Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 16, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en descontar de su remuneración del mes de mayo de 2026 la suma de $55.797, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 14 de agosto de 2003, contrajo un mutuo de dinero con la recurrida por la suma de $1.462.856, pagadero en 36 cuotas, y que la deuda fue pagada hasta la cuota N°13, constituyéndose en mora a partir de la cuota N°14, con vencimiento en octubre de 2004.

Alega que, tras más de 20 años sin que la acreedora efectuara gestión de cobro alguna, de manera sorpresiva y sin previo aviso, procedió a realizar el descuento cuestionado. Sostiene que este actuar revive unilateralmente un derecho de cobro respecto de una deuda susceptible de ser declarada prescrita, constituyendo un acto irracional, abusivo y, por consiguiente, arbitrario.

Solicita que se ordene a la recurrida el cese de los descuentos y la restitución de los dineros sustraídos, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacúa informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Expone que, el 14 de agosto de 2003, otorgó al recurrente el crédito social código N°120823, por un capital inicial de $1.462.856, del cual se mantienen impagas 23 cuotas desde su caída en mora en octubre de 2004. Añade que, el 25 de mayo de 2026, notificó por correo electrónico al actor sobre el estado de su deuda, otorgándole un plazo de 15 días para regularizar su situación conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, y que el primer descuento operó el 13 de mayo de 2026.

Afirma que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se ampara en el mandato del artículo 22 de la Ley N°18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo, normas de orden público que habilitan el descuento directo por planilla tratándose de obligaciones con instituciones de previsión social.

Arguye que la acción constitucional intentada no es la vía para obtener la declaración de prescripción de la acción de cobro ni la restitución de cuotas válidamente descontadas en cumplimiento de una obligación civil vigente, toda vez que dichas pretensiones deben ser resueltas en un proceso de lato conocimiento ante la justicia ordinaria.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en este caso, no se encuentran controvertido:

1.- Que, el recurrente, el 14 de agosto de 2003, contrajo un mutuo de dinero con la recurrida por la suma de $1.462.856, pagadero en 36 cuotas, y que la deuda fue pagada hasta la cuota N°13, constituyéndose en mora a partir de la cuota N°14, con vencimiento en octubre de 2004.

2.- Que, la totalidad de este crédito se hizo exigible en agosto de 2006.

3.- Que, en su informe, la propia recurrida admite que “El recurrente cumplió parcialmente su obligación, pagando únicamente las cuotas N° 1 a N° 13 del crédito. A partir de la cuota N° 14, con vencimiento el 31 de octubre de 2004, entró en mora al desvincularse de la empresa empleadora. Desde entonces han permanecido impagas 23 cuotas del crédito”.

Quinto: Que, conforme prescribe el punto 7.3.2.1 del Compendio de Normas que ha dictado la Superintendencia de Seguridad Social para los créditos sociales de las Cajas de Compensación “Las Cajas de Compensación deben, mensualmente, solicitar la aprobación de su solicitud de incobrabilidad ante esta Superintendencia, para proceder a efectuar el castigo de todas las deudas incobrables por concepto de créditos sociales no hipotecarios, una vez que éstos cumplan los 12 meses de morosidad y que hayan sido provisionados en un 100%, de acuerdo con lo establecido en el Título IV del Libro VI del Compendio de la Ley N°18.833”.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, se patentiza que, atendido el tiempo transcurrido –más de 20 años-, sin que en el informe de la Caja de Compensación se mencionen hechos que pudieren importar una interrupción del plazo de prescripción de la deuda, resulta evidente que necesariamente los descuentos que motivan la presente acción dicen se relacionan con una obligación que ya ha sido castigada contablemente como incobrable y que atendido el tiempo transcurrido, subsiste sólo en calidad de obligación natural.

Séptimo: Que, en este contexto entonces, sin perjuicio de que la prescripción de una obligación debe ser declarada judicialmente, es posible concluir que resulta absolutamente arbitrario, desproporcionado e injustificado emplear el mecanismo compulsivo de obligaciones previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 para obligaciones declaradas incobrables y que a todas luces, dado el tiempo transcurrido, sólo subsisten en calidad de obligaciones naturales, constituyendo, en este contexto una forma de autotutela que no se encuentra amparada por nuestro ordenamiento jurídico y lesiona el derecho de propiedad del recurrente, previsto en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental.

Octavo: Que, en estas condiciones, corresponde que esta Corte adopte las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho, porque se ha demostrado la existencia de un acto arbitrario, esto es, carente de racionalidad y proporcionalidad que ha conculcado alguno de los derechos establecidos en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, del modo que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá abstenerse de efectuar nuevos descuentos de las remuneraciones del actor con ocasión del crédito social que ha motivado la presente causa y procederá a realizar una liquidación para restituir al reclamante, debidamente reajustadas, conforme a la variación que haya experimentado el índice de precios al Consumidor, las cuotas que le fueron descontadas y que fueron denunciadas en la presente acción, restitución que deberá tener lugar dentro del término de décimo día hábil desde la ejecutoriedad de la presente causa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-14608-2026.