducen en la constitución de una comisión especial, infringiendo con ello las garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República. En razón de lo anterior, solicita se acoja el presente recurso, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección de sus derechos fundamentales. Expone, que el día 17 de octubre de 2024 presentó y le fue aceptada su renuncia al cargo de Subsecretario del Interior, siendo cursada por decreto N° NUM002 de esa misma fecha. Sin embargo, de manera paralela, mediante resolución exenta N° NUM000, supuestamente emitida el 16 de octubre de 2024, pero con timbre del 17 de octubre, la Subsecretaría del Interior ordenó instruir un sumario administrativo, designando fiscal a la Subsecretaria de Desarrollo Regional. Posteriormente, la Contraloría General de la República dictó la resolución exenta N° NUM001, de 23 de octubre de 2024, ordenando iniciar un nuevo procedimiento disciplinario, disponiendo además acumular el incoado por la Subsecretaría del Interior, todo ello a raíz de denuncias en contra del recurrente, en circunstancias que éste ya no revestía la calidad de funcionario público.

Refiere el actor, que tales actos carecen de validez, por cuanto fueron dictados sin competencia, una vez aceptada y cursada su renuncia, configurando una actuación propia de una comisión especial prohibida por la Carta Fundamental. Añade que no fue debidamente notificado de la resolución de la Subsecretaría del Interior ni del inicio del sumario, con lo cual se le privó del ejercicio oportuno de su defensa. Expone además que la Contraloría, al disponer la apertura de un procedimiento autónomo, fundado en denuncias genéricas, sin precisar hechos concretos, vulneró las exigencias de motivación que rigen todo acto administrativo conforme al artículo 11 de la Ley N° 19.880. Indica, asimismo, que la tramitación de un sumario paralelo a los procesos penales que enfrenta, en que ya existen imputaciones por hechos de similar naturaleza, afecta gravemente el ejercicio de su derecho a defensa y lesiona la presunción de inocencia, exponiéndolo al riesgo de una sanción administrativa anticipada. Ello importa, en definitiva, la vulneración de su derecho a un procedimiento racional y justo, conforme lo dispone el artículo 19 N° 3 de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De esta forma, sostiene que los derechos fundamentales afectados por los actos impugnados son, en primer término, su derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto se le ha dado un trato diferenciado y arbitrario, negándole la aplicación de las normas de notificación que la ley contempla para los actos administrativos de efectos individuales, además de pretender continuar un procedimiento disciplinario pese a la extinción de su responsabilidad administrativa por renuncia. En segundo lugar, se ha vulnerado su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, puesto que se le somete a un procedimiento irregular, incoado por órganos que carecen de competencia material, con desconocimiento de las garantías mínimas de un debido proceso.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto la resolución exenta N° NUM001 de la Contraloría General de la República, de 23 de octubre de 2024; en subsidio, se suspenda el proceso sumarial mientras se encuentra pendiente el proceso penal seguido en su contra; se autorice la incorporación de los antecedentes contenidos en las carpetas investigativas para el debido ejercicio de su defensa; y, en general, se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección de los derechos fundamentales que invoca. 2°.- Que, al evacuar informe la Contraloría General de la República, solicita el rechazo del presente recurso, sosteniendo en primer lugar, la extemporaneidad de la acción; en segundo término, argumenta la improcedencia del recurso respecto de actos de mero trámite; enseguida, alega la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado; finalmente, rebate las alegaciones de fondo formuladas por el recurrente, relativas a la instrucción del sumario con posterioridad a su renuncia, a la supuesta vulneración del derecho de defensa, a la coexistencia de reproches administrativos y penales, y a la falta de motivación del acto administrativo cuestionado.

En cuanto a la extemporaneidad, hace mención al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 17 de julio de 2015, que impone un plazo fatal de treinta días para interponer esta acción, contados desde que el afectado toma conocimiento cierto del acto que estima ilegal o arbitrario. A juicio del órgano fiscalizador, de las propias declaraciones del actor se desprende que tuvo conocimiento del sumario administrativo en marzo de 2025, cuando se le solicitó declarar, y no sólo en junio del mismo año, fecha en que fue notificado de los cargos, razón por la cual la acción cautelar se habría deducido fuera de plazo, configurándose así una causal suficiente de rechazo.

