RHITEC SPA con SCOTIABANK CHILE S.A

C.A. de Santiago Santiago, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 37 y 38: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en representación de RHITEC SpA, interponiendo recurso de protección en contra de SCOTIABANK CHILE S.A., por haber decidido el cierre unilateral, inconsulto e infundado de la cuenta corriente bancaria número [cuenta reservada], actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que no encuentra norma o fundamento legal en que se funde, sino que, al contrario, contraviene normas de orden público, además de carecer de lógica o razón, obedeciendo a un capricho injustificado del recurrido, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N° 3, inciso quinto), la protección de la honra (artículo 19 N° 4) y el derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, ordenando la reapertura de las cuentas y productos financieros asociados.

Expone que, durante el año 2022, su representada suscribió de manera digital con Banco Scotiabank el contrato de cuenta corriente bancaria número [cuenta reservada]. Con fecha 15 de mayo de 2025, al intentar realizar una transferencia bancaria, se encontró con dificultades, y el día 16 de mayo de 2025, todas las alternativas de uso de la aplicación móvil le aparecieron bloqueadas, sin obtener respuesta del ejecutivo virtual. Al comparecer personalmente al banco, se le indicó que debía esperar por un posible problema informático.

Señala que, fecha 27 de mayo de 2025, recibió en su domicilio una carta denominada “Aviso al cliente de cierre de cuenta corriente”, la cual informaba el cierre de su cuenta número [cuenta reservada] en 10 días, limitándose a señalar como motivo “ARTICULO 10”, sin ofrecer ninguna explicación específica ni justificación. El cierre se realizó sin notificación previa (antes de la recepción de la carta) y sin fundamentación por parte del banco.

Indica que, tenía dinero en sus cuentas, tanto en pesos como en dólares, y múltiples pagos que efectuar, los cuales no pudo realizar producto del cierre que califica de injustificado, imprudente y negligente.

Argumenta que, la actuación del banco es ilegal, al no encontrar norma o fundamento legal que la sustente y contraviniendo normas de orden público, y arbitraria, al carecer de lógica o razón y obedecer a un capricho injustificado.

Destaca que un acto puede ser legal y, a la vez, arbitrario, citando doctrina que define la arbitrariedad como la carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, la falta de proporción entre los motivos y el fin, y la ausencia de fundamentación. En apoyo de su postura, cita la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 37039-2021, que en un caso análogo acogió un recurso de protección por el cierre unilateral de una cuenta corriente sin motivos explícitos, calificándolo de arbitrario y discriminatorio. Asimismo, si bien reconoce la facultad unilateral de cierre del banco, conforme al numeral 10 del Capítulo 2.2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el artículo 17 B letra b) de la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, la recurrente sostiene que esta facultad debe ejercerse de manera racional y justificada, expresando las causales, y no de forma caprichosa, considerando el carácter *intuitu personae* y de confianza del contrato de cuenta corriente, la cual debe fundamentarse adecuadamente para no tornar el ejercicio del derecho de término unilateral en abusivo o arbitrario.

Afirma que, la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) al dispensar un trato distinto y sin causa racional a la recurrente respecto de otros cuentacorrentistas, constituyendo una discriminación arbitraria. Además, ha transgredido el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N° 3, inciso quinto) al erigirse como un órgano jurisdiccional de facto, juzgando y sancionando el contrato con el cierre de la cuenta sin forma de juicio ni oportunidad de defensa. Se ha afectado igualmente la protección de la honra (artículo 19 N° 4) al cuestionar de forma indirecta, genérica la integridad, honradez y decencia de la empresa y de su representante, dañando su fama, prestigio y buen nombre al no basarse en hechos ciertos o revelados. Finalmente, se ha lesionado el derecho de propiedad (artículo 19 N° 24) sobre la cuenta corriente y sus productos, ya que la decisión de cierre fue intempestiva, arbitraria e ilegal, sin mediar aviso ni razón alguna, privándole del legítimo ejercicio de su derecho sobre estos bienes incorporales.

Concluye solicitando que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se ordene al Banco SCOTIABANK reabrir las cuentas y demás productos de su representada, específicamente la cuenta en pesos número [cuenta reservada], restableciendo la operatividad de todos los productos financieros asociados a dicho contrato, y absteniéndose, además, de cualquier otra conducta que atente contra el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar libremente una actividad económica.

SEGUNDO: Que, informando sobre el recurso de protección interpuesto, la parte recurrida, Scotiabank Chile, solicitó el rechazo de la acción, con expresa condena en costas, fundando su petición en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Expone que las instituciones financieras, y en particular los bancos, tienen obligaciones tanto a nivel nacional como internacional, en el marco de la normativa de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT).

Menciona la Ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para prevenir la utilización del sistema financiero para delitos, y el artículo 3° de dicha ley, que obliga a los bancos a informar sobre operaciones sospechosas. Asimismo, indicó que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha impartido instrucciones en el Capítulo 1-14 de su Recopilación Actualizada de Normas (RAN) sobre "Prevención del Lavado de Activo y del Financiamiento del Terrorismo", que exige a los bancos adoptar precauciones para un adecuado conocimiento de sus clientes (KyC), actualizar sus antecedentes y, en caso de dudas sobre la veracidad de la información o impedimento en la identificación, evaluar el término de la relación comercial y emitir un reporte de operación sospechosa a la UAF.

