UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO CHILE SPA con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA P

C.A. de Santiago Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticinco.

A los folios 13 y 14: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación legal de Unísono Soluciones de Negocio Chile SpA, quien deduce en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por la grave afectación de los derechos constitucionales de su representada, cometidos específicamente por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-S-52743-2025 de fecha 22 de abril de 2025, que se pronunció de forma ilegal y arbitraria sobre la clasificación de enfermedad profesional del trabajador que se indicará, acto que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Expone que la Resolución Exenta N° R-01-S-52743-2025 de fecha 22 de abril de 2025, calificó como de "origen laboral" una afección mental denunciada por el trabajador nombre reservado. La SUSESO resolvió la recalificación a favor del trabajador después de que la Mutual de Seguridad C.Ch.C. revirtiera su calificación inicial de "origen profesional" a "origen común" a solicitud de Unísono.

Argumenta que la actuación de la SUSESO es ilegal y arbitraria por dos motivos principales que vulneran sus derechos:

1) La Resolución Exenta es escueta, se limitó a señalar que analizó los "antecedentes disponibles" y concluyó que existía una "relación de causa directa" entre el trabajo y la sintomatología, omitiendo la debida valoración de la prueba y careciendo de motivación legal suficiente. Critica que la SUSESO recalificó la enferme-dad a origen laboral basándose en los mismos antecedentes con los que la Mutual ya había determinado su carácter de origen común, sin expresar argumentos técnicos que justifiquen su conclusión. Falta de motivación que estima vulnera el principio de legalidad y el derecho a defensa.

2) La recurrente no fue notificada del recurso de apelación presentado por el trabajador ante la SUSESO, excluyéndola por completo del procedimiento administrativo, a pesar de ser la directa interesada y afectada. Esto contraviene las normas de la Ley N° 19.880, en especial el principio de transparencia, publicidad, y el derecho a ser parte interesada. Indica que, solo tuvo conocimiento del acto por una solicitud realizada vía Ley de Transparencia el 02 de junio de 2025.

Menciona como Garantías Constitucionales vulneradas, el Derecho a la Igual-dad ante la Ley (artículo 19 N°2), ya que la falta de fundamentación y la desigual aplicación de las normas procesales (Ley 19.880) constituyen una diferencia arbitraria. Además, el Derecho de Propiedad (artículo 19 N°24), puesto que la calificación errónea a origen laboral genera un aumento en la tasa de siniestralidad de la empresa, lo que conlleva un alza en los costos de seguros y una pérdida de oportunidades de negocio al limitar su participación en licitaciones.

En merito a todo lo anterior, solicita acoger el recurso, dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-S-52743-2025 y ordenar a la SUSESO emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado, previo emplazamiento a Unísono para que pueda ejercer su derecho a defensa.

SEGUNDO: Que, comparece Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien evacua el informe al tenor del recurso de protección de autos, solicitando desde ya su rechazo, por cuanto, no ha existido por parte de la recurrida actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza. Ello, en atención a que la Superintendencia de Seguridad Social en el caso del procedimiento administrativo que tuvo por objeto determinar el origen de la enfermedad que afectó al trabajador don nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social.

Previamente y antes de entrar al fondo del asunto, alega que ha sido interpuesta en forma extemporánea, ya que la acción fue presentada el 23 de junio de 2025, mucho después de vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto para esta acción. La decisión administrativa impugnada, la Resolución Exenta N° R-01-S-52743-2025, fue notificada el 22 de abril de 2025. Por lo tanto, ha pasado más de treinta días entre la notificación de la decisión y la interposición de la acción. En definitiva, alega que la acción se está utilizando como una última instancia de reclamación o vía de impugnación subsidiaria, lo cual es improcedente dada su naturaleza cautelar.

En subsidio al argumento de la extemporaneidad, la SUSESO alega la improcedencia de la Acción de Protección, porque la materia en cuestión versa sobre un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, concretamente, la calificación del origen común o laboral de una enfermedad (un régimen de prestaciones de la Ley N° 16.744).

