Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 30 y 31: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber dictado la primera de las recurridas la Resolución Exenta NUM000, de 23 de mayo de 2025, por la que se rechazó el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución Exenta NUM001, de 7 de febrero de 2025, por la que se confirmó el origen laboral de la invalidez del recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 y 3 de la Carta Fundamental, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta antes, restableciendo la pensión de invalidez que era otorgada previamente al actor, con el respectivo pago de subsidios por licencias médicas, y ordenando una nueva evaluación por parte de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que la Resolución Exenta impugnada carece de fundamentos, ya que los antecedentes de su enfermedad en cuanto a dolores y malestar de columna han llegado a reducir su movilidad, impidiéndole realizar ciertos movimientos, perjudicándolo laboralmente, siendo lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social contradictorio con sus diagnósticos médicos previos, como asimismo sus exámenes, perjudicando sus derechos, al ser la consecuencia directa de lo resuelto por la SUSESO el no pago de sus licencias médicas entre el 29 de noviembre de 2022 al 24 de junio de 2025, afectándolo económicamente, solicitando en definitiva a esa magistratura el restableciendo la pensión de invalidez que era otorgada previamente al actor, con el respectivo pago de subsidios por licencias médicas, y ordenando una nueva evaluación por parte de la Superintendencia de Pensiones.

SEGUNDO: Que, informa doña Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad social, solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Arguye en primer término que la acción de protección debe ser desestimada, por extemporánea, relatando para fundar su alegación que la Comisión Médica Central De La Superintendencia De Pensiones, mediante ORD. NUM002, de fecha 6 de diciembre de 2024, solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social el estudio e informe de los antecedentes correspondientes al recurrente, en relación con la apelación interpuesta por las Compañías de Seguros de Vida, las que afirmaban que la invalidez transitoria temporal declarada respecto del recurrente, particularmente el de su columna, sería de origen laboral y no común, agregando que conforme con lo anterior, se elaboró el Informe NUM003, sobre la materia alegada, que fue presentado en Sesión CMCA N°03, de 24 de enero de 2025 de la Comisión Médica Ampliada de la Superintendencia de Pensiones, y en lo fundamental, confirmó el origen laboral de la citada invalidez, puntualizando que las secuelas del infortunio generaron una pensión parcial de la Ley N°16.744, con lo cual se produce la incompatibilidad legal de beneficios establecidos en el artículo 12 de D.L. N° 3.500.

Agrega que el 7 de mayo de 2025, el recurrente presentó un reclamo ante la SUSESO, interponiendo recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta NUM001, de 7 de febrero de 2025, por la que se confirmó el origen laboral de la invalidez del recurrente, al ratificarse el informe NUM003, que fue presentado en la mencionada sesión, detallando que las secuelas laborales que sufrió el actor por un accidente laboral en el año 1985, le generaron una pensión parcial de la Ley N°16.744 de cargo de la Asociación Chilena de Seguridad, siendo resuelto dicho recurso por la Resolución Exenta impugnada, de 23 de mayo de 2025, que en lo pertinente concluye que existe un principio genérico de incompatibilidad, ya que conforme al artículo 12 del D.L. N° 3.500, las pensiones de invalidez y sobrevivencia establecidas en ese cuerpo legal, no comprenden las causadas y reguladas de acuerdo con la Ley N° 16.744, y son incompatibles con las pensiones que se otorgan en dicho cuerpo legal, lo que determina que no pueden emplearse en el pago de las prestaciones a que pueda tener derecho una persona en virtud de una invalidez determinada, en conformidad con otra ley, como la que nace de la aplicación de la Ley N° 16.744.

