nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Santiago, trece de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que comparece Enihzer Rodríguez Motta, abogada, en beneficio de nombre reservado, venezolana, empleada, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por don nombre reservado, Gerente General, por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero de la recurrente, que considera ilegal y arbitraria, ya que establece requisitos adicionales a los legalmente previstos, desatiende la finalidad del legislador, da una interpretación restrictiva de la normativa aplicable, y obstaculiza el acceso a la propiedad sobre sus fondos previsionales, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2, y el derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N°24, ambos de la Constitución Política de la República, que esta garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el presente recurso, se deje sin efecto el acto recurrido y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Señala que nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Afp Plan Vital, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 23 de mayo de 2025, la administradora de fondos le informó el rechazo de su solicitud N°163782 y N°163783, fundamentando su decisión en que la Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de fecha 20 de febrero de 2023 no estaba vigente al momento de ingresar la solicitud; que para acreditar la cobertura en el país de origen, en virtud de la ley N°18.156, no sirve un documento genérico de coberturas de seguridad social, sino una certificación específica de la autoridad previsional competente que acredite que el trabajador extranjero contó con protección por todos los riesgos del artículo 1° letra a) de la ley N°18.156 durante todo el tiempo de servicios en Chile, siendo insuficiente la Constancia Electrónica de Cotizaciones, la cual además carecía de apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; que no sirve una declaración jurada del trabajador para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo N°1 de la Ley N°18.156, ya que esta certificación debe ser emitida por la Institución Previsional correspondiente o, excepcionalmente, por la delegación consular de su país en Chile; que la legalización de su título no se encuentra legible.

Agrega que la recurrida aduce, que no consta en la documentación laboral correspondiente a su empleador RUT RUT reservado la manifestación de voluntad de la trabajadora de mantener afiliación al sistema previsional de su país de origen; y que existe una doble e incompatible manifestación de voluntad entre contrato y anexo de contrato de trabajo con su empleador RUT RUT reservado

La recurrente refuta estas causales, argumentando en primer lugar que la objeción sobre la ilegibilidad de la legalización del título no es válida, toda vez que ese mismo documento fue presentado y aceptado sin objeciones en una solicitud anterior de devolución de fondos, de otro extranjero que fue aprobada satisfactoriamente, lo que demuestra su cumplimiento con los requisitos formales exigidos.

En segundo lugar, respecto de las dos últimas causales referidas a la documentación laboral, considera inaceptable la observación, dado que mantiene una relación laboral vigente con dos empleadores distintos, por lo que la presentación de los respectivos anexos de contrato con ambos empleadores es indispensable y legítima para respaldar su solicitud de retiro de fondos, reflejando su realidad contractual paralela y no una manifestación incompatible.

En tercer lugar, en cuanto a la legalización del certificado de afiliación al IVSS, invoca lo establecido en el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil chileno y alega una imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que califica como fuerza mayor o caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil, dejando sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

Ante esta imposibilidad, presenta el documento debidamente legalizado a través de declaración jurada ante notaría chilena, la cual, al ser emitida en territorio nacional, debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada obtenida anteriormente desde la embajada venezolana.

Adicionalmente, señala que el legislador ya estableció los requisitos para la devolución de fondos y no es pertinente que las administradoras impongan requisitos adicionales, siendo la finalidad corroborar la afiliación a un sistema de previsión social, lo cual es verificable por cualquier interesado mediante un código en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

En lo que respecta a los fundamentos de derecho, la recurrente trae a colación lo establecido en los artículos N°1 y N°7 de la ley N°18.156, que disponen la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y la devolución de fondos previsionales depositados, respectivamente, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exprese su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Acompaña para acreditar el cumplimiento de estos requisitos: contrato de trabajo, anexo de contrato individual de trabajo, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) debidamente legalizado ante notario chileno, y título profesional.

Alega que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos e imponer requisitos adicionales no contemplados en la Ley N°18.156, interpretar restrictivamente la norma en perjuicio de la administrada, desconocer documentos válidos y dar un trato desigual frente a otros solicitantes en circunstancias similares que sí obtuvieron respuesta favorable, deviene en un acto ilegal y arbitrario que conculca el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 19 N°2) al dispensar un trato diferenciado sin justificación razonable, y el derecho de propiedad (Art. 19 N°24) al impedir a la recurrente disponer de sus ahorros previsionales a los que tiene legítimo derecho.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que el acto impugnado vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley) y del derecho de propiedad, y en consecuencia, se ordene a la recurrida dejar sin efecto el acto administrativo de rechazo; reconocer como válidos los documentos presentados, entre ellos el certificado de afiliación al IVSS y la declaración jurada notarial otorgada en territorio chileno; y emitir un nuevo pronunciamiento fundado y ajustado a derecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, dentro del plazo de cinco días o el que esta Corte estime prudente. En subsidio, solicita adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela efectiva de las garantías constitucionales invocadas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida Administradora De Fondos De Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Expuso que, con fecha 23 de mayo de 2025, doña nombre reservado presentó a PlanVital una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley Nº 18.156, acompañando una Constancia Electrónica de Cotizaciones y una “Declaración Jurada Notarial” para acreditar su afiliación al régimen previsional de Venezuela. La Administradora rechazó dicha solicitud en la misma fecha, debido a dos problemas fundamentales:

A) La insuficiencia del certificado o constancia de afiliación a régimen previsional extranjero y B) La falta de manifestación de voluntad de mantener su afiliación a régimen previsional extranjero.