Seguidamente, expone la improcedencia del recurso de protección respecto de actos de trámite, señalando que la resolución exenta N° NUM001, de 2024, no constituye un acto terminal ni impone sanción alguna, sino que se limita a acumular e instruir la prosecución de un sumario ya iniciado por la Subsecretaría del Interior. En tal entendido, la jurisprudencia constante de los tribunales superiores de justicia ha establecido que los actos intermedios de un procedimiento disciplinario carecen de la aptitud necesaria para afectar en forma definitiva garantías constitucionales, debiendo esperar a la resolución final para plantear eventuales vicios o irregularidades.

En lo referido a la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, hace presente que la Contraloría actuó en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le otorgan el artículo 98 de la Constitución y los artículos 1°, 5°, 133 y siguientes de la Ley N° 10.336, así como la resolución N° NUM003, de 2013, que regula los sumarios administrativos. La resolución impugnada, lejos de ser caprichosa, obedeció a denuncias formales y a un requerimiento expreso de la Subsecretaría del Interior, encontrándose debidamente motivada y ajustada a derecho. Respecto de las alegaciones de fondo del recurrente, la Contraloría descarta, en primer lugar, que el sumario se haya instruido con posterioridad a la renuncia del actor, toda vez que la resolución de la Subsecretaría del Interior que lo inició data del 16 de octubre de 2024, en tanto la renuncia fue presentada y aceptada con fecha 17 del mismo mes, circunstancia además consignada expresamente en el decreto que la acepta. Asimismo, enfatiza que la normativa vigente - artículo 147 del Estatuto Administrativo y artículo 23 de la resolución N° NUM003- autoriza la continuación de un sumario aunque el funcionario haya cesado en sus funciones. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de defensa, se argumenta que el procedimiento sumarial es secreto mientras se encuentra en tramitación, pero que dicha reserva cesa respecto del inculpado desde que se le notifican cargos, lo que ocurrió el 9 de junio de 2025. Desde ese momento el recurrente pudo ejercer plenamente sus descargos y solicitar pruebas, conforme lo disponen los artículos 27 y 28 de la resolución N° NUM003, por lo que no se aprecia afectación a su derecho de defensa.

En relación a la alegación de concurrencia entre responsabilidad administrativa y penal, la recurrida señala que ambas son independientes, conforme lo disponen el artículo 18 de la Ley N° 18.575 y el artículo 120 del Estatuto Administrativo, de modo que la tramitación de una causa penal no excluye la instrucción ni eventual sanción en sede administrativa. Sólo en el caso de una absolución o sobreseimiento definitivo por inexistencia de delito, la normativa contempla efectos sobre el sumario, lo que no se verifica en la especie.

Asimismo, la Contraloría desestima la supuesta falta de motivación de la resolución exenta N° NUM001, señalando que el acto explicita los hechos denunciados que lo fundamentan, la solicitud expresa de la Subsecretaría del Interior y la necesidad de asegurar transparencia e imparcialidad, por lo que se encuentra debidamente motivado en derecho y en los hechos que lo originan.

Finalmente, en cuanto a las peticiones del recurrente, la entidad fiscalizadora rechaza que se deje sin efecto el sumario administrativo, que se ordene su suspensión hasta la conclusión del proceso penal, o que se autorice la incorporación de las pruebas de éste, pues tales solicitudes carecen de sustento legal, exceden la naturaleza del recurso de protección y vulneran la normativa que rige tanto a los procedimientos administrativos como a la investigación penal, cuya reserva corresponde exclusivamente al Ministerio Público.

En mérito de lo expuesto, solicita que el recurso de protección sea desestimado en todas sus partes, y, además, pide se disponga la reserva de los antecedentes de la presente causa, por encontrarse vinculados a un sumario administrativo actualmente en tramitación y contener datos personales protegidos por la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. 3°.- Que, evacuado informe la Subsecretaría del Interior opuso, en lo principal, la excepción de improcedencia del recurso por extemporáneo, solicitando el rechazo de la acción sin entrar al fondo.