Menciona que la citada Resolución aclara que la SUSESO, en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, por Oficio Circular 5830, de 1987, dictaminó que cuando la incapacidad profesional es menor del 40%, y solamente ha dado derecho a una indemnización y no a una pensión de la Ley N°16.744, no se presentaría la incompatibilidad a que se refiere el artículo 12 del D.L. N° 3500, de manera tal que en este caso las Comisiones Médicas del D.L. N° 3500 pueden sumar la incapacidad de origen laboral inferior a un 40% con la incapacidad de origen común. Que, asimismo, se ha establecido en forma conjunta que la pensión de invalidez del D.L. N°3.500 es compatible con la de la Ley N°16.744, en el evento que se constituya primero la de dicho decreto ley, ello a la luz de la interpretación del citado artículo 12, puntualizando que, en la especie, se estableció que las secuelas del recurrente derivadas del referido accidente fueron evaluadas una vez completado el tratamiento, con una incapacidad del 40%, por Resolución de 18 de noviembre de 1986, de la Comisión Evaluadora de Incapacidades de la Asociación Chilena de Seguridad, por lo que dado que la pensión de invalidez de la Ley N°16.744 se generó primero que la del D.L. N°3.500, se confirma la incompatibilidad de beneficios establecida en el artículo 12 del D.L. 3.500 de 1980”.

En este sentido, afirma que lo dictaminado por la SUSESO se informó al recurrente el 23 de mayo de 2025, siendo la acción de protección interpuesta el 24 de junio del presente año, y por tanto, extemporánea.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, agregando que el recurso de protección es un procedimiento de cautela de derechos indubitados, lo que no ocurre en el caso de autos.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo, explica que el marco normativo de autos es la Ley N° 16.744, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales, siendo la materia concreta sobre la que versta la acción de protección la calificación de una enfermedad como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “accidente profesional” contemplada en el artículo 5 de la Ley N° 16.744, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador o trabajadora y las prestaciones económicas que de ello se deriven.

Hace presente que en el caso del recurrente, se analizó su situación por apelación de las compañías de seguros de vida, en relación con el origen de la invalidez decretada, por cuanto estimaron las aseguradores que el origen del impedimento del actor se debía a una fractura de columna sufrida en 1985 ocurrida en el desarrollo de su trabajo, y por tanto laboral, debiendo ser su pérdida de capacidad de ganancia evaluada bajo la Ley N°16.744 y no el Decreto Ley N°3.500, siendo en razón de ello que se confeccionó el posterior informe NUM003, ya mencionado, por el cual se determinó que la afección tiene cobertura por la mencionada Ley, y no por el D.L. N° 3.500, dictándose la Resolución Exenta N° NUM001, de 7 de febrero de 2025, y posteriormente, al rechazarse la reposición deducida por el recurrente, la Resolución Exenta impugnada.

Precisa que, de conformidad con estos antecedentes, la actuación de la SUESO ha estado exenta de vicios de ilegalidad o arbitrariedad, que hayan vulnerado derechos garantidos constitucionalmente, pues fue sustentada en ley expresa para el caso en estudio, tal como se señala en la resolución reclamada, agregando que la aludida resolución impugnada cuenta con la fundamentación suficiente en que se basa, indicando las normas jurídicas en que se apoya, y explícitamente la razón para justificar la decisión que se adopta y en qué antecedentes se apoya para arribar a la misma, teniendo competencia para dictarla, por lo que solicita en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas;

TERCERO: Que a folio 26 de estos autos, y no habiendo evacuado informe la recurrida Superintendencia de Pensiones, esta Corte prescindió del mismo, sin perjuicio de lo cual, a folio 30, y a través de Oficio Ordinario N° NUM004, don nombre reservado, Jefe del Departamento Judicial de la Superintendencia de Pensiones, solicitó que se tuviera presente en la vista los antecedentes de los que daba cuenta.

Precisa el recurrido que el actor dirige en concreto su acción contra la SUSESO, dado que fue aquel servicio el que dictó la Resolución final sobre la calificación del grado de su invalidez, como también acerca de la naturaleza laboral de sus afecciones. En efecto, el 30 de junio de 2023, suscribió una solicitud de pensión de invalidez en A.F.P. Hábitat S.A., cuya evaluación y calificación de invalidez correspondió a la Comisión Médica Regional con sede en Chillán.