Afirma que el actuar del Banco se enmarcó en el cumplimiento de esta normativa y la insuficiente cooperación de la recurrente.

Sostiene que, el recurrido está facultado legal y contractualmente para poner término unilateralmente al contrato. Hizo referencia al numeral 10 del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, que expresamente reconoce el derecho del banco a cerrar unilateralmente una cuenta corriente. Además, señaló que el Contrato Único de Productos Persona Jurídica suscrito por la recurrente contempla la facultad de cierre de los productos contratados por parte del Banco en su cláusula 8 del Título I del Contrato de Cuenta Corriente. Concluyó que el Banco ejerció un derecho expresamente reconocido en la regulación sectorial y en el contrato.

Indica las razones específicas del cierre de la cuenta corriente, las que refieren a que la recurrente no aportó al Banco antecedentes suficientes para justificar movimientos por la suma de $606.527.701 entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024. Estos ingresos correspondían a transferencias de la empresa Flow S.A. y de la misma empresa desde otros bancos, las cuales, en un plazo de uno a tres días, eran transferidas a cuentas de relacionadas (Pantec SpA, Gumanage SpA, Siae Investment), todas con un socio en común, el señor nombre reservado. Detalló que los abonos correspondieron a $465.035.066 en octubre de 2024, $67.657.175 en noviembre de 2024 y $73.835.460 en diciembre de 2024, sumando un total de $606.527.701.

Agrega que, la recurrida calificó estas transacciones como inusuales basándose en: 1) flujos no acordes a los ingresos acreditados por el cliente; 2) actividad no acorde al giro declarado en el Servicio de Impuestos Internos; 3) la declaración del cliente de que la empresa procesa pagos de la plataforma de contenidos para adultos ARSmate, implicando grandes volúmenes de pagos pequeños sin trazabilidad del origen de los fondos; 4) falta de visibilidad sobre creadores de contenido o suscriptores, con riesgo de vinculación a jurisdicciones sancionadas; y 5) transferencias circulares entre empresas del mismo grupo o hacia otras entidades bancarias sin sentido económico aparente, lo que podría indicar estratificación de fondos. Por estos motivos, el Banco perdió la confianza en el cliente y procedió al cierre, comunicación que se realizó en los términos contractuales.

Argumenta, por otra parte, que el contrato de cuenta corriente es de carácter intuitu personae, es decir, basado en la confianza, la cual es un pilar fundamental de dicha relación contractual. Señala que tanto autoridades administrativas como la jurisprudencia han reconocido esta naturaleza, citando el Ordinario N° 1.125 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y sentencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y la Excelentísima Corte Suprema que avalan el cierre de cuentas por pérdida de confianza, especialmente en el contexto de actividades de prevención de lavado de activos y terrorismo.

Afirma que, la acción de protección no es el medio idóneo para resolver un supuesto incumplimiento contractual, ya que se trataría de un asunto de lato conocimiento. Explica que el artículo 20 de la Constitución Política de la República ampara el "legítimo ejercicio" de derechos indubitados, y que la controversia contractual planteada por la recurrente, al ser controvertida por el Banco, no configura un derecho indubitado. La acción de protección, al ser cautelar y no declarativa de derechos, no puede dilucidar cuestiones de hecho que requieren un procedimiento de lato conocimiento. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que refuerzan esta postura.

Finalmente, señala que no existe privación, perturbación o amenaza de un derecho de la actora por parte de Scotiabank Chile, puesto que el Banco actuó con estricto apego a la ley y al contrato, descartando cualquier vulneración al derecho de propiedad o a la igualdad ante la ley, y reiterando que este es un asunto propio de un juicio ordinario sobre cumplimiento de obligaciones contractuales.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el cierre unilateral de la cuenta corriente bancaria N°[cuenta reservada] del actor por parte del banco recurrido, por cuanto la recurrente no habría aportado a dicha institución antecedentes suficientes para justificar los movimientos de su cuenta por la suma de $606.527.701.-, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, lo que habría obstaculizado el cumplimiento de las normas y políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

QUINTO: Que, como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con un asunto de índole contractual, que por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

En efecto, este primer asunto impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consistente en la controversia entre las partes respecto de los derechos reclamados por el recurrente, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

SEXTO: Que, como se advierte de toda evidencia, las alegaciones de fondo referidas al alcance interpretativo de las normas contractuales, lo cierto es que aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad, cuyo no es el caso.

SÉPTIMO: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre la actora de protección y la entidad bancaria recurrida, toda vez que alegaciones de fondo referidas a afectaciones eventuales como consecuencia de interpretación de normas contractuales, dice relación con una litis que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones propias de juicios de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de la meras apreciaciones.

OCTAVO: Que, por ello es que dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar ninguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues las situaciones descritas, sin duda, quedan al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que existan derechos indubitados que a su vez sean constitutivos de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que hayan sido vulnerados mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de Rhitec SpA. en contra de Scotiabank Chile.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14.616-2025