En subsidio, y en caso de estimarse procedente el recurso, contestó la acción alegando la improcedencia de la vía constitucional atendida la naturaleza de los actos impugnados, así como la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de las recurridas, requiriéndose, en definitiva, el rechazo íntegro del recurso de protección.

En cuanto a la primera defensa, argumentó que el recurso fue deducido fuera del plazo fatal de treinta días que contempla el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, toda vez que el recurrente tomó conocimiento de los actos impugnados en marzo de 2025, cuando declaró en el procedimiento disciplinario instruido en su contra, y no el 9 de junio del mismo año, como sostiene. Habiendo interpuesto la acción recién el 26 de junio de 2025, se excedió con creces el plazo, razón por la cual la acción debe ser declarada improcedente. Se añadió que tanto el inicio del sumario como su traspaso a la Contraloría fueron de público conocimiento e, incluso, la renuncia del actor fue tramitada mediante decreto supremo en que expresamente se consignó su sometimiento a sumario administrativo, publicado en el Diario Oficial.

Seguidamente, y en subsidio de lo anterior, sostuvo que el recurso resulta improcedente en atención a la naturaleza de los actos reclamados, esto es, resoluciones que instruyen y acumulan sumarios administrativos, actos que constituyen meros trámites intermedios dentro de un procedimiento complejo. Conforme a reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, dichos actos carecen de la aptitud de afectar derechos constitucionales en forma directa, razón por la cual no son susceptibles de impugnación mediante esta acción cautelar, destinada únicamente a proteger garantías frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan una amenaza o privación cierta y actual.

Asimismo, hizo presente que no se verifica ilegalidad o arbitrariedad alguna en el obrar de las recurridas. En primer término, se estableció que el sumario administrativo se inició mediante resolución exenta de 16 de octubre de 2024, dictada con anterioridad a la renuncia del actor, quedando constancia de ello en el decreto supremo que aceptó su dimisión. Por ende, no es efectivo que se haya instruido cuando ya había perdido la calidad de funcionario. En segundo lugar, se alegó que no existía obligación de notificar la resolución que inicia el sumario, pues el Estatuto Administrativo establece expresamente el carácter secreto del procedimiento hasta la formulación de cargos.

En lo que respecta a la Contraloría General de la República, indicó que la acumulación del procedimiento a dicho órgano obedeció a una prolongación y no a un nuevo sumario, encontrándose amparada en las facultades de control que la Constitución y su ley orgánica le confieren. Esta acumulación, además, se presentó como una manifestación del principio de economía procesal, evitando duplicidad de procesos y resguardando el debido proceso del propio recurrente.

Se rechazó también que la Contraloría pudiera ser calificada como una “comisión especial”, toda vez que se trata de un órgano constitucionalmente establecido y dotado de potestades legales expresas. Por otra parte, en cuanto a la alegada vulneración de derechos fundamentales, el informe sostuvo que las afirmaciones del recurrente se fundan en errores conceptuales. Así, en relación con la igualdad ante la ley, no se acreditó trato discriminatorio alguno respecto de personas en similar situación, desnaturalizándose el alcance de la garantía invocada. En lo que respecta al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, se indicó que la Contraloría actúa dentro de sus atribuciones legales, lo que excluye dicha calificación. Finalmente, respecto de la supuesta duplicidad persecutoria, se recordó el principio de independencia de las responsabilidades administrativas y penales, reconocido en el artículo 120 del Estatuto Administrativo, de modo que la coexistencia de procedimientos no constituye vulneración del non bis in ídem. Por todo lo expuesto, la Subsecretaría del Interior solicitó, en lo principal, declarar improcedente la acción de protección por haber sido interpuesta fuera de plazo, y, en subsidio, rechazarla en todas sus partes, por improcedente e infundada, al no verificarse en los hechos ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el actuar de las recurridas. 4°.- Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y reglado por el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema, constituye una acción cautelar de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen, requiriéndose para su procedencia la verificación, en el estado actual de la causa, de un agravio concreto, actual o inminente, atribuible a las recurridas y susceptible de ser corregido por esta vía sumarísima. No está concebida, por tanto, para sustituir los procedimientos administrativos o jurisdiccionales especialmente previstos por el legislador ni para anticipar decisiones técnicas o de mérito propias de la autoridad competente. 5°.- Que, además, la salvaguarda se realiza mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal; b) que del mismo se siga un directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y c) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección. 6°.- Que, las omisiones ilegales y arbitrarias que se denuncian como vulneratorias de los derechos constitucionales del recurrente se hacen consistir en la dictación de las resoluciones exentas N° NUM000, de la Subsecretaría del Interior y la N° NUM001, de la Contraloría General de la República, mediante las cuales se ordenó instruir un sumario administrativo en su contra, por haber sido dictados con posterioridad a la aceptación de su renuncia como Subsecretario del Interior; que carecerían de adecuada motivación y que se traducen en la constitución de una comisión especial, infringiendo con ello las garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