Enfatiza que el derecho a la seguridad social, garantizado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, no está contemplado en la enumeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental, el cual define el ámbito de aplicación de la acción cautelar, el cual es de carácter excepcional y de aplicación restringida.

En subsidio de las alegaciones anteriores, la SUSESO informa sobre el fondo del asunto, señalando que la entidad empleadora recurrente impugna la Resolución Exenta N° R-01-S-52743-2025, de fecha 22 de abril de 2025, que concluye que la afección mental del trabajador nombre reservado era de origen laboral.

Sostiene que esta determinación se realizó tras un reclamo del trabajador contra la Mutual de Seguridad, y se desarrolló al ser posible fijar una relación de causa directa entre el trabajo y la sintomatología, conforme al artículo 7° de la Ley N° 16.744.

Estima que su actuación se ajusta rigurosamente a la normativa legal, reglamentaria y constitucional (Ley N° 16.744 y Ley N° 16.395), y que el dictamen no es ilegal ni arbitrario, sino que es fruto de un estudio, valoración y fundamentación racional de los antecedentes.

Concluye que no ha habido vulneración de los derechos constitucionales alegados y que la acción desborda los límites de protección, ya que se refiere a derechos que no son "indubitados, preexistentes".

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en primer término, en relación con la alegación de extemporaneidad esgrimida por la recurrida, acontece que la acción de protección de derechos constitucionales la dedujo la actora mediante presentación de 23 de junio de este año, en circunstancias que tomó conocimiento de la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 2 de junio del año en curso. Luego, resulta incuestionable que el presente recurso de protección no es extemporáneo, puesto que fue deducido dentro del plazo señalado en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección;

QUINTO: Que lo fundamentalmente alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario, es la supuesta errónea calificación de la enfermedad que padece el trabajador don nombre reservado, “Estrés”, como de origen profesional, mediante Resolución Nº R-54161-2025, de la Superintendencia de Seguridad Social, de 22 de abril de este año, a la que se reprocha falta de fundamentación.

Para justificar su interés en el asunto, explica la empresa recurrente, en síntesis, que deduce la presente acción cautelar a efectos de no verse perjudicada por el incrementó automático de la tasa de siniestralidad de la empresa frente al organismo administrador del seguro de la Ley 16.744, lo que incidiría en un aumento en los costos que debiese asumir; para evitar disminuir la competitividad de la empresa frente a terceros, limitando sus posibilidades de participar en licitaciones públicas y privadas que imponen, como requisito de admisibilidad, la mantención de niveles reducidos de siniestros laborales; y ante un eventual agravio reputacional y operacional-,;

SEXTO: Que como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que pretende la actora es que se establezca a su favor que no asiste al trabajador don nombre reservado el derecho a la seguridad social, al amparo de la Ley 16.744, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, ya que atendida la controversia existente sobre el hecho que genera el conflicto que ha dado pábulo a esta acción constitucional -origen común o laboral de la enfermedad psiquiátrica que padece el trabajador de la actora- y más aún, teniendo presente que lo fundamentalmente invocado por el abogado que alegó ante estrados, fue que el procedimiento administrativo seguido por la recurrida habría desconocido las garantías mínimas del debido proceso, en circunstancias que no era interviniente en él, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento -artículo 420 del Código del Trabajo-, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, en lo que atañe a la alegación de falta de fundamentación de la resolución impugnada, disiente esta Corte de tal afirmación, ya que lo cierto es que como se lee en ella, la recurrida da cuenta del motivo de la decisión cuando señala que el organismo analizó los antecedentes disponibles -todos los que constan en el expediente administrativo adjunto al informe-, concluyendo que la afección que presentó la persona trabajadora es de origen laboral, ya que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7 de la Ley 16.744 entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención de salud en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Exigir que dicha resolución exponga o explicite contenidos o calificaciones médicas que justifiquen la relación de causalidad que tiene por acreditada, excede la exigencia de fundamentación que contempla el artículo 41 de la Ley 19.880;

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por Unísono soluciones de Negocios Chile Spa, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), sin costas.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-14571-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.