Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio N° 13: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjeros, formulada al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, y que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 29 de mayo de 2025 fue notificada del rechazo de su solicitud, presentada a través del portal web de AFP Modelo, fundado en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con los requisitos normativos por no ser un certificado de afiliación, carecer de firma y no estar legalizado ni apostillado. La recurrente sostiene que el documento presentado contiene un código de verificación oficial, es apto para acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.156, y que las exigencias adicionales impuestas por la recurrida no están contempladas en la legislación vigente. Añade que el rechazo carece de motivación suficiente, se efectuó sin verificar los antecedentes disponibles y desconoce la existencia de constancias similares que sí han sido admitidas por otras administradoras de fondos. En tal contexto, estima que la decisión impugnada infringe sus derechos fundamentales, en particular, el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales y el principio de igualdad ante la ley.

Solicita que se deje sin efecto la resolución que rechazó su solicitud, ordenando a la recurrida tramitar la devolución de sus fondos conforme a derecho.

Segundo: Que Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., evacua informe señalando que con fecha 28 de mayo de 2025, la recurrente solicitó la devolución de sus cotizaciones previsionales correspondientes al período diciembre de 2021 a abril de 2025, adjuntando título profesional apostillado, declaración jurada ante notario, constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y contrato de trabajo.

Indica que la solicitud fue revisada conforme a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los criterios de la Superintendencia de Pensiones, concluyéndose que los antecedentes aportados no acreditaban afiliación efectiva a un régimen de previsión extranjero con cobertura mínima en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Precisa que la constancia electrónica presentada no constituye un certificado válido en los términos exigidos por la normativa, al carecer de firma, apostilla o legalización, y no acreditar de manera específica la cobertura individual de la afiliada.

Asimismo, sostiene que la declaración jurada no fue emitida por autoridad competente ni validada consularmente.

Afirma que la decisión adoptada por la recurrida se ajusta plenamente a derecho, en aplicación estricta de la normativa vigente y conforme a lo instruido por la autoridad administrativa competente, negando la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en el actuar que motiva la presente acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Quinto: Que es necesario dejar establecido que la acción de protección no constituye una vía idónea para debatir sobre la procedencia o improcedencia de un derecho en sede declarativa, sino que tiene un carácter estrictamente cautelar, destinado a resguardar el legítimo ejercicio de derechos indubitados frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que los priven, perturben o amenacen. En consecuencia, cuando lo pretendido excede el ámbito de tutela urgente y requiere de un pronunciamiento declarativo sobre derechos controvertidos, la acción deviene improcedente.

Sexto: Que, en el caso de autos, la actora estima vulnerados sus derechos a la igualdad ante la ley y a la propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la recurrida habría rechazado arbitrariamente su solicitud de devolución de fondos previsionales, sin considerar debidamente los antecedentes acompañados y exigiendo requisitos que, en su concepto, no se encuentran contemplados en la normativa vigente.

Séptimo: Que, conforme a lo informado por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., el rechazo de la solicitud se fundó en la falta de acreditación de la afiliación efectiva de la recurrente a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigencia establecida expresamente en el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Octavo: Que, según consta en el informe evacuado, la documentación presentada por la recurrente —en particular la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales— no satisface los requisitos legales y reglamentarios, por cuanto: (i) no constituye un certificado de afiliación en sentido estricto; (ii) no acredita la cobertura específica de la afiliada en los riesgos señalados; (iii) no se encuentra debidamente firmado ni legalizado o apostillado conforme a lo exigido por el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y por el Convenio de La Haya sobre Apostilla.

Noveno: Que, adicionalmente, la Superintendencia de Pensiones ha fijado un criterio interpretativo obligatorio para las Administradoras, en virtud del cual se exige que los documentos presentados acrediten de manera específica la cobertura previsional durante toda la relación laboral en Chile, lo que no se cumple mediante constancias genéricas ni con meras declaraciones juradas. Esta interpretación ha sido recogida en los Oficios Ordinarios N° 3141 de 2024, N° 23208 de 2023, y N° 4277 de 2025, entre otros, los cuales tienen carácter vinculante.

Décimo: Que, en virtud de lo anterior, no se configura en el caso de autos un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, sino el cumplimiento estricto de las normas legales, reglamentarias y administrativas que rigen la devolución de fondos previsionales para trabajadores técnicos extranjeros.

Undécimo: Que, por consiguiente, la presente acción de protección no puede prosperar, al no acreditarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales de la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14615-2025.