nombre reservado con PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Primer Juzgado de Familia por estimar conculcadas las garantías de los numerales 2, 3 y 7 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto se dictó una resolución judicial por la cual se negó lugar a alzar una orden de arresto nocturno decretado en contra del recurrente.

Pide se ordene al Juzgado de Familia cumplir con la ley y la Constitución; dejándose sin efecto los apremios decretados en su contra, consistentes en reclusión nocturna, arresto y arraigo.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 10 de febrero se decretó por el Primer Juzgado de Familia no dar lugar al alzamiento de una orden de arresto decretada en su contra, al haber indicado al tribunal que el recurrente no tenía licencia de conducir y que podían verificarlo en el Registro Civil, pero el 16 de febrero se ordenó incautar la licencia con apercibimiento de arresto. Agrega que el 3 de marzo aportó nuevos antecedentes y fue negada su solicitud de alzar el arresto.

Indica que el tribunal habiendo sido informado el año 2015 que en su domicilio vivían varias familias y que no recibía la correspondencia, por lo que debían notificarlo por correo electrónico a lo cual el tribunal accedió, finalmente no lo notificaron por dicha forma, no siendo informado de la orden de arresto, de la que se enteró por la madre de sus hijas el día 3 de febrero del 2017.

Agrega que a pesar de haber indicado que yo tenía licencia de conducir, el tribunal ofició a la Policía de Investigaciones para que se retuviera su licencia bajo el apercibimiento de arresto si no la entrega.

Alega que acreditó con documentos de la Comisión Central de Medicina que tenía un importante grado de invalidez en su lado derecho el cual es más de un tercio de mi cuerpo (35%) y a través resonancias magnéticas y certificados medico probó que tiene una enfermedad invalidante y degenerativa en su columna cervical, entregando certificados médicos que prueban que sufre de dolor crónico severo tratado con medicamentos de uso controlado como el tramadol y la pregabalina, de uso permanente.

Precisa que informó que debe dormir en condiciones especiales debido a que sufre de reflujo gastroesofágico severo lo cual pone en riesgo su vida al sufrir de apnea del sueño y es necesaria una cama con condiciones especiales y que es hipertenso y sufre un problema cardiaco.

Señala que pertenece al quintil más pobre de la sociedad y adjunta certificado del Registro Social de Hogares.

Explica que se dan los presupuestos del artículo 14 de la Ley N°14.908, en orden a poder obtener la suspensión de los apremios por carecer de los medios económicos para cumplir con el pago de la pensión alimenticia, y que sufre de las enfermedades invalidantes señaladas anteriormente, motivo por el cual, estima conculcadas las garantías de los numerales 2, 3 y 7 del artículo 19, sin explicar la forma en que se produce dicha vulneración.

Segundo: Que para acreditar su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Ficha Registro social de Hogares; 2. Informe atención de urgencia por soplo cardiaco e hipertensión y solicitud de exámenes; 3. Orden para realizarme un eco cardiograma; 4. Certificado de reflujo gastroesofágico severo; 5. Certificado de invalidez; 6. Receta medicamentos; 7. Certificado derivación a manejo del dolor crónico; 8. Certificado derivación por cervicobraquialgia refractaria al tratamiento farmacológico.

Tercero: Que evacua su informe doña nombre reservado, Juez Titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago, quien expuso que se encuentra radicada en el referido Juzgado de Familia la causa RIT C-4262-2008, sobre alimentos, en la que el 13 de noviembre de 2008 se reguló por conciliación, la pensión alimenticia con la que don nombre reservado debía proveer a sus hijas Camila y nombre reservado, estableciendo una suma original de $60.000 entre diciembre de 2008 y abril de 2009, para aumentar el monto a $100.000 a contar del mes de mayo de 2009.

Agrega que consta del sistema computacional y la cartola de la cuenta de ahorro abierta al efecto en el Bancoestado, que desde la fecha del acuerdo, el alimentante ha incumplido reiteradamente la pensión alimenticia decretada, por lo que se han despachado sucesivas órdenes de apremio en su contra, desde el mes de septiembre de 2009 a la fecha, siendo la última orden de arresto nocturno y arraigo decretada por resolución de 2 de febrero de 2017, por un monto de $6.504.503, la que incumplió con fecha 28 de febrero de 2017, no presentándose en Gendarmería de Chile.

Señala que desde el año 2011 el alimentante ha presentado diversos requerimientos, solicitando no se apliquen medidas de apremio en su contra justificado en su estado de salud, los que han sido rechazados atendido que se consideró que sus antecedentes médicos no le impiden dar cumplimiento al arresto nocturno, por lo que el demandado además, ha presentado los siguientes recursos de amparo Rol IC 3554-2010, rechazado, Rol IC 878-2011 rechazado y recursos de protección Rol IC 15.269-2011 y Rol IC 92.546-2015, declarados inadmisibles.

Sostiene que frente a esta circunstancia la parte alimentaria ha hecho presente al tribunal los reiterados incumplimientos de la pensión alimenticia en los que ha incurrido el demandado, como también el incumplimiento de las medidas de apremio decretadas en su contra. Así, por ejemplo, el 10 noviembre de 2015 acompañó los correos electrónicos enviados por el alimentante en que le informa que no pagará la pensión de alimentos mientras ella insista en las medidas de arresto.