Relata que en su presentación el recurrente alegó como patologías invalidantes, las siguientes: lumbociática, hipoacusia sensorio neural e hipertensión arterial. Evaluadas tales afecciones por médicos interconsultores especialistas, mediante Dictamen de Invalidez NUM005, de 2 de abril de 2024, la Comisión Médica Regional, acordó declarar la invalidez parcial transitoria a favor del actor, representada por la pérdida de un 53% de su capacidad de trabajo, agregando que el 23 de abril de 2024, las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, interpusieron un reclamo para ante la Comisión Médica Central, argumentando que el impedimento de columna es de origen laboral y estaba sobrevalorado, y que el impedimento hipoacusia también es de origen laboral.

Refiere que posteriormente, y con el mérito de estos antecedentes, una vez realizadas las evaluaciones médicas de rigor, se acordó por la Comisión Médica Central derivar los antecedentes de invalidez a la Comisión Médica Central Ampliada, atendido lo dispuesto por el inciso noveno del artículo 11, del D.L. N°3.500, de 1980, resolviendo la mencionada Comisión, mediante Dictamen CMCA NUM006, de 24 de enero de 2025, que conforme con los antecedentes recabados, el siniestro laboral sufrido por el señor nombre reservado el año 1985, generó una pensión parcial de la Ley 16.744, produciéndose la incompatibilidad legal de beneficios, establecida en el Artículo 12 del D.L. 3.500. En consecuencia, las secuelas del infortunio son de la cobertura de la Ley N°16.744 y, por tanto, no procedió la evaluación conforme a la normativa del D.L N°3.500, de 1980, siendo con su mérito aceptado el reclamo de las compañías de seguro, y revocado el dictamen de invalidez regional, resolviéndose que no procede otorgar invalidez común, por incompatibilidad legal de beneficios.

Concluye que en estas circunstancias, la controversia no consiste en torno al grado de invalidez del actor, sino al origen de la invalidez, es decir si ésta es de origen laboral o común. Pues bien, el organismo encargado de determinar la naturaleza de las afecciones corresponde, precisamente, a la Superintendencia de Seguridad Social, de modo que ha de estarse a lo que ésta resolvió. En suma, las dos afecciones que provocan la invalidez parcial son la lumbociática y la hipoacusia y ambas son de origen laboral no común, configurándose la incompatibilidad de beneficios establecida por ley, de modo tal que las recurridas han actuado conforme a derecho;

CUARTO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber haber dictado la Superintendencia de Seguridad Social, la Resolución Exenta NUM000, de 23 de mayo de 2025, por la que se rechazó el recurso de reposición presentado por el actor en contra de la Resolución Exenta NUM001, de 7 de febrero de 2025, por la que se confirmó el origen laboral de la invalidez del recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 y 3 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dichas determinaciones se ajustan o no a derecho.

SEXTO: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, como alegación principal, arguye que el recurso de protección sería improcedente toda vez que es extemporáneo.

Cabe desestimar dicha alegación porque de la sola lectura del recurso se puede advertir que la afectación de las garantías constitucionales del recurrente se vinculan con la Resolución Exenta NUM000, de 23 de mayo de 2025, cuyos efectos son permanentes y sucesivos en la medida que se devengan los subsidios respectivos, por lo que la interposición del recurso se ha realizado dentro de plazo, no pudiendo prosperar esta alegación.

SÉPTIMO: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alega además que el recurso de protección sería improcedente, toda vez que el derecho a la seguridad social, consagrado por la Carta Fundamental en el N° 18 del artículo 19, no se encontraría amparado por el recurso de protección. Sostiene, asimismo, que todas las cuestiones referidas a licencias médicas, incluido su otorgamiento, rechazo y proceso de impugnación serían cuestiones propias de la seguridad social.