De lo anterior resulta que las conductas denunciadas como constitutivas de vulneración de las garantías constitucionales coexisten al tiempo de su interposición y afectaría sus garantías constitucionales en forma efectiva y actual, habiendo tomado conocimiento de los actos impugnados el 9 de junio de 2025, cuando fue notificado de la formulación de cargos efectuada por la Contraloría General de la República, de ahí a la fecha de interposición que lo fue el día 24 del mismo mes y año, aparece el presente recurso deducido dentro del plazo legal de treinta días señalado por la norma constitucional, por lo que habrá de desecharse la alegación de extemporaneidad interpuesta. 7°.- Que, entrando ahora al fondo, debe señalarse preliminarmente que al procedimiento sumarial, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, que establece en sus artículos 4º, 7º, 8º, 9° y 13° los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y conclusivo, que deben inspirar los procedimientos administrativos; principios que, especialmente los de eficiencia, eficacia y celeridad, son premisa de un procedimiento y una investigación racionales y justos, garantía constitucional de toda persona, natural y jurídica, de conformidad a lo prevenido en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental. 8°.- Que, por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 7.5 establece que “toda persona detenida o retenida […] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable”. A su vez, y con más precisión, el artículo 8.1 dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella”. 9°.- Que, como lo ha sostenido esta Corte, en virtud de esta normativa, puede advertirse que el debido proceso es un derecho fundamental de carácter instrumental, continente de numerosas garantías y principios previstos por los Tratados Internacionales, la Constitución y las leyes específicas, en virtud del cual toda persona tiene derecho a un justo, normal, pronto y razonable actuación administrativa y/o proceso judicial, a efectos de restituir derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 10°.- Que, efectuada una revisión de lo actuado, es posible advertir que lo impugnado son las resoluciones exentas N° NUM000, de fecha 16 de octubre de 2024, de la Subsecretaría del Interior y la N° NUM001, de fecha 23 del mismo mes y año, de la Contraloría General de la República, en virtud de las cuales se instruyeron y acumularon en un solo sumario administrativo la investigación de hechos que podrían enmarcarse en conductas reguladas en el marco de la ley N° 21.643, sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, ocurridas en las dependencias de la Subsecretaría del Interior, y, específicamente, en el Gabinete del Subsecretario de dicha época; así como en virtud de diversas denuncias recibidas por la Contraloría General de la República, relativas a eventuales acciones de acoso y otras actuaciones irregulares de la parte del recurrente, en cuyo contexto previo es posible destacar que el sumariado presentó su renuncia al cargo de Subsecretario del Interior el 17 de octubre de 2024, la cual fue aceptada y cursada el mismo día. 11°.- Que, sin embargo, aparece con toda evidencia que, atendida la naturaleza de los actos administrativos objeto de esta acción cautelar, estos constituyen actos trámites o intermedios de un sumario inicialmente instruido con fecha 16 de octubre de 2024, no pudiendo erigirse la presente vía constitucional para intervenirlos, pues el medio intentado no constituye, en ningún caso, un mecanismo de revisión o corrección de actos procesales administrativos, ya que los procedimientos sumariales son complejos y constan de diversas etapas, siendo los actos que los instruyen una parte de aquellos, pero que nada deciden por sí mismos respecto del fondo de los asuntos cuya investigación se mandata, puesto que no pueden generar un efecto de cumplimiento o término del proceso en cuanto a su finalidad como son, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones, salvo que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, cuyo no es el caso. 12°.- Que, de igual forma, la acumulación de procedimientos tampoco es un acto que, por sí mismo, pueda ser considerado lesivo de derechos, siendo que este tipo de actos se caracteriza por insertarse en un procedimiento más general y técnico, que se desarrolla conforme a un orden consecutivo legal, en el cual tanto el administrado como la autoridad administrativa ejercen y asumen derechos y cargas, agotando las diversas etapas procedimentales hasta su conclusión.

