nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 12: a lo principal, segundo y tercer otrosíes, téngase presente. Al primer otrosí, sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de Glaimarys nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por haber ambas incurrido -según expone- en un acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, decisión adoptada el 16 de junio de 2025, lo que vulneraría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando, en consecuencia, que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y permitir la devolución de los fondos solicitados.

La recurrente señala que es profesional extranjera y que, conforme a la Ley N° 18.156, cumple íntegramente los requisitos que permiten la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros afiliados a un sistema de seguridad social en su país de origen. Expone que acompañó constancia electrónica vigente de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, además de contratos de trabajo y documentación apostillada que acredita tanto su profesión como su voluntad de mantener afiliación previsional en su país de origen. No obstante ello, la AFP Modelo rechazó su solicitud argumentando que la documentación presentada no sería suficiente para acreditar la cobertura exigida por la normativa especial, indicando que “la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de su país de origen y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda”.

Agrega la recurrente que la negativa de la AFP constituye una interpretación formalista y contraria a la finalidad de la Ley N°18.156, destinada precisamente a permitir la devolución de fondos previsionales a extranjeros que mantienen régimen previsional fuera de Chile. Sostiene que los documentos presentados son plenamente verificables mediante los mecanismos electrónicos oficiales provistos por la autoridad venezolana, incluyendo códigos de verificación en línea. Afirma que la recurrida desconoce la validez de documentos cuya autenticidad puede ser comprobada, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula.

Desde la perspectiva constitucional, expone que la denegación del retiro vulnera su derecho de igualdad ante la ley, por cuanto personas en idéntica situación sí han obtenido la devolución con documentos equivalentes, y afecta además su derecho de propiedad, pues impide disponer de fondos que son de su exclusiva titularidad, imponiendo requisitos no contemplados en la normativa especial, lo que constituiría una restricción ilegítima.

Por otro lado, refiere que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, considera que incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el rechazo de la AFP Modelo, ordenándose a las recurridas reconocer la validez de la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos previsionales solicitados, o aquellas medidas que la Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Carta de rechazo emitida por AFP Modelo; 3. Declaración jurada simple emitida por AFP Modelo; 4. Constancia de afiliación electrónica al sistema previsional venezolano; 5. Título profesional apostillado; 6. Contratos y anexos de contrato de trabajo que acreditan voluntad de afiliación previsional al país de origen; 7. Cédula de identidad venezolana; y 8. Carta de aprobación de AFP Cuprum otorgada a un caso comparable.

SEGUNDO: Que, evacua informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por medio de su abogado, y expone detalladamente los antecedentes de hecho y de derecho que, a su juicio, demuestran la improcedencia del recurso interpuesto en su contra.

Al efecto, inicia señalando que la acción constitucional se funda en el rechazo efectuado por dicha Administradora a tres solicitudes presentadas por la recurrente, todas destinadas a obtener la devolución de fondos previsionales conforme al régimen especial previsto en la Ley N° 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros. Sin embargo, sostiene que su actuar se ha ajustado plenamente al ordenamiento jurídico aplicable, razón por la cual solicita el rechazo de la acción constitucional.

En primer término, la Administradora expone cronológicamente las presentaciones efectuadas por la recurrente ante la AFP. Indica que, con fecha 12 de junio de 2025, la afiliada ingresó las solicitudes de devolución de fondos N° 24198 y 24199, invocando la exención prevista en la Ley N° 18.156, respecto de cotizaciones previsionales enteradas por los empleadores Fuerza Laboral E.S.T. Ltda. y Tata Consultancy Services Chile S.A. Posteriormente, el 13 de junio del mismo año, presentó una tercera solicitud, N° 24210, referida a las cotizaciones pagadas por el empleador Charles Taylor Affinity Chile Ltda. Para sustentar dichas solicitudes acompañó diversos antecedentes, entre ellos un “Título Profesional”, una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, una declaración jurada y una serie de contratos y anexos laborales correspondientes a los empleadores mencionados.

Luego, la recurrida relata que, conforme a sus obligaciones legales, procedió a revisar exhaustivamente todos los antecedentes aportados por la afiliada, contrastándolos con la normativa contenida en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de la AFP.