Cabe desestimar dicha alegación porque de la sola lectura del recurso se puede advertir que no se invocó en parte alguna como supuestamente vulnerado el derecho a la seguridad social, sino que se aludió a otras garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la presente acción cautelar.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo del asunto, y teniendo en consideración los antecedentes puestos en conocimiento de esta Corte, lo cierto es que tal como refirió la Superintendencia de Pensiones a folio 30, la controversia de autos no consiste en torno al grado de invalidez del actor, sino su origen, en concreto, si esta es laboral o común. Pues bien, el organismo encargado de determinar la naturaleza de las afecciones corresponde, precisamente, a la Superintendencia de Seguridad Social, de modo que ha de estarse a lo que ésta resolvió, y considerando el tenor de lo informado por la SUSESO y las gestiones realizadas, dentro de las cuales se encuentra la confección del Informe NUM003 por un especialista, y evaluaciones médicas que constataron desde una perspectiva técnica las afecciones del protegido, no resulta posible sostener, como lo afirma el recurrente, que la Resolución Exenta impugnada carece de justificación suficiente, por cuanto ésta cuenta con la fundamentación suficiente en que se basa, indicando las normas jurídicas en que se apoya, indicando explícitamente la razón para justificar la decisión que se adopta y los antecedentes en que se apoya para arribar a la misma, que en síntesis dicen relación con una incompatibilidad de carácter legal para poder optar a los beneficios del D.L. N°3500, por sobre los de la Ley N°16.744, determinándose a este respecto que las incapacidades que provocan la invalidez parcial del recurrente son la lumbociática y la hipoacusia, y ambas son de origen laboral, no común, configurándose la incompatibilidad de beneficios establecida por ley que ha sido referida en los considerandos precedentes, de modo tal que las recurridas han actuado conforme a derecho, debiendo desestimarse, como se dirá, la acción interpuesta.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, las recurridas han referido la normativa y procedimientos aplicables a lo discutido en estos autos, habiendo el recurrente aprovechado las instancias existentes para la revisión de su situación. En tal sentido, del propio recurso se desprende que el actor ha presentado su disconformidad con la Resolución Exenta NUM001, de 7 de febrero de 2025, reponiendo de tal resolución, luego de lo cual se dictó la Resolución Exenta NUM000, de 23 de mayo de 2025, por la que se rechazó el recurso de reposición presentado, siendo posible concluir que se ha respetado la institucionalidad instaurada al efecto, y en ese entendido, que las recurridas han actuado dentro de las prerrogativas que establece la ley, por lo que sus acciones no pueden calificarse de ilegales ni arbitrarias, más aún si éstas decisiones se han fundado en antecedentes normativos, médicos y técnicos, tal como se ha expresado en autos, lo que se puso en conocimiento del recurrente, quien teniendo la posibilidad de deducir una serie de peticiones ante la autoridad administrativa para modificar lo resuelto, sin éxito, en los términos ya expresados.

DÉCIMO: Que, sumado a lo anterior, es preciso recordar que el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, pues el hecho esencial sobre cuya base se reclama, esto es, la calificación de una enfermedad como de origen laboral o común, fue cuestionado e impugnado por el actor dentro del procedimiento previsto en el cual fue dictadas, por la vía de un recurso de reposición; y considerando además la naturaleza, oportunidad y razones bajo las cuales fueron emitidas las Resoluciones Exentas de febrero y mayo del año en curso, aparece que la discusión de autos y en definitiva la determinación del origen de las afecciones del actos no corresponden a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción, excediendo sus límites, sin perjuicio del derecho del recurrente de acudir ante la sede respectiva, con el fin de que su pretensión sea resuelta, en un juicio de lato conocimiento;

UNDÉCIMO: Que, los razonamientos previamente reseñados, permiten arribar a la conclusión de que la actuación de las recurridas no puede calificarse de antojadiza o falta de razón, por lo que no concurre en la especie el presupuesto básico de procedencia de la acción de protección, siendo imperativo su rechazo, al dictarse la Resolución Exenta impugnada con base en antecedentes legales y técnicos, tal como se ha razonado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Pensiones.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14592-2025.