El acto intermedio se identifica, de esta forma, por atribuir a los intervinientes posiciones de orden fundamentalmente procedimental o adjetivo. 13°.- Que, a su tiempo, la resolución exenta N° NUM001, de 2024, de la Contraloría General de la República, forma parte del sumario administrativo que esa entidad de control está llevando a cabo, pero no constituye el acto terminal mediante el cual se sancione o materialice la aplicación de una medida disciplinaria respecto del recurrente, toda vez que se trata de una actuación emanada dentro de un proceso todavía no afinado, puesto que dicha resolución acumula e instruye el sumario incoado por la Subsecretaría del Interior a fin de determinar la existencia de responsabilidad administrativa. 14°.- Que, en este sentido, se ha señalado que los actos administrativos de trámite se entienden dependientes del acto de término por el que se resuelve el procedimiento. Así, y con independencia de los actos trámites que ponen término al procedimiento o producen indefensión, el resto no es impugnable, por lo que debe esperarse a que se produzca la resolución final del procedimiento para que, por medio de la impugnación de esta, sea posible denunciar las irregularidades o vicios que se estima afectan al primero, que se traspasan a la decisión final. 15°.- Que, la limitación precedente tiene su razón de ser en el intento de concentrar la totalidad de los motivos de impugnación que puedan afectar la legalidad de una cierta decisión administrativa en un único recurso, vía que puede incluir tanto los reproches dirigidos directamente a la resolución como aquellos que tienen por objeto discutir la legalidad de alguno de los actos de trámite.

Se trata de imponer límites a la impugnación, circunscribiéndola exclusivamente a los actos decisorios y aquellos actos trámite, siempre y cuando produzcan determinados efectos, esto es, que pongan fin al procedimiento o produzcan indefensión, lo que no ha acontecido en el presente caso, dado el carácter además meramente formal de los mismos. 16°.- Que, por ello, al constituir las dos decisiones cuestionadas, actos trámites respecto del proceso disciplinario, que no aplican ni imponen sanciones o medidas disciplinarias, carecen de la aptitud necesaria para privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de cualquier derecho constitucional, por lo que recurrir contra dichos actos implica que la acción no reúne ninguna de las calidades planteadas en la Carta Fundamental para la procedencia del recurso, como lo ha indicado reiteradamente la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, razón por la cual el presente recurso de protección no puede prosperar. 17°.- Que, a mayor abundamiento, se debe agregar que las alegaciones efectuadas en esta sede por el actor no son propias de la presente acción constitucional, al tratarse de un proceso disciplinario que se encuentra en tramitación, reservado, y que tiene el carácter de reglado, correspondiendo que aquellas sean realizadas y analizadas en el marco de aquel, cuya regulación prevé las etapas e instancias necesarias para la adecuada defensa del sumariado.

En consecuencia, considerando que todo procedimiento administrativo, consiste en una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, que tienen por finalidad producir un acto administrativo terminal, resulta palmario que no es procedente que se deduzca un recurso de protección sólo respecto de un acto intermedio, que no produce una afectación definitiva de los derechos del investigado, lo que refuerza la conclusión de rechazar el recurso.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Subsecretario del Interior, señor Víctor Ramos Muñoz, y en contra de la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M. Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare. No firma la Ministra señora Sandra Araya, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

N°Protección-14625-2025.