Refiere que tras este análisis, emitió el Memorándum N° 12954 mediante el cual informó a la recurrente que la documentación acompañada no permitía acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio solicitado. En relación con el primero de dichos requisitos —la afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile con cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte— se señaló que la Constancia Electrónica de Cotizaciones enviada por la trabajadora no constituía un certificado de afiliación válido, por cuanto no especificaba las coberturas que protegían a la solicitante, no estaba firmada ni legalizada, y simplemente enumeraba genéricamente las prestaciones del sistema previsional venezolano. Asimismo, se indicó que la declaración jurada tampoco cumplía con los requisitos exigidos, ya que la normativa demanda un documento emitido directamente por la entidad previsional extranjera o, excepcionalmente, por una embajada o consulado, lo que no concurría en la especie.

La AFP destaca además que esta exigencia es reiterada por la Superintendencia de Pensiones en el Oficio N° 3141 de 20 de febrero de 2024, en que se precisa que el trabajador técnico extranjero debe acreditar mediante certificación válida y debidamente apostillada o legalizada que contó efectivamente con protección previsional en todos los riesgos exigidos y durante todo el período en que prestó servicios en Chile. Tales exigencias —indica el informe— no fueron cumplidas por la recurrente.

En cuanto al segundo requisito de la Ley N° 18.156 -la manifestación expresa en el contrato de trabajo de mantener la afiliación al régimen extranjero- la recurrida señala que no fue posible acreditar la veracidad y autenticidad de los documentos laborales y su contenido respecto de los empleadores, no probándose por el recurrente al momento de efectuar su solicitud el requisito referido.

Adicionalmente, expone la Administradora que en el examen de los documentos laborales se detectaron inconsistencias que impedían acreditar la relación laboral invocada en los períodos respecto de los cuales se solicitó la devolución. Esto, por cuanto existen discordancias entre las fechas consignadas en el contrato suscrito con Fuerza Laboral E.S.T. Ltda. -de 01 de abril de 2023- y los periodos de cotización solicitados -desde octubre de 2022-, sin que la afiliada aportara instrumentos que permitieran aclarar dichas diferencias, incumpliendo así lo instruido por la Superintendencia en su Oficio N° 19421 de 2018, que exige plena coherencia entre la documentación laboral y los períodos reclamados.

A partir de todo lo señalado, la recurrida afirma que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que ha constituido una aplicación estricta de las normas legales y reglamentarias que regulan la devolución de fondos a trabajadores técnicos extranjeros. Resalta que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional cuyo acceso exige el cumplimiento copulativo de todos los requisitos previstos por el legislador, los cuales deben ser acreditados mediante instrumentos públicos válidos, legalizados o apostillados de conformidad a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Añade que la Administradora no tiene facultad para desconocer dichos requisitos, puesto que debe sujetarse a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia, organismo encargado de la fiscalización del sistema previsional.

Asimismo, la recurrida acompaña abundante jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, en apoyo de sus afirmaciones, destacando diversos fallos en que se ha confirmado que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no reúne los requisitos para producir efectos en Chile si no se encuentra legalizada o apostillada y si no detalla específicamente las coberturas que protegen al trabajador.

De ello concluye que la decisión adoptada por la Administradora se ajusta al principio de legalidad, sin configurar en modo alguno una vulneración a los derechos de igualdad ante la ley o de propiedad, pues la actuación recurrida constituye el cumplimiento de un mandato legal expreso.

Finalmente, la AFP Modelo solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas, fundándose en que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada, pues el rechazo de las solicitudes de devolución de fondos se debió exclusivamente al incumplimiento de los requisitos legales por parte de la recurrente.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) copia de la escritura pública que acredita la estructura de poderes de AFP Modelo, de fecha 16 de marzo de 2023; 2) título profesional de la recurrente; 3) Constancia Electrónica de Cotizaciones de fecha 31 de mayo de 2025; y 4) declaración jurada de la recurrente, de fecha 09 de mayo de 2025, junto con los diversos contratos y anexos laborales suscritos con los empleadores Fuerza Laboral E.S.T. Ltda., Tata Consultancy Services Chile S.A. y Charles Taylor Affinity Chile Ltda.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Pensiones, al evacuar su informe en estos autos, expone que, en su concepto, los antecedentes de autos permiten descartar la existencia de un acto arbitrario o ilegal atribuible a dicho órgano de la Administración que pueda justificar el acogimiento del recurso de protección deducido en su contra.