Respecto del punto A), argumentó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no cumple con la especificidad requerida para demostrar cobertura previsional por todos los riesgos durante el tiempo trabajado en Chile, conforme a lo indicado en el Oficio Ordinario N° 20294, de fecha 8 de octubre de 2020, de la Superintendencia de Pensiones.

Señaló que no bastan documentos genéricos ni declaraciones juradas, siendo necesario un documento emitido por la autoridad previsional correspondiente que detalle la cobertura integral.

Asimismo, indicó que el Compendio de Normas de Sistema de Pensiones y el Oficio Ordinario N°25057, de 29 de diciembre de 2023, de la Superintendencia de Pensiones, exigen que se acompañe un certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado (apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil).

La declaración jurada presentada por la recurrente, explica, al ser un documento unilateral, no emana de la autoridad previsional competente ni de una delegación consular con representación expresa, lo cual es contrario a lo precisado en la letra b) del N°1 del Título XI, Libro II del Compendio de Normas y el Oficio Ordinario N° 21074, de fecha 6 de noviembre de 2024, de la Superintendencia de Pensiones En cuanto al punto B), manifestó que la Administradora actuó en apego a la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Detalló que, en relación con la solicitud 163782 (empleador TP CHILE S.A.), la recurrente no acompañó el anexo respectivo en el cual se manifiesta la voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero, requisito esencial según la ley.

Aclaró que la presentación de dicho anexo al momento de interponer el recurso de protección no resulta procedente, pues esta no es la instancia procesal adecuada para subsanar omisiones de carácter administrativo.

Respecto de la solicitud 163783 (empleador Helpnet Empresa De Servicios Transitorios SpA), la recurrente presentó un anexo y un contrato suscritos con la misma fecha, 23 de septiembre de 2024, con declaraciones contradictorias: el anexo señalaba la mantención de afiliación a régimen previsional extranjero, mientras el contrato indicaba afiliación a AFP PlanVital.

En este punto, la Administradora se basó en los Oficios Ordinarios N° 7848, de 29 de abril de 2024, y N°18656, de fecha 8 de octubre de ese mismo año, de la Superintendencia de Pensiones, que concluyen que no procede la devolución de fondos cuando existen documentos con declaraciones contradictorias emitidos en la misma fecha, incumpliendo el requisito del artículo 1 letra b) de la Ley N°18.156.

La recurrida sostuvo que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales no fue ilegal ni arbitrario, sino que se fundamentó en las siguientes normas legales y administrativas: el artículo 1 letra b) de la Ley N° 18.156, que exige la expresión de voluntad de mantener la afiliación en el contrato de trabajo; los artículos 2° y 3° del D.F.L. N°101 de 1980, que confieren a la Superintendencia las funciones de supervigilancia, control, interpretación de la legislación y la facultad de impartir normas generales obligatorias; el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, que establece la obligatoriedad de la interpretación de la Superintendencia para las Administradoras; y el artículo 47 de la Ley N° 20.255, que detalla las funciones de interpretación administrativa y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.

Adujo que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones establece un procedimiento claro y obligatorio para las Administradoras, y que el rechazo de la solicitud se fundó precisamente en dichas normas administrativas (Oficios Ordinarios N°20294, 21074, 7848, 18656) y el Compendio, cuya aplicación no es facultativa para PlanVital.

Afirmó que su actuar fue razonado, en igualdad de trato, y por tanto, no arbitrario.

Finalmente, la recurrida destacó que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida definitiva del derecho a solicitar la devolución, ya que constituye un acto administrativo subsanable. Citó la Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N°54783-2024, de 8 de mayo de 2025, que señala que este tipo de rechazo no genera indefensión y que el recurrente tiene la posibilidad de presentar nuevamente los documentos requeridos. Concluyó que la acción de protección no es el medio idóneo para impugnar actos intermedios o trámites administrativos subsanables, ya que la recurrente cuenta con diversos mecanismos administrativos para plantear su situación. Por lo expuesto, sostuvo que su actuar no ha significado privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos y garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo señalado, la recurrida solicitó tener por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en su contra, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Plan Vital de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

QUINTO: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma legible de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas, y, no se observa debidamente legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

SÉPTIMO: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país, sin que le corresponda a esta Corte, en sede de recurso de protección, analizar la procedencia de lo pedido con documentos diferentes y de otra persona, a los presentados ante la recurrida.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por la actora, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Se previene que el abogado integrante señor Parada concurre al rechazo de este recurso, atendido el último pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en causa rol 33.946-2025 sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 14576-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.