Refiere que en cuanto a los hechos que alega el recurrente, respecto de la falta de conocimiento de alguna resolución judicial, ello no es efectivo toda vez que todas las resoluciones le han sido notificadas por email o por cédula por la central de notificaciones, y en cuanto a la resolución que decretó el arresto nocturno, por su naturaleza y de acuerdo a la planificación de trabajo del Tribunal en coordinación con la Unidad de Cumplimiento, se notifica sólo por el estado diario.

En cuanto a los antecedentes de salud y socioeconómicos del demandado, agrega que considerando que a la fecha no se ha efectuado ninguna propuesta de pago, que no ha garantizado dicho pago de ninguna forma, que desde agosto del año 2014, a excepción de un abono excepcional por $5.901, no ha efectuado pago alguno de la deuda alimenticia y que teniendo ésta por finalidad asegurar la sobrevivencia de los alimentarios, nuevamente el Tribunal le negó el alzamiento del arresto, el 10 de febrero de 2017, decretando además la incautación de su licencia de conducir, con fecha 16 de febrero de 2017, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley N°14.908, resoluciones que no fueron recurridas en su oportunidad.

Afirma que desde la regulación de la pensión alimenticia, el alimentante no ha dado cumplimiento a su obligación, entorpeciendo, tanto el pago como las medidas de apremio decretadas en su contra, con las graves consecuencias que ello conlleva para sus hijas alimentarias y sin que a la fecha haya deducido alguna nueva causa de cese o rebaja de pensión alimenticia que permita al Tribunal evaluar si el monto regulado se ajusta a su capacidad de pago actual.

Estima que al no existir un pronunciamiento en ese sentido, la cantidad establecida por conciliación debe ser pagada en su integridad, debiendo el Tribunal adoptar las medidas para ello, considerando que los certificados de salud aportados por el deudor dan cuenta de patologías, que por sus características, no le permitan concluir que alimentante esté impedido de dar cumplimiento al arresto nocturno decretado.

Concluye que las resoluciones adoptadas se han ajustado estrictamente al procedimiento establecido en la Ley N°14.908 para exigir el cobro de las pensiones alimenticias, no configurándose en la especie la violación de garantías constituciones que alega el recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo de carácter urgente que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que en la especie el acto que se indica como contrario a derecho y cuya invalidación se solicita es la dictación de la resolución de 10 de febrero de 2017, por parte del Primer Juzgado de Familia de Santiago, en causa RIT C-4262-2008, en cuya virtud se rechazó una petición de alzamiento de los apremios decretados en contra del demandado alimentante, por las pensiones alimenticias adeudadas y que ascienden, según la última liquidación, a $6.504.503.-, acto que en concepto del recurrente, amenaza los derechos consagradas en los numerales 2, 3 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, como primera cuestión, conviene precisar que la acción constitucional de protección no cautela, de manera alguna, la garantía del numeral 7° del artículo 19, esto es, el derecho de libertad, toda vez que para ello existe, explícitamente, la acción constitucional de amparo, la cual el recurrente ya ha ejercido ante esta Corte con anterioridad, siendo rechazada pese a fundarse en hechos de similares características a las expresadas en este arbitrio.

Por su parte, la garantía del numeral 3° del artículo 19, solamente dice relación con la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, cuestión que en estos autos no tiene aplicación, toda vez que el recurrente es parte en un proceso de carácter jurisdiccional, ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago, hecho que no permite a esta Corte poder estimar conculcada dicha garantía.

Séptimo: Que, en relación a la garantía de igualdad ante la ley, el recurrente no explica de qué manera se produce la conculcación que denuncia, salvo el señalamiento de que se darían los presupuestos del artículo 14 de la Ley N°14.908, por carecer de los medios para pagar la pensión de alimentos a la que se obligó, voluntariamente, por conciliación.

Octavo: Que, reiteradamente la jurisprudencia ha establecido que el recurso de protección, salvo casos excepcionalísimos, no es la vía idónea para poder recurrir en contra de una resolución de carácter jurisdiccional, toda vez que ello atentaría, principalmente, contra el principio de independencia judicial y certeza jurídica, toda vez que se inmiscuiría un tribunal superior en la substanciación de un procedimiento reglado por el legislador, con las debidas garantías en contra de un tribunal inferior.

Para ello, el legislador ha establecido, a través de los recursos procesales, los mecanismos a través de los cuales el litigante agraviado puede obtener la revisión de lo decidido y el control de legalidad y mérito de las resoluciones que estime le causan perjuicio.

Noveno: Que, en el caso sub judice, el recurrente pretende invalidar una resolución judicial fundado en que concurriría la hipótesis del inciso final del artículo 14 de la Ley N°14.908, sin que conste que haya ejercido los recursos de carácter jurisdiccional en contra la resolución que denegó el alzamiento de los apremios que solicitó, estando impedida esta Corte de revisar lo resuelto por esta vía, atendido a que dicha intromisión vulneraría, además, el principio de radicación o fijeza, reconocido en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales.

Décimo: Que, finalmente, del mérito de los antecedentes allegados por la recurrida, se desprende que la orden de arresto nocturno y arraigo fueron dictadas por la autoridad competente y en el caso previsto por la ley, motivo por el cual, el arbitrio intentado será desestimado, al no existir arbitrariedad o ilegalidad alguna en dicho acto jurisdiccional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción impetrada por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14.575-2017.