En primer término, funda el rechazo de la presente acción en atención a que no es la vía idónea para revisar actos administrativos, enfatiza que del tenor literal del recurso de autos se refleja que lo que se pretende es una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, porque no está conforme con lo resuelto por esta Superintendencia. Agrega que la controversia acerca de los certificados presentados por la recurrente corresponde a un juicio declarativo. De esta manera, la Superintendencia solicita expresamente que el recurso sea rechazado, en atención a que no se configuran las exigencias mínimas previstas en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, y excede la naturaleza y fin del recurso de protección.

A continuación, hace presente que, en el caso concreto no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a dicho organismo, destacando que la recurrente no ha presentado ningún reclamo ni solicitud ante la Superintendencia respecto de los hechos que motivan el recurso, y que tampoco individualiza cuál sería el acto específico que se impugna en relación con dicha autoridad.

Expone igualmente que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, corresponde a la Superintendencia ejercer la función fiscalizadora y de interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 N°7 de la Ley N°20.255, el artículo 94 N°3 del D.L. N°3.500, de 1980, y el artículo 3° letra i) del D.F.L. N°101, de 1980. En virtud de dichas facultades, explica que ha desarrollado una jurisprudencia administrativa uniforme sobre la interpretación estricta y restrictiva de la Ley N°18.156, por tratarse de un régimen de excepción aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros que cumplan, de manera copulativa, todos los requisitos del artículo 1° de dicha ley.

Seguidamente, desarrolla detalladamente el contenido normativo del artículo 1° de la Ley N°18.156, destacando que exige probar, mediante certificación válida y vigente, que el trabajador extranjero se encuentra afiliado, durante su prestación de servicios en Chile, a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, además de manifestar contractualmente su voluntad de mantener dicha afiliación. Añade que, conforme al artículo 7° del mismo cuerpo legal, la devolución de fondos previsionales sólo procede cuando tales requisitos se encuentran plenamente acreditados, lo cual constituye una cuestión de interpretación técnica y estrictamente normativa.

Asimismo, la recurrida enfatiza que las normas del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones -específicamente el Título XI del Libro II- regulan la forma y requisitos que deben cumplir los certificados extranjeros, disponiendo que éstos deben encontrarse debidamente legalizados o apostillados, además de estar vigentes y firmados por la autoridad competente. Sobre este punto, observa que del documento acompañado en autos por la recurrente -una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales- se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana, cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

Por ello, sostiene que, aun cuando se estimara procedente analizar el fondo de la presentación, igualmente resultaría indispensable concluir que la documentación acompañada no permite tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, lo cual se traduciría, en todo caso, en la carencia de un derecho indubitado susceptible de protección constitucional.

En este contexto, explica nuevamente que la Superintendencia no ha rechazado la solicitud de la recurrente por la sencilla razón de que no ha sido presentada ante dicho organismo, y que su eventual revisión solo podría realizarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente, el que exige el análisis de documentación válida. En consecuencia, indica que no es posible atribuirle un acto ilegal o arbitrario, puesto que ninguna actuación material o jurídica ha emanado de dicho servicio en relación con el caso.

Finalmente, la Superintendencia concluye indicando que no ha existido privación, perturbación ni amenaza de derecho constitucional alguno, y que la recurrente no ha acreditado la concurrencia de los requisitos legales para la devolución excepcional solicitada, razón por la cual carece de un derecho cierto e indubitado que fundamente la presente acción.

Por estas razones, solicita que se declare improcedente el recurso de protección, por exceder la materia de los límites propios de esta acción constitucional; y, en subsidio, que se rechace íntegramente por inexistencia de actuar ilegal o arbitrario.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

SEXTO: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

SÉPTIMO: Que consta del mérito de autos que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente un certificado emitido por el instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero al cual se encuentra afiliado, debidamente legalizado o apostillado, y en el que se señalen las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto, es decir que acredite expresamente que el régimen otorga prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y lo cierto es que el acompañado no informa las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto, sino que menciona de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de su país de origen y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda. Asimismo, consta que se le solicitó acompañar en formato original y físico los anexos de los contratos de trabajo, debido a que no se logró acreditar la veracidad y autenticidad de los documentos y su contenido y observando además que existe una discrepancia entre las fechas de devolución solicitada y las del contrato, no habiéndose aportado por el protegido la documentación respectiva, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición.

OCTAVO: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas, por lo que no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente. En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de Glaimarys nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-14586-2025.

Se deja constancia que no firma el ministro señor de la nombre reservado, por